¿Cómo compró Getxo software israelí sin concurso público cinco veces?

El Ayuntamiento de Getxo adjudicó el 11 de junio de 2026 un contrato menor de 5.850 euros a Grupo S21Sec Gestión para renovar las licencias de Check Point Harmony Mobile, el sistema de ciberseguridad utilizado para proteger dispositivos móviles municipales. La operación se realizó mediante adjudicación directa y supone la quinta renovación de productos de Check Point desde marzo de 2025 tramitada sin un concurso público competitivo.

El dato tiene un matiz que conviene dejar claro desde el principio. Que haya sido una adjudicación directa no significa automáticamente que sea ilegal. La legislación española permite los contratos menores de suministros y servicios cuando su valor estimado es inferior a 15.000 euros. El debate aparece por otro lado: por la reiteración de compras vinculadas a la misma tecnología, por la dependencia del proveedor y por el contexto político. Getxo está gobernado por el PNV y la renovación llegó un año y seis días después de que el partido respaldara en el Parlamento Vasco una resolución que calificaba de genocidio la actuación de Israel contra la población civil de Gaza.

Getxo paga 5.850 euros por renovar Harmony Mobile

El último expediente corresponde a la renovación de Check Point Harmony Mobile durante el periodo comprendido entre el 25 de julio de 2026 y el 24 de julio de 2027. La adjudicataria es Grupo S21Sec Gestión y el importe asciende a 5.850 euros.

Harmony Mobile no es un programa administrativo cualquiera. Es una herramienta diseñada para proteger teléfonos y tabletas que manejan información corporativa o institucional. Controla amenazas que pueden llegar mediante aplicaciones, archivos, conexiones de red o el propio sistema operativo, además de detectar ataques de phishing, malware, vulnerabilidades y determinadas manipulaciones del dispositivo.

En una administración pública, donde un teléfono aparentemente anodino puede contener correos internos, credenciales o acceso remoto a servicios municipales, ese tipo de protección forma parte de la infraestructura sensible. Ahí está precisamente una de las razones que explican la continuidad: cambiar de solución de ciberseguridad no se parece a sustituir una impresora. Puede exigir migraciones, nuevas configuraciones, pruebas, formación y adaptación del resto de sistemas.

Pero esa misma dependencia técnica tiene otra cara. Cuando una tecnología se integra profundamente en la red, renovarla año tras año resulta cada vez más sencillo y abandonarla cada vez más caro.

Cinco renovaciones directas desde marzo de 2025

La contratación de junio no aparece aislada. Los expedientes acumulados muestran una relación continuada entre el Ayuntamiento de Getxo y productos de Check Point.

Desde marzo de 2025 se contabilizan cinco renovaciones o servicios vinculados a la compañía israelí tramitados sin concurso competitivo. Las cuatro operaciones registradas durante 2025 sumaron alrededor de 29.969 euros sin IVA. A ellas se incorpora ahora la renovación de Harmony Mobile por 5.850 euros.

La relación viene incluso de antes. En noviembre de 2023, pocas semanas después del comienzo de la guerra de Gaza, el Ayuntamiento había contratado 200 licencias de Harmony Mobile por 3.641 euros. Sumando los expedientes identificados durante los últimos tres años, el gasto relacionado específicamente con productos Check Point alcanza unos 39.460 euros.

Las cantidades individuales son pequeñas dentro de un presupuesto municipal. Precisamente por eso entran en el terreno del contrato menor.

El proveedor ha cambiado de nombre, pero la tecnología permanece

La historia de la seguridad informática municipal se remonta bastante más atrás. En 2018, Getxo sacó a procedimiento abierto la renovación de la seguridad integral de su sistema de información. La adjudicación, entonces por 149.800 euros sin IVA, fue para la empresa vizcaína Nextel.

Ese mismo año Nextel se fusionó con S21Sec. Con el tiempo, S21Sec terminó integrada en el grupo francés Thales, una de las grandes multinacionales europeas vinculadas a defensa, aeronáutica, transporte y ciberseguridad.

El envoltorio empresarial ha cambiado varias veces; la continuidad tecnológica, bastante menos.

En 2021 el Ayuntamiento volvió a adjudicar a S21Sec la renovación de su seguridad informática exterior por 148.750 euros. En 2024 contrató mantenimiento de hardware y software TIC por 67.500 euros. Y a finales de 2025 adjudicó mediante concurso a Thales S21Sec España la renovación integral de la seguridad del sistema de información municipal por 303.528 euros.

Es decir, Getxo sí utiliza procedimientos competitivos para los contratos de mayor tamaño. El interrogante está en las sucesivas piezas pequeñas que orbitan alrededor de esa infraestructura principal.

Qué permite realmente un contrato menor

La Ley de Contratos del Sector Público establece que un contrato de suministro o servicios puede considerarse menor cuando su valor estimado es inferior a 15.000 euros. En esos casos no resulta obligatorio organizar un procedimiento abierto convencional con varios licitadores compitiendo públicamente.

La Administración debe, eso sí, justificar la necesidad del gasto y acreditar que no está alterando o fraccionando artificialmente el objeto del contrato para mantenerse por debajo del umbral legal.

Ahí está la frontera delicada.

Cinco contratos menores sucesivos con una tecnología o un proveedor no constituyen por sí mismos una irregularidad. Pueden responder a prestaciones diferentes, periodos distintos o necesidades sobrevenidas. Para hablar de fraccionamiento indebido habría que demostrar que una prestación que debía contratarse como una unidad fue dividida deliberadamente para evitar un procedimiento competitivo.

Los datos conocidos, por sí solos, no permiten afirmar eso.

Una contratación municipal muy apoyada en la adjudicación directa

Lo que sí dibujan los registros es un uso intensivo del contrato menor. Entre el 1 de mayo y el 10 de agosto de 2026, el Ayuntamiento de Getxo adjudicó 289 contratos por unos 8,18 millones de euros sin IVA. De ellos, 280 se tramitaron como contratos menores.

Dentro de las áreas de informática, seguridad y vigilancia se identificaron 20 contratos por unos 116.984 euros, todos mediante adjudicación directa.

Algunas cantidades se acercan bastante al límite legal de 15.000 euros. Un contrato para licencias de videoacta, por ejemplo, alcanzó los 14.978,70 euros. Otros expedientes para instalaciones de fibra óptica o cámaras también quedaron próximos a esa frontera.

Eso tampoco demuestra automáticamente un incumplimiento. Sí convierte la política de contratación menor en un asunto que merece escrutinio, porque cuanto mayor es el peso de la contratación directa, menor es la competencia previa entre empresas y más importante se vuelve la motivación de cada expediente.

La conexión de Check Point con la Unidad 8200 israelí

La segunda parte del caso está fuera de Getxo. Check Point Software Technologies es una de las grandes compañías internacionales de ciberseguridad israelí y fue fundada en 1993 por Gil Shwed, Marius Nacht y Shlomo Kramer.

Su relación histórica con la Unidad 8200, la unidad de inteligencia de señales de las Fuerzas de Defensa de Israel, está documentada desde los propios orígenes de la compañía. Gil Shwed sirvió en esa unidad y desarrolló durante su etapa militar ideas que después desembocarían en la tecnología de cortafuegos que convirtió a Check Point en una multinacional.

La conexión continúa en su dirección actual. El consejero delegado de Check Point, Nadav Zafrir, fue comandante de la Unidad 8200 y anteriormente creó el Mando Cibernético de las Fuerzas de Defensa israelíes.

Esto no convierte a Check Point en una unidad militar ni significa que cada licencia comercial financiada por un organismo público tenga un uso militar. Es una compañía privada de tecnología que vende productos de seguridad a empresas y administraciones de numerosos países. Conviene separar los hechos de los atajos.

También conviene entender por qué su origen ha adquirido relevancia política. La Unidad 8200 desempeña funciones de inteligencia electrónica para Israel y su historial está estrechamente ligado al extraordinario ecosistema tecnológico y de ciberseguridad del país. De sus filas han salido fundadores y ejecutivos de numerosas tecnológicas. Ejército, inteligencia y sector digital israelí llevan décadas compartiendo una frontera profesional bastante permeable.

El contrato llega después de la condena del Parlamento Vasco

La fecha coloca la adjudicación en un escenario políticamente incómodo para el PNV.

El 5 de junio de 2025, el Parlamento Vasco aprobó una resolución que condenaba de forma firme la actuación del Estado de Israel contra la población civil palestina en Gaza y empleaba expresamente el término genocidio. El texto recibió el respaldo del PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar.

Exactamente un año y seis días después, el 11 de junio de 2026, un ayuntamiento dirigido por el PNV renovó las licencias de una compañía tecnológica israelí estrechamente vinculada por sus orígenes a la Unidad 8200.

La contradicción política resulta evidente, aunque tampoco conviene convertirla en algo que los documentos no demuestran. Una resolución parlamentaria sobre Gaza no implica automáticamente la prohibición jurídica de contratar cualquier producto israelí, ni el expediente municipal supone una declaración de apoyo al Gobierno de Israel. Son planos distintos.

La cuestión es más incómoda que eso. Las administraciones pueden aprobar resoluciones políticas muy contundentes mientras sus departamentos informáticos continúan utilizando tecnologías israelíes porque llevan años integradas en sus sistemas. La política proclama una ruptura; la infraestructura digital, silenciosa y llena de cables, contraseñas y licencias, sigue funcionando como el día anterior.

Y cuesta moverla.

Tampoco los 5.850 euros adjudicados a S21Sec pueden interpretarse como 5.850 euros enviados directamente a Israel. S21Sec actúa como integradora y distribuidora, por lo que parte del importe corresponde a servicios, gestión y margen comercial. Solo una fracción vinculada a las licencias llega al fabricante.

La relevancia no está tanto en seguir cada euro con una lupa como en comprobar qué tecnologías elige una administración y durante cuánto tiempo queda atada a ellas.

Una factura pequeña que abre un debate bastante mayor

El último contrato de Getxo es modesto: 5.850 euros para mantener durante otro año la protección de dispositivos móviles municipales. Jurídicamente encaja en la figura del contrato menor y los datos disponibles no bastan para sostener que exista un fraccionamiento ilegal.

Pero el expediente tampoco vive en el vacío. Es la quinta renovación directa relacionada con Check Point desde marzo de 2025, forma parte de una relación tecnológica mucho más larga con S21Sec y Thales y prolonga la presencia de una empresa israelí cuya genealogía está profundamente vinculada a la Unidad 8200.

A eso se suma la política. El mismo PNV que apoyó en el Parlamento Vasco una condena extremadamente dura contra Israel gobierna un municipio que continúa renovando tecnología israelí. No es una contradicción jurídica; sí es una contradicción política difícil de disimular.

El fondo del asunto quizá sea menos espectacular que una polémica sobre 5.850 euros y bastante más importante. Las administraciones modernas dependen de infraestructuras digitales construidas durante años, y romper una relación tecnológica puede resultar mucho más complejo que aprobar una declaración institucional.

Las palabras cambian en una tarde. Los sistemas informáticos, no tanto.