¿Por qué el fiscal rechazó pruebas del Pegasus de Sánchez y Marruecos?

Una información conocida este 8 de septiembre ha devuelto el caso Pegasus al centro de la actualidad política y judicial española. Según la información publicada, un emisario de Mehdi Hijaouy, antiguo alto cargo de la inteligencia marroquí, acudió en octubre de 2024 al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, para ofrecer información y supuestas pruebas sobre el espionaje sufrido por el teléfono de Pedro Sánchez. El relato atribuye al fiscal una respuesta especialmente delicada: que aquello no interesaba porque suponía un problema para Marruecos. Fuentes próximas a Alonso sostienen, sin embargo, que el fiscal no recuerda aquella conversación y defienden que la respuesta posterior de la Fiscalía siguió el cauce procesal ordinario: remitir al interesado al juzgado que ya investigaba Pegasus.

El matiz es esencial. No existe, por ahora, una resolución judicial que certifique que Alonso rechazara pruebas para proteger las relaciones con Rabat. Lo que existe es el testimonio atribuido al entorno de Hijaouy, un correo electrónico posterior que acredita que hubo un ofrecimiento formal de información y una contestación de la Fiscalía fechada semanas después. A esto se añade un elemento nada menor: el antiguo agente pretendía obtener a cambio la paralización de su procedimiento de extradición a Marruecos. No era, pues, un testigo que llamaba simplemente a una puerta con una carpeta bajo el brazo. Había intereses propios sobre la mesa.

Qué ofreció el antiguo responsable de la inteligencia marroquí

El episodio se remonta a octubre de 2024. Hijaouy había sido detenido semanas antes a raíz de una orden internacional y se encontraba inmerso en un procedimiento relacionado con una reclamación de Marruecos. Según la información publicada, un intermediario que conocía a Jesús Alonso desde hacía años mantuvo un breve encuentro con él en la Audiencia Nacional.

La propuesta era explosiva. El exagente decía estar en condiciones de aportar información sobre cómo se ejecutó la operación Pegasus, qué personas fueron objetivo y qué ocurrió con los datos extraídos de los teléfonos. El ofrecimiento alcanzaba expresamente al móvil de Pedro Sánchez y a otros miembros del Gobierno. La información difundida estos días sostiene también que Hijaouy habría ocupado responsabilidades relevantes dentro de la DGED, el servicio de inteligencia exterior marroquí.

Días después de aquel encuentro, el intermediario dejó constancia escrita. El 7 de octubre de 2024 remitió un correo a la Fiscalía presentando a su fuente como un antiguo oficial de inteligencia de Marruecos que podía proporcionar material sobre las intrusiones realizadas mediante Pegasus. También ofrecía datos relacionados con terrorismo y crimen organizado. Esa comunicación resulta importante porque permite separar dos planos que a menudo terminan mezclándose cuando la política entra en una investigación: la existencia del contacto está documentada; la interpretación de lo que ocurrió durante la reunión procede de las versiones de sus protagonistas y sus entornos.

La frase sobre Marruecos que desata la polémica

El punto más comprometido de la información es la frase atribuida a Jesús Alonso. Fuentes cercanas a Hijaouy aseguran que el fiscal habría mostrado escaso interés por el ofrecimiento y habría relacionado esa actitud con las posibles consecuencias para Marruecos.

Aquí conviene pisar suelo firme. La frase no aparece en una resolución judicial ni consta, al menos públicamente, en una grabación. Es una versión atribuida al interlocutor del exespía. Fuentes próximas al fiscal jefe han respondido que Alonso no recuerda aquel encuentro ni esa conversación concreta. También explican que, cuando alguien pretende aportar datos sobre un asunto que ya está judicializado, lo habitual es que sea remitido al juez instructor.

Y eso es precisamente lo que figura en la contestación escrita enviada el 28 de octubre de 2024. Desde la secretaría particular del fiscal jefe se indicó al emisario que, al tratarse de una materia ya sometida a investigación judicial, debía dirigirse al juzgado instructor.

La diferencia entre ambas versiones es considerable. Una dibuja una Fiscalía reacia a tocar un expediente capaz de deteriorar las relaciones con Rabat. La otra describe poco más que una cuestión de ventanilla procesal: este asunto no corresponde tramitarlo aquí, llévelo al juez. Entre ambos extremos está, por ahora, el territorio que falta esclarecer.

El juez de Pegasus no habría recibido aquel ofrecimiento

La información publicada añade otro dato relevante: el ofrecimiento de Hijaouy no habría llegado al juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 y responsable de la causa Pegasus.

Eso adquiere peso porque el procedimiento llevaba tiempo chocando contra un muro. Calama abrió la investigación después de que el Gobierno comunicara en mayo de 2022 que los dispositivos de Sánchez y varios ministros habían sufrido intrusiones mediante Pegasus. Las pesquisas acreditaron varias infecciones del teléfono del presidente y la extracción de grandes cantidades de información, pero no consiguieron identificar judicialmente a los responsables.

El juez archivó provisionalmente el procedimiento en julio de 2023 debido a la falta de cooperación jurídica de Israel. En abril de 2024 lo reabrió tras recibir información procedente de Francia que podía permitir comparar indicadores técnicos de distintas infecciones. Aquella vía tampoco terminó despejando la autoría. Finalmente, en enero de 2026, Calama volvió a acordar el sobreseimiento provisional, de nuevo ante la imposibilidad de atribuir los hechos a personas concretas y la falta de respuesta a las peticiones de cooperación dirigidas a Israel.

Los 2,57 GB extraídos del teléfono de Pedro Sánchez

El volumen de información sustraída explica por qué Pegasus nunca fue un episodio menor. Los análisis incorporados a la investigación judicial detectaron cinco procesos de infección del móvil de Pedro Sánchez entre 2020 y 2021. Entre el 19 y el 21 de mayo de 2021 se habrían extraído al menos 2,57 gigabytes; otra intrusión detectada el 31 de mayo supuso otros 130 megabytes.

El calendario añadió desde el principio una dimensión diplomática inevitable. Una de las intrusiones principales coincidió con la grave crisis de Ceuta de mayo de 2021, cuando miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos en plena tensión entre Madrid y Rabat. Coincidencia temporal no significa autoría, claro. Y la investigación judicial nunca logró establecer quién ordenó aquellas infecciones.

Precisamente por eso la aparición de una persona que afirma conocer la arquitectura interna del operativo resulta potencialmente relevante. Hijaouy, según las informaciones difundidas estos días, sostiene que podría explicar la mecánica de la operación y aportar datos sobre el material obtenido. Otra cosa es demostrarlo. Una afirmación de un antiguo miembro de unos servicios secretos, además enfrentado a su antiguo país y con intereses judiciales propios, necesita verificación independiente antes de convertirse en prueba.

Quién es Mehdi Hijaouy y por qué su testimonio exige cautela

Hijaouy aparece descrito en distintas informaciones como un antiguo alto responsable de la DGED, la inteligencia exterior marroquí. La documentación difundida esta semana lo vincula con el denominado Service Action, una estructura relacionada con operaciones de inteligencia. Medios españoles han publicado además que estaría dispuesto a proporcionar información sobre Pegasus y sobre los datos obtenidos del móvil del presidente.

Su trayectoria reciente, sin embargo, está llena de elementos que obligan a tratar sus afirmaciones con cuidado. Se encuentra enfrentado al aparato marroquí, ha sido objeto de procedimientos judiciales y las informaciones sobre su paradero son contradictorias. Algunas publicaciones lo sitúan fuera de Europa y protegido mediante constantes cambios de ubicación; otras informaciones difundidas estos días lo relacionan con estancias en España. Esa niebla no es precisamente extraña en historias de antiguos servicios secretos, pero tampoco ayuda a convertir una revelación en una certeza judicial.

También pesa la contraprestación que supuestamente planteó en 2024. Según la información publicada, pretendía que se detuviera su extradición a Marruecos a cambio de colaborar. Eso no invalida automáticamente los datos que pueda poseer. Los confidentes, testigos protegidos y colaboradores rara vez llegan al despacho del investigador por puro altruismo. Pero sí obliga a comprobar cada documento, cada dato técnico y cada afirmación por separado.

De una revelación periodística a una prueba judicial hay distancia

El gran error sería saltarse esa distancia. Que Hijaouy afirme haber participado o conocido el operativo no demuestra todavía que Marruecos ordenara el espionaje. Tampoco el hecho de que un emisario contactara con la Fiscalía prueba por sí solo que el Ministerio Público quisiera ocultar información.

Sí plantea, en cambio, preguntas institucionales relevantes. Si la información ofrecida podía aportar una nueva vía de investigación a una causa que precisamente estaba bloqueada por falta de pruebas sobre la autoría, resulta legítimo examinar por qué no terminó en manos del juez instructor. Y también habrá que determinar qué calidad tenía realmente aquel material. Una pista puede parecer dinamita desde fuera y reducirse a humo cuando entra en una pericial informática.

El propio recorrido judicial de Pegasus enseña eso. Francia aportó nuevos indicadores técnicos en 2024, la Audiencia Nacional reabrió el procedimiento y aun así no pudo identificar a los responsables. El archivo de enero de 2026 fue provisional, no una declaración de que el espionaje no existiera. Las infecciones estaban acreditadas; lo que seguía sin resolverse era quién estaba detrás.

Pegasus vuelve cuando la relación con Marruecos está bajo presión

La revelación llega, además, en un momento especialmente incómodo. Jesús Alonso acaba de asumir personalmente las diligencias de la Fiscalía relacionadas con la crisis de Ceuta de julio de 2026, un asunto en el que vuelve a aparecer Marruecos como elemento central del debate político y judicial. La Fiscalía ha respaldado que la Audiencia Nacional investigue aquellos hechos y ha solicitado incluso el secreto parcial de las actuaciones.

El paralelismo invita a las interpretaciones fáciles, pero conviene resistirse a ellas. Pegasus pertenece a una causa distinta, ocurrida años antes y sometida a otro juzgado. Ceuta es una investigación nueva. Que Jesús Alonso intervenga en ambas no demuestra conexión alguna entre los procedimientos.

Hay, eso sí, un hilo político imposible de ignorar: la relación entre España y Marruecos. Desde la crisis diplomática de 2021 hasta los acontecimientos recientes en Ceuta, Rabat aparece una y otra vez en debates que mezclan seguridad nacional, inmigración, inteligencia y política exterior. Pegasus nunca abandonó del todo ese escenario. Simplemente quedó congelado por falta de autor conocido.

Una incógnita que el archivo judicial nunca resolvió

El caso vuelve a abrir una vieja herida porque la pregunta esencial de Pegasus sigue exactamente donde estaba. España sabe que el teléfono del presidente del Gobierno fue infectado, sabe aproximadamente cuándo ocurrió y sabe cuánta información salió del dispositivo. Lo que no sabe judicialmente —o al menos no ha podido demostrar— es quién lo hizo y por orden de quién.

La aparición de Hijaouy introduce una posible fuente nueva, pero todavía no una respuesta. Y la polémica sobre Jesús Alonso añade otra cuestión: si en 2024 existía una oportunidad real de obtener información útil, habrá que distinguir entre una oportunidad desaprovechada, una gestión procesal ordinaria o algo de mayor alcance. Sin pruebas adicionales, cualquier sentencia política sería prematura.

Pegasus vuelve así a la superficie como vuelven ciertas historias que nunca quedaron bien cerradas: no porque haya aparecido de repente la solución, sino porque alguien asegura tener la pieza que faltaba. La existencia del espionaje está acreditada; su autoría sigue sin estarlo. Esa frontera, incómoda pero decisiva, es la que separa por ahora los hechos comprobados de las acusaciones que vuelven a sacudir Madrid y Rabat.