Venezuela: ¿existe el Cartel de los Soles o es una leyenda?

Cabello niega el Cartel de los Soles; hechos y operativos en el Caribe dibujan otra realidad. Claves, nombres y fechas para entenderlo mejor.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, sostuvo en Caracas que el llamado Cartel de los Soles “no existe” y que todo obedece a una “narrativa” de Estados Unidos. Lo dijo en un acto transmitido por televisión en el que abordó drogas y delincuencia juvenil. La afirmación llega en un momento cargado: Washington mantiene un despliegue naval y aéreo en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, con operaciones contra embarcaciones que asegura están vinculadas al narcotráfico. Con esas piezas sobre la mesa, la pregunta práctica no es si hay ruido político —lo hay—, sino qué hechos verificables existen sobre esa estructura, cómo nació el concepto, qué causas judiciales la mencionan y hasta qué punto puede hablarse de una red criminal con anclaje en el Estado.

La respuesta exigente, apoyada en expedientes y cronologías públicas, es incómoda para el blanco y el negro: el término “cártel” simplifica una realidad más compleja —una constelación de nodos corruptos dentro y alrededor de instituciones—, pero negar la existencia del fenómeno es desconocer un archivo ya voluminoso de investigaciones, cargos penales y sentencias contra figuras vinculadas al poder venezolano. No todo lo que se etiqueta como “Cartel de los Soles” encaja en la definición clásica de un cártel al estilo mexicano o colombiano; sin embargo, hay patrones repetidos: protección a rutas, uso de puertos y pistas, connivencia de mandos y beneficios de la minería ilegal. Esa es la materia que da persistencia al término. Y sí, vuelve porque hay militares en la mar, radares encendidos y decisiones recientes que lo traen otra vez al primer plano informativo.

Lo que dijo Cabello y el contexto inmediato

Cabello afirmó que el Cartel de los Soles “jamás se ha podido comprobar” y atribuyó su resurrección a intereses de Estados Unidos. En paralelo, el Pentágono y agencias estadounidenses reportan en las últimas semanas incidentes letales contra lanchas en el Caribe presuntamente cargadas con droga, con decenas de muertos. El Gobierno de Nicolás Maduro denuncia que esos operativos vulneran el derecho internacional y buscan, en el fondo, un cambio de régimen. La secuencia es clara y se retroalimenta: declaraciones en Caracas, comunicados en Washington, imágenes de interdicciones en alta mar, acusaciones cruzadas y una opinión pública regional que revive la vieja discusión sobre seguridad y soberanía.

El interés informativo no es solo venezolano. Afecta a rutas marítimas, seguros, comercio energético y estabilidad regional. En España, donde compañías y refinerías han mirado de nuevo a Venezuela por el crudo, y donde opera una comunidad venezolana numerosa, el tema se sigue con lupa. En esta coyuntura, cualquier frase tajante —“no existe”— merece ser confrontada con la documentación disponible y con la historia reciente de un país que, entre crisis económicas y políticas, se convirtió en corredor para la cocaína que sale de Colombia con destino a Norteamérica y Europa.

Qué sabemos: causas, cargos y decisiones que desmienten la nada

Los hechos acumulados en los últimos años no apuntan a la inexistencia del fenómeno. Desde marzo de 2020, la justicia federal estadounidense mantiene cargos por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína contra Nicolás Maduro y otros altos cargos o exfuncionarios. A partir de ese hito, se sucedieron órdenes, sumarios y recompensas; algunas piezas avanzan más rápido que otras, como ocurre con cualquier macrocausa transnacional, pero el expediente no se ha archivado ni se ha evaporado con el cambio de ciclos políticos. Paralelamente, exmiembros del aparato de seguridad venezolano han sido investigados, extraditados o juzgados por delitos de narcotráfico y armas, con admisiones de culpabilidad que aportan información de primera mano sobre logística, contactos y protección institucional.

Ese cuerpo de casos dibuja un patrón operativo: salida de droga por el arco caribeño y por el Atlántico rumbo a Centroamérica, EEUU y Europa; uso de aeródromos secundarios y pistas clandestinas en llanos y selvas; lanchas rápidas con repostajes coordinados; y un elemento clave sin el cual el negocio no funciona a gran escala: cobertura y corrupción en puertos, aduanas, cuerpos policiales y unidades militares. La etiqueta “Cartel de los Soles” no describe tanto una empresa criminal vertical como una red de protección estatal que cobra rentas y ofrece seguridad a operadores privados y grupos armados. Por eso resiste en el lenguaje, aunque sea un concepto imperfecto.

De dónde sale el nombre y cómo se asentó en el debate público

El rótulo nació en los años noventa y se popularizó en los 2000, cuando diferentes investigaciones periodísticas y policiales apuntaron a mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los “soles” aluden a las insignias doradas en las charreteras de los generales. No surgió de un comunicado oficial, ni de un organigrama con logo, sino de acumulaciones de casos que repetían actores, zonas y modos. En el terreno, el Norte de Santander colombiano y el estado venezolano de Táchira —frontera porosa, contrabando histórico— aportaron material temprano a esa narrativa, a la que se sumaron estados costeros y puertos con mayor complejidad logística.

Con el tiempo, la denominación saltó de los reportajes a los sumarios y, de ahí, a los documentos oficiales de diferentes países. ¿Pasó a ser un término jurídico? No siempre. Pero se consolidó como etiqueta operativa para describir una madeja de funcionarios, militares y civiles que, desde posiciones de poder, facilitan o participan en la cadena de valor del narcotráfico y de otras economías ilegales como el oro y el coltán. A diferencia de cárteles que compiten a tiros por plazas y mercados, aquí el anclaje es institucional: el acceso a controles, sellos, permisos, horarios, almacenes. Es otra forma de captura del Estado por intereses criminales.

Expedientes que marcaron época: del caso de los sobrinos a los jefes de inteligencia

Hay nombres que actúan como bisagra entre el rumor y el hecho. Uno es el de los llamados “narcosobrinos”, Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, arrestados en 2015 en Puerto Príncipe y condenados en Nueva York por conspirar para introducir 800 kilos de cocaína. El caso fue un terremoto por su conexión familiar con el círculo presidencial y por la evidencia documental que salió a la luz: grabaciones, fotografías, itinerarios, promesas de protección. No explicó por sí solo la existencia del “Cartel de los Soles”, pero sí ilustró cómo privilegios diplomáticos y logísticas oficiales podían servir de blindaje a operaciones concretas.

Otra figura clave es la de Hugo “El Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia militar. Su extradición desde España y su posterior proceso en Estados Unidos añadieron peso específico a la tesis de una connivencia estructural entre estamentos de seguridad y tráfico de cocaína. Carvajal no era un operador de bajo nivel: conocía la arquitectura interna del Estado venezolano y, según los escritos de acusación, intermedió y coordinó con actores armados y narcotraficantes. Sus movimientos judiciales —largos, enrevesados— colocaron en blanco y negro nombres de unidades, fechas, reuniones. Un salto cualitativo respecto al discurso, puro, de la oposición o de ONG: información desde dentro.

En esa misma línea, se repiten investigaciones sobre generales y altos mandos que, por acción u omisión, han permitido salidas de cargamentos, la desactivación de controles o la cooptación de pistas y almacenes. No todo logra sentencia firme —la cooperación internacional tiene límites, los testigos se cansan, la prueba perece—, pero el acervo probatorio no es menor: indicios convergentes que, sumados, dibujan la trama que el término “Cartel de los Soles” intenta encapsular.

Un Caribe crispado: despliegues, interdicciones y muertos en el mar

Lo que hace especialmente sensibles las palabras de Cabello hoy es el ambiente táctico. En el Caribe se multiplican los operativos de interdicción; circulan imágenes de lanchas rápidas interceptadas y noticias de pérdidas humanas en alta mar. Fuentes militares estadounidenses defienden que se trata de acciones de precisión contra redes narcotraficantes con origen o apoyo logístico en Venezuela. Caracas replica que esas operaciones son ilegales y que, de facto, se está abriendo una fase de confrontación con riesgos de escalada.

Más allá de las versiones contrapuestas, hay hechos objetivos: barcos, aeronaves y equipos desplegados, comunicados oficiales que describen rutas y resultados operativos, y una sensación regional de que el tablero se endurece. La ruta caribeña —que nunca desapareció— ha sufrido mutaciones con la presión en Centroamérica y México, y el auge de las sintéticas no anuló la rentabilidad de la cocaína. Donde hay márgenes, hay adaptación. Por eso vuelven a verse lanchas con gran autonomía, sistemas de comunicación discretos, puntos de repostaje flotantes y alianzas fluidas entre operadores.

Para Venezuela, cada interdicción cerca de sus aguas se lee como un gesto hostil que normaliza la presencia militar de EEUU en su entorno inmediato; para EEUU, cada incidente con muertos sin documentos de identidad a bordo se presenta como un golpe a una organización narcoterrorista que desestabiliza la región. La colisión de marcos —soberanía vs. seguridad— vuelve a colocar al “Cartel de los Soles” como justificante o pretexto (según quien mire) de decisiones que afectan la vida en el Caribe, desde el precio del seguro marítimo hasta el tiempo de tránsito de mercancías legales.

Qué es y qué no es: precisión conceptual para no caer en trampas

Llamarlo “cártel” exagera algunas cosas y oculta otras. No hay —al menos con la información pública— una empresa criminal única con marca, mando y territorio al estilo Sinaloa o Jalisco Nueva Generación. Sí hay una red de corrupción que brota de instituciones del Estado venezolano y que presta servicios a operadores narcos: seguridad, atención en puestos de control, acceso a infraestructura, facilitación documental. En ciertos momentos y lugares, esa red coordina y estandariza tarifas y protocolos —lo suficiente como para llamar la atención de investigadores y fiscales—, pero suele operar con lógicas de oportunidad más que con jerarquías rígidas.

Esa precisión no es un matiz académico. Importa para diseñar políticas efectivas: una red enraizada en el Estado tiene costes políticos y diplomáticos distintos a una empresa criminal privada. Sanciones financieras, acciones judiciales y operativos en el mar golpean piezas, pero si sobrevive la protección institucional, el mercado se reconfigura con relativa rapidez. Por eso la calidad del control interno —auditorías reales, rotación de mandos, cooperación internacional seria— resulta tan determinante como los golpes espectaculares a embarcaciones o cargamentos.

Cómo se alimenta la red: cocaína, oro, combustible y geografía

El “Cartel de los Soles”, entendido como red de protección estatal, no vive solo de la cocaína. Se nutre de economías ilegales que comparten rutas, actores y sobornos: oro extraído en el Arco Minero, combustible subsidiado que se revende a precio internacional, coltán y otros minerales. Esas economías financian lealtades, aceitan controles y pagan por silencios estratégicos. La geografía ayuda: una costa amplia, fronteras porosas con Colombia y Brasil, selvas y llanos donde el Estado formal es intermitente, y puertos que mueven mercancías legales con las que se camuflan envíos ilícitos.

A diferencia de la etapa más dura de la violencia en Colombia o México, Venezuela no vive hoy una guerra abierta entre cárteles por plazas urbanas al estilo de Monterrey o Medellín. Lo suyo es un ecosistema de negocios clandestinos que dialoga con el poder y evita —cuando puede— el choque frontal que atrae la atención internacional. Menos tiroteos, más cooptación de trámites y accesos. Por eso el campo de batalla visible está ahora en el mar: embarcaciones, radares, patrullas. Lo subterráneo, mientras tanto, sigue adaptándose.

Por qué vuelve ahora con tanta fuerza: tres vectores que convergen

Lo que devuelve el término a portada es la convergencia de tres vectores. Primero, una temporada de operativos en el Caribe con víctimas mortales y tensión diplomática, donde EEUU y Venezuela se señalan mutuamente por excesos y provocaciones. Segundo, la maduración de causas judiciales abiertas desde 2020, con movimientos de acusados relevantes que están aportando información y cerrando flecos. Tercero, un momento económico en el que Venezuela busca aliviar sanciones, atraer divisas y reposicionarse en el mercado energético, mientras persiste la percepción de que estructuras corruptas condicionan el Estado y metastatizan en negocios ilegales.

Cuando esos vectores se solapan, la discusión deja de ser teórica. Afecta a negociaciones diplomáticas, a la legitimidad del Gobierno, a la vida de comunidades en la costa y en la frontera, a la seguridad de marinos mercantes, pescadores y tripulaciones. En ese marco, el “no existe” pierde fuerza frente al “existe algo reconocible y documentado, aunque la etiqueta sea imperfecta”. Y el “es narrativa” cede cuando aparecen nombres, fechas y resoluciones que confieren densidad a la discusión.

Lo que se ha probado y lo que sigue en disputa

Hay sentencias firmes en casos emblemáticos; hay admisiones de culpabilidad de ex altos cargos; hay cargos vigentes contra figuras de primer nivel; hay testimonios que describen protección y pagos en puntos de control, y hay informes policiales y judiciales que encajan rutas y roles. Todo eso está probado o, al menos, documentado en sistemas de justicia que siguen su curso. Lo que sigue en disputa es el alcance exacto de esa red, su estructura —si la tiene— y su capacidad de regeneración dentro del Estado. También, claro, la intencionalidad de cada movimiento de Washington y la traducción política que Caracas otorga a cada denuncia y a cada operativo.

La experiencia comparada en América Latina enseña que desmantelar redes como esta no depende solo de detener cargamentos o abatir lanchas. Requiere reformas de integridad dentro de las instituciones, incentivos económicos que reduzcan la renta del delito, cooperación internacional que respete —de verdad— las reglas y un acuerdo interno para blindar controles y carreras públicas frente a la captura criminal. Mientras eso no ocurra, la discusión volverá cada cierto tiempo, empujada por un gran golpe o por una frase como la de hoy.

Por qué importan los matices (y los datos) en esta disputa

En la conversación pública latinoamericana, las etiquetas a veces sustituyen a los datos. El “Cartel de los Soles” ha servido tanto para simplificar explicaciones complejas como para negar responsabilidades evidentes. El periodismo y el análisis riguroso tienen aquí un papel poco glamuroso pero crucial: poner debajo de la luz lo que se ha probado, distinguir entre el relato político y el documento judicial, precisar el alcance de una red que no es un cartel clásico pero sí una estructura criminal con apoyos dentro del Estado. Es menos épica que un discurso encendido, pero más útil cuando hay que tomar decisiones.

Para quien gobierna en Caracas, aceptar la existencia de esa red implicaría asumir responsabilidades y activar reformas que tocan intereses duros. Para Washington, reconocer los matices evitaría sobrerreacciones —militares o mediáticas— que erosionan alianzas y alimentan narrativas de intervención. Para la región, lo clave es evitar que el Caribe se convierta en un escenario crónico de acciones letales sin control judicial claro y que la lucha contra el narcotráfico no degenere en un pretexto para agendas geopolíticas ajenas al problema de fondo: la corrupción que permite el negocio.

Un balance tras las palabras de Cabello

La declaración de Diosdado Cabello pretende cerrar el debate con una fórmula fácil: “no existe”. La cronología judicial y la realidad operativa del Caribe lo impiden. Existen causas abiertas desde 2020 con nombres y cargos concretos. Existen sentencias y admisiones de culpabilidad que conectan figuras del aparato estatal con el tráfico de cocaína y, en paralelo, con economías ilegales como el oro y el combustible. Existen operativos militares recientes, con muertos y embarcaciones destruidas, que recuperan el término “Cartel de los Soles” como motivo o objetivo de las acciones. Existe, en suma, una red de protección incrustada en instituciones venezolanas que ha dado cobertura a negocios criminales durante años.

¿Es un “cártel” en el sentido clásico? No necesariamente. Pero sí es una trama criminal con origen institucional que, por función y resultados, equivale a lo que el lenguaje común identifica como cártel: control de pasos, garantía de impunidad, rentas ilícitas y capacidad para corromper. Negarlo no la desactiva; solo desorienta al público y dificulta a quienes aún trabajan —dentro y fuera de Venezuela— por levantar controles que no dependan del humor de un coronel, del sello de un funcionario o del peaje de una lancha en la madrugada. Los hechos son tercos y permanecen. La etiqueta podrá discutirse; el fenómeno, no.