Por qué la Fiscalía se Sevilla archivó el caso de mamografías

La Fiscalía de Sevilla archiva la denuncia de Amama por presunto borrado de mamografías en el SAS y lo atribuye a un colapso técnico puntual.

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la denuncia presentada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) por un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). La decisión, adoptada el 2 de diciembre de 2025, concluye que no hay indicios de delito y atribuye lo ocurrido a una saturación técnica: una “avalancha de peticiones” que dejó de funcionar con normalidad los módulos de consulta de imágenes y resultados. No se ha encontrado prueba alguna de manipulación intencionada ni de destrucción de datos clínicos. Los historiales revisados, sostiene el Ministerio Público, son íntegros, auténticos y coincidentes con lo que debe constar en los sistemas.

El efecto es inmediato y nítido: desaparece la sospecha penal sobre un borrado de mamografías y el foco se desplaza hacia lo que sí falló, la accesibilidad y la robustez tecnológica de los sistemas de información sanitarios. La Fiscalía descarta delito de descubrimiento o revelación de secretos, daños informáticos e infidelidad en la custodia de documentos. También deja claro que la caída de servidores fue consecuencia de la saturación, no de una decisión consciente o de un error humano malicioso. Hubo lentitud, cortes y enlaces rotos desde las plataformas de acceso, pero las pruebas seguían alojadas en los repositorios clínicos.

Cómo se gestó la denuncia y qué alegaba Amama

La presidenta de Amama, Ángela Claverol, presentó el 21 de octubre una denuncia ante la Fiscalía al detectar, a partir de casos concretos aportados por mujeres atendidas por la asociación, la desaparición aparente de pruebas —mamografías y ecografías— en Clic Salud y en Diraya, el sistema clínico de referencia en Andalucía. La organización entendió que aquello podía ser constitutivo de diversos delitos, incluida una obstrucción a la justicia si esas pruebas se necesitaban en reclamaciones o procedimientos. Poco después, el Defensor del Paciente se sumó al aviso, advirtiendo de la posible destrucción de documentos que contienen información sanitaria confidencial.

La Consejería de Salud rechazó desde el primer momento la acusación de borrado deliberado. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, negó que el SAS hubiera eliminado historiales o imágenes diagnósticas y habló de incidencias técnicas puntuales. Ese cruce de versiones —manipulación versus fallo de sistemas— se instaló durante semanas en el debate público, en un contexto especialmente sensible: la tensión acumulada en el programa de cribado de cáncer de mama por retrasos, reprogramaciones y picos de demanda que coincidieron con la denuncia. El paso de los días añadió otra capa: mujeres que no encontraban sus pruebas en la app o que detectaban cambios de nomenclatura en los estudios, sin conseguir enlazar con las imágenes.

Con el decreto de archivo, la Fiscalía se sitúa del lado de la explicación técnica. Revisa expedientes, indaga en la trazabilidad de los registros, verifica los logs y determina que no hay evidencias directas de manipulación ni de borrado intencionado. La inaccesibilidad de determinados estudios se explica por la saturación de los servicios que hacen de puente entre el archivo clínico y las interfaces de consulta para profesionales y ciudadanía. En pocas palabras, el problema no estaba en el repositorio donde se guardan las mamografías, sino en las capas de servicio que las muestran en pantalla.

Qué falló en el sistema: del PACS a Clic Salud

Para entender el diagnóstico hay que bajar a la capa técnica, aunque sea con conceptos sencillos. Las imágenes radiológicas —mamografías, en este caso— se almacenan en sistemas de archivo especializados, conocidos como PACS (Picture Archiving and Communication System), y con frecuencia se integran en repositorios neutrales de contenido (VNA) que permiten preservar y servir esas imágenes de forma estandarizada. Cada estudio tiene un identificador único (UID), metadatos (fecha, equipo, protocolo), vínculos con el informe del radiólogo y rutas de acceso que conectan con los visores clínicos internos y con el portal ciudadano.

Si esas rutas se saturan por un volumen extraordinario de peticiones, la consecuencia puede ser que el enlace que antes mostraba la imagen pase a no resolver o tarde minutos —o más— en responder. Desde el punto de vista del paciente, la sensación es inequívoca: “mi mamografía ha desaparecido”. Desde el punto de vista técnico, no ha desaparecido: sigue en el PACS, pero la capa de visualización se ha caído, el índice que traduce los identificadores a URLs públicas está sobrecargado o un servicio intermedio —búsqueda, cacheo, autenticación— no contesta a tiempo. Si, además, coinciden actualizaciones de catálogo o cambios en la nomenclatura que usa Diraya para referenciar estudios, se multiplican los enlaces huérfanos y los errores de consulta.

La Fiscalía pone el acento justo ahí: en que los datos clínicos son íntegros y auténticos, que no existe constancia técnica ni documental de un borrado intencionado, y que el incidente se explica por saturación de servidores. Es un matiz con mucha carga: para hablar de borrado hay que acreditar que la imagen no existía en el sistema o que alguien la eliminó vulnerando procedimientos. Que un enlace falle no basta. Y cuando los logs de acceso, las marcas de tiempo y los hashes de integridad cuadran, el tipo penal se cae.

Hay otro elemento práctico que ayuda a entender el episodio. El auge del acceso digital a la historia clínica —una buena noticia en general— hace que, en momentos de alarma o de noticia sensible, el tráfico estalle. La Fiscalía habla de “avalancha de peticiones”. Es una foto conocida en la administración electrónica: si el sistema no escala —capacidad adicional de cómputo y de red—, no balancea bien cargas o no dispone de suficientes mecanismos de caché para las consultas más comunes, llega el colapso. Y si esos picos coinciden con cargas internas —lecturas pendientes, segundas lecturas, reenvíos—, entonces falla la experiencia del paciente y también la del profesional que intenta abrir el visor clínico.

Respuesta de la Junta y contexto del programa de cribado

Desde el SAS se insiste en que nunca hubo destrucción de pruebas y en que el incidente se reduce a una indisponibilidad temporal del servicio de visualización. El departamento que dirige Antonio Sanz ha defendido que las imágenes estaban —y están— resguardadas en los sistemas clínicos, con sus identificadores, vínculos y firmas digitales. Durante los días más tensos se habilitaron circuitos alternativos para entregar copias o informes cuando la consulta online no funcionaba. No siempre a la velocidad que se esperaba, cierto, pero con la garantía de que el material diagnóstico existía.

Este episodio, en cualquier caso, se superpone a un problema más amplio: las demoras y tensiones del programa de cribado de cáncer de mama. En 2025 hubo reprogramaciones, zonas con agendas más largas de lo deseable y picos de demanda que pusieron al límite la lectura radiológica. Las asociaciones de pacientes venían señalando estos cuellos de botella desde meses antes de la denuncia. Por eso la percepción de ausencia de pruebas prendió con tanta rapidez: fue la chispa que encendió un ambiente ya cargado. Aunque ahora se archiva la vía penal del supuesto borrado, persiste la necesidad de recuperar la normalidad del cribado y de blindar los tiempos de lectura e informes.

En el plano político, el archivo supone un respaldo a la versión oficial. Pero, si se quiere de verdad cerrar la herida, la transparencia es el mejor camino. Publicar indicadores de disponibilidad de los visores, tiempos de respuesta de Clic Salud, porcentaje de uptime, tiempos medios entre citación, prueba y resultado, o tasas de repetición por incidencia técnica daría una imagen real de la evolución. A la vez, toca bajar a lo concreto: refuerzos de plantilla en lectura de cribado, ventanas de mantenimiento anunciadas con antelación, pruebas de estrés periódicas y planes de contingencia para picos de tráfico.

Derechos de las pacientes y garantías de custodia

Tras el archivo, conviene poner negro sobre blanco las garantías que rigen en la custodia de historias clínicas. Las imágenes y los informes forman parte de la documentación clínica protegida por la legislación sanitaria y de protección de datos. El SAS, como cualquier servicio de salud, debe asegurar integridad, autenticidad y trazabilidad. Esto se traduce en registros —quién sube, quién lee, quién descarga—, en copias redundantes y en procedimientos que impiden la eliminación sin rastro. Que la Fiscalía hable de integridad y autenticidad significa, precisamente, que la cadena no se rompió.

Si una persona necesita su mamografía para una segunda opinión, para un recurso o para adjuntarla a un informe pericial, tiene derecho a solicitarla por los canales establecidos. Si el acceso digital no funciona, el centro debe facilitar la entrega por otra vía en un plazo razonable. Este punto no es menor. El caso ha mostrado que, cuando la tecnología vacila, debe existir un plan B claro, cómodo y bien comunicado. En paralelo, las instituciones tienen la obligación de ofrecer respuestas comprensibles cuando se producen fallos: qué ha pasado, cómo se soluciona y qué garantías se activan para que no se repita.

Para Amama, el archivo penal no agota su agenda. La asociación nació para acompañar y vigilar la calidad asistencial, y lo seguirá haciendo. Ha puesto el dedo en la llaga de algo esencial: la confianza. Cuando una mujer entra en su historial y no encuentra su prueba, la confianza se resiente. Esa grieta se repara con claridad, datos y servicio eficaz. Para el SAS, el camino pasa por fortalecer la arquitectura técnica, mejorar la comunicación con pacientes y asegurar que el cribado tenga tiempos y recursos acordes con su importancia.

Qué significa “integridad” y por qué importa en radiología

En radiología, la integridad no es una palabra bonita: es un criterio técnico que puede verificarse. Cada imagen se almacena con sumas de comprobación y con metadatos firmados que permiten detectar si ha habido alteraciones. El visor registra el historial de accesos y el sistema guarda versiones cuando se generan nuevos informes o se añaden anotaciones. Si algo no cuadra —un salto en la marca de tiempo, una lectura sin registro, un estudio sin UID—, los sistemas lo delatan. Por eso la verificación de integridad y autenticidad derriba la insinuación de borrado voluntario: si el rastro existe y es coherente, la pieza está en su sitio.

Reacciones cruzadas y terreno institucional

El archivo ha sido acogido con alivio por la Administración andaluza, que entiende confirmada su versión. En paralelo, desde ámbitos profesionales se pide no confundir la ausencia de delito con la ausencia de problemas. Lo segundo sí existió: hubo inaccesibilidad real, retrasos y frustración. Ese plano no termina en un decreto de Fiscalía. Se aborda con medidas: más elasticidad de los sistemas, monitoreo proactivo, alertas tempranas y una política de información que evite huecos de comunicación.

A nivel más amplio, el caso ha servido para recordar que los sistemas sanitarios digitales viven de un equilibrio delicado. Se les pide seguridad extrema, disponibilidad casi total y usabilidad sencilla. Cuando falla una de esas patas, el daño reputacional es enorme. A menudo, la teoría dice que hay que escalar en la nube, balancear cargas y aislar servicios críticos. La práctica, con presupuestos y plantillas finitas, demuestra que no siempre se llega a tiempo. Ese desfase entre expectativa y capacidad real es donde germinan los episodios como el que nos ocupa.

Para las pacientes, más allá de lo ocurrido, queda una enseñanza operativa. Conviene conservar resguardos de citas, informes descargados o comunicados que se reciban por vía electrónica. No es una obligación, pero ayuda a reclamar con más facilidad si el sistema cae. Y conviene también canalizar incidencias por los conductos oficiales: registro de reclamaciones, atención al usuario, unidades de calidad. Cuando la Administración tiene trazabilidad de la queja, puede priorizar arreglos y dejar constancia de que el problema existe. De nuevo, confianza: la tecnología acelera, pero la atención sostiene.

Qué medidas técnicas encajarían tras el archivo

Una parte de las soluciones es poco vistosa pero crucial. Hablamos de capacidad y resiliencia. Más nodos para servir imágenes, cachés para peticiones habituales, elásticos de cola para absorber puntas y sistemas de priorización que distingan entre una consulta crítica interna y una descarga no urgente. También pruebas de estrés periódicas: simular la “avalancha de peticiones” que describe la Fiscalía para ver dónde rompen los eslabones. Y tableros públicos con indicadores de disponibilidad que permitan comprobar, en tiempo casi real, si Clic Salud y los visores están en verde.

Otra pieza es organizativa. En jornadas de incidencia, el SAS debería activar un protocolo de contingencia visible: mensajes claros en las plataformas, canales alternativos para solicitar informes, ventanillas ágiles en centros de referencia y equipos dedicados a tramitar copias cuando el sistema no responde. Es un doble carril que tranquiliza: si lo digital falla, lo presencial funciona; si lo presencial está saturado, lo telefónico o lo asistido por profesionales en los puntos de información opera con prioridad.

Y, por supuesto, está la lectura radiológica. El cribado no se mide solo en citas realizadas; se mide en tiempos de lectura, segundas lecturas cuando procede y notificación de resultados. La tecnología puede ayudar con listas de trabajo más inteligentes y con alertas para estudios que superen umbrales de espera. Pero hace falta personal. Es un debate recurrente y nada sencillo, aunque el caso lo vuelve a poner sobre la mesa: si las agendas de lectura están al límite, cualquier incidencia se multiplica.

Lo que cambia desde hoy: prioridades claras y seguimiento

Con la vía penal cerrada en este capítulo, el debate se reordena. La prioridad no es ya demostrar un borrado que la Fiscalía niega, sino garantizar que las mamografías y ecografías se consultan sin fricciones y que el cribado recupera su cadencia normal. El SAS tiene ahora la oportunidad —y la responsabilidad— de explicar qué ha ocurrido, qué ha aprendido y qué hará en plazos verificables. No bastan declaraciones genéricas. La ciudadanía espera hechos comprobables: índices de disponibilidad, tiempos de respuesta, refuerzos en lectura y protocolos de contingencia visibles.

Para Amama, el archivo no invalida su papel, que ha sido incómodo y útil a la vez. La asociación ha actuado como alarma temprana de un malestar real en torno al cribado y al acceso a la información clínica. Puede que su tesis penal no haya prosperado, pero ha forzado a la Administración a mirar su sistema por dentro, a documentar lo que antes se daba por supuesto y a acelerar soluciones. Ese es un balance que, con el tiempo, se aprecia. El Defensor del Paciente, por su parte, recordó que la confidencialidad y la íntima relación de cada persona con su historia médica son líneas rojas que no se pueden traspasar. El mensaje queda: cuando se sospeche un riesgo, hay que activar los contrapesos institucionales.

Queda por resolver lo que no cabe en un decreto: cómo se previene la próxima saturación, cómo se comunica con claridad cuando algo se cae y cómo se protege la experiencia de quien entra en su historial para consultar una mamografía que le preocupa. A veces la solución es técnica —más servidores, mejor caché, balanceo—; a veces es organizativa —más ventanillas, horarios ampliados, información—. Siempre es una combinación de ambas.

Andalucía ante su propio espejo

En definitiva, el archivo del 2 de diciembre de 2025 cierra la sospecha penal sobre el borrado de mamografías en Andalucía y traslada la discusión a un terreno más útil: calidad del servicio, resiliencia tecnológica y confianza. Ángela Claverol, Amama, el SAS, la Fiscalía y el consejero Antonio Sanz han sido los nombres propios de un caso que agitó la conversación pública en torno al cribado de cáncer de mama y a la gestión de datos clínicos. La conclusión institucional es clara: no hubo intencionalidad ni borrado; lo que sí hubo fue una saturación que hizo inaccesibles pruebas durante un tiempo y que generó alarma.

A partir de aquí, lo que se espera es orden: medidas técnicas para que los visores aguanten el empuje de la demanda, protocolos claros cuando se produzca una incidencia, datos abiertos para verificar que las promesas se cumplen y refuerzos en los puntos críticos del cribado. No es una ambición épica, es una obligación de servicio. Andalucía tiene músculo, profesionales y un sistema que, cuando funciona, funciona bien. Lo que ha faltado en este episodio es cintura en el peor momento. Y eso, con planificación y voluntad, se corrige.