¿Por qué Hegseth quiere ejecutar a presos de Guantánamo sin condena?

Pete Hegseth ha convertido Guantánamo en una frase de pólvora. El secretario de Defensa de Estados Unidos defendió, tras visitar la base militar estadounidense en Cuba, que los detenidos del penal “deberían haber sido ejecutados” hace mucho tiempo por los crímenes cometidos contra el pueblo estadounidense. No fue una ley, no fue una sentencia, no fue una orden firmada en papel oficial. Fue algo políticamente más áspero: una declaración pública del jefe del Pentágono sobre presos que, en su mayoría, no han recibido una condena firme.

La gravedad está ahí, sin necesidad de decorar el incendio. Guantánamo mantiene actualmente 15 detenidos. Según los datos difundidos tras los últimos traslados de presos a Omán, solo dos han sido condenados por comisiones militares; siete están vinculados a procesos judiciales militares y seis permanecen sin condena, incluidos hombres nunca acusados formalmente de un delito. Ese es el barro jurídico en el que cae la frase de Hegseth: hablar de ejecuciones antes de que el sistema haya terminado de juzgar.

Una frase explosiva en el lugar más incómodo de Estados Unidos

La escena no podía ser más simbólica. Hegseth acababa de pasar por la base naval de Guantánamo, ese trozo de territorio cubano bajo control estadounidense que desde 2002 funciona como una especie de sótano jurídico de la guerra contra el terrorismo. Allí no solo hay alambradas, uniformes y tribunales militares. Hay una pregunta vieja, arrastrada como una cadena: qué puede hacer una democracia cuando tiene miedo.

Durante una comparecencia posterior en Tampa, Florida, Hegseth respondió a una pregunta sobre Khalid Sheikh Mohammed, acusado de ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y sobre los demás detenidos que continúan en la prisión. Su respuesta fue nítida, áspera, sin barniz institucional: en su opinión personal, los detenidos de Guantánamo deberían haber sido ejecutados hace mucho tiempo. También dijo que la maquinaria de la justicia estadounidense se había atascado desde los años en los que él mismo sirvió en Guantánamo.

La frase funciona muy bien para un mitin, para un corte de vídeo, para esa política de mandíbula apretada que convierte la justicia en una mesa de bar con bandera detrás. Pero el problema es que Guantánamo no es un plató. Ni siquiera es una cárcel ordinaria. Es un laboratorio fallido donde Estados Unidos mezcló seguridad nacional, detención indefinida, tortura, tribunales militares y años de retrasos procesales hasta obtener una sustancia opaca, difícil de explicar y aún más difícil de defender.

Hegseth no habló en el vacío. Llegó a la base en un momento de presión creciente sobre Cuba y de endurecimiento verbal de la Administración Trump hacia varios frentes exteriores. En Guantánamo, el secretario advirtió a La Habana contra la adquisición de armas capaces de amenazar la base o el territorio estadounidense, en una visita presentada como mensaje de firmeza militar. El Pentágono elevó así el tono hacia el Gobierno cubano y colocó otra vez la base en el mapa caliente de la política exterior estadounidense.

Y entonces apareció la otra Guantánamo. No la base como enclave estratégico. La prisión. El símbolo.

Qué dijo Hegseth y qué no dijo

Conviene hilar fino. Hegseth no anunció un plan inmediato para ejecutar a todos los presos. Tampoco consta, con la información disponible, que firmara una instrucción al sistema de comisiones militares. Lo que hizo fue defender públicamente que esos detenidos “deberían haber sido ejecutados” ya, una formulación que en boca de un ciudadano cualquiera sería una opinión dura, y en boca del jefe del Pentágono se convierte en una señal política con eco institucional.

El matiz importa. Mucho. Porque una democracia no solo se mide por lo que ejecuta, sino por lo que normaliza desde el poder. Cuando el responsable civil del aparato militar habla de matar a presos no condenados, aunque lo presente como opinión personal, el mensaje se escapa de la jaula. Lo oyen los fiscales, los militares, los jueces de comisión, las defensas, las familias de víctimas, los aliados, los enemigos y, por supuesto, los autócratas del planeta, siempre dispuestos a tomar apuntes cuando Washington se pone creativo con el debido proceso.

El propio Hegseth invocó los atentados del 11-S, que causaron casi 3.000 muertos en Estados Unidos, y conectó su postura con la idea de justicia para las víctimas. Ahí está la parte emocional más potente de su argumento. Nadie necesita fingir neutralidad moral ante Al Qaeda. Los atentados de 2001 fueron una masacre. Khalid Sheikh Mohammed está acusado de un papel central en la planificación. El dolor de las familias no prescribe. Pero esa evidencia no convierte automáticamente una prisión militar en una línea de fusilamiento.

En términos jurídicos, la diferencia entre exigir justicia y reclamar ejecución sin condena es el abismo. Uno cabe en el Estado de derecho. Lo otro se parece demasiado a tirar el reloj por la ventana porque llega tarde.

El dato que lo cambia todo: no todos están condenados

Guantánamo se ha reducido mucho desde su momento más oscuro. Llegó a albergar a centenares de hombres tras los atentados del 11 de septiembre, capturados en operaciones de la llamada guerra contra el terrorismo. Hoy quedan 15. La cifra puede parecer pequeña, casi residual, pero precisamente por eso resulta más reveladora: después de más de dos décadas, Estados Unidos aún no ha resuelto del todo qué hacer con esa herencia.

De esos 15, dos han sido condenados y sentenciados por comisiones militares. Siete están en procesos vinculados al sistema de comisiones, entre ellos acusados por el 11-S, el ataque contra el USS Cole y los atentados de Bali. Otros seis no han sido condenados; tres estaban considerados aptos para traslado y otros tres seguían en una zona de detención indefinida o revisión periódica. Es decir, el grupo no es homogéneo. No son quince expedientes iguales metidos en un mismo saco.

Ese detalle arruina la frase gruesa. Porque pedir la ejecución de “los detenidos” como bloque borra diferencias esenciales: acusados, condenados, presos sin cargos, hombres pendientes de revisión, casos contaminados por tortura, expedientes estancados durante años. Guantánamo no es una vitrina ordenada de culpabilidades probadas. Es un archivo húmedo, lleno de páginas arrancadas.

El caso Khalid Sheikh Mohammed y la sombra de la tortura

El nombre que más pesa es Khalid Sheikh Mohammed. Está acusado de ser el arquitecto de los atentados del 11-S y lleva años en el centro del proceso militar más importante de Guantánamo. El caso, sin embargo, no ha llegado a una sentencia definitiva. Uno de los grandes motivos es incómodo para Estados Unidos: las torturas y malos tratos sufridos por varios detenidos bajo custodia de la CIA contaminaron pruebas, declaraciones y procedimientos.

Los acuerdos de culpabilidad negociados con algunos acusados del 11-S buscaban precisamente evitar la pena de muerte a cambio de admitir responsabilidad y cerrar un proceso eternizado. Esos pactos fueron después bloqueados o discutidos, y un tribunal federal de apelación permitió al Pentágono retirarse de los acuerdos que habrían eliminado la posibilidad de pena capital para tres acusados del 11-S. La batalla legal sigue siendo un pantano donde cada movimiento arrastra veinte años de errores.

Aquí aparece la paradoja venenosa de Guantánamo. Estados Unidos quiso construir un sistema excepcional para ir más rápido que la justicia ordinaria. Resultado: más de dos décadas después, algunos de los casos más graves siguen sin sentencia final. La excepción, tan musculosa al principio, terminó cojeando por los pasillos.

La pena de muerte no es un atajo administrativo

Estados Unidos mantiene la pena de muerte en determinados sistemas judiciales, incluido el ámbito federal y las comisiones militares para ciertos crímenes de guerra. Pero incluso allí la ejecución exige condena, procedimiento, garantías, apelaciones y una base probatoria admisible. No basta con que el acusado sea repugnante, peligroso o símbolo de una tragedia nacional. El derecho no fue inventado para proteger a los simpáticos. Esa es precisamente la parte adulta del asunto.

La Ley de Comisiones Militares establece procedimientos para juzgar a extranjeros considerados beligerantes enemigos no privilegiados por violaciones de las leyes de la guerra y otros delitos juzgables por comisión militar. Es un sistema excepcional, sí, pero no una autorización para ejecutar sin juicio. La arquitectura puede ser dura, militarizada, discutible. Pero no equivale a una puerta abierta al castigo extrajudicial.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ya intervino varias veces para limitar los excesos del Ejecutivo en Guantánamo. En Hamdan v. Rumsfeld, en 2006, cuestionó el marco creado por la Administración Bush para las comisiones militares y subrayó la aplicación de garantías vinculadas al derecho de guerra. En Boumediene v. Bush, en 2008, reconoció a los detenidos de Guantánamo el derecho constitucional a impugnar su detención mediante habeas corpus. Dicho de otro modo: la prisión no está en un planeta sin jueces, por mucho que durante años se intentara vender la idea.

Ese es el choque central con las palabras de Hegseth. La ejecución no puede ser una conclusión política previa al juicio. Puede ser, en los sistemas que la admiten, una pena después de un proceso. Primero se prueba. Luego se sentencia. Después se revisa. Solo entonces, y con todas las objeciones éticas que la pena capital sigue levantando, el Estado actúa. Alterar ese orden equivale a poner el patíbulo antes que el expediente.

El problema político de hablar como si el juicio sobrara

La política contemporánea adora las frases que eliminan intermediarios. “Que los ejecuten”. “Que los deporten”. “Que los encierren”. Suenan eficaces porque amputan lo difícil: pruebas, competencias, derechos, tribunales, responsabilidades. El problema es que la democracia liberal vive precisamente en esos intermediarios. Son lentos, irritantes, a veces desesperantes. También son el dique entre justicia y venganza.

Hegseth no es un comentarista de televisión, aunque venga de ese ecosistema mediático. Es el jefe del Departamento de Defensa. Su biografía oficial recoge su paso por operaciones en Guantánamo, Irak y Afganistán, una trayectoria que él invoca como experiencia directa. Esa experiencia puede explicar su dureza. No la convierte automáticamente en criterio jurídico.

Hay un punto casi teatral en todo esto: un antiguo militar que sirvió en Guantánamo vuelve como autoridad máxima del Pentágono y declara que la justicia se ha atascado. Puede ser cierto que se atascó. Lo que no se deduce de ahí es que la solución sea pasar por encima de la justicia. Un atasco no se arregla incendiando la carretera.

Por qué Guantánamo sigue siendo una herida abierta

Guantánamo nació como respuesta de fuerza a una agresión histórica. Fue concebido para sacar a ciertos detenidos del marco ordinario de los tribunales estadounidenses y colocarlos en una zona más manejable para el Ejecutivo. Esa fue su promesa. Su pecado original también.

Durante años, la prisión se asoció a detención indefinida, interrogatorios abusivos, aislamiento, huelgas de hambre y litigios interminables. Su mera existencia se convirtió en propaganda para enemigos de Estados Unidos y en vergüenza para aliados que, en público o en privado, veían cómo Washington predicaba Estado de derecho mientras sostenía una cárcel difícil de encajar en ese sermón. No hace falta ser ingenuo sobre el terrorismo para verlo. Basta con no cerrar los ojos.

La Administración Biden redujo de forma drástica la población del centro en enero de 2025, con el traslado de 11 detenidos yemeníes a Omán. Aquellos traslados dejaron la cifra en 15 presos, el número más bajo desde la apertura de la instalación. Aun así, el cierre total quedó pendiente. Como una factura guardada en un cajón.

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca cambió el clima político alrededor de la base. Guantánamo volvió a aparecer no solo como prisión antiterrorista, sino también como pieza de una política migratoria y de presión regional más dura. Hegseth, además, visitó la base en medio de mensajes de advertencia a Cuba. La prisión y la geopolítica se tocaron otra vez, como dos cables pelados.

En ese marco, la frase sobre ejecuciones no es un simple exabrupto. Es una señal de época. Reabre la vieja tentación estadounidense de resolver los dilemas jurídicos de la guerra contra el terrorismo con lenguaje de fuerza absoluta. Mano dura, poca letra pequeña. El aplauso llega rápido. Las consecuencias, más lentas, suelen quedarse a vivir.

Víctimas, justicia y el límite de la venganza de Estado

Nada de esto borra a las víctimas del 11-S. Al contrario. Las coloca en el centro correcto. Las víctimas merecen verdad judicial, responsabilidad penal y una explicación pública de por qué el caso más importante de terrorismo contra Estados Unidos se ha convertido en un laberinto. Lo que no merecen es que su dolor sea usado como coartada para degradar las reglas que distinguen una sentencia de una represalia.

La justicia penal tiene algo de ceremonia seca. No consuela del todo. No devuelve muertos. No limpia el aire quemado de Manhattan ni el acero abierto del Pentágono ni el silencio de aquel avión que cayó en Pensilvania. Pero establece una verdad pública. Dice quién hizo qué, con qué pruebas, bajo qué ley y ante qué tribunal. Esa verdad, cuando llega, pesa más que una frase furiosa.

La venganza de Estado es otra cosa. Es más rápida, sí. También más pobre. No necesita demostrar; le basta señalar. No necesita escuchar; le basta castigar. Y cuando un país poderoso empieza a hablar así, los demás toman nota. Los aliados se incomodan. Los rivales sonríen. Los defensores de derechos humanos se llevan las manos a la cabeza. Los terroristas, que siempre han sabido explotar la hipocresía occidental, encuentran material fresco para su molino.

La gran ironía de Guantánamo es que muchos de sus problemas no vienen de un exceso de garantías, sino de haberlas recortado al principio. La tortura no aceleró la justicia; la saboteó. La excepcionalidad no despejó los procesos; los llenó de recursos, nulidades, dudas y descrédito. La promesa de eficacia acabó convertida en un monumento a la chapuza solemne.

La sombra larga de una cárcel que no termina de cerrarse

La declaración de Hegseth deja tres certezas. La primera: Guantánamo sigue siendo un símbolo inflamable, aunque solo queden 15 detenidos. La segunda: el debate sobre la pena de muerte en los casos del 11-S continúa atrapado entre el deseo de castigo, la exigencia de garantías y el daño procesal causado por la tortura. La tercera: cuando un alto cargo sugiere ejecuciones de presos no condenados, el problema ya no es solo jurídico. Es institucional, moral y político.

Hegseth puede sostener que habla desde la indignación patriótica. Puede recordar su paso por la base, invocar a las víctimas y denunciar una justicia lenta, enredada, frustrante. Todo eso forma parte del debate. Pero un Estado no debería matar porque está frustrado. Mata, en los países que aún aceptan la pena capital, después de probar, condenar y agotar garantías. Y aun entonces queda la discusión de fondo: si una democracia debe conservar ese poder irreversible.

Guantánamo, tantos años después, sigue oliendo a metal caliente y expediente viejo. Es una cárcel pequeña con una sombra enorme. La frase de Hegseth no la cierra. La abre otra vez. Y recuerda algo elemental, casi antiguo, pero cada vez menos de moda: el Estado de derecho no se demuestra cuando juzga a los inocentes o a los cómodos. Se demuestra cuando tiene delante a los acusados más odiados y aun así se obliga a no comportarse como una turba con sello oficial.