¿Por qué las exmonjas ya dejan el convento de Belorado?

Las exmonjas de Belorado empiezan a dejar el convento antes del desahucio y aquí se explica el cisma, la batalla judicial y la salida final.

Las exmonjas de Belorado ya han empezado a salir del convento. No es una posibilidad, no es un aviso, no es otra de esas estaciones intermedias de un conflicto que parecía no agotarse nunca. Esta vez hay cajas, mudanza y una fecha cerrada, la del jueves 12 de marzo, cuando vence el plazo fijado por el Tribunal de Instancia de Briviesca para abandonar el monasterio burgalés. Si no lo hacían por su cuenta, la salida llegaba con comisión judicial. Por eso la imagen que deja este lunes resume casi dos años de choque con una claridad brutal: el convento de Santa Clara de Belorado empieza a vaciarse antes del desahucio y el gran pulso con la Iglesia entra en una fase mucho más seca, mucho más material, menos simbólica y bastante más definitiva.

La escena tiene un peso especial porque durante meses Belorado fue trinchera, plató y juzgado a la vez. Allí se mezclaron cisma religioso, patrimonio, pleitos civiles, denuncias, excomuniones, campañas públicas para buscar un nuevo hogar y una guerra constante por el control de los inmuebles y por la legitimidad de la comunidad. Ahora todo se estrecha en un gesto muy terrestre: guardar pertenencias, cerrar estancias, preparar las llaves y marcharse. Las exreligiosas sostienen que necesitaban más tiempo y que siguen sin una solución estable, pero su propio entorno ya da por hecho que no estarán allí cuando llegue la comisión judicial. Eso, en realidad, es la noticia central.

La salida que convierte el conflicto en algo muy concreto

Lo que está ocurriendo en Belorado tiene el aspecto de los finales largos. No hay un portazo limpio, sino una retirada a plazos. Según ha explicado su portavoz, Francisco Canals, parte del grupo ha comenzado a vaciar el convento mientras otras van y vienen para ayudar con la mudanza. La intención es que el monasterio quede entregado antes de que se ejecute forzosamente el lanzamiento señalado para el 12 de marzo a las 9.30 horas. La idea, por tanto, ya no pasa por resistir hasta el último minuto dentro del inmueble, sino por llegar a esa mañana con el trabajo hecho y con los abogados encargados de formalizar la entrega de llaves.

Ese detalle no es menor. Durante meses el relato público de las exmonjas giró alrededor de la resistencia, de la denuncia de un supuesto trato injusto y de la búsqueda de una salida digna que evitara la imagen del desalojo. La realidad que se impone ahora es otra: la salida será voluntaria en la forma, pero forzada en el fondo. El margen judicial se agotó, la segunda petición de prórroga ha sido rechazada y el grupo ha tenido que activar un plan de emergencia. De momento, la mudanza se está haciendo hacia casas de familiares y todo apunta a que una parte del núcleo acabará en el monasterio de Orduña, aunque solo como solución puente. Esa palabra, puente, aparece mucho estos días y lo dice todo: no hay aún un destino firme, solo un paso intermedio para no quedarse en el aire.

También es significativo que esta salida llegue justo después de que las exreligiosas admitieran que tenían sobre la mesa varias ofertas de inmuebles, fruto de la campaña lanzada para encontrar nuevo alojamiento, pero sin nada completamente cerrado. Se habló de una treintena de propuestas entre casas, fincas y conventos. El problema no era solo recibir llamadas o correos, sino convertir esas ofertas en una instalación viable, legal y estable para una comunidad que arrastra un conflicto abierto con el Arzobispado de Burgos y con varios procedimientos más en marcha. En otras palabras: encontrar techo era más fácil que encontrar encaje.

Cómo se llegó hasta este punto

Para entender por qué unas monjas de clausura acaban marchándose del convento entre cajas y recursos agotados hay que retroceder a mayo de 2024, cuando la comunidad hizo público su famoso manifiesto católico. Aquel texto, firmado en origen el 8 de mayo y difundido días después, anunciaba una ruptura frontal con la Iglesia católica y la adhesión a la tutela de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, fundador de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, una organización no reconocida por Roma. Ahí comenzó todo lo que vino después. O mejor dicho: ahí dejó de ser una crisis interna y pasó a convertirse en un caso nacional.

Aquella decisión no fue una disputa menor, ni una diferencia doctrinal presentada con discreción conventual. Fue un cisma explícito, formulado con vocación de ruptura pública y con una carga canónica tremenda. Las religiosas defendieron que abandonaban lo que llamaban la “Iglesia conciliar” y sostenían que el tribunal eclesiástico carecía de jurisdicción sobre ellas. El Arzobispado de Burgos, con Mario Iceta al frente y después como comisario pontificio designado para estos monasterios, respondió siguiendo el cauce canónico: citación, requerimiento de comparecencia y, tras el burofax con el que ratificaron su decisión y se negaron a retractarse, decreto de excomunión el 22 de junio de 2024.

Ese paso cambió por completo la naturaleza del conflicto. Mientras la discusión parecía únicamente religiosa, podía leerse como una pelea de obediencias, de jerarquías y de conciencia. En cuanto llegó la excomunión y la expulsión de la vida consagrada, el foco se desplazó al terreno más áspero: quién tenía derecho a seguir usando el convento, quién representaba legítimamente a la comunidad y quién podía administrar sus bienes. Las exmonjas defendieron que la propiedad y la estructura jurídica de los monasterios ya no debían leerse desde el esquema canónico clásico, sino desde la sociedad civil que habían articulado para continuar su camino. La Iglesia sostuvo lo contrario. Y al final el asunto dejó de dirimirse en sermones o comunicados y pasó a dirimirse en autos, sentencias y registros.

De la ruptura religiosa al pleito por el uso del monasterio

Ese tránsito del cisma al desahucio es la clave de todo. El Arzobispado, actuando como representación de la comunidad legítima, llevó el caso a la jurisdicción civil. La justicia acabó concluyendo que las exreligiosas no habían acreditado título suficiente para seguir ocupando el inmueble frente a quien sí figuraba como titular legítimo. La sentencia de 1 de agosto de 2025 dio la razón a la Iglesia y ordenó que las exmonjas desalojaran el monasterio, lo dejaran libre y a disposición del Arzobispado, con advertencia de lanzamiento si no lo hacían voluntariamente.

Ese fallo fue un golpe muy serio para la estrategia del grupo porque desmontaba el argumento central con el que habían tratado de sostener su permanencia: la idea de que seguían teniendo una base jurídica para residir y actuar desde Belorado. La jueza entendió, por el contrario, que desde la ruptura formal con la Iglesia sus reuniones no podían producir efectos equivalentes a los de una comunidad religiosa reconocida y que el uso del inmueble no quedaba amparado por ningún título o derecho oponible al propietario. Ahí, dicho sin rodeos, la partida judicial cambió de color.

El papel de Mario Iceta y el peso de la comunidad que no secundó el cisma

Otro elemento decisivo fue el papel de Mario Iceta, arzobispo de Burgos y comisario pontificio de los monasterios afectados. Desde el punto de vista eclesiástico, él pasó a ser la autoridad encargada de la administración y de la protección de la comunidad legítima. Y aquí hay un matiz esencial que a veces se ha perdido entre titulares rápidos: en todo este proceso no solo estaban las excomulgadas. En el entorno del caso quedaron también cinco religiosas de avanzada edad que no secundaron el cisma y a las que el Arzobispado ha considerado desde el principio la verdadera comunidad monástica de Santa Clara.

Ese dato es importante porque el litigio no se reducía a una simple oposición entre “monjas rebeldes” y “Vaticano”. Había una disputa interna de representaciones y de continuidad jurídica de la comunidad. En la práctica, la Iglesia sostuvo que las exmonjas habían roto con el marco que les permitía actuar como religiosas católicas y que, por tanto, no podían seguir gobernando ni ocupando un convento adscrito a esa realidad eclesial. Las exreligiosas respondían que lo suyo era una continuidad legítima de la vida religiosa, aunque fuera fuera de Roma. El problema es que esa tesis no les sirvió ante los tribunales civiles.

El calendario judicial que fue cerrando todas las puertas

La resolución de agosto de 2025 no se tradujo de inmediato en una expulsión automática. Todavía quedaban recursos, incidentes y maniobras para ganar tiempo. El proceso, de hecho, se fue alargando con distintas fechas que parecían definitivas y luego dejaban de serlo. Primero se habló del 12 de septiembre de 2025, después el lanzamiento se pospuso al 3 de octubre, y más tarde la ejecución quedó suspendida mientras la Audiencia Provincial de Burgos resolvía recursos. Esa secuencia permitió a las exmonjas mantener durante meses un margen que alimentó la sensación de que siempre podía aparecer otra curva, otro aplazamiento, otro giro.

El problema para ellas llegó a finales de 2025 y comienzos de 2026, cuando la ejecución provisional empezó a caminar de verdad. El 30 de diciembre se dictó un auto que ordenaba dejar el monasterio libre y expedito en el plazo de un mes, y el 7 de enero de 2026 se conoció ya una primera fecha clara para el lanzamiento: el 10 de febrero. Aquello sonó a cuenta atrás. Las exreligiosas intentaron frenar la maquinaria judicial y consiguieron una primera prórroga. El tribunal aceptó retrasar la ejecución hasta el 12 de marzo, reconociendo de hecho que el convento era su vivienda habitual y permitiendo un margen para abandonar el lugar sin un desalojo tan abrupto.

Pero esa concesión tenía límite. Cuando las exmonjas pidieron una segunda prórroga, alegando que aún no tenían un alojamiento definitivo y que varias de ellas estaban en situación de vulnerabilidad, el Tribunal de Instancia de Briviesca la rechazó. En esa petición había, además, un detalle delicado: los servicios sociales habían apreciado situación de vulnerabilidad en casi todas salvo en el caso de la exabadesa Laura García de Viedma, conocida en religión como sor Isabel de la Trinidad, que no aceptó someterse a la evaluación. El juzgado, aun con ese contexto, mantuvo la fecha del 12 de marzo. Ahí se agotó el aire.

El 12 de marzo ya no es un símbolo: es la hora exacta

Desde ese momento, el desahucio dejó de ser una amenaza difusa para convertirse en hora y día concretos. Las exmonjas sabían que la comisión judicial acudiría el jueves a las 9.30 de la mañana. El efecto psicológico de una fecha así es enorme. Todo lo que antes podía presentarse como “batalla” o “espera” pasa a ser logística de salida. Qué se lleva cada una, dónde duerme cada una, qué papeles quedan pendientes, cómo se entregan las llaves, quién acompaña, quién se va primero. El conflicto cambia de idioma.

Y eso es exactamente lo que se ve este lunes en Belorado. La mudanza confirma que el grupo ha asumido, aunque no lo comparta, que la vía judicial está cerrada en este frente. Ya no se discute tanto el fondo, sino el modo de marcharse. Esa imagen tiene algo casi cruel, porque el caso fue durante mucho tiempo muy abstracto, muy verbal, muy grandilocuente. Ahora se resuelve como se resuelven tantas derrotas procesales: con prisas, con coches cargados y con un reloj delante.

Quién sigue dentro del núcleo y qué pasa con las que ya se fueron

La comunidad cismática original estaba formada por diez religiosas. Ese bloque, sin embargo, ya no existe como tal. En las últimas semanas se ha confirmado la retractación pública de sor Paz y sor Adriana, a quienes Mario Iceta levantó la excomunión el pasado 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, después de que ambas iniciaran un proceso de acompañamiento y renunciaran al manifiesto firmado en 2024. Ese gesto no les devuelve automáticamente la condición de consagradas, porque la expulsión de la vida religiosa sigue teniendo efectos y obliga a empezar desde cero cualquier eventual reingreso, pero sí reduce el núcleo cismático activo.

Además, sor Myriam se apartó del grupo central en enero, en paralelo al desgaste que arrastraba el proyecto de Arriondas, en Asturias, donde las exmonjas habían intentado abrir un restaurante como vía de ingresos. Aquel experimento, muy mediático durante meses, acabó clausurado en enero tras un fuerte desgaste físico y emocional. Con esas salidas y retornos, el grupo que afronta ahora el final en Belorado queda reducido a siete exmonjas.

La cara más visible sigue siendo la de Laura García de Viedma, exabadesa y figura principal del cisma desde el primer día. Junto a ella se han mantenido otras religiosas que han sostenido hasta el final el pulso con el Arzobispado. El problema es que la pérdida de efectivos y la dispersión de destinos alteran también la cohesión del grupo. Una comunidad aguanta mejor cuando tiene espacio común, rutina común y horizonte común. En cuanto ese espacio se rompe, todo se vuelve más frágil. Belorado no solo era un convento; era el lugar que mantenía unidas las piezas del relato.

Orduña aparece como refugio provisional, pero no como solución limpia

El lugar que más suena para esa salida provisional es el convento de Orduña, en Bizkaia. Tiene lógica, porque forma parte del mismo conflicto y porque allí las exmonjas ya habían desplazado actividad, presencia y algunas de las religiosas de más edad. Pero conviene no confundir ambos frentes. Belorado y Orduña no están en la misma casilla judicial. Mientras el desahucio del convento burgalés sigue adelante y se ejecuta ya, el procedimiento relativo a Orduña quedó suspendido a finales de enero por un juzgado de Bilbao, a la espera de que se aclare definitivamente la representación legal de Mario Iceta como comisario pontificio.

Esa diferencia explica por qué el grupo puede pensar en Orduña como puente sin que eso suponga una solución estable. El monasterio vizcaíno también está bajo disputa y también pesa sobre él una demanda de desahucio. Lo que ocurre es que el procedimiento se ha frenado cautelarmente para evitar resoluciones contradictorias mientras se resuelven cuestiones previas de representación. Dicho de forma más sencilla: pueden ir allí un tiempo, pero no pueden tratarlo como destino final. La misma nube judicial sigue encima.

Un conflicto que hace tiempo dejó de ser solo religioso

Reducir todo lo de Belorado al desahucio sería quedarse muy corto. Este caso lleva meses atravesado por otros procedimientos, algunas investigaciones penales y una tensión creciente alrededor del patrimonio del convento. Uno de los episodios más delicados fue la investigación abierta por la venta de 1,73 kilos de oro en lingotes por 130.000 euros, una operación realizada por Laura García de Viedma y defendida por su entorno como plenamente legal. La justicia, sin embargo, la investiga por un presunto delito de apropiación indebida, dentro de una disputa mucho más amplia sobre quién podía disponer de esos bienes y en nombre de quién se actuaba.

A eso se sumó en noviembre de 2025 la detención de dos exmonjas y un anticuario en el marco de una investigación por la venta por internet de obras de arte de gran valor vinculadas al monasterio. Aquella operación volvió a disparar la temperatura del caso y llevó después a registros e intervenciones en Orduña, donde los guardia civiles recuperaron varias piezas patrimoniales de relevancia. El conflicto, que había empezado como una ruptura doctrinal, ya estaba entonces metido de lleno en la esfera del patrimonio histórico, la administración de bienes y la posible disposición irregular de obras y objetos.

El capítulo más delicado en el plano humano fue el de las cinco monjas de avanzada edad que estaban bajo el cuidado de las exmonjas cismáticas en Orduña. En diciembre de 2025, una jueza ordenó su traslado a un hospital de Bilbao tras un informe de los guardia civiles que cuestionaba las condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraban y después dispuso que quedaran bajo el cuidado del comisario pontificio y de monasterios de la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu. Las exmonjas denunciaron aquel movimiento como un abuso y llegaron a hablar de secuestro. Dos meses después, en febrero de 2026, varias de ellas declararon investigadas en relación con supuestos delitos de trato degradante, coacciones, abandono, omisión del deber de socorro y falsedad documental, aunque negaron cualquier maltrato y defendieron que habían dedicado la vida a cuidar a esas religiosas mayores.

Ese contexto explica por qué Belorado ha acabado ocupando tanto espacio público. No es solo una historia de monjas contra obispo, ni una simple extravagancia mediática con ecos de culebrón religioso. Es una colisión muy seria entre autoridad eclesiástica, representación jurídica, uso de inmuebles, tutela de personas vulnerables y control de bienes patrimoniales. Y cada una de esas capas ha ido dejando procesos paralelos, desgaste interno y una fractura que parece ya irreparable.

El convento que deja de ser refugio

La imagen que queda a estas horas es mucho menos solemne que el arranque del cisma y bastante más reveladora. Belorado se vacía. No con épica, sino con fatiga. No con un gran gesto final, sino con la lógica áspera de quien ha agotado las vías para quedarse. El monasterio deja de ser el escenario desde el que el grupo podía sostener su identidad pública y su resistencia jurídica. Eso, quizá, es lo más importante que sucede esta semana: el convento deja de ser refugio, sede y símbolo al mismo tiempo.

A partir de ahí el conflicto no desaparece, pero cambia de forma. Seguirán los procedimientos abiertos, seguirá la discusión sobre bienes y responsabilidades, seguirá el pulso sobre Orduña y quedará por ver qué ocurre con las causas que afectan a la exabadesa y a otras exreligiosas. También quedará por ver si ese núcleo de siete puede conservar una mínima unidad fuera del espacio que le daba cohesión. Sin Belorado, la etiqueta de “exmonjas de Belorado” empieza a sonar casi como una contradicción: sigue nombrando al grupo, pero el grupo ya no tiene allí casa.

Y, sin embargo, hay algo muy nítido en este final provisional. La Iglesia ha ganado el frente del convento burgalés. Mario Iceta consigue recuperar para la comunidad reconocida por Roma un monasterio que durante casi dos años fue el epicentro de uno de los conflictos religiosos más insólitos de la España reciente. Las exmonjas, por su parte, salen con un relato de persecución y con la idea de recomponerse en otro lugar, quizá temporalmente en Orduña, quizá más adelante en otro convento o inmueble que todavía no han cerrado. Entre una versión y otra, el dato firme es este: el jueves 12 de marzo ya no deberían estar allí.

Eso convierte el arranque de la mudanza en algo más que una simple noticia de sucesos o tribunales. Es el momento en que una historia larguísima, llena de ruido, se vuelve visible en un solo gesto. Una comunidad rota abandona el lugar donde se rompió. Y pocas imágenes explican mejor lo ocurrido en Belorado desde aquel mayo de 2024 hasta este marzo de 2026.