¿Por qué las educadoras infantiles mantienen la huelga en Madrid?

Las educadoras infantiles de Madrid afrontan el inicio del nuevo curso prácticamente en el mismo lugar donde terminaron el anterior: en huelga, en la calle y sin un acuerdo que permita desconvocar una protesta que comenzó el 7 de abril de 2026. Lo extraordinario es su duración. El próximo 7 de septiembre se cumplirán cinco meses de paro indefinido y algunas trabajadoras calculan que ya han dejado de ingresar más de 3.000 euros. Todo ello con salarios que, en numerosos casos, apenas rondan el salario mínimo.

El conflicto no se reduce a una subida de sueldo. Las profesionales del primer ciclo de Infantil, de 0 a 3 años, reclaman una reducción del número de niños atendidos por cada educadora, más personal en las aulas, sustituciones desde el primer día y la implantación de la llamada pareja educativa, es decir, dos profesionales estables trabajando conjuntamente en el aula. La negociación sigue bloqueada mientras septiembre devuelve a las escuelas a bebés y niños que necesitan, precisamente ahora, estabilidad y referentes reconocibles.

Cinco meses de huelga y nóminas cada vez más pequeñas

La protesta arrancó el 7 de abril. Aquella jornada, UGT había convocado un paro de 24 horas, mientras la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, respaldada por CGT, comenzó una huelga indefinida. Desde entonces ha habido concentraciones ante el Ministerio de Educación, la Consejería, la Asamblea de Madrid y la Puerta del Sol, además de distintas acciones para mantener visible un conflicto que durante el verano perdió inevitablemente foco mediático, pero no desapareció.

Y una huelga tan larga se paga. Literalmente.

Una de las educadoras que ha explicado públicamente su situación cifra en más de 3.000 euros el dinero perdido desde abril. Otra asegura cobrar unos 1.100 euros netos y haber dejado de percibir alrededor de 800 euros mensuales durante algunos meses de movilización. Hay trabajadoras que han reducido su participación en los paros porque las facturas, a diferencia de los conflictos políticos, no suelen admitir prórrogas.

El problema venía de antes. Ya en junio se conocía el caso de una educadora de Aluche con un salario cercano a 1.300 euros mensuales que, después de 28 jornadas de huelga, había tenido que volver a casa de sus padres. El Servicio Público de Empleo llegó a publicar este mismo año ofertas para auxiliares de Educación Infantil en Madrid con jornadas completas y salarios brutos de 1.300 euros mensuales. No hace falta una sofisticada teoría económica para comprender por qué varios meses sin una parte considerable de esa nómina terminan vaciando cualquier colchón.

Qué reclaman las educadoras infantiles de Madrid

Las reivindicaciones combinan condiciones laborales y calidad educativa. El núcleo es bastante concreto: mejores salarios, menos niños por profesional y más personal estable.

Entre las demandas planteadas durante estos meses figura la aplicación de condiciones salariales actualizadas conforme al convenio del sector en las escuelas de gestión indirecta, la paralización de determinadas prórrogas de contratos que mantienen condiciones anteriores y una financiación suficiente para incorporar una segunda profesional a las aulas. También reclaman sustituciones desde el primer día y medidas específicas para las trabajadoras de mayor edad.

Aquí aparece una peculiaridad del modelo madrileño. Muchas escuelas infantiles públicas funcionan mediante gestión indirecta: la Administración es titular del servicio, pero su funcionamiento se adjudica a empresas. Las educadoras sostienen que renovar o prorrogar contratos públicos sin elevar suficientemente la dotación económica perpetúa salarios y plantillas insuficientes.

La disputa, por tanto, no cabe cómodamente en el cajón de “trabajadoras contra empresa”. Hay empresas adjudicatarias, Ayuntamiento, Comunidad de Madrid, convenios colectivos y financiación pública. Muchas manos alrededor de la mesa; encontrar quién mueve la silla resulta bastante más complicado.

Las ratios: el número que cambia una jornada entera

La palabra ratio parece una de esas expresiones burocráticas diseñadas para dormir reuniones. En una escuela infantil significa algo bastante físico: cuántos bebés puede atender una persona cuando varios lloran, otro necesita un cambio de pañal, alguien acaba de caerse y otro reclama brazos. Todos a la vez, claro.

En la Comunidad de Madrid las ratios ordinarias señaladas para estas escuelas son de una profesional por cada ocho menores de un año, 14 niños de uno a dos años y 20 de dos a tres años. Con los servicios mínimos previstos para la huelga durante esta vuelta al curso, la atención puede llegar a situarse en una profesional por cada 10, 16 y 24 menores, respectivamente. En las escuelas municipales con dos trabajadoras por aula, durante el paro puede permanecer solo una.

Por eso las educadoras insisten en la pareja educativa. No la presentan únicamente como una mejora laboral, sino como una forma de repartir una atención que, a estas edades, incluye alimentación, higiene, sueño, aprendizaje, prevención de accidentes y una enorme cantidad de contacto personal.

Septiembre convierte el conflicto en un problema para las familias

La fecha añade presión. El 7 de septiembre comienza el curso para Infantil en Madrid y coincide exactamente con los cinco meses desde el inicio de la huelga. Para muchas familias será también la primera vez que dejan a su hijo de pocos meses o uno o dos años en una escuela.

El llamado periodo de adaptación no es un trámite decorativo del calendario escolar. Durante esos primeros días los pequeños empiezan a construir vínculos con sus educadoras y a acostumbrarse a un espacio desconocido, otros adultos, horarios nuevos y separaciones que algunos viven con llanto. La rotación de profesionales derivada de los servicios mínimos puede hacer ese proceso más difícil.

Las propias huelguistas reconocen esa contradicción. Mantienen un paro que inevitablemente afecta a niños y familias mientras sostienen que precisamente esas condiciones son las que quieren cambiar. Es uno de los dilemas clásicos de los servicios esenciales: una protesta que no altera nada suele ser perfectamente soportable para la Administración; una que altera demasiado empieza a resultar insoportable para quienes dependen del servicio.

De ahí que septiembre sea distinto a abril. Ya no se discute únicamente sobre salarios o pliegos administrativos. Entran en escena las mañanas laborales de los padres, la conciliación y, sobre todo, bebés que necesitan una persona de referencia en un momento especialmente delicado.

La reducción de ratios que prepara el Gobierno

La movilización madrileña sí ha obtenido un resultado relevante fuera de la Comunidad. El Ministerio de Educación comenzó durante la primavera los trabajos para modificar la normativa estatal y en junio presentó a los sindicatos una propuesta para reducir de manera notable las ratios del primer ciclo de Infantil.

El planteamiento del Ministerio establece como referencia cuatro niños de 0 a 1 año por profesional, seis entre 1 y 2 años y ocho entre 2 y 3 años. La aplicación prevista sería progresiva a partir del curso 2027-2028. Es importante el matiz: se trata de una propuesta de modificación normativa, no de las ratios que rigen actualmente las aulas madrileñas.

La diferencia es considerable. Pasar de 14 pequeños de uno a dos años por profesional a seis modifica por completo la capacidad para responder a cada niño. También multiplica las necesidades de plantilla y, con ellas, el coste del servicio. Ahí aparece la parte menos vistosa del debate: rebajar ratios sobre un boletín oficial resulta sencillo; pagarlas exige presupuestos, contratación y espacio suficiente.

Mientras llegue esa reforma estatal, la regulación del primer ciclo continúa dependiendo en buena medida de las comunidades autónomas, que pueden establecer sus propias ratios. Esa capacidad autonómica mantiene una parte sustancial del conflicto dentro del terreno político y presupuestario madrileño.

El choque con la Comunidad de Madrid

Las trabajadoras responsabilizan a la Comunidad de Madrid de que el conflicto siga abierto. Aseguran que durante estos meses no se ha materializado por escrito un compromiso suficiente para modificar las condiciones de las escuelas de gestión indirecta y critican que se hayan prorrogado contratos manteniendo presupuestos que consideran incompatibles con las mejoras reclamadas.

Según la Plataforma Laboral de Educadoras Infantiles, en mayo recibieron el compromiso de que los nuevos contratos contemplarían mejoras, incluida la presencia de dos educadoras por aula, pero posteriormente se mantuvieron diversas prórrogas en condiciones similares a las anteriores. La Consejería, por su parte, ha defendido su interlocución con los sindicatos representativos y la gestión realizada en el sector.

El conflicto ha entrado también de lleno en la disputa política madrileña. Representantes del PSOE y de Más Madrid han acompañado algunas de las concentraciones y han acusado al Ejecutivo regional de prolongar el problema. Pero, más allá del habitual intercambio partidista —Madrid tampoco corre precisamente riesgo de quedarse sin uno—, la huelga continuará mientras no exista un acuerdo que las convocantes consideren suficiente.

Una profesión esencial que sigue discutiendo cuánto vale

Después de casi cinco meses, las camisetas amarillas de las educadoras han conseguido colocar una cuestión poco visible en medio del debate educativo: qué condiciones necesita realmente una escuela para niños de cero a tres años.

Durante mucho tiempo el primer ciclo de Infantil ha vivido a medio camino entre educación y conciliación. Para las familias es el lugar donde pueden dejar a sus hijos mientras trabajan; para las profesionales, debería reconocerse como la primera etapa del sistema educativo, con todo lo que eso implica en cualificación, responsabilidad y recursos.

Esa diferencia de mirada explica buena parte del conflicto. Cambiar pañales forma parte del trabajo, sí, pero también detectar dificultades, enseñar rutinas, acompañar los primeros pasos del lenguaje, gestionar emociones y convertirse durante varias horas al día en una de las pocas personas adultas de referencia que un bebé reconoce fuera de su familia.

La huelga llega así al nuevo curso con una paradoja incómoda: trabajadoras que aseguran no poder seguir viviendo con sus condiciones actuales están renunciando a miles de euros para intentar cambiarlas. Cinco meses después, siguen en huelga. Y el 7 de septiembre, cuando vuelvan los más pequeños, la discusión dejará otra vez los despachos y regresará al lugar donde realmente importa: el aula.