El alcalde de Crans-Montana, imputado por el incendio del bar

El alcalde de Crans-Montana, Nicolas Féraud, está imputado porque la Fiscalía investiga si el municipio incumplió durante años su obligación de inspeccionar el bar Le Constellation, donde el incendio de Nochevieja causó 41 muertes y dejó 115 heridos. La normativa del cantón suizo del Valais exige controles anuales en los locales abiertos al público, pero el establecimiento no era revisado desde 2019, según reconoció el propio alcalde. La investigación trata de aclarar si esa ausencia de inspecciones permitió que persistieran riesgos que pudieron contribuir a la tragedia.

La imputación no significa que Féraud haya sido declarado culpable ni que se le atribuya haber iniciado el fuego. Señala que los investigadores examinan una posible responsabilidad por negligencia en la cadena municipal de seguridad. El núcleo del caso es una omisión que pudo prolongarse durante años: qué controles debían hacerse, quién tenía que organizarlos y si el funcionamiento de la administración local falló antes de que ardiera el bar.

La investigación salió del local y alcanzó al Ayuntamiento

Al comienzo, el foco judicial se concentró en Jacques y Jessica Moretti, los propietarios franceses de Le Constellation. Era lógico que la pesquisa examinara primero qué ocurrió dentro del establecimiento: cómo empezó el fuego, qué materiales había en el techo, qué elementos festivos se utilizaban y en qué condiciones se encontraba el local. Con el avance de las diligencias, sin embargo, apareció otra línea de investigación: si la supervisión pública había funcionado como exigían las normas.

La Fiscalía no plantea necesariamente una alternativa entre responsabilidad privada y responsabilidad municipal. Los propietarios podían tener obligaciones como gestores del bar y, al mismo tiempo, la administración local podía haber fallado en su labor de inspección. Por eso el procedimiento abarca tanto la actividad en el establecimiento como la organización de los controles. La pregunta penal no es solo quién encendió la chispa, sino si otras decisiones u omisiones hicieron que un peligro no se detectara o corrigiera a tiempo.

La causa incluye a siete antiguos o actuales cargos electos y trabajadores municipales. Entre ellos figuran Féraud, responsables vinculados a la seguridad pública y a la protección contra incendios, además de personal actual y anterior del Ayuntamiento. Todos están investigados por posibles delitos de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia, las mismas categorías penales que afectan a los propietarios del bar. La investigación sigue abierta y corresponde a la Fiscalía determinar qué papel pudo desempeñar cada persona.

El vacío de inspecciones, en el centro del caso

El dato más concreto que explica la imputación es la falta de revisiones periódicas. La legislación del Valais exige inspeccionar cada año los locales abiertos al público; pese a ello, Le Constellation no había recibido una inspección desde 2019. En los registros citados en la información conocida aparecen controles en 2016, 2018 y 2019, pero no nuevas visitas entre 2020 y 2025. La distancia entre la obligación anual y los años sin revisión es ahora uno de los principales puntos que la Fiscalía debe esclarecer.

Féraud reconoció que el bar no había sido inspeccionado durante ese periodo, aunque sostuvo que el Ayuntamiento no tenía indicios de que las comprobaciones previstas hubieran dejado de hacerse. Esa explicación abre una cuestión distinta de la autoría material del incendio: cómo podía la comuna cumplir su deber si no advertía que las inspecciones no estaban teniendo lugar. Los fiscales deberán establecer qué sabía cada responsable, qué tareas tenía asignadas y si existían mecanismos para comprobar que el calendario de seguridad se cumplía.

Un antiguo responsable municipal de seguridad reconoció en una declaración anterior que, por la cantidad de establecimientos públicos y la escasez de personal dedicado a las inspecciones, era imposible respetar las normas y efectuar todas las visitas periódicas. Ese reconocimiento puede ayudar a explicar cómo se acumuló el retraso, pero no resuelve por sí solo quién debe responder por él. La falta de recursos y la responsabilidad penal son cuestiones relacionadas, pero no equivalentes: la investigación debe reconstruir cómo se organizaba el servicio y quién tenía capacidad para corregir sus carencias.

Qué se sabe sobre el fuego y los riesgos del local

La hipótesis investigada sitúa el inicio del incendio poco después de la medianoche del 1 de enero, durante la celebración de Año Nuevo. Las chispas de bengalas adheridas a botellas de champán habrían alcanzado la espuma insonorizante del techo y provocado una propagación muy rápida. Según los datos difundidos sobre la investigación, el material era altamente inflamable y el fuego se extendió en alrededor de un minuto. La velocidad de propagación explica por qué la prevención previa resulta tan relevante en una causa que también examina las inspecciones municipales.

El debate no se limita a si el material estaba presente. También se trata de determinar qué se comprobó en la última inspección y si el revestimiento fue considerado aceptable entonces. Féraud afirmó que la espuma había sido admitida en el control de 2019 y que, por el tamaño del establecimiento, no era obligatorio instalar una alarma contra incendios. Esas explicaciones no cierran la discusión: la Fiscalía deberá establecer qué exigían las normas aplicables y si las revisiones anteriores fueron suficientes para detectar los riesgos.

También se examinan aspectos prácticos de la evacuación. El alcalde señaló que el local tenía un aforo máximo de 200 personas y que sus dos niveles contaban con salidas de emergencia concebidas para 100 personas cada uno. Dijo no saber si la salida del nivel inferior funcionaba la noche del incendio. El estado y la capacidad de las salidas pueden ser decisivos cuando un fuego y el humo se extienden en un espacio concurrido, pero la información disponible no permite dar por probado que una salida concreta estuviera bloqueada o que ese factor determinara el balance de víctimas.

La imputación no equivale a una condena

En el lenguaje corriente, estar imputado suele confundirse con ser culpable. En este caso, significa que la Fiscalía ha incorporado formalmente a Féraud a la investigación y considera necesario examinar su posible responsabilidad. No es una sentencia ni establece por adelantado qué ocurrió. La culpabilidad solo podrá determinarse después de las diligencias y del proceso judicial correspondiente, con pruebas sobre las funciones, decisiones y omisiones atribuidas a cada investigado.

La diferencia importa porque el caso combina responsabilidades de naturaleza distinta. Una crítica política puede centrarse en la gestión del Ayuntamiento, mientras que la investigación penal debe probar si una conducta concreta encaja en los delitos investigados y guarda relación con las muertes, las lesiones o el incendio. No basta con que el alcalde estuviera al frente de la comuna cuando se produjo la tragedia: los fiscales deben reconstruir la cadena de deberes y establecer qué podía exigirse a cada responsable según su cargo y sus funciones.

La Fiscalía también rechazó que el municipio participara en el procedimiento con el mismo estatus que las víctimas, al considerar que la comuna pudo haber incumplido normas destinadas a proteger la vida y la integridad física de los clientes. Esa decisión ilustra por qué la institución no aparece únicamente como parte afectada por la catástrofe. El Ayuntamiento también está bajo escrutinio por su posible papel en los controles, aunque eso no convierta automáticamente a todos sus integrantes en responsables penales.

Los propietarios siguen bajo investigación

La incorporación de cargos municipales no desplaza a Jacques y Jessica Moretti del centro del sumario. Como responsables del establecimiento, también están investigados por posibles delitos de homicidio, lesiones e incendio por negligencia. La Fiscalía examina su gestión del local y las condiciones en las que se celebraba la fiesta, junto con los elementos que pudieron favorecer el inicio y la propagación de las llamas. La vertiente privada de la causa continúa abierta mientras se analiza la posible responsabilidad de la administración.

Jacques Moretti estuvo detenido durante 14 días y después quedó en libertad bajo condiciones, entre ellas una fianza de 200.000 francos suizos, la entrega de documentación y la obligación de presentarse a diario ante la policía. Una comparecencia prevista para la semana anterior al 13 de abril se aplazó después de que se presentaran certificados médicos que señalaban, entre otros problemas, un estado depresivo reactivo relacionado con el impacto del incendio y su encarcelamiento. El aplazamiento de una diligencia no supone que el procedimiento contra los propietarios haya terminado.

La coexistencia de las dos líneas de investigación permite entender la dimensión del caso: se analiza qué hicieron los gestores dentro del bar y, a la vez, si los controles públicos que debían vigilar la seguridad se cumplieron. No es necesario que una de esas explicaciones excluya la otra. Si se acreditaran fallos en ambas partes, la justicia tendría que determinar el peso de cada conducta y su relación con las consecuencias. Por ahora, ninguna de esas responsabilidades está establecida por una sentencia.

La comparecencia del alcalde y los próximos pasos

El 13 de abril, más de cuatro meses después del incendio, Féraud compareció por primera vez ante la Fiscalía como imputado. La diligencia permite a los investigadores preguntarle formalmente por la falta de inspecciones y por la organización municipal de la seguridad. No significa que la investigación haya llegado a una conclusión: es una pieza de un procedimiento que también requiere escuchar a otros responsables y contrastar sus versiones con documentos, registros y análisis técnicos.

Además del alcalde, un familiar de otra víctima presentó una denuncia penal contra tres funcionarios del cantón del Valais por un supuesto incumplimiento de sus deberes de vigilancia. Esa denuncia amplía el debate más allá de la comuna y apunta a que también se examine la supervisión en otros niveles administrativos. La pesquisa intenta aclarar dónde terminaba la responsabilidad municipal y dónde empezaba la cantonal, una cuestión que no puede resolverse solo con el organigrama: hacen falta pruebas sobre las competencias efectivas y las actuaciones realizadas.

La dimensión humana de la tragedia sigue presente en las cifras. Murieron 41 personas y hubo 115 heridos; en el momento de la comparecencia del alcalde, 38 seguían hospitalizados por las lesiones sufridas. El incendio afectó a víctimas y familias de varios países, entre ellos Suiza, Francia e Italia. La investigación judicial avanza mientras parte de los heridos continúa ingresada, un recordatorio de que el balance no se limita a la noche del fuego ni a las decisiones administrativas que ahora se revisan.

Una revisión normativa tras la tragedia

El incendio también tuvo consecuencias fuera del procedimiento penal. Suiza aprobó una norma que prohíbe, desde el 1 de abril, el uso de artefactos pirotécnicos en locales abiertos al público como parte de la revisión de las reglas de protección contra incendios. La medida responde a una de las circunstancias que se investigan en Le Constellation: el posible contacto de las chispas con un revestimiento inflamable. El cambio normativo busca reducir un riesgo concreto, aunque por sí solo no determina qué responsabilidades hubo antes de que entrara en vigor.

La reforma y el sumario son planos distintos. Una prohibición puede modificar las condiciones de seguridad para el futuro, mientras que los investigadores deben aplicar las reglas pertinentes a los hechos y a las obligaciones que regían cuando ocurrió la tragedia. También tendrán que aclarar si el uso de bengalas era habitual, qué controles se hicieron sobre los materiales y si la ausencia de inspecciones impidió advertir un peligro. Actualizar una norma no sustituye la respuesta judicial sobre lo sucedido en el bar.

El caso plantea, además, una cuestión de fondo sobre la administración cotidiana de la seguridad. Las inspecciones suelen ser invisibles cuando se hacen y llaman la atención cuando faltan; su eficacia depende tanto de las reglas como de que haya personal, seguimiento y responsabilidades claras. El reconocimiento de que los recursos eran insuficientes vuelve central esa discusión, pero no anticipa el desenlace penal. Será necesario establecer si el problema fue una carencia estructural conocida, una falla de supervisión o una combinación de ambas.

La cadena de controles que la Justicia debe reconstruir

El alcalde está imputado porque la Fiscalía investiga si la comuna dejó sin realizar las revisiones anuales exigidas en un local abierto al público y si esa omisión puede relacionarse con el incendio y sus consecuencias. La causa no sostiene que Féraud prendiera las bengalas ni que estuviera en el bar aquella noche. Examina si, dentro de la administración que dirigía, existió un fallo de control relevante y qué grado de responsabilidad corresponde a cada persona. La cuestión central es cómo una obligación de inspección dejó de cumplirse sin que el sistema lo corrigiera.

El desenlace dependerá de lo que revelen las declaraciones y las pruebas sobre las inspecciones, el revestimiento del techo, las salidas, las competencias de los funcionarios y la gestión de los propietarios. Por ahora, el caso muestra que una catástrofe puede tener más de un punto de origen: la chispa que inicia el fuego y una cadena de decisiones que no detecta a tiempo las condiciones de riesgo. La Fiscalía aún debe demostrar si esas omisiones existieron y si tuvieron relevancia penal; la imputación abre esa investigación, pero no la da por resuelta.