¿Qué revela el aviso policial sobre la avalancha migratoria en Ceuta?

La Policía Nacional manejaba el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva en Ceuta, una alerta que situaba para el día 30 un riesgo concreto de accesos irregulares a la ciudad autónoma. La nota del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) contemplaba entradas por mar y varios escenarios, incluido uno coordinado al que atribuía un nivel de “riesgo extremo”. El documento, identificado en las informaciones publicadas como TIFA-3136, obliga a matizar una de las grandes discusiones abiertas tras la crisis: información previa, desde luego, había.

Otra cosa —y no pequeña— es afirmar que aquella alerta permitía anticipar exactamente lo que ocurrió después. El documento no pronosticaba que 72.000 personas, cifra que posteriormente mantuvo como oficial el Gobierno, fueran a acceder irregularmente a Ceuta. Tampoco todos los escenarios analizados tenían la misma probabilidad. Entre no saber nada y conocer de antemano la dimensión final de la crisis hay una franja bastante ancha; precisamente ahí se encuentra ahora buena parte del problema político.

Qué decía realmente el aviso policial del 29 de julio

La nota fue elaborada por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, integrado en la estructura policial especializada en extranjería y fronteras, a partir del análisis de fuentes abiertas: mensajes, convocatorias y otra información disponible públicamente. El asunto era especialmente explícito, según las reproducciones conocidas del documento: una alerta sobre el riesgo de entradas en Ceuta y Melilla previsto para el 30 de julio.

No era, por tanto, un informe reconstruido después del desastre con la comodidad que proporciona mirar por el retrovisor. Tenía fecha del día anterior. También vinculaba el contexto a los mensajes difundidos tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el régimen de rechazo en frontera y a una fecha especialmente sensible en Marruecos, el Día del Trono. Las señales estaban sobre la mesa, aunque convertir una señal en una previsión operativa exacta es otro asunto.

Y las señales no habían aparecido aquella tarde por arte de magia. Durante julio había aumentado de manera visible la presión sobre el litoral ceutí. El propio Marlaska explicó posteriormente en el Congreso que, hasta el 29 de julio, se habían contabilizado 1.026 entradas a nado y 2.857 interceptaciones efectuadas por Marruecos. El salto cuantitativo posterior fue extraordinario, sí, pero el terreno llevaba días crujiendo.

Tres escenarios y un matiz decisivo sobre el “riesgo extremo”

La matriz policial resulta más interesante cuando se lee completa que cuando se convierte en un titular de cuatro palabras. El primer escenario contemplaba entradas a nado, con probabilidad alta pero riesgo bajo-medio. Un segundo combinaba accesos a nado y salto de la valla, con probabilidad media y riesgo medio-alto.

El tercer supuesto era el realmente crítico: entradas a nado junto con un salto coordinado de la valla. Ahí el CENIF elevaba la valoración hasta “riesgo extremo”, pero situaba la probabilidad en un nivel medio-bajo. Es un detalle importante porque evita una simplificación tentadora: la Policía no calificó de riesgo extremo cualquier llegada marítima prevista para el día siguiente. Reservó esa expresión para la hipótesis más compleja y potencialmente peligrosa.

Eso no resta importancia al documento. Al contrario. Lo relevante es que un organismo policial había identificado fecha, territorio, modalidad de entrada y posibilidad de coordinación antes de que la frontera quedara sometida a una presión inédita. Lo que el documento no hacía era poner encima de la mesa una cifra cercana a las decenas de miles de personas que terminaron entrando.

Por qué el documento complica la versión de Interior

Fernando Grande-Marlaska sostuvo el 28 de agosto en el Congreso que con la información disponible no era posible prever una entrada como la registrada el 30 y 31 de julio. Su razonamiento fue esencialmente cuantitativo: ninguna evolución precedente permitía saltar de varios cientos de intentos diarios a 72.000 accesos en un periodo tan corto.

Leído literalmente, el nuevo documento no demuestra que Interior conociese de antemano esa dimensión. No aparece una previsión semejante. Pero sí debilita cualquier interpretación según la cual las autoridades carecían de avisos concretos sobre un episodio extraordinario previsto precisamente para el 30 de julio. Había una alerta policial fechada, escenarios de riesgo y una hipótesis de acción coordinada.

Ahí está la cuestión política verdaderamente incómoda: qué recorrido tuvo aquella información y qué decisiones operativas provocó. Una administración puede recibir una alerta y considerar insuficientes sus indicios para desplegar un dispositivo excepcional. Puede equivocarse en la valoración. Puede acertar y, aun así, verse superada. Lo que necesita conocerse es la cadena concreta entre inteligencia, evaluación y respuesta.

La frontera acabó desbordada. Durante el 30 de julio se produjeron entradas continuadas por el entorno del espigón del Tarajal, tanto a pie bordeando la infraestructura como por el mar. El Gobierno terminaría describiendo oficialmente lo sucedido los días 30 y 31 como una “afluencia masiva y simultánea” que superó las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad de Ceuta.

CENIF y CNI: dos avisos que no deben confundirse

Buena parte del ruido político de las últimas semanas procede de mezclar siglas, documentos y momentos distintos. CENIF y CNI no son lo mismo. El primero pertenece a la estructura policial especializada en inmigración y fronteras. El Centro Nacional de Inteligencia es el servicio de inteligencia del Estado y depende orgánicamente del Ministerio de Defensa.

La ministra Margarita Robles sostuvo en el Congreso que el CNI había informado el 29 de julio de una convocatoria para intentar acceder a nado a Ceuta al día siguiente, mientras Interior ha discutido el alcance de esas comunicaciones. También se conoció que ya el 27 de julio se había celebrado una reunión en Ceuta en la que la creciente presión fronteriza y los llamamientos difundidos en redes formaban parte del escenario analizado.

Ahora aparece, además, la nota escrita del CENIF. Eso desplaza el debate. Ya no se trata únicamente de reconstruir qué pudo decir verbalmente un servicio de inteligencia o quién interpretó qué durante una reunión. Existe, según los documentos reproducidos por distintos medios, una alerta policial fechada el 29 de julio que describía escenarios para el día siguiente.

Hay una cautela necesaria: la Policía Nacional no ha publicado íntegramente esa documentación en sus canales públicos. Su contenido se conoce por las copias y extractos difundidos públicamente. Los elementos esenciales —fecha, referencia, escenarios y matriz de riesgo— coinciden en esas reproducciones, pero conviene distinguir entre un documento policial divulgado periodísticamente y un documento oficialmente publicado por la propia institución.

El segundo informe sobre Marruecos abre otra crisis distinta

A la polémica sobre los avisos previos se ha añadido este 2 de septiembre otra bastante más delicada. La Policía habría remitido a la magistrada María Tardón, de la Audiencia Nacional, un análisis posterior en el que se sostiene que gendarmes marroquíes habrían guiado a migrantes hacia determinados puntos de acceso mientras personas de paisano impartían instrucciones sobre el terreno.

Ese informe interpreta los acontecimientos como una operación planificada cuya finalidad habría ido más allá de un movimiento migratorio espontáneo y analiza la posibilidad de que se pretendiera colapsar la capacidad española de control fronterizo. Son conclusiones policiales comunicadas en el marco de unas diligencias; no equivalen, por sí solas, a hechos judicialmente probados ni permiten atribuir automáticamente esa actuación al Gobierno de Marruecos. La diferencia es básica.

Marlaska asegura que desconocía esa información y ha solicitado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que aclare desde cuándo estaba disponible. En su carta considera que, de ser cierto lo publicado, se trataría de información esencial para que Interior y el Gobierno pudieran adoptar decisiones relacionadas con política interior, política exterior y defensa del Estado.

No debe confundirse, de nuevo, este informe posterior con la alerta del 29 de julio. El primero trata de reconstruir y atribuir responsabilidades sobre lo sucedido; la segunda intentaba anticipar riesgos antes de que ocurriera. Juntarlos como si fueran una sola prueba produciría un relato mucho más espectacular, pero también bastante menos preciso.

De 2021 a 2026, una frontera cuya fragilidad era conocida

Ceuta conoce bien lo que significa que la cooperación fronteriza con Marruecos se altere durante unas horas. La crisis de mayo de 2021 convirtió aquel pequeño territorio de veinte kilómetros cuadrados en una especie de sismógrafo diplomático: cuando la relación entre Madrid y Rabat tiembla, la frontera suele registrar el movimiento antes que los discursos oficiales.

En julio de 2026 la dimensión fue incomparablemente mayor. El Gobierno terminó situando en 72.000 el número de entradas irregulares y aprobó el 25 de agosto la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta. El decreto reconoce una presión inédita sobre el control fronterizo, la identificación de personas, la atención humanitaria, la acogida y servicios públicos esenciales.

La revelación del aviso previo importa precisamente por eso. No porque pruebe automáticamente una negligencia política —esa conclusión exige conocer quién recibió qué, cuándo lo recibió y qué valoración técnica realizó—, sino porque demuestra que el riesgo del 30 de julio había sido identificado de manera específica. La discusión ya no puede reducirse a si alguien poseía una bola de cristal capaz de adivinar 72.000 entradas.

Un aviso que cambia el centro de la discusión

El documento del CENIF no contiene una profecía exacta de la crisis de Ceuta. Tampoco es una nota rutinaria sin relación con lo sucedido. Entre ambos extremos aparece algo bastante más incómodo: una alerta emitida el día anterior que identificaba accesos por mar, contemplaba actuaciones coordinadas y reservaba la categoría de “riesgo extremo” para el escenario más grave.

La magnitud final pudo resultar imprevisible. El tipo de amenaza, bastante menos.

Por eso la cuestión ha dejado de ser únicamente si los servicios españoles avisaron o no avisaron. A comienzos de septiembre existen indicios públicos suficientes para afirmar que hubo información preventiva concreta procedente tanto del ámbito policial como, según la versión defendida por Defensa, del CNI. Lo que todavía necesita explicación es cómo circuló, cómo fue valorada y por qué el dispositivo disponible no pudo contener lo que sucedió después.

Ceuta fue desbordada en cuestión de horas y las consecuencias siguen abiertas más de un mes después. El documento del 29 de julio no reescribe por completo aquella historia, pero introduce una página difícil de ignorar: antes de que miles de personas alcanzaran El Tarajal, alguien dentro del Estado ya había escrito que al día siguiente podía ocurrir algo fuera de lo normal.