¿Qué decidirá José Luis Calama sobre las joyas de Zapatero en Qatar?

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama vuelve a quedar en el centro del caso que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero. La novedad está en las joyas intervenidas en el despacho del expresidente: su defensa pretende que el magistrado reclame por vía judicial documentación en el extranjero que permita acreditar el origen de unas piezas tasadas en 1.323.915 euros y cuya procedencia continúa bajo investigación.

La información conocida en las últimas horas sostiene que Zapatero no habría logrado obtener por su cuenta los certificados buscados durante los últimos meses y que ahora planteará al instructor acudir a los mecanismos de cooperación judicial internacional. El movimiento apunta particularmente a Qatar, después de que durante semanas se hubiera hablado también de gestiones relacionadas con Arabia Saudí y otros países del Golfo. Hay, sin embargo, una diferencia esencial: que la defensa solicite esa diligencia no significa que Calama la haya autorizado ni que las autoridades extranjeras hayan certificado todavía la versión del expresidente.

José Luis Calama, el juez que decidirá si reclama los documentos

Calama es el magistrado que instruye en la Audiencia Nacional la investigación vinculada al caso Plus Ultra y quien deberá valorar cualquier nueva diligencia propuesta por la defensa. No es un mero trámite administrativo. Si Zapatero solicita formalmente que el juzgado pida información a otro país, corresponderá al juez decidir si esa documentación resulta pertinente para esclarecer los hechos.

La vía habitual sería algún mecanismo de auxilio judicial internacional, como una comisión rogatoria. Dicho de manera menos solemne: un tribunal español pide a las autoridades de otro Estado que localicen y remitan determinados documentos, datos o actuaciones que están fuera del alcance directo de la Justicia española.

No supone que el juez vaya a buscar personalmente facturas entre archivadores de Doha, claro. Tampoco implica que acepte sin más la tesis propuesta por la defensa. Calama tendría que delimitar qué se solicita, a quién y para qué; posteriormente entrarían en juego las autoridades del Estado requerido, los cauces diplomáticos o judiciales correspondientes y unos plazos que rara vez se distinguen por su velocidad.

El punto relevante es otro: los certificados siguen sin aparecer incorporados públicamente a la causa pese al tiempo transcurrido desde que el origen de las joyas se convirtió en una de las piezas más incómodas del procedimiento.

Un lote de joyas valorado en más de 1,3 millones de euros

La historia comenzó con el registro realizado el 19 de mayo en el despacho profesional de Zapatero. La Policía encontró en una caja fuerte un amplio conjunto de joyas, entre relojes, collares, pulseras y sortijas, además de otras piezas.

Calama ordenó posteriormente una tasación especializada. La valoración, realizada por Ansorena con participación del Instituto Gemológico Español en el análisis de algunas piedras preciosas, situó el conjunto en 1.323.915 euros.

No hablamos, por tanto, de unas cuantas piezas familiares guardadas por motivos sentimentales. Dentro del lote aparecen joyas de elevado valor individual, entre ellas un collar con esmeraldas estimado en aproximadamente 278.000 euros y otro con zafiros tasado en unos 220.000 euros.

Tras recibir la valoración, el juez abrió una pieza separada para esclarecer si podía existir un delito fiscal y otro relacionado con el contrabando. El problema jurídico señalado desde el comienzo por el instructor es la ausencia de una trazabilidad suficientemente acreditada sobre la adquisición, recepción o introducción en España de bienes de semejante valor.

Y ahí empieza el verdadero quebradero de cabeza. Una piedra preciosa puede conservar su brillo durante décadas; el papel que explica cómo llegó hasta una caja fuerte envejece bastante peor.

De la herencia familiar al regalo de cortesía

Las explicaciones sobre las joyas han ido concretándose con el paso de los meses. En una primera fase trascendió que algunas piezas podían proceder de herencias familiares y viajes. Más tarde, Zapatero habló públicamente de un antiguo «regalo de cortesía personal», insistiendo en que las había conservado sin intención patrimonial ni voluntad de defraudar.

Posteriormente cobró fuerza una explicación mucho más específica: las piezas habrían sido recibidas como obsequios procedentes del entorno de la realeza saudí durante los años en los que Zapatero presidió el Gobierno, entre 2004 y 2011, y algunas habrían estado destinadas a su esposa, Sonsoles Espinosa.

Ese detalle importa. Mucho. Si una joya valorada en decenas o cientos de miles de euros fue un regalo oficial o privado, cuándo se recibió, quién la entregó, a quién iba destinada y cómo entró en España son circunstancias con consecuencias jurídicas y fiscales diferentes.

Por eso los certificados, cartas oficiales o documentos de procedencia se han convertido en una pieza codiciada de este puzle. No porque un certificado extranjero cierre automáticamente la investigación, sino porque proporcionaría una fecha, un origen y una explicación documental que resultan fundamentales para reconstruir lo ocurrido.

Por qué aparece Qatar en la investigación de las joyas

La novedad más llamativa es precisamente el cambio de escenario. Durante meses se habló de contactos realizados en distintos países árabes para localizar documentos capaces de respaldar el origen de las piezas. Las últimas informaciones señalan que la petición que Zapatero pretende plantear a Calama se concentraría finalmente en Qatar.

Según esas informaciones, las gestiones realizadas directamente para conseguir los papeles no habrían dado resultado. También se atribuye participación en esas gestiones al exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, aunque lo verdaderamente relevante para el procedimiento será aquello que pueda documentarse y terminar incorporándose al sumario.

El salto desde unas gestiones privadas o diplomáticas hasta una solicitud judicial cambia bastante el terreno de juego. Una cosa es pedir información mediante contactos personales; otra, que la Audiencia Nacional curse oficialmente una petición de cooperación internacional.

De momento, conviene colocar cada verbo en su sitio: Zapatero pretende solicitarlo. No consta públicamente que Calama haya acordado todavía reclamar esos certificados a Qatar ni, mucho menos, que Qatar haya confirmado el origen de las joyas.

Qué puede conseguir una comisión rogatoria

Una eventual comisión rogatoria permitiría solicitar formalmente a las autoridades extranjeras documentación relacionada con el asunto. Dependiendo de qué información exista y de cómo formule el juez la petición, podrían buscarse registros, comunicaciones oficiales, certificados de entrega u otras pruebas que ayuden a reconstruir la procedencia de las piezas.

La respuesta, sin embargo, podría ser positiva, incompleta o sencillamente inexistente. Han pasado alrededor de dos décadas desde algunos de los viajes y encuentros institucionales a los que se vincula la versión de los regalos, y no todo obsequio diplomático deja detrás una carpeta impecable esperando pacientemente en una estantería.

También cabe que aparezca documentación y que después tenga que ser contrastada con la naturaleza concreta de las joyas intervenidas. Que un gobierno extranjero certifique la entrega de determinados regalos no significaría necesariamente que todas las piezas encontradas en la caja fuerte sean esas mismas. El trabajo probatorio empieza, no termina, con el papel.

La defensa no tiene que demostrar la inocencia de Zapatero

Aquí conviene desmontar una simplificación que circula con facilidad alrededor del caso. En un proceso penal, la carga de probar una acusación corresponde a quien acusa. Zapatero no está jurídicamente obligado a demostrar su inocencia ni puede invertirse sin más la presunción de inocencia porque no presente una factura.

Otra cosa es que la defensa sostenga voluntariamente una explicación concreta sobre unos bienes y considere conveniente respaldarla documentalmente. Si afirma que unas joyas proceden de regalos recibidos hace años en determinadas circunstancias, acreditar esa procedencia puede resultar decisivo para combatir los indicios que llevaron al juez a abrir la investigación.

La ausencia de certificados, por sí sola, no demuestra un delito. Pero tampoco convierte en acreditada la explicación del regalo. Esa es precisamente la zona gris en la que trabaja ahora la instrucción.

El juez tendrá que determinar si existen indicios suficientes de irregularidad fiscal o aduanera y si las diligencias solicitadas pueden despejar dudas. No se trata de elegir qué relato resulta más simpático; se trata de averiguar qué relato aguanta cuando se le ponen documentos debajo.

Calama mantiene abierta la presión judicial sobre Zapatero

El asunto de las joyas tampoco está aislado de los demás movimientos procesales de las últimas semanas. El 4 de septiembre, Calama rechazó la pretensión de Zapatero de declarar la nulidad general de la investigación, al considerar que no se habían vulnerado sus derechos de defensa.

Pocos días después, el magistrado desestimó también el recurso presentado contra la autorización concedida a la UDEF para investigar determinadas cuentas bancarias de Zapatero y de personas de su entorno.

La causa principal investiga presuntas irregularidades vinculadas al rescate público de Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros en 2021. Calama trata de determinar si existió una red de influencias alrededor de la operación y qué papel pudieron desempeñar distintas personas relacionadas con la compañía y con el expresidente.

Las joyas constituyen una derivación singular de esa investigación. Entraron en escena durante los registros y adquirieron vida judicial propia cuando su elevada tasación y la falta de una procedencia fiscalmente documentada llevaron al juez a abrir una pieza específica.

Así, un caso nacido alrededor de una aerolínea y una ayuda pública terminó desembocando también en zafiros, esmeraldas, relojes y certificados. La realidad judicial española conserva cierta habilidad para escribir argumentos que ningún guionista se atrevería a entregar en una primera versión.

Los documentos decidirán cuánto recorrido tiene esta pieza

La atención vuelve sobre José Luis Calama porque será él quien determine qué nuevas diligencias tienen sentido. Si la defensa solicita formalmente que la Audiencia Nacional reclame información a Qatar, el magistrado podrá aceptar la petición, limitarla o rechazarla atendiendo a su utilidad para la investigación.

El núcleo del asunto sigue siendo extraordinariamente sencillo pese a todo el ruido político que lo rodea: unas joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros fueron encontradas en el despacho de un expresidente del Gobierno y la Justicia quiere determinar de dónde proceden y cuál fue su tratamiento fiscal y aduanero.

Zapatero sostiene que se trata de antiguos regalos de cortesía y ha negado cualquier intención de defraudar. La instrucción, mientras tanto, continúa porque esa explicación todavía necesita encajar con la documentación disponible.

Por eso los próximos movimientos alrededor de Qatar pueden resultar importantes, aunque sería precipitado convertirlos en una prueba definitiva en cualquier dirección. No existe condena ni origen ilícito acreditado por el mero hecho de que falten certificados, del mismo modo que afirmar que las joyas fueron regalos no basta para dar su procedencia por demostrada.

Entre ambas cosas está el trabajo del juez Calama. Y, esta vez, buena parte de la respuesta puede depender de algo mucho menos deslumbrante que un collar de esmeraldas: unos cuantos papeles capaces de contar de dónde salió.