¿Por qué Isabel Perelló denuncia presiones políticas sobre los jueces?

Isabel Perelló ha aprovechado la apertura del Año Judicial para lanzar uno de sus mensajes más claros desde que preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial: las resoluciones de los jueces pueden criticarse, pero atribuirles intenciones políticas simplemente porque no gustan sus decisiones cruza otra frontera. Y cuando esas acusaciones proceden de responsables públicos, ha advertido, la gravedad aumenta.

La magistrada ha situado el problema en el terreno institucional, no en el de la susceptibilidad personal. Un juez puede equivocarse al interpretar una norma, valorar una prueba o construir jurídicamente una resolución. Para eso existen los recursos. Lo que Perelló considera inadmisible es convertir la descalificación pública en una herramienta destinada a presionar a quien debe resolver un asunto con independencia.

Perelló endurece su mensaje ante los ataques a los jueces

La presidenta del Supremo ha pronunciado su discurso este jueves, 10 de septiembre, durante el solemne acto de apertura del curso judicial, presidido por el rey Felipe VI y celebrado en la sede del alto tribunal. Allí estaban buena parte de quienes protagonizan, desde posiciones muy distintas, una temporada particularmente áspera entre política y tribunales.

Perelló no ha cuestionado el derecho a discrepar de una sentencia o de un auto. Al contrario: ha reconocido expresamente que las decisiones judiciales pueden discutirse por su interpretación de la ley, por la valoración de las pruebas o por la calidad de sus argumentos. La democracia no convierte las resoluciones judiciales en textos sagrados ni obliga al ciudadano a recibirlas con incienso.

El límite aparece, según su planteamiento, cuando la discrepancia jurídica desaparece y se sustituye por la idea de que un magistrado ha resuelto movido por intereses partidistas. Atribuir propósitos políticos o ideológicos a un juez por el mero hecho de rechazar lo decidido pone en cuestión la propia naturaleza de la función judicial.

Perelló ha calificado ese tipo de acusaciones de extraordinariamente graves porque pueden implicar, en determinados términos, la atribución de una conducta delictiva. Y ha añadido un matiz nada secundario: cuando los ataques parten de personas con responsabilidades institucionales, su repercusión es mayor.

El aviso sobre el «lawfare» y la independencia judicial

El discurso ha dedicado espacio específico a la independencia judicial, las descalificaciones públicas y el llamado «lawfare», expresión utilizada en el debate político para denunciar un supuesto empleo de procedimientos judiciales con fines políticos.

Ahí está precisamente el nervio de su intervención. Perelló sostiene que discutir jurídicamente una resolución es una cosa y presentar a jueces y tribunales como actores políticos camuflados bajo una toga es otra bastante distinta. Esa segunda lectura, cuando se generaliza sin pruebas, erosiona la confianza en la Justicia y transforma cualquier decisión incómoda en sospecha de conspiración.

Su formulación fue tajante: «Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más». Una frase breve para una cuestión bastante menos sencilla, porque la independencia judicial funciona en dos direcciones. Protege al juez frente al poder político, pero también obliga al propio juez a ejercer sus atribuciones con prudencia.

La presidenta del Supremo también pide mesura a los jueces

Perelló no ha construido un discurso exclusivamente defensivo. Ha reconocido que quienes ejercen la función judicial deben ser conscientes de las consecuencias de sus decisiones y mantener mesura y prudencia, también cuando intervienen públicamente.

Ese contrapunto importa. La independencia no significa inmunidad frente a la crítica ni concede a un magistrado carta blanca para comportarse sin límites. Un juez está sometido a la ley, sus decisiones pueden recurrirse y su actuación está sujeta a responsabilidades. Precisamente por eso, el debate sobre una resolución debería dirigirse a sus fundamentos jurídicos y no reducirse a colocar una etiqueta ideológica sobre quien la firma.

La frontera puede parecer fina cuando la política entra en ebullición. No lo es tanto jurídicamente. Decir que una resolución es errónea, desproporcionada o mal fundamentada forma parte de la discusión pública. Sostener que el magistrado decidió de determinada manera porque sirve deliberadamente a una opción política exige algo más que enfado.

La «ley de nietos», el último choque con el Gobierno

El discurso llega apenas dos días después de una decisión del Tribunal Supremo que ha provocado un fuerte enfrentamiento político. El alto tribunal adoptó medidas cautelares relacionadas con el derecho de voto de beneficiarios de la denominada ley de nietos, vinculada a la Ley de Memoria Democrática, mientras resuelve el fondo de los recursos presentados.

La decisión ha generado duras críticas desde el Gobierno y sus socios, que cuestionan el alcance de la medida. Ese conflicto estaba inevitablemente flotando sobre el Salón de Plenos cuando Perelló habló de acusaciones contra magistrados por supuestas motivaciones políticas.

El mensaje de la presidenta del Supremo no consiste en afirmar que las decisiones de los tribunales sean infalibles. Su argumento es otro: si una resolución se considera equivocada existen mecanismos jurídicos para combatirla, desde los recursos hasta el eventual control de otros tribunales. La respuesta institucional a un auto discutible debe producirse dentro de las reglas del Estado de derecho, no mediante una competición para decidir quién grita más fuerte desde una tribuna política.

Ceuta amplía la tensión entre Justicia y Ejecutivo

La llamada ley de nietos no es el único telón de fondo. Perelló también se ha referido a la grave crisis vivida en Ceuta, otro asunto que ha abierto una grieta entre el Ejecutivo y determinados órganos judiciales.

El conflicto se disparó alrededor de la investigación dirigida por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón sobre la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio. La jueza había pedido reserva sobre un informe policial incorporado a las diligencias, una decisión que provocó la protesta del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque consideraba que determinados datos resultaban necesarios para gestionar una situación que afectaba directamente a la seguridad nacional.

El CGPJ respaldó entonces el ejercicio de las funciones jurisdiccionales de Tardón y recordó el especial vínculo de la Policía Judicial con jueces y fiscales cuando actúa dentro de una investigación.

La polémica creció después cuando desde el Gobierno y el PSOE se pusieron en cuestión aspectos relacionados con la imparcialidad de la magistrada. El choque acabó convirtiendo un problema fronterizo, policial y judicial de enormes dimensiones en otro episodio de la deteriorada conversación entre poderes del Estado.

Fronteras, seguridad y garantías legales

Perelló ha señalado que la situación de Ceuta exige una respuesta capaz de preservar la integridad de las fronteras españolas y mantener un control ordenado de los accesos, pero ha añadido inmediatamente la otra mitad de la ecuación: deben aplicarse también las garantías previstas en el ordenamiento jurídico.

No es una precisión ornamental. Seguridad fronteriza y respeto a la legalidad aparecen unidos en su planteamiento. El Poder Judicial, ha venido a sostener, debe controlar que las decisiones adoptadas durante una situación excepcional continúen dentro de los márgenes que establece la ley.

Un Año Judicial que nace en plena tormenta política

La intervención de Perelló se produce en un momento especialmente delicado para las relaciones entre Justicia y política. El nuevo curso arranca con numerosas causas de enorme repercusión pública y con una polarización que convierte prácticamente cada resolución relevante en material inflamable.

Begoña Gómez, Santos Cerdán, el denominado caso Leire, investigaciones vinculadas a Plus Ultra y José Luis Rodríguez Zapatero, los asuntos derivados del «procés» o procedimientos relacionados con antiguos responsables del PP forman parte de un calendario judicial cargado. Algunos afectan directamente a partidos, antiguos gobernantes o personas próximas a dirigentes políticos. El ruido, por tanto, no va precisamente a disminuir.

En ese paisaje, la batalla por el relato suele empezar incluso antes de que los jueces hayan terminado de escribir. Un auto favorable se presenta como prueba de que las instituciones funcionan; uno adverso, según quién lo reciba, puede acabar convertido en demostración de persecución política. La Justicia termina así atrapada en el mismo molino partidista que tritura casi cualquier asunto público.

Perelló intenta colocar un dique ante esa dinámica: criticar resoluciones, sí; desacreditar al juez atribuyéndole intereses partidistas sin fundamento, no. Es una distinción básica en teoría y bastante menos popular cuando llega una decisión judicial que perjudica a los propios.

Teresa Peramato reivindica una Fiscalía independiente

La apertura del Año Judicial también ha supuesto el primer discurso de Teresa Peramato como fiscal general del Estado en este acto. Llegó al cargo en diciembre de 2025 tras la salida de Álvaro García Ortiz y ha defendido especialmente el papel de la Fiscalía frente a las sospechas de parcialidad.

Peramato ha reivindicado el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y ha advertido del daño que la corrupción provoca en la confianza ciudadana y en el funcionamiento de las instituciones. También ha reclamado que las decisiones procesales de los fiscales sean valoradas por sus fundamentos jurídicos y no clasificadas simplemente según beneficien o perjudiquen a una determinada parte.

Hay ahí un curioso efecto espejo. La presidenta del Poder Judicial pide que no se atribuyan motivaciones políticas a los jueces; la fiscal general reclama prácticamente lo mismo para los fiscales. Dos instituciones distintas, una misma enfermedad ambiental: la sospecha permanente de que detrás de cada decisión jurídica se esconde una camiseta política.

La independencia judicial se juega también fuera de los tribunales

El discurso de Isabel Perelló no elimina la tensión entre el Gobierno y los jueces. Tampoco convierte cualquier crítica política en una presión ilegítima, ni pretende hacerlo. En una democracia, las decisiones judiciales especialmente controvertidas deben soportar el escrutinio público, incluso uno incómodo y severo.

La cuestión está en cómo se formula ese escrutinio. Discutir la ley aplicada, señalar contradicciones, desmontar argumentos o cuestionar la proporcionalidad de una medida fortalece el debate democrático. Convertir la discrepancia en una acusación de conspiración judicial sin pruebas lo empobrece y, de paso, debilita la confianza en una institución que necesita ser criticable precisamente para poder ser independiente.

Perelló ha colocado ese dilema en el centro del nuevo curso judicial. No parece casual. Entre Ceuta, la ley de nietos y las grandes causas políticas que llenarán los próximos meses, los tribunales seguirán entrando a diario en territorio de altísima temperatura. Y ahí la distancia entre crítica, presión y descalificación será probablemente una de las grandes discusiones institucionales de España durante este curso.