¿Por qué el Financial Times elogia el modelo laboral español?

El Financial Times pone a España de ejemplo en la UE: paro bajo, reforma laboral, SMI al alza y el bache de enero que reabre el debate serio.

El Financial Times ha puesto el foco en España con una mezcla de sorpresa y cálculo frío: el paro cerró el último trimestre de 2025 en torno al 9,9%, el nivel más bajo desde la sacudida de 2008, y el empleo marcó un récord cercano a los 22,46 millones de ocupados. La tesis que se desprende de ese análisis —y que en España algunos han resumido con la etiqueta llamativa de “agenda proletaria”— es que el país está consiguiendo algo que en el norte de Europa se daba por hecho y aquí sonaba a ciencia ficción: crecer con más estabilidad laboral sin que el mercado se rompa por las costuras.

La foto, sin embargo, viene con letra pequeña y con calendario: en enero de 2026 la afiliación a la Seguridad Social se desplomó en torno a 270.782 cotizantes, el peor enero desde 2012, una caída típica de la resaca estacional pero lo bastante brusca como para pinchar cualquier triunfalismo de titular fácil. Ese contraste —récord por encuesta, bajón por registro administrativo— es parte del mismo relato: una economía que avanza, sí, pero que sigue teniendo cambios de rasante, curvas cerradas y un par de baches estructurales que nunca se han asfaltado del todo.

El giro londinense: cuando el FT mira a Madrid

Que un periódico como el Financial Times dedique espacio a España por motivos que no sean deuda, rescate o crisis política ya es, de por sí, un síntoma. El texto viene a decir: mientras Alemania y Francia lidian con desgaste industrial, protestas, energía, dudas de crecimiento y esa sensación de “algo no encaja”, España se ha convertido en una especie de laboratorio social donde se están probando fórmulas que en otros países se descartaban por “peligrosas”: subir el salario mínimo, recortar la temporalidad, reforzar la negociación colectiva, y aun así crear empleo.

En España, esa lectura ha circulado envuelta en un marco más combativo: se habla de Yolanda Díaz como rostro político de un modelo, se contrapone al discurso económico del Partido Popular y se mete en la coctelera a Vox, la Ley de Vivienda, la idea de “democratizar la empresa”… Una parte de ese tono es interpretación local, pero el punto de arranque está ahí: una cifra que por sí sola cambia el clima, ese “menos del 10%” que aquí tiene valor simbólico porque durante años parecía una barrera maldita.

También importa el contexto exterior: España no está creciendo sola en una isla, pero sí lo hace —según estimaciones ampliamente citadas en el debate internacional— a ritmos más vivos que otros grandes socios europeos, apoyada por turismo, servicios avanzados, renovables y el impulso de fondos europeos. Y ahí el FT huele historia: un país al que muchos daban por “condenado” a paro crónico empieza a desafiar el pronóstico… sin renunciar a políticas que, en el catecismo liberal clásico, se suponían incompatibles con la creación de empleo.

Los números que sostienen el relato

La cifra que abre la puerta es conocida y a la vez extraña, como ver nieve en una playa: el paro cae al 9,93% al cierre de 2025, con unos 2,48 millones de desempleados, y el empleo alcanza los 22.463.300 ocupados. En el conjunto del año, el mercado laboral suma alrededor de 605.400 empleos, con un peso destacado del sector privado en esa creación neta. El dato es potente porque rompe dos inercias a la vez: baja el paro y sube el empleo a máximos, sin que la economía esté en un boom descontrolado.

Pero el mismo conjunto de números exige prudencia si se mira con lupa: España sigue teniendo una de las tasas de paro más altas de la Unión Europea, y en comparativas recientes aparece todavía en la zona alta del ranking, con referencias a países como Finlandia en ese tramo superior. Además, se mantiene un paro juvenil que ronda el 23%, una cifra que, por mucho que mejore, sigue sonando a aviso de incendio en un edificio antiguo: no se cae hoy, pero cruje.

A eso se suma el debate sobre la economía sumergida, que distorsiona estadísticas, salarios y productividad; y un desajuste de cualificaciones que se repite como un estribillo: empresas que dicen no encontrar perfiles mientras hay gente disponible que no encaja en lo que se ofrece. Y, por encima de todo, la vivienda, que en muchas zonas actúa como un peaje silencioso: dificulta moverse por trabajo, aprieta sueldos reales y convierte cualquier subida nominal en algo menos brillante cuando llega la factura del alquiler o la hipoteca.

Lo interesante es que el propio éxito, si se acepta como tal, cambia el tipo de discusión. Antes se debatía si era posible bajar el paro sin abaratar despidos o sin “flexibilizar” más. Ahora se discute otra cosa: qué parte del empleo creado es estable de verdad, qué parte es estacional, qué parte es fijo discontinuo, qué parte es rotación maquillada, y cuánto de la mejora se debe a un ciclo favorable —turismo, fondos europeos, energía renovable más barata— frente a reformas de calado.

La reforma laboral y el fin del contrato de usar y tirar

Cuando se habla del “modelo laboral” en estos meses, el nombre que aparece una y otra vez es la reforma laboral de 2021 (que aterriza plenamente en la práctica desde 2022). Su objetivo declarado era simple y ambicioso: que el contrato indefinido dejara de ser una rareza estadística y que la temporalidad bajara de su pedestal histórico. En lugar de una jungla de contratos, se estrechan modalidades y se refuerza la idea de causalidad en el temporal; además, gana peso una figura clave en la discusión española reciente: el fijo discontinuo, pensado para actividades estacionales pero convertido, según quien lo mire, en herramienta útil o en maquillaje sofisticado.

En el corto plazo, el cambio se notó: aumentaron los contratos indefinidos y se redujo la temporalidad medida con el termómetro habitual. A partir de ahí empieza la pelea real, la que no cabe en un titular: una parte del mercado siguió girando a gran velocidad, con contratos que duran poco, encadenamientos, periodos de prueba que sirven de puerta giratoria, y un patrón viejo que se resiste a morir en sectores donde la productividad es baja y la demanda es estacional. No es lo mismo un empleo estable en una industria con carrera profesional que un contrato “indefinido” que se apaga y se enciende como una luz con sensor.

El Financial Times —y muchos analistas fuera— subrayan el salto por una razón pragmática: España ha creado empleo a buen ritmo sin abrazar el argumento de que solo se compite “abaratando” trabajo. Eso toca una fibra europea: en países donde el debate se ha ido hacia recortes o reformas conservadoras para “recuperar competitividad”, ver a España crecer con un marco más protector incomoda y atrae a la vez. Es una especie de herejía que, de momento, no se castiga con una recesión inmediata.

En paralelo, aparece otra dimensión que rara vez se cuenta bien: el comportamiento de la contratación. Incluso con menos contratos totales en ciertos meses, se observa un aumento de los indefinidos en el cómputo reciente, algo que el Gobierno exhibe como prueba de cambio estructural. La oposición, por su parte, suele insistir en que el mercado sigue siendo “disfuncional” y que la estabilidad estadística no siempre coincide con estabilidad vital. En medio queda el dato, que es tozudo: hay más empleo que antes y menos paro que antes… aunque el tipo de empleo y su calidad sigan siendo la discusión central.

Salarios, consumo y el pulso de la inflación

Si el contrato es el esqueleto, el salario es el pulso. En España, el debate sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se ha convertido en el termómetro político y económico por excelencia. En 2025 quedó fijado en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, y para 2026 se cerró un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO para elevarlo a 1.221 euros en el mismo esquema de 14 pagas, con rechazo de la patronal CEOE y Cepyme. La cifra importa menos por su exactitud aritmética que por lo que representa: una subida sostenida del suelo salarial en un país donde durante años se normalizó cobrar poco y vivir caro.

Ese aumento tiene dos lecturas simultáneas que conviven a codazos. Por un lado, refuerza el consumo interno y sostiene actividad, especialmente cuando la inflación ha erosionado poder adquisitivo: más dinero en nóminas bajas suele traducirse en gasto inmediato, el de supermercado, transporte, facturas, pequeñas reparaciones. Por otro, presiona a empresas con márgenes estrechos —hostelería, comercio, parte de los servicios— que responden como pueden: ajustando horarios, intensificando trabajo, subiendo precios si el mercado lo permite, o recortando inversión si no hay salida. No hay magia: subir salarios sin mejorar productividad siempre genera fricción.

La discusión se volvió aún más áspera por un detalle técnico pero decisivo: la posibilidad de que algunas empresas “absorban” la subida del SMI mediante complementos salariales, algo que el Gobierno ha anunciado que quiere limitar para que el aumento sea real y no un juego de manos. Ahí aparece el típico choque de mundos: sindicatos defendiendo que el salario mínimo debe ser un suelo efectivo, patronales advirtiendo de rigidez y de costes, y el Ejecutivo intentando cuadrar el círculo sin que el pacto social salte por los aires.

Y, por debajo de la espuma, está la pregunta que el FT lanza con elegancia británica: si España ha logrado crear empleo subiendo el SMI, limitando temporalidad y manteniendo crecimiento, ¿qué parte del miedo era ideológico y qué parte era análisis económico serio? La respuesta no es binaria, pero el hecho de que la pregunta se formule ya es un cambio de etapa.

Inmigración, productividad y la España que crece por tracción

Hay un motor silencioso en la economía española reciente que conviene mirar sin caricaturas: la inmigración. España ha ampliado su base laboral con flujos migratorios y con una integración notable en términos de cotización, algo que se refleja en el peso de trabajadores extranjeros en el crecimiento de afiliación de los últimos años. Eso se traduce en una realidad contable —más cotizantes, más actividad— y en una realidad social —más gente sosteniendo sectores enteros, desde cuidados hasta hostelería, pasando por agricultura, logística o construcción—.

El debate se vuelve delicado cuando se cruza con la idea de “calidad del crecimiento”. Una economía puede crecer por aumentar población ocupada, y eso no siempre significa que crezca al mismo ritmo la productividad. España arrastra desde hace décadas un problema estructural: cuesta transformar crecimiento en valor añadido alto de forma sostenida. Hay casos brillantes —renovables, ciertas ramas tecnológicas, servicios profesionales—, pero el grueso del empleo sigue muy ligado a actividades donde la productividad sube despacio. Por eso, el aplauso internacional convive con un aviso interno: si el crecimiento se apoya demasiado en turismo, construcción y servicios de bajo valor, el país puede mejorar en PIB total y seguir sufriendo en salarios medios reales, carrera profesional y capacidad industrial.

Ahí entra otro factor que el análisis internacional suele destacar: los fondos europeos de recuperación. Su papel no es solo “dinero que llega”, sino el tipo de proyectos que empujan: digitalización, transición energética, modernización de infraestructuras, formación, industria verde. Cuando salen bien, actúan como una palanca que eleva productividad futura; cuando se atascan en burocracia o se reparten sin foco, se convierten en ruido y en titulares sin impacto.

La energía es otra pieza menos comentada en conversaciones domésticas pero clave en competitividad: el despliegue de renovables ha permitido a España disponer de electricidad relativamente competitiva en ciertos tramos, algo que mejora atractivo para inversión. No es casualidad que se hable de nuevas plantas, centros de datos, industria vinculada a transición energética. Esa ventaja, si se consolida, puede ser una diferencia real frente a países con estructuras energéticas más rígidas o dependencias más caras.

La pelea política alrededor del “milagro”

En cuanto una economía da señales de fuerza, la política intenta apropiarse del relato como quien coloca una bandera en una cima. En España, el choque es nítido: el Gobierno —con Carlos Cuerpo como ministro de Economía y con Yolanda Díaz como figura central del frente laboral— presenta el descenso del paro y la mejora de la estabilidad como prueba de que el camino funciona. La oposición, especialmente el Partido Popular, responde que el mercado sigue fallando, que el paro juvenil es intolerable, que la economía depende demasiado de la inmigración o de factores externos, y que parte de la mejora es maquillaje estadístico.

En este clima aparece un concepto que ha encendido titulares: la “democracia en la empresa” o, dicho sin barniz, la idea de que los trabajadores tengan más presencia y poder en la gobernanza corporativa. Un comité de expertos ligado al Ministerio de Trabajo ha planteado propuestas que van desde reservar asientos en consejos de administración —un tercio en empresas medianas, hasta la mitad en grandes— hasta fórmulas para facilitar participación accionarial de empleados. La referencia que se invoca suele ser la cogestión alemana (la famosa Mitbestimmung), aunque trasladarla a España no es copiar-pegar: aquí hay mucha pyme, mucha subcontratación y una cultura empresarial distinta.

Este debate, visto desde fuera, es dinamita con envoltorio técnico. A inversores les preocupa la agilidad de gestión; a sindicatos les interesa que la productividad no se reparta solo en dividendos; al Gobierno le sirve para presentarse como vanguardia europea en derechos laborales; a la oposición le da munición para hablar de “intervencionismo”. Y el Financial Times, que vive mirando a mercados, detecta la tensión: España exhibe resultados, pero al mismo tiempo discute cambios que tocan el nervio de la propiedad y del poder empresarial.

En medio de esa batalla narrativa, la realidad se coló el 3 de febrero de 2026 con un dato incómodo: la fuerte caída de afiliación en enero, con alrededor de 270.782 cotizantes menos y un aumento del paro registrado de unas 30.392 personas. El Gobierno lo atribuye a estacionalidad y recuerda que, en términos interanuales, sigue habiendo un incremento cercano a 477.818 afiliados; la oposición lo usa para pinchar el globo. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez: enero suele ser malo y este enero ha sido especialmente malo, sin que eso invalide la tendencia de fondo ni permita vender un paraíso laboral.

A partir de aquí, el debate serio —el que separa periodismo de propaganda— no es “España va bien” o “España va mal”, sino qué piezas sostienen la mejora y cuáles son vulnerables. Si el turismo se enfría por una crisis internacional, si Europa entra en una fase de estancamiento, si la vivienda sigue disparada, si la productividad no despega, el empleo puede resentirse. Y si la mejora se consolida con inversión en sectores de mayor valor, con formación útil y con un mercado laboral menos frágil, España puede sostener ese giro que tanto llama la atención en Londres.

España, entre el aplauso y la letra pequeña

El elogio del Financial Times funciona como espejo: refleja una España más fuerte de lo que muchos asumían, pero también amplifica sus contradicciones. El dato del paro por debajo del 10% es histórico y difícil de discutir; el récord de 22,46 millones de ocupados también. Y la idea de que se ha reducido parte de la precariedad sin frenar la creación de empleo no es un eslogan vacío, se apoya en cambios reales en contratación y en un ciclo económico relativamente favorable.

La letra pequeña, sin embargo, no es decorativa: paro juvenil alto, desajuste de cualificaciones, economía sumergida, dependencia de sectores estacionales, y una vivienda que actúa como freno estructural. Además, el golpe de enero recuerda que España sigue teniendo un mercado laboral sensible a la temporada y al clima, con subidas y bajadas que no encajan bien en el relato lineal del “milagro”.

Lo que queda, cuando se apaga el ruido, es una España que ha cambiado de posición en el tablero europeo: ya no se la mira solo como paciente, también como experimento que “sale” —al menos en parte—. El término “agenda proletaria” puede ser un envoltorio ideológico, pero debajo hay hechos medibles: salarios mínimos al alza, menos contrato temporal como norma cultural, más empleo total, un debate abierto sobre cogestión y participación en empresas, y una economía que, por ahora, sigue creciendo sin pedir permiso a los viejos dogmas. En Londres lo llaman laboratorio; aquí, con menos literatura, se llamaría simplemente una rareza: que las cifras, por una vez, no se estén riendo de España.