¿Qué aviso del CNI sobre Ceuta pone a ERC, Junts y PNV contra Sánchez?

La publicación de los documentos sobre la crisis migratoria de Ceuta ha provocado algo que el Gobierno probablemente quería evitar al abrir los archivos: ERC, Junts y PNV se han sumado a las críticas que ya mantenían PP y Vox. No todos llegan a la misma conclusión ni utilizan el mismo tono, pero el frente de reproches se ha ensanchado. El problema político ha dejado de estar únicamente en la oposición.

En el centro de la controversia están 40 documentos y comunicaciones elaborados durante julio por distintos organismos del Estado, entre ellos el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los papeles permiten reconstruir qué información circulaba antes de la entrada masiva de migrantes de los días 30 y 31 de julio y, sobre todo, cuándo llegó a cada institución.

El dato que más pólvora ha puesto sobre la mesa aparece el 29 de julio. El CNI trasladó información sobre llamamientos difundidos en redes sociales para intentar acceder a Ceuta al día siguiente, coincidiendo con la Fiesta del Trono de Marruecos. La documentación confirma el aviso. Otra cuestión —y ahí está buena parte de la pelea— es determinar si aquello constituía una alerta suficientemente clara sobre la magnitud de lo que estaba a punto de ocurrir.

Los 40 documentos cambian el eje de la discusión

Pedro Sánchez se había comprometido el 3 de septiembre ante el Congreso a publicar los informes relacionados con la crisis. El Gobierno hizo finalmente públicos documentos y comunicaciones comprendidos entre el 1 y el 31 de julio de 2026, una cronología que permite seguir casi día a día la información disponible antes y durante los hechos.

Hay material de naturaleza muy distinta: notas informativas, comunicaciones internas, correos electrónicos, informes, infografías y mensajes. No todo tenía el mismo rango ni transmitía el mismo grado de alarma, un matiz relevante porque la batalla política gira precisamente alrededor de la palabra «alerta».

Hasta la publicación de los papeles, una parte de la controversia se había concentrado en si los servicios de inteligencia habían anticipado o no el episodio. Los documentos complican esa respuesta sencilla. El CNI manejaba información sobre movimientos y convocatorias, sí, y la compartió. El propio organismo, sin embargo, no había anticipado la magnitud y la naturaleza de lo que finalmente sucedió.

Ahí cabe una diferencia nada pequeña. Saber que se prepara un intento de entrada no equivale necesariamente a prever una crisis de dimensiones extraordinarias. Pero saber que existe ese riesgo tampoco equivale a no saber nada. Entre ambos extremos discurre ahora una discusión política incómoda para el Ejecutivo.

El mensaje del 29 de julio que ha incendiado el debate

La secuencia del día anterior a la crisis resulta especialmente delicada. Según la documentación publicada, a las 13:52 del 29 de julio un representante del CNI en Ceuta trasladó por WhatsApp al gabinete de la Delegación del Gobierno que en las redes sociales existía un llamamiento para un asalto por la valla y por mar previsto para el día siguiente.

El mensaje precisaba que los promotores pretendían aprovechar la Fiesta del Trono y señalaba la existencia de dos grupos con un total de 180.000 seguidores, una cifra facilitada para ilustrar el alcance potencial de la difusión. Más tarde consta una llamada de 11 minutos. Casi a la misma hora, el CNI comunicó a una unidad de la Guardia Civil que disponía de información sobre intentos de entrada a nado y saltos a la valla.

También figura una nota urgente del CNI remitida esa tarde a los servicios de inteligencia marroquíes DGST y DGED. Por eso los documentos no permiten sostener que no circulase ninguna advertencia. Lo discutible es otra cosa: cómo fue valorada, hasta dónde llegó dentro de la cadena de mando y qué respuesta operativa justificaba con la información disponible entonces.

Ese terreno gris —menos cinematográfico que una gran conspiración, pero políticamente bastante más incómodo— explica por qué los papeles no han cerrado la crisis. Al contrario: han trasladado la discusión desde la existencia de información previa hacia la manera en que esa información fue interpretada.

PNV, Junts y ERC aprietan al Ejecutivo desde lugares distintos

El PNV ha sido particularmente duro con la gestión de la información. El diputado Mikel Legarda ha reprochado al Gobierno la «falta de tensión» de las alertas y la «laxitud» con la que, a su juicio, fueron recibidas. También cuestionó que el Ejecutivo mantenga que la situación se gestionó razonablemente bien.

Junts ha ido por una vía más frontal. Su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha hablado de «descontrol absoluto» y ha acusado a Pedro Sánchez de no controlar las fronteras, su propio Gobierno ni la seguridad del Estado. Una formulación gruesa, sí, pero que muestra hasta qué punto Ceuta ha dejado de ser una discusión encerrada entre Moncloa y la derecha.

ERC también ha elevado el tono, aunque su diagnóstico es distinto. Gabriel Rufián sostiene que el Ejecutivo está dejando a la ministra de Defensa, Margarita Robles, expuesta para que la atención se concentre en las disputas internas y no en Marruecos. Su crítica coloca el foco en las tensiones entre el Gobierno y determinadas estructuras del Estado.

Es importante no meter todas esas posiciones en el mismo saco. PNV critica la interpretación de las alertas; Junts habla de pérdida de control; ERC introduce el conflicto entre el Ejecutivo y el CNI. Coinciden en castigar políticamente al Gobierno, pero no coinciden en la explicación de lo sucedido.

PP y Vox suben todavía más el volumen

En el PP, Borja Sémper ha acusado al Ejecutivo de proyectar «bochorno» y desconfianza sobre el CNI. Para los populares, la documentación refuerza la tesis de que existieron señales suficientes antes de la crisis y agrava las contradicciones surgidas durante las explicaciones posteriores.

Vox va más lejos. Su diputado Alberto Asarta ha defendido en el Congreso recurrir al artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades al Ejecutivo ante el Tribunal Supremo. Ese artículo regula la eventual responsabilidad criminal del presidente y de los miembros del Gobierno; en determinados delitos contra la seguridad del Estado establece unas condiciones parlamentarias específicas.

También aquí conviene separar la crítica política de la conclusión jurídica. Que existieran avisos previos no demuestra, por sí solo, una conducta penal del Gobierno. Los documentos sirven para examinar la cadena de información y la respuesta de las autoridades; convertirlos automáticamente en prueba de un delito exige un salto que los propios papeles no resuelven.

No todos los socios compran la misma lectura

La tormenta tampoco ha producido una posición uniforme entre los grupos que habitualmente sostienen iniciativas del Ejecutivo. EH Bildu y Compromís se han alejado de la interpretación más dura y han puesto el acento en cómo se transmitió el aviso, no únicamente en su contenido.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha subrayado la dificultad de considerar una alerta oficial una comunicación realizada mediante WhatsApp a una persona que no ocupaba un cargo de primera línea en el Gobierno. La cuestión del canal utilizado se convierte así en otra pieza del rompecabezas.

Coalición Canaria ha expresado una posición intermedia. Considera que el CNI no alertó convenientemente, pero entiende que los indicios conocidos podían haber llevado tanto a España como a Marruecos a reforzar el control fronterizo y, quizá, evitar o reducir el alcance de lo ocurrido.

Podemos, por su parte, desplaza el foco hacia la relación española y europea con Marruecos. Ione Belarra sostiene que el problema de fondo está en haber delegado buena parte del control migratorio en Rabat y en la ausencia de vías legales y seguras para migrar.

Ese mosaico importa porque hablar simplemente de una rebelión de los socios contra Sánchez sería quedarse corto —y, de paso, perder lo interesante—. El Gobierno recibe críticas desde direcciones opuestas: unos creen que minusvaloró las advertencias; otros cuestionan la calidad de esas advertencias; algunos señalan al CNI y otros miran directamente hacia Marruecos.

El Gobierno se aferra a una distinción: aviso no significa previsión

La defensa del Ejecutivo descansa en que los servicios de inteligencia no previeron la dimensión real de la entrada masiva. Los documentos muestran señales previas, pero no una evaluación que anticipara con precisión el episodio que acabaría desencadenándose.

La propia secuencia documental permite entender el argumento. Durante julio circularon informes sobre presión migratoria, intentos de entrada y actividad en redes. El 29 de julio aparece el aviso particularmente concreto del CNI. Las alertas y comunicaciones se multiplican ya el 30, cuando la situación había comenzado a desbordarse.

Eso no liquida la controversia, sino que la afina. La discusión ya no consiste tanto en averiguar si existía alguna información previa —los papeles prueban que sí— como en determinar si esa información permitía prever una amenaza mucho mayor y si las autoridades reaccionaron de manera proporcionada al riesgo conocido.

Es una diferencia menos vistosa, pero decisiva. Los servicios de inteligencia rara vez entregan el futuro metido en un sobre con membrete. Trabajan con indicios, probabilidades y señales. La responsabilidad política empieza precisamente cuando alguien recibe esas piezas incompletas y debe decidir qué importancia darles.

Los papeles no cierran Ceuta: cambian la pregunta

La desclasificación ha aportado una certeza difícil de borrar del debate: antes del 30 de julio existieron advertencias sobre posibles intentos de entrada, incluida una comunicación del CNI que señalaba convocatorias en redes sociales y detallaba su alcance potencial. También ha dejado otra certeza, menos cómoda para quienes buscan respuestas absolutas: ningún documento publicado demuestra que los organismos españoles hubieran anticipado la dimensión exacta de la crisis.

Por eso ERC, Junts, PNV, PP y Vox pueden utilizar los mismos papeles para construir reproches distintos. Y por eso Bildu, Podemos, Compromís o Coalición Canaria llegan a conclusiones diferentes. Cuarenta documentos sobre una mesa no producen automáticamente cuarenta respuestas; a veces producen cuarenta maneras de discutir sobre la misma.

Para el Gobierno de Pedro Sánchez, el efecto político es incómodo porque la discusión ya no consiste en saber si hubo señales, sino en explicar qué se hizo con ellas. Quién las recibió, qué valor les otorgó, por qué no se anticipó la escala del episodio y cuál fue exactamente la respuesta española y marroquí en aquellas horas. Es ahí, entre un mensaje de WhatsApp, una nota de inteligencia y decisiones tomadas con la frontera bajo presión, donde la crisis de Ceuta sigue abierta políticamente.