La Fiscalía de Sevilla investiga la denuncia por mamografías desaparecidas

La Fiscalía de Sevilla abrió diligencias tras la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla, Amama, por la posible desaparición o modificación de mamografías y otros documentos clínicos en las plataformas del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La asociación sostiene que algunas pacientes dejaron de ver pruebas e informes en ClicSalud+ y en Diraya; la Junta negó que se hubieran borrado historiales y atribuyó los problemas de consulta a una incidencia técnica. La investigación debe aclarar si faltaban los datos o si estaban temporalmente inaccesibles, dos situaciones distintas que pueden parecer iguales desde la pantalla de una paciente.

La denuncia se presentó el 21 de octubre de 2025, en plena controversia por los fallos del programa andaluz de cribado de cáncer de mama. Amama pidió a la Fiscalía que examinara lo ocurrido, recabara información de los sistemas informáticos y escuchara a personal sanitario como testigo protegido. Es importante distinguir esa petición de una decisión del Ministerio Público: que la asociación solicite diligencias no significa que la Fiscalía haya confirmado un borrado. Los datos disponibles describen una investigación abierta, no una conclusión sobre lo sucedido.

Qué denuncia Amama y qué ha confirmado la Fiscalía

La asociación trasladó al Ministerio Público las quejas de mujeres que, al consultar su información sanitaria, no encontraban determinadas mamografías o informes. También señaló posibles cambios en la forma de describir algunas pruebas y pidió que se comprobara si hubo destrucción o alteración de documentación clínica. En su escrito, según la información publicada, solicitó además que se tomara declaración a un profesional del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla bajo la figura de testigo protegido y que se revisaran los registros de los servidores del SAS relacionados con el cribado. Son peticiones de la parte denunciante, no hechos acreditados por la investigación.

La Fiscalía provincial abrió diligencias para esclarecer la denuncia. La información disponible también indica que esta línea se tramitaba separada de la investigación autonómica sobre los problemas del programa de detección precoz. La separación responde a que se examinan asuntos que pueden ser distintos: por un lado, los fallos del cribado y sus consecuencias; por otro, la posible falta de disponibilidad o alteración de determinados registros médicos. La apertura de diligencias permite recabar información y comprobar indicios, pero no equivale a una imputación ni a que se haya probado la comisión de un delito.

La diferencia importa porque el debate público puede convertir rápidamente una denuncia en una afirmación de que hubo un borrado deliberado. Para sostener eso harían falta pruebas sobre qué archivos faltaban, desde cuándo, si se habían eliminado o solo no podían consultarse y qué personas o procesos intervinieron. Una investigación técnica puede reconstruir parte de esa secuencia mediante registros de actividad y documentación del sistema. Hasta que esas comprobaciones se conozcan, la desaparición denunciada debe describirse como una hipótesis, no como un resultado confirmado.

La respuesta del SAS y la diferencia entre pérdida y falta de acceso

El SAS comunicó que un aumento importante de usuarios conectados a ClicSalud+ había provocado una incidencia que impedía acceder temporalmente a imágenes e informes clínicos. Según el organismo, el problema no supuso el borrado ni la pérdida de pruebas o historiales y, una vez restablecido el servicio, la información volvería a estar disponible para consulta. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, también rechazó que se hubieran destruido o manipulado historiales y aseguró que la Junta colaboraría con la Fiscalía. La explicación oficial, por tanto, se refiere a un problema de acceso, no a una eliminación de datos.

Para una usuaria, la diferencia puede ser difícil de percibir: entra en el portal, busca una prueba y no la encuentra. Sin embargo, que un documento no aparezca en una pantalla no demuestra por sí solo que haya sido eliminado del sistema. Puede tratarse de un fallo temporal de visualización, de un problema de conexión entre aplicaciones o de que el registro no esté asociado correctamente a la consulta. También cabe la posibilidad de una pérdida efectiva, que es precisamente lo que la denuncia pide investigar. La ausencia visible es una señal que requiere comprobación, no una prueba suficiente de borrado.

La explicación técnica del SAS y las quejas recogidas por Amama no resuelven por sí mismas la discrepancia. Para aclararla hay que determinar si los documentos estaban almacenados, si podían recuperarse y si la incidencia afectó a todas las usuarias o solo a algunas consultas. También importa saber si los problemas se limitaron al portal ClicSalud+ o alcanzaron otros sistemas utilizados por el servicio sanitario. La clave es separar la disponibilidad para la paciente de la conservación efectiva en los sistemas clínicos: son cuestiones relacionadas, pero no intercambiables.

Dos investigaciones vinculadas a una misma crisis sanitaria

La denuncia llegó mientras Andalucía afrontaba otra investigación por las deficiencias detectadas en el cribado mamario. Esa causa aborda el funcionamiento del programa y los retrasos o problemas de seguimiento denunciados por pacientes y asociaciones. La investigación abierta en Sevilla sobre los historiales, en cambio, se centra en si determinadas pruebas o informes dejaron de estar disponibles o fueron modificados. Que ambas investigaciones coincidan en el contexto del cáncer de mama no significa que tengan el mismo objeto, ni que una demuestre automáticamente lo denunciado en la otra.

La propia crisis del cribado había generado preocupación entre mujeres que esperaban resultados o pruebas complementarias. Amama afirmó que recibía casos de afectadas por retrasos y sostuvo que las llamadas del SAS no habían llegado a todas las mujeres que, a su juicio, necesitaban seguimiento. Las cifras difundidas por la asociación y por la Junta fueron objeto de discrepancia. En la información publicada entonces, la asociación cuestionó que se hubiera atendido a 2.000 mujeres, mientras que desde la Junta se había comunicado ese número. Esas cifras se refieren al alcance de las actuaciones por los retrasos, no al número de historiales supuestamente desaparecidos.

El contexto ayuda a entender por qué la visibilidad de cada prueba adquirió tanta relevancia. En un programa de detección, una mamografía no es un archivo aislado: forma parte de una secuencia que permite interpretar cambios y decidir si hacen falta nuevas exploraciones. Pero el mal funcionamiento de un circuito de cribado y la falta de acceso a una imagen concreta son problemas diferentes, aunque puedan repercutir en la misma paciente. La investigación debe establecer si hubo relación entre ambos asuntos o si se trata de incidencias independientes.

Por qué las imágenes anteriores son importantes

Una mamografía aporta información sobre el estado de la mama en un momento determinado. Cuando el equipo médico dispone de imágenes anteriores, puede compararlas con las actuales y valorar si ha habido cambios. Esa comparación forma parte de la interpretación clínica, aunque no determina por sí sola un diagnóstico ni elimina la necesidad de valorar el conjunto de la historia de cada paciente. La continuidad de los registros puede ayudar a interpretar una prueba dentro de su evolución temporal.

Por eso, una imagen que no se puede consultar puede generar preocupación incluso si finalmente se recupera. El profesional quizá tenga que revisar de nuevo el caso o confirmar qué documentación está disponible; la paciente puede quedarse sin una explicación inmediata y temer que se haya perdido una pieza de su historial. No se puede concluir, sin conocer cada caso, que la falta de una prueba haya causado un retraso o un perjuicio clínico. El efecto depende de qué información faltaba, durante cuánto tiempo y si era necesaria para la atención.

El cribado se organiza para detectar posibles señales antes de que aparezcan síntomas, pero su eficacia también depende de que los resultados se comuniquen y de que exista seguimiento cuando una prueba requiere una evaluación adicional. Una incidencia informática no demuestra por sí misma que el programa haya fallado clínicamente; del mismo modo, que un documento vuelva a estar disponible no responde automáticamente a todas las preguntas sobre la atención recibida. El impacto sanitario solo puede valorarse con la cronología y la documentación de cada proceso.

Qué tendría que aclarar una revisión de los sistemas

Para distinguir entre una incidencia temporal y una pérdida real, una revisión debe comprobar qué información existe y cómo se comportó el sistema durante el periodo afectado. Resulta relevante saber si las imágenes y los informes se conservaban aunque no aparecieran en ClicSalud+, si se podían consultar desde otras herramientas clínicas y si el servicio recuperó el acceso como anunció el SAS. También habría que precisar el número de personas afectadas, los centros implicados y la duración de la incidencia, datos que no quedan establecidos en la información publicada. Sin ese alcance medido, no es posible calcular cuántos historiales estuvieron comprometidos.

La petición de Amama de revisar los servidores apunta a una cuestión central: los sistemas informáticos registran operaciones que pueden ayudar a reconstruir cuándo se creó, consultó, modificó o dejó de mostrar un documento. La investigación tendría que determinar qué registros existen y si permiten explicar las quejas recibidas. También debería aclarar si el problema obedeció a una interrupción de acceso, a una asociación incorrecta entre datos o a una eliminación. Una explicación verificable necesita apoyarse en registros y comprobaciones, no solo en la versión de una de las partes.

Hay, además, una diferencia entre que un dato esté conservado y que resulte útil para la atención. Si una prueba existe pero no puede localizarse a tiempo, su disponibilidad práctica puede ser insuficiente para quien necesita que el equipo médico la consulte. En sentido contrario, que una usuaria no la vea en un portal no permite afirmar que haya desaparecido de todos los sistemas. La auditoría debe examinar tanto la conservación como la posibilidad real de recuperar la información.

Qué consecuencias puede tener la investigación

Las diligencias pueden terminar sin que se aprecien indicios suficientes de delito si la documentación confirma que no hubo borrado y que el acceso se interrumpió de forma temporal. También podrían impulsar nuevas comprobaciones o medidas si se detectaran fallos en la gestión, conservación o disponibilidad de la información. Si aparecieran indicios de una actuación ilícita, correspondería valorar los pasos procesales adecuados. Ninguno de esos desenlaces puede darse por hecho mientras la investigación no establezca qué ocurrió.

La denuncia menciona la posibilidad de que los hechos pudieran afectar a la conservación de pruebas y a la capacidad de las pacientes para obtener su documentación. Eso no significa que la Fiscalía haya declarado que hubo obstrucción a la justicia ni que haya señalado a responsables. Para determinar si existe responsabilidad, primero habría que conocer el hecho concreto, su causa y sus consecuencias. La calificación jurídica depende de lo que se pruebe, no del nombre que la denuncia dé a una sospecha.

También puede ser necesario valorar si la incidencia tuvo consecuencias asistenciales para alguna paciente. No es lo mismo que una imagen no estuviera visible durante unas horas y pudiera consultarse después que una pérdida prolongada que impidiera una comparación necesaria. La información disponible no aporta un recuento confirmado de casos, ni permite establecer daños individuales o una relación causal con decisiones clínicas. El alcance sanitario y cualquier responsabilidad requieren pruebas específicas, además de una valoración profesional cuando se examina un caso particular.

El derecho a la historia clínica y sus límites

La documentación médica permite conocer las pruebas realizadas, los informes y parte del recorrido asistencial. Si una paciente no encuentra un documento que espera ver, la ausencia en un portal digital no basta para saber si se ha perdido: puede ser necesario comprobar su disponibilidad a través del centro sanitario. En el caso investigado, los materiales de referencia no detallan un procedimiento especial establecido para las afectadas ni confirman una vía única para recuperar los archivos. La investigación colectiva no sustituye la comprobación de cada historia clínica.

La responsabilidad de custodiar la información sanitaria corresponde al sistema que la genera y conserva. Que una persona guarde copias propias puede ser útil para disponer de documentos importantes, pero no traslada a las pacientes la obligación de garantizar que el historial oficial esté completo. Tampoco tener una copia personal resuelve por sí mismo una incidencia de acceso o permite conocer si existe un daño clínico. La custodia de los registros públicos sigue siendo una obligación del servicio sanitario.

Cuando la falta de un informe coincide con una cita, una prueba pendiente o una decisión asistencial, el equipo que atiende a la paciente es quien puede valorar qué documentación necesita para continuar la atención. Si se trata de determinar responsabilidades administrativas, legales o clínicas, hacen falta datos y criterios profesionales; no cabe deducirlos únicamente de que una prueba no aparezca en una aplicación. El caso general no permite emitir conclusiones sobre la situación médica de una persona concreta.

La confianza depende de una explicación comprobable

La controversia no se limita a decidir si un archivo se borró. También pone a prueba la capacidad del sistema para explicar con claridad qué ocurrió cuando una paciente no encuentra un resultado. Si se trató de una incidencia temporal, informar de su alcance y de la recuperación del servicio ayuda a distinguirla de una pérdida permanente. Si hubo registros afectados, explicar cómo se identificaron y qué medidas se adoptaron es esencial para que las personas concernidas sepan qué pueden esperar. La transparencia necesita datos concretos y respuestas que puedan verificarse.

La confianza en el cribado se construye con una cadena completa: invitación, realización de la prueba, comunicación del resultado y seguimiento cuando hace falta. Una incidencia en el acceso digital puede no haber alterado esa cadena, pero mientras no se aclare es razonable que las pacientes pidan una explicación. A la vez, presentar como probado un borrado deliberado sin confirmación puede aumentar la incertidumbre y confundir una dificultad de consulta con una destrucción de documentación. El equilibrio está en informar sin minimizar las quejas ni anticipar culpabilidades.

Con la información conocida tras la denuncia del 21 de octubre de 2025, la Fiscalía había abierto diligencias y el SAS sostenía que el episodio respondía a un problema técnico de acceso, no a la eliminación de historiales. No se aportaba un resultado definitivo de la investigación ni una cifra confirmada de pruebas perdidas. La cuestión decisiva seguía siendo comprobar qué pasó con cada registro y si la incidencia tuvo consecuencias asistenciales. Hasta que esa comprobación se haga pública, la desaparición de mamografías continúa siendo una denuncia investigada, no un hecho probado.