La jueza de la dana acusa a Gisbert de reventar la causa

La jueza de la dana acusa a Rubén Gisbert de intentar reventar el caso y frena una ofensiva que amenaza la investigación a Mazón en Valencia.

La investigación judicial sobre la dana del 29 de octubre de 2024, la tragedia que dejó 230 muertos en la provincia de Valencia, ha entrado en una fase de máxima tensión. La jueza instructora, Nuria Ruiz Tobarra, ha dictado un auto especialmente duro contra Rubén Gisbert, abogado de varias víctimas y rostro muy conocido en redes, y le atribuye un intento claro de hacer saltar por los aires la causa desde dentro. No es una frase lanzada al calor de la pelea. Está en una resolución judicial. La magistrada entiende que la ofensiva de Gisbert no busca corregir una irregularidad concreta, sino “dinamitar el procedimiento”, apartarla del caso y abrir la puerta a la nulidad de todo lo investigado durante más de un año.

La relevancia de ese auto es enorme porque llega justo cuando la causa toca un punto muy sensible. La instructora acaba de mover otra pieza decisiva: ha pedido a las partes que se pronuncien sobre la exposición razonada remitida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para que valore si investiga al expresidente Carlos Mazón, aforado como diputado autonómico, por su presunta “grosera negligencia” en la gestión de la emergencia. Dicho sin rodeos, el juzgado está avanzando hacia el nivel político más alto del caso y, en ese mismo momento, la jueza denuncia una maniobra para apartarla. El choque con Gisbert, por tanto, no es un capítulo lateral. Afecta al corazón de la instrucción.

Un auto durísimo en el momento más delicado de la causa

La resolución de Ruiz Tobarra no se queda en el rechazo técnico de una recusación. Va mucho más allá. La magistrada niega que exista base legal para apartarla y describe el escrito presentado por Gisbert como una construcción procesal sin encaje suficiente, cargada de argumentos que, a su juicio, no sostienen una medida tan extrema. En esa respuesta hay algo más que defensa personal. Hay una advertencia institucional. La jueza viene a decir que la causa no puede convertirse en una especie de ring donde cualquiera lanza acusaciones de altísimo voltaje con la esperanza de romper la continuidad del procedimiento.

Ese matiz importa porque la recusación no era una incidencia menor. Gisbert pretendía expulsar a la instructora del caso y, además, dejar bajo sospecha el trabajo acumulado en estos meses. La jueza interpreta esa estrategia como un intento de hacer tabla rasa con el sumario: borrar declaraciones, cuestionar pruebas, desarmar decisiones ya adoptadas y devolver a víctimas y familiares al punto de partida. En el auto subraya que una operación así causaría un perjuicio enorme a quienes llevan meses declarando, aportando documentos, reviviendo escenas durísimas y esperando que la investigación avance. Ahí está, seguramente, la parte más cruda de la resolución: no ve un litigio duro pero normal; ve una maniobra de demolición.

La magistrada también deja por escrito que la querella presentada contra ella no consta admitida a trámite como causa válida para su recusación. Ese punto, en lenguaje jurídico, es decisivo. Una querella no basta por sí sola para apartar a un juez. Tiene que existir una causa legal, concreta y operativa. Ruiz Tobarra sostiene que ese presupuesto no concurre aquí y remata la idea con una expresión muy severa: “fraude procesal”. Es decir, no estaría ante el uso legítimo de una herramienta procesal, sino ante su utilización forzada para conseguir otro objetivo. El mensaje de fondo es muy claro: la jueza no acepta que el procedimiento quede secuestrado por una ofensiva personal.

Hay otro aspecto que da peso a su respuesta. Ruiz Tobarra recuerda que varias de sus decisiones centrales han sido respaldadas por la Audiencia Provincial de Valencia. No se presenta, por tanto, como una instructora aislada que toma decisiones extravagantes sin control superior. Al contrario. Sitúa sus resoluciones dentro de una línea que ya ha sido revisada y avalada en cuestiones especialmente delicadas. Eso refuerza la idea de que el ataque no va solo contra una persona, sino también contra un marco judicial que, hasta ahora, ha ido consolidando una tesis muy incómoda para el relato político que el entorno del antiguo Consell ha intentado sostener desde la catástrofe.

Qué hizo Rubén Gisbert y por qué el choque estalla ahora

Rubén Gisbert llegó a este punto de la causa con una doble condición que explica buena parte del ruido: es abogado personado en nombre de varias víctimas y, a la vez, una figura muy expuesta en el ecosistema digital, donde ha cultivado un perfil combativo, hiperbólico y, en no pocas ocasiones, frontalmente conspirativo. El pasado 24 de febrero, coincidiendo con su comparecencia en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes, presentó una querella contra la jueza y contra su marido, el también juez Jorge Martínez. La sincronía no pasó inadvertida. El mismo día en que su discurso ganaba altavoz parlamentario, activaba también una ofensiva penal de gran calibre contra la instructora.

Según el núcleo de esa acción, Jorge Martínez habría intervenido en diligencias iniciales del procedimiento, especialmente en la toma de declaración de algunos testigos o familiares, durante una fase temprana de la investigación. Gisbert convirtió ese extremo en la base de una batería de acusaciones muy graves: habló de posibles delitos como prevaricación, revelación de secretos, usurpación de funciones y otras figuras penales. Sobre esa premisa levantó después la petición más ambiciosa de todas: apartar a la jueza, declarar la nulidad de la investigación y golpear la credibilidad del juzgado en el peor momento posible.

La ofensiva no terminaba ahí. En los fragmentos conocidos de esa querella y de los escritos asociados aparecían peticiones extraordinarias, incluso por su agresividad simbólica. Gisbert solicitaba una evaluación psiquiátrica de la magistrada y la suspensión cautelar de la carrera judicial tanto para Ruiz Tobarra como para su marido. Ese tipo de medidas no pertenecen al repertorio ordinario de una discusión procesal áspera. Son un salto a otro terreno. Uno donde el objetivo ya no parece simplemente corregir una actuación concreta, sino desacreditar por completo a la instructora y erosionar su autoridad pública.

La jueza recoge precisamente esa dimensión en su auto. Habla de “inquina”, de animosidad y de una acumulación de agravios sin la coherencia exigible a una recusación. El texto, por lo que se conoce, retrata un escrito que mezcla reproches personales, imputaciones penales, cuestionamiento competencial y acusaciones sobre un supuesto sesgo en la instrucción. No es solo que lo rechace. Es que lo encuadra dentro de una estrategia de presión. Esa parte resulta fundamental para entender la noticia: la instructora no está respondiendo únicamente a un argumento jurídico; está intentando cerrar el paso a una campaña de deslegitimación.

La pieza del marido de la jueza y el intento de convertirla en nulidad total

El papel atribuido a Jorge Martínez ha sido la palanca elegida por Gisbert para intentar mover todo el edificio. En procedimientos complejos, y más aún en juzgados saturados tras una catástrofe de semejante magnitud, la colaboración informal, los apoyos funcionales o determinadas intervenciones accesorias pueden convertirse en terreno resbaladizo si alguien decide llevarlas al límite. Eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí. Gisbert ha presentado esa supuesta participación como una contaminación completa del procedimiento, capaz de invalidar lo actuado.

La clave está en la escala del argumento. Una cosa sería denunciar una irregularidad concreta y pedir su corrección puntual. Otra, muy distinta, intentar usar ese episodio como detonador para anular 16 meses de instrucción. Y ahí es donde la jueza levanta el muro. Ruiz Tobarra sostiene que no existe base para semejante consecuencia y da a entender que esa pretensión, más que proteger garantías, persigue la destrucción del trabajo acumulado. Lo dice con una dureza nada habitual y con un razonamiento que tiene un trasfondo muy reconocible: si se tumbara ahora la causa, desaparecería buena parte del terreno que ha ido estrechando el cerco sobre las responsabilidades políticas y administrativas.

El problema no es solo procesal. También es temporal. La causa se encuentra en un momento extremadamente sensible, con cientos de diligencias practicadas, más de 500 interrogatorios realizados y una instrucción que ha ido ensamblando una cronología muy concreta de lo que ocurrió aquel día. Tirar de la pieza del marido de la jueza para hacer caer todo eso no suena, en la lógica del auto, a depuración técnica, sino a voladura controlada. O controlada, al menos, sobre el papel. Porque en realidad un movimiento así habría provocado un caos considerable y una nueva herida para las familias que siguen esperando respuestas.

La causa de la dana llega al núcleo político más sensible

Para entender la dureza de este enfrentamiento hay que mirar el momento exacto en que estalla. La investigación no está en una fase preliminar, borrosa, todavía exploratoria. Está ya en una etapa en la que la instructora ha ido delimitando quién tenía el mando de la emergencia, qué decisiones se tomaron, cuáles se retrasaron y qué omisiones pudieron tener un efecto directo sobre el resultado mortal de la riada. En ese recorrido, la jueza ha señalado con claridad a dos exaltos cargos del anterior Consell: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y quien era su número dos durante la catástrofe, Emilio Argüeso. Ambos están investigados.

El siguiente escalón era, y sigue siendo, Carlos Mazón. La jueza ya elevó una exposición razonada al TSJCV para que estudie si debe asumir su investigación por la condición de aforado del expresidente. En esa exposición aprecia indicios de una “absoluta” y “grosera” negligencia, vinculada a una exclusión voluntaria durante casi cinco horas en plena jornada crítica, mientras se encontraba en una comida y posterior sobremesa con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro, en Valencia. La resolución no es un detalle menor dentro del caso. Es, posiblemente, el paso más explosivo que ha dado la instructora hasta ahora.

Ese avance hacia Mazón explica por qué el auto contra Gisbert se lee como algo más que una bronca procesal. Si la magistrada fuera apartada o si parte del procedimiento quedara neutralizado, el daño afectaría a la zona más comprometida del sumario. Ahí se entiende mejor la expresión “dinamitar el procedimiento”. No es simplemente una manera enfática de rechazar un escrito incómodo. Es la forma en que la jueza nombra el riesgo de que la causa salte justo cuando está rozando responsabilidades superiores.

Hay además datos muy concretos que han ido apuntalando esa línea. En las últimas semanas declararon altos cargos del entorno de la Generalitat. Uno de ellos, Francisco González, director general de Comunicación y Promoción Institucional, situó una llamada de Salomé Pradas a las 18.26 del día de la dana para trasladarle que la situación era grave y pedirle que moviera a À Punt ante la propagación de bulos. Aun así, la alerta masiva Es-Alert no se envió hasta las 20.11, cuando, según la reconstrucción judicial, la mayoría de las víctimas ya había fallecido. Ese desfase de tiempo es una de las piezas más demoledoras del caso.

El sumario que ha desmontado la defensa política del apagón informativo

Uno de los elementos más importantes de la instrucción es que ha ido desmontando la tesis de descargo sostenida durante meses por la Generalitat, el PP valenciano y los principales investigados del antiguo Consell. Esa tesis venía a decir, simplificando mucho, que la Administración autonómica reaccionó tarde porque el Gobierno central no informó con la claridad o la rapidez necesarias sobre la magnitud de la dana. El juzgado, sin embargo, ha ido cerrando puertas a esa versión. Y lo ha hecho tanto por la vía de los hechos como por la vía de las resoluciones.

La Audiencia Provincial de Valencia, según recoge la propia instructora, ha respaldado por unanimidad que la competencia en materia de protección civil correspondía en todo momento a la Administración autonómica y que la dirección efectiva de la emergencia recaía en Argüeso, en los niveles 0 y 1, y en Pradas, en el nivel 2. Eso significa que el eje de responsabilidad no se desplaza hacia organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar o la Agencia Estatal de Meteorología, cuya investigación la jueza ha rechazado abrir en los términos pretendidos por algunas defensas y acusaciones.

Ese punto resulta decisivo porque explica una parte muy relevante del clima político que rodea el caso. La instrucción no solo busca depurar hechos. También ha ido neutralizando una coartada institucional: la idea de que todo fue culpa de una falta de aviso ajena al Consell. Cuando un sumario empieza a fijar responsabilidades donde más duele, el interés por desplazar el foco se dispara. Y ahí encaja el conflicto con Gisbert. Su ofensiva procesal aparece justo cuando el relato alternativo pierde fuerza dentro del juzgado. Esa coincidencia no es una prueba de nada por sí sola, pero sí explica la lectura muy agresiva que la magistrada hace de lo ocurrido.

El problema Gisbert no empezó en el juzgado

Aunque ahora aparezca sentado en el tablero judicial como abogado de varias víctimas, Rubén Gisbert ya era un personaje altamente controvertido mucho antes de esta resolución. Su nombre quedó ligado a uno de los episodios más oscuros de la poscatástrofe: la difusión del bulo del parking de Bonaire, en Aldaia, donde durante horas y días se alimentó la idea de que había cientos de cadáveres ocultos en el aparcamiento del centro comercial. Aquello disparó el pánico, multiplicó la angustia de las familias y añadió una capa de desinformación muy tóxica en un momento ya devastador.

La teoría acabó desmontada, pero el daño ya estaba hecho. Gisbert fue una de las voces que impulsaron ese relato, y ese pasado pesa mucho en el modo en que hoy se recibe cualquier intervención suya en el caso. No porque un error o un bulo anulen automáticamente la capacidad de ejercer la abogacía. Eso sería absurdo. Pesa porque dibuja un patrón: llevar el conflicto al terreno del ruido, sugerir que existe una verdad oculta y colocarse como quien viene a revelarla frente a instituciones presuntamente corrompidas o encubridoras. Es un esquema muy reconocible y muy eficaz en redes, pero profundamente desestabilizador cuando se incrusta en una causa penal de esta envergadura.

A ese historial se añadió la escena que terminó por convertirlo en un símbolo incómodo de la contaminación mediática de la tragedia. Pocos días después de la riada, un vídeo lo mostró manchándose deliberadamente de barro antes de una conexión para televisión. La secuencia se hizo viral, generó una oleada de rechazo y acabó con su salida como colaborador del programa de Iker Jiménez. El episodio tenía una potencia visual tremenda y bastante desagradable: el barro real de una catástrofe usado como escenografía. Esa imagen sigue flotando alrededor de su figura y explica por qué cualquier paso suyo se mira con una mezcla de recelo, sospecha y cansancio.

Todo eso desembocó, además, en su comparecencia en Les Corts, de la mano de PP y Vox, dentro de la comisión de investigación sobre la dana. La presencia de Gisbert en ese foro fue muy discutida, entre otras cosas porque compartía espacio político y mediático con asociaciones de víctimas y familiares directos de fallecidos. La mezcla resultó explosiva. Por un lado, dolor real, irreparable, lleno de nombres propios. Por otro, un agitador convertido en abogado, con agenda propia, con discurso de alto voltaje y con una cruzada declarada contra la jueza instructora. Esa imagen no ha ayudado precisamente a rebajar la tensión del caso.

Lo que de verdad está en juego a partir de ahora

La resolución de Ruiz Tobarra no cierra el conflicto, pero sí marca un límite. La recusación queda descartada en esta fase y la jueza mantiene el control de la instrucción. Eso significa que el sumario sigue avanzando, que las diligencias continúan y que el foco vuelve a colocarse donde estaba antes de la ofensiva de Gisbert: en las responsabilidades por la gestión de la dana y en la eventual intervención del TSJCV respecto a Mazón. La causa, en otras palabras, no se detiene. Y esa continuidad es probablemente la noticia más importante que deja el auto.

También queda reforzada una idea clave: la instrucción no se ha construido en el vacío. Hay una arquitectura procesal ya levantada, una cronología cada vez más cerrada, testificales muy comprometedoras y decisiones ratificadas en parte por instancias superiores. Ese suelo previo dificulta que la causa pueda quedar desarbolada por una sola ofensiva, por ruidosa que sea. La jueza lo sabe y por eso contesta con tanta contundencia. El mensaje va dirigido a Gisbert, sí, pero también al conjunto del ecosistema que rodea este procedimiento: la política, las redes, las defensas, las acusaciones con agenda propia y quienes llevan meses intentando mover el centro del caso fuera del Consell.

A partir de aquí, los próximos movimientos serán decisivos. El TSJCV tendrá que valorar la exposición razonada sobre Carlos Mazón y decidir si asume esa parte de la investigación. Mientras tanto, el juzgado de Catarroja seguirá con el resto de la instrucción, previsiblemente con más declaraciones, contrastes telefónicos, análisis documentales y una posible prórroga del plazo instructor. La jueza ya ha planteado ampliar la investigación seis meses más, dado que el plazo inicial vencía el 30 de abril. Esa ampliación encaja con el volumen del sumario y con la complejidad técnica y política del caso.

Lo que queda al final de este episodio es bastante nítido. Rubén Gisbert ha intentado convertir una discusión sobre la pureza de determinadas actuaciones en una palanca para cuestionar a la jueza y forzar la nulidad de la causa. Nuria Ruiz Tobarra ha contestado con un auto inusualmente duro, negando base legal a la recusación y retratando la maniobra como un intento de volar el procedimiento. Entre ambos, en medio de esa batalla áspera y cargada de barro jurídico y mediático, sigue latiendo lo único que no debería perderse de vista: 230 muertos, una alerta que llegó demasiado tarde, varios exaltos cargos investigados y una investigación que se acerca al antiguo vértice del poder valenciano.

El sumario que nadie logra sacar del carril

La causa de la dana se ha convertido en una especie de campo magnético donde se pegan demasiadas cosas a la vez: dolor, política, responsabilidad penal, propaganda, bulos, supervivencia institucional y una pelea feroz por el relato. Pero el auto de la jueza introduce una corrección importante. Devuelve el centro del caso a un punto muy concreto: si hubo una gestión tan gravemente deficiente que contribuyó al resultado mortal de la tragedia y quién debe responder por ello. Todo lo demás —los vídeos virales, las comparecencias broncas, la querella contra la instructora, la teatralización constante— gira alrededor de ese núcleo.

Por eso la resolución no es solo una desautorización de Gisbert. Es también un intento de preservar la dirección de la causa en un instante en el que cualquier sacudida podría haber alterado su recorrido. Ruiz Tobarra está diciendo que no piensa abandonar el asunto, que no acepta que se borre lo investigado y que no va a permitir que la discusión principal sea la discusión sobre su persona. La frase es dura, casi cortante, pero resume bien el momento: cuando la jueza habla de un intento de “dinamitar el procedimiento”, en realidad está describiendo la batalla por impedir que el sumario llegue a donde puede llegar.

Y ahí sigue el caso, todavía incómodo, todavía abierto, todavía cargado de consecuencias. Las víctimas continúan esperando, el antiguo Consell sigue bajo una presión creciente y el tablero judicial valenciano se prepara para semanas decisivas. La noticia no es solo que una jueza haya estallado contra un abogado mediático. La noticia, la de verdad, es que la investigación sobre la dana ha entrado en su tramo más peligroso y nadie ha conseguido, de momento, sacarla del carril.