¿Qué exige Sumar al PSOE tras el desahucio de Maricarmen en Madrid?

Sumar ha pedido formalmente al PSOE que el próximo Consejo de Ministros lleve sobre la mesa la expropiación de la vivienda de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada el miércoles 23 de septiembre del piso de Retiro en el que había vivido durante más de siete décadas. La formación quiere que la medida avance junto al real decreto ley de vivienda que reclama para el martes 29 de septiembre.

La petición, trasladada por escrito a la parte socialista del Ejecutivo, no significa que la expropiación esté aprobada ni que Maricarmen pueda regresar inmediatamente a su vivienda. Ese es el matiz esencial. Sumar ha formulado una exigencia política al PSOE y ahora corresponde determinar si el Gobierno la asume y, sobre todo, mediante qué instrumento jurídico podría llevarla a cabo.

Sumar quiere llevar la expropiación al Consejo de Ministros

La propuesta llega apenas un día después de un desahucio que ha colocado otra vez la vivienda en el centro de la discusión política. Para Sumar, agotadas las vías de negociación con la propiedad, una salida pasa por que el Estado expropie el inmueble y articule una fórmula que permita a Maricarmen recuperar su vivienda.

La formación sostiene que el Ejecutivo no debería permitir que los intereses económicos de la propiedad prevalezcan sobre el interés general. Es el argumento político que sustenta su propuesta, aunque su traslado al terreno jurídico requeriría bastante más que una declaración del Consejo de Ministros.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado que tanto la expropiación como el real decreto ley lleguen al Consejo de Ministros del martes 29 de septiembre. Hay, por tanto, una fecha concreta y una presión también muy concreta sobre el PSOE, socio mayoritario del Gobierno.

La iniciativa de Sumar va más allá del piso de Retiro. La formación pretende que el decreto incorpore medidas relacionadas con la protección de los alquileres, los contratos temporales, el alquiler por habitaciones y otras situaciones que afectan especialmente a hogares vulnerables. El alcance definitivo dependerá, en cualquier caso, del texto que consiga acordar el Ejecutivo y de su posterior paso por el Congreso.

Por qué Maricarmen terminó fuera de la casa donde vivió décadas

Maricarmen Abascal tenía 87 años cuando el 23 de septiembre se ejecutó el cuarto intento de desahucio. Salió del edificio en camilla, acompañada por sanitarios, y fue trasladada al Hospital Gregorio Marañón para revisar su estado de salud después de una jornada especialmente tensa alrededor del inmueble.

Su historia en la vivienda venía de muy atrás. Maricarmen llegó al piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda en la década de 1950 y permaneció allí prácticamente toda su vida. El contrato original era de renta antigua y estaba inicialmente vinculado a su familia. Con el paso de los años, las sucesivas subrogaciones terminaron convirtiéndose en uno de los elementos decisivos del litigio.

El edificio cambió posteriormente de manos y el conflicto sobre la continuidad del alquiler acabó en los tribunales. Maricarmen venía abonando alrededor de 500 euros mensuales, una cantidad muy alejada de los precios planteados posteriormente por la propiedad para mantenerla en la vivienda.

En distintas fases de la negociación se manejaron cantidades muy superiores. Se llegó a plantear un alquiler de 2.650 euros mensuales, mientras que en la fase final también trascendió una propuesta de 1.650 euros. Cualquiera de las dos cifras resultaba difícilmente asumible para una mujer cuyos ingresos procedían esencialmente de su pensión.

Las negociaciones tampoco consiguieron evitar el desalojo

Antes de ejecutar el lanzamiento hubo varios intentos de encontrar una salida. El Ministerio de Vivienda realizó gestiones para adquirir el inmueble, mientras organizaciones de inquilinos exploraron otras fórmulas que permitiesen a Maricarmen permanecer en su casa.

Incluso apareció una propuesta poco habitual: una escritora que decidió mantener el anonimato se ofreció a cubrir la diferencia entre los aproximadamente 500 euros que pagaba Maricarmen y el alquiler solicitado por la empresa. La operación, sin embargo, no llegó a prosperar.

También se habían manejado anteriormente alternativas como la compra pública de la vivienda o su incorporación al parque público mediante alguna fórmula expropiatoria. La idea que Sumar pone ahora encima de la mesa, por tanto, no nació después del desahucio, aunque el impacto del caso ha disparado su dimensión política.

La propiedad del inmueble corresponde a Urbagestión Desarrollo e Inversión, una compañía dedicada a operaciones y gestión de activos inmobiliarios. En el debate político y en las protestas se han utilizado expresiones como “fondo buitre” para referirse a ella, una caracterización que forma parte de la confrontación pública y que no equivale a su denominación jurídica o empresarial.

Qué significa realmente expropiar la vivienda de Maricarmen

La palabra “expropiación” suena inmediata, casi como si bastara una firma para cambiar las llaves de bolsillo. No funciona así. El Estado no puede quedarse con una vivienda privada mediante una mera decisión política: debe existir una causa justificada de utilidad pública o interés social y seguirse el procedimiento establecido legalmente.

La Constitución protege el derecho de propiedad y permite privar a una persona o empresa de bienes y derechos cuando concurra esa causa de utilidad pública o interés social, pero exige la correspondiente indemnización y el cumplimiento de las garantías previstas por la ley.

La Ley de Expropiación Forzosa desarrolla ese principio. Para poner en marcha un expediente hay que identificar la cobertura jurídica que legitima la actuación, determinar qué bien resulta necesario y tramitar posteriormente su valoración. El titular del inmueble conserva durante el procedimiento derechos y garantías, incluido el correspondiente justiprecio.

Expropiar no es confiscar una vivienda

La diferencia es importante porque el verbo “expropiar” tiene mucha fuerza política y bastante letra pequeña administrativa. Una expropiación supone una transmisión forzosa legalmente regulada, no la incautación gratuita de un inmueble.

La Administración tendría que justificar el interés público o social perseguido, identificar la norma que ofrece cobertura a la operación y compensar económicamente al titular. Dependiendo de la fórmula elegida, pueden intervenir además distintos actos administrativos e incluso una habilitación legal específica.

El Consejo de Ministros sería una parte del proceso

Que Sumar quiera llevar el caso al Consejo de Ministros no significa que una eventual expropiación pueda completarse allí mismo. La legislación contempla diferentes procedimientos según la causa y la cobertura legal existente. En determinados supuestos, el Consejo de Ministros puede reconocer la utilidad pública o el interés social cuando una ley ya ha establecido previamente esa posibilidad para una categoría concreta.

En otros casos, la actuación necesita una base normativa distinta. Ahí está uno de los grandes interrogantes de la propuesta: qué instrumento jurídico utilizaría el Gobierno, cuál sería exactamente la causa de interés social invocada, qué administración actuaría como expropiante y cómo se establecería la compensación.

Por eso, llevar la propuesta al Consejo de Ministros sería políticamente relevante, pero no equivaldría a finalizar la expropiación ese mismo martes. Entre una decisión política y la adquisición efectiva del inmueble existe un procedimiento administrativo con plazos y garantías.

El decreto de vivienda vuelve al centro de la disputa

El otro frente es mucho más amplio que la situación de una sola inquilina. El Gobierno lleva tiempo discutiendo nuevas medidas sobre vivienda y Sumar pretende aprovechar el impacto del caso para acelerar un real decreto ley que refuerce la protección de determinados hogares frente a desahucios y subidas de alquiler.

Pedro Sánchez calificó el desahucio de Maricarmen como una “tragedia social” y anunció la intención del Ejecutivo de llevar urgentemente al Parlamento nuevas medidas de vivienda. También pidió a los grupos parlamentarios apoyos suficientes para que esas iniciativas puedan superar posteriormente la votación del Congreso.

Y ahí aparece uno de los problemas habituales de la actual legislatura. Un real decreto ley entra en vigor después de ser aprobado por el Gobierno, pero necesita ser convalidado por el Congreso. Sin una mayoría parlamentaria suficiente, puede terminar decayendo. Aprobar primero y negociar después, o cerrar los votos antes de llevarlo al Consejo de Ministros: esa diferencia explica parte de las tensiones entre los socios.

Sumar quiere acelerar. El PSOE, mientras tanto, tiene que valorar no solo el contenido de las medidas, sino también su encaje jurídico y los apoyos disponibles. El caso Maricarmen ha puesto una cara muy concreta a una discusión que hasta hace unos días podía parecer bastante más abstracta.

Del piso de Retiro al próximo Consejo de Ministros

El caso ha dejado de ser únicamente un largo litigio entre una inquilina y la propiedad del edificio. Después del desahucio se ha convertido en una discusión dentro del Gobierno sobre hasta dónde puede llegar la intervención pública cuando fracasan las negociaciones privadas y una persona vulnerable pierde la vivienda en la que ha pasado casi toda su vida.

A fecha del 24 de septiembre de 2026, lo confirmado es que Maricarmen ha sido desahuciada, que Sumar ha trasladado al PSOE una propuesta formal de expropiación y que pretende llevar el asunto al Consejo de Ministros del martes 29 junto a nuevas medidas en materia de vivienda.

Lo que todavía no existe es una expropiación aprobada. Entre la reclamación política y la recuperación efectiva del piso hay legislación, procedimiento, indemnización y posiblemente discusión jurídica. El próximo Consejo de Ministros permitirá comprobar si la propuesta abandona el terreno de las declaraciones y entra en el de las decisiones administrativas. Ese será el cambio realmente relevante.