¿Cómo señala la gerente del PSOE a Cerdán por los pagos a Leire Díez?

La declaración de la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha vuelto a colocar a Santos Cerdán en el centro del caso Leire Díez. Fuentes, que compareció como investigada, sostuvo que era el entonces secretario de Organización socialista quien decidía los encargos profesionales bajo sospecha y daba posteriormente la conformidad para que se efectuaran los pagos.

Su versión dibuja un reparto de funciones bastante nítido, al menos según lo que ella ha explicado ante el magistrado: Cerdán preguntaba si existía dinero disponible, trasladaba la necesidad de contratar determinados servicios y después confirmaba que los trabajos se habían realizado. Fuentes autorizaba entonces los abonos, pero asegura que no negociaba los encargos, no decidía su contenido y tampoco comprobaba personalmente el trabajo realizado.

No es un detalle menor. La investigación intenta determinar si determinados pagos formalmente vinculados a servicios jurídicos terminaron sirviendo, en realidad, para hacer llegar dinero a Leire Díez y financiar actividades relacionadas con la trama que investiga la Audiencia Nacional. Y ahí, entre contratos, despachos y transferencias, vuelve a aparecer un nombre que lleva meses atravesando distintas causas judiciales: Santos Cerdán.

La gerente del PSOE sitúa las decisiones en la órbita de Cerdán

Ana María Fuentes declaró que nunca mantuvo relación con Leire Díez y que las contrataciones investigadas procedían de la Secretaría de Organización que entonces encabezaba Cerdán. Según su relato, los acuerdos podían ser incluso verbales, algo que añade una capa de complejidad a la reconstrucción documental que realizan los investigadores.

La gerente sostiene que su cometido era esencialmente económico y administrativo. Cuando Cerdán planteaba la contratación de un abogado o un despacho, ella comprobaba si existía disponibilidad presupuestaria. Más tarde, una vez recibida la confirmación de que el servicio había sido realizado, se procedía al pago.

Esa explicación intenta separar dos planos que judicialmente pueden resultar decisivos: quién tenía capacidad para encargar y dirigir un trabajo y quién ejecutaba después la operación contable necesaria para pagarlo.

Fuentes también habría indicado que ni la Secretaría General del PSOE ni la dirección ejecutiva del partido intervenían en esas decisiones concretas. Es decir, su declaración concentra el foco en la antigua Secretaría de Organización y, de manera muy directa, en su responsable de entonces.

Los pagos que investiga la Audiencia Nacional

El dinero es una de las piezas principales del caso. La investigación presta especial atención a varios pagos realizados desde el PSOE a profesionales y sociedades vinculados posteriormente con Leire Díez.

Uno de los episodios examinados afecta al abogado Ismael Oliver, que había ejercido como letrado del exasesor ministerial Koldo García. Oliver reconoció ante el juez haber recibido 27.225 euros del PSOE y haber transferido posteriormente exactamente esa cantidad a Leire Díez.

La coincidencia es llamativa. Oliver mantiene, sin embargo, que se trataba de dos operaciones independientes. Según su versión, el partido le pagó por servicios jurídicos relacionados con las comisiones de investigación de la denominada Operación Cataluña, mientras que Leire Díez recibió posteriormente la misma cantidad por un trabajo diferente relacionado con la eliminación del rastro digital de un cliente.

No es la única línea económica abierta. La UCO ha investigado al menos 43.225 euros recibidos por Leire Díez mediante distintas sociedades y operaciones que los agentes relacionan con fondos procedentes del PSOE.

Dentro de esa cantidad aparecen también pagos vinculados a una consultora relacionada con Gaspar Zarrías. Los investigadores tratan de determinar si contratos aparentemente ordinarios escondían otro circuito económico. Eso es precisamente lo que está por acreditar.

Los 125.000 euros pagados al abogado de Cerdán

Otro bloque especialmente relevante corresponde al abogado Jacobo Teijelo, defensor del propio Santos Cerdán. El PSOE abonó tres facturas que sumaban 125.000 euros por servicios profesionales cuyo alcance también ha sido examinado por la investigación.

Teijelo ha negado haber servido como intermediario para financiar a Leire Díez. Sostiene que fue contratado para analizar la viabilidad de diversos procedimientos judiciales y que nunca entregó dinero a la exmilitante socialista.

La cuestión que intenta despejar el juez Pedraz es bastante más sencilla de formular que de demostrar: si los trabajos facturados existieron realmente en los términos descritos o si parte de aquella documentación se utilizó para justificar movimientos de dinero con otra finalidad.

Ahí entra precisamente la gerente del partido.

Por qué está investigada Ana María Fuentes

La responsabilidad que se analiza respecto a Fuentes no equivale a considerarla responsable de toda la supuesta trama. La causa se centra, en su caso, especialmente en determinadas notas de encargo profesional que habrían servido para justificar pagos.

El juez ha planteado la posibilidad de que esos documentos fueran mendaces, es decir, que no reflejaran correctamente la verdadera naturaleza de los servicios contratados. Esa hipótesis podría encajar en un delito de falsedad en documento mercantil.

Fuentes lo niega.

Su defensa ante Pedraz consiste precisamente en explicar que ella no ideaba aquellas contrataciones. Según su declaración, recibía las instrucciones de Santos Cerdán y actuaba después dentro de sus funciones como responsable económica del partido.

La diferencia jurídica es importante. Una cosa es intervenir materialmente en un pago y otra conocer una eventual finalidad ilícita escondida detrás de él. Será la instrucción la que deberá determinar hasta dónde llegaba el conocimiento de cada persona implicada.

La versión de Fuentes no convierte las acusaciones en hechos probados

El terremoto político está servido, pero conviene no confundirlo con una sentencia. Santos Cerdán está investigado, y las afirmaciones realizadas por Fuentes forman parte de la versión ofrecida por una persona que también está siendo investigada.

Eso significa que sus palabras tienen relevancia procesal, pero no prueban por sí mismas que Cerdán ordenase pagos ilícitos ni que conociera una eventual desviación del dinero.

Los investigadores deberán contrastar su declaración con documentación bancaria, contratos, notas de encargo, mensajes, testimonios y el resto del material incorporado a la causa. En asuntos de este calibre, una frase pronunciada ante el juez puede ocupar todos los titulares durante horas; convertirla en prueba es otra historia.

Y bastante más lenta.

El caso Leire Díez crece alrededor del PSOE

La investigación que dirige Santiago Pedraz intenta reconstruir una supuesta estructura destinada a obtener información o influir sobre procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o a personas de su entorno.

Entre los investigados figuran Leire Díez y Santos Cerdán, además de empresarios, abogados y antiguos responsables políticos. La Audiencia Nacional ha ido agrupando diligencias que inicialmente se investigaban por separado para poder analizar conjuntamente los movimientos económicos, las relaciones entre los implicados y las presuntas maniobras destinadas a interferir en distintas investigaciones.

La UCO tiene un papel central en ese trabajo. El análisis de cuentas, comunicaciones y documentación ha ido ampliando un sumario que comenzó girando alrededor de Leire Díez y que terminó alcanzando estructuras mucho más próximas a la dirección socialista de aquellos años.

El propio PSOE se encuentra bajo presión porque el juez ha reclamado información sobre varias de sus cuentas bancarias, mientras sigue sobre la mesa la posibilidad de analizar una eventual responsabilidad de la formación como persona jurídica.

No significa que esa responsabilidad esté establecida. Significa, sencillamente, que el recorrido del dinero ha llevado la investigación hasta Ferraz.

Cerdán vuelve al centro de la causa

La declaración de Ana María Fuentes cambia sobre todo el reparto interno de responsabilidades que los investigadores deben comprobar. La gerente no niega que los pagos existieran; lo que sostiene es que las decisiones venían de Santos Cerdán y que ella actuaba después como ejecutora administrativa.

Eso deja al antiguo secretario de Organización en una posición procesal todavía más relevante dentro de una investigación en la que su nombre ya aparecía como uno de los principales investigados.

Pero quedan muchas piezas por encajar. Habrá que determinar qué servicios se realizaron realmente, quién los solicitó, quién conocía su finalidad, por qué ciertas cantidades acabaron posteriormente en manos de Leire Díez y hasta qué punto las coincidencias económicas responden a trabajos legítimos o esconden otra cosa.

De momento, lo ocurrido en la Audiencia Nacional ofrece una fotografía bastante incómoda para Cerdán: la responsable económica del PSOE ha situado sobre su mesa las decisiones que precedieron a varios de los pagos investigados. Que esa versión termine sosteniéndose con pruebas es justamente lo que Pedraz deberá averiguar.