¿Quién pidió esterilizar y atacar barrios pobres de Buenos Aires?

El hombre situado en el centro de la polémica es Alejandro Sarubbi Benítez, abogado, comunicador y militante libertario conocido en redes sociales como GordoLeyes. Durante una emisión de La Trinchera, programa del canal de streaming Carajo, sostuvo que buena parte del conurbano bonaerense no tenía “salvación” y encadenó una serie de supuestas soluciones: esterilizaciones, un muro de 15 metros vigilado por francotiradores y ataques con napalm desde aviones. Los comentarios fueron recibidos entre risas e intervenciones de otros integrantes de la mesa.

Conviene fijar desde el principio otra pieza esencial del puzle: no se trata de un proyecto del Gobierno de Javier Milei ni de una política anunciada por La Libertad Avanza. Son declaraciones de Sarubbi Benítez, una figura vinculada al ecosistema digital que respalda al presidente argentino y cercana a referentes de Las Fuerzas del Cielo y al entorno de Santiago Caputo. La diferencia no es pequeña. Una cosa es la extravagancia —por llamarla suavemente— de un militante mediático y otra atribuirle sus palabras al Estado argentino.

Qué dijo Alejandro Sarubbi Benítez sobre el conurbano

El episodio se produjo en La Trinchera, dentro de Carajo, uno de los canales de streaming más identificados con el universo libertario argentino. Sarubbi comenzó describiendo la provincia de Buenos Aires y, especialmente, el conurbano como un territorio marcado por un problema “cultural y de marginalidad” que, a su juicio, carecía de solución.

A partir de ahí llegó la escalada. Primero apareció la esterilización. La presentó como una de sus alternativas e incluso como la opción más tranquila dentro del repertorio que estaba a punto de desplegar. No parecía fácil superar semejante umbral. Se superó.

Después planteó cercar el conurbano mediante un muro de unos 15 metros y francotiradores para impedir el paso. Según sus propias palabras, algunas personas podrían abandonar la zona mediante un criterio arbitrario relacionado con la llamada “portación de cara”, una expresión argentina que alude a juzgar o seleccionar a alguien por su aspecto físico.

La escena se volvió todavía más turbia cuando una de las participantes, Kalina Ann, mostró ante las cámaras una escala de tonos de piel y señaló uno de los colores más claros mientras se hablaba de quién tendría derechos para atravesar esa hipotética frontera. Hubo risas. La pretendida ironía, a esas alturas, tenía la sutileza de una excavadora.

Y faltaba el napalm.

Sarubbi presentó como otra alternativa arrojar napalm desde aviones sobre el territorio, dando previamente aviso a aquellas personas que se decidiera salvar. El napalm es un combustible incendiario tristemente asociado a conflictos como la guerra de Vietnam; colocado en una conversación sobre población civil, el término deja muy poco margen para que la provocación resulte inocua.

De la provocación política a una denuncia ante la Justicia

Las palabras no se quedaron confinadas al estudio. Los fragmentos circularon por las redes sociales y la controversia terminó llegando a los tribunales federales de Comodoro Py, en Buenos Aires.

El abogado Emiliano Gareca presentó una denuncia que alcanzó a Sarubbi Benítez, a Kalina Ann y a la empresa propietaria del canal. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal número 12, a cargo interinamente de Julián Ercolini, con intervención del fiscal Eduardo Taiano. Entre las figuras jurídicas mencionadas por el denunciante aparecen la posible incitación a la violencia colectiva, la instigación a cometer delitos, la apología del delito y conductas relacionadas con la incitación al odio. Eso es, por el momento, lo que sostiene la denuncia, no una condena ni una declaración judicial de culpabilidad.

También el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, presentó una denuncia vinculada a las declaraciones y reclamó que la Justicia determine si las expresiones pueden encajar en conductas penales relacionadas con la discriminación y la violencia colectiva.

La legislación argentina contempla específicamente la incitación pública a la violencia colectiva contra grupos de personas. El artículo 212 del Código Penal castiga esa conducta con penas de prisión, aunque establecer si unas declaraciones concretas cumplen los requisitos del delito corresponde, naturalmente, a fiscales y jueces. La normativa antidiscriminatoria argentina también sanciona determinadas formas de propaganda basada en ideas de superioridad racial y la incitación a la persecución o al odio por distintos motivos protegidos.

Sarubbi intentó después acotar el sentido de sus palabras

Tras el revuelo, Sarubbi publicó explicaciones en las que trató de desvincular sus comentarios de un ataque general contra los bonaerenses y sostuvo que sus referencias apuntaban a delincuentes. También acabó expresando disculpas por la repercusión de sus declaraciones.

El problema para esa defensa es bastante elemental: la intervención original está grabada y sus referencias al conurbano, a la marginalidad, a la selección arbitraria de quién podía abandonar la zona y a las esterilizaciones forman parte del material que circuló públicamente. Será la Justicia argentina la que determine si existe alguna responsabilidad penal.

Quién es Sarubbi y qué relación tiene con el mileísmo

Alejandro Sarubbi Benítez no es un ministro ni ocupa, por estas declaraciones, la voz institucional del Gobierno argentino. Su importancia procede de otro lugar: forma parte del ecosistema político y comunicativo libertario que ha ganado peso durante la presidencia de Javier Milei.

Es abogado y ha representado a varias personalidades de ese entorno. Entre ellas figura Daniel Parisini, el Gordo Dan, uno de los comunicadores más reconocibles de Las Fuerzas del Cielo. También ha tenido vínculos profesionales con otros influencers y personajes cercanos al espacio libertario. Diferentes medios argentinos lo sitúan particularmente próximo al universo político que gira alrededor del asesor presidencial Santiago Caputo.

Carajo, donde se emitieron las declaraciones, alberga programas y comunicadores inequívocamente alineados con el Gobierno de Milei. El propio presidente ha participado en contenidos del canal. Eso permite hablar razonablemente de un medio próximo al mileísmo; no convierte, sin embargo, cada frase de un presentador en una posición de la Casa Rosada.

Esa frontera importa precisamente porque el episodio ha servido para abrir una discusión más amplia en Argentina: hasta dónde llega la lógica de la llamada “batalla cultural”, basada a menudo en la provocación, el insulto y la ruptura deliberada de códigos políticos, y dónde empieza algo distinto, la deshumanización de sectores enteros de la población.

La libertad de expresión protege justamente discursos desagradables, hirientes e incluso profundamente estúpidos. De otro modo sería una libertad decorativa. Pero tampoco funciona como un salvoconducto automático frente a cualquier conducta prevista por la legislación penal. El debate jurídico empieza ahí, en esa incómoda frontera.

El precedente de las sanciones profesionales

La controversia tampoco encontró a Sarubbi con un expediente público precisamente virginal. Poco antes de este episodio, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal le había impuesto sanciones por actuaciones diferentes y anteriores.

Una de ellas estuvo relacionada con insultos publicados contra miembros de la Corte Suprema argentina y otros integrantes del Poder Judicial. En otro expediente recibió una multa de un millón de pesos argentinos relacionada con publicaciones que incluían datos personales y expresiones ofensivas contra un ciudadano.

Sarubbi recurrió esas decisiones ante la Justicia, por lo que las sanciones estaban bajo revisión y no habían adquirido firmeza cuando estalló la polémica del conurbano. Es un detalle jurídico poco espectacular, sí, pero necesario: sancionado no significa lo mismo que sancionado mediante una resolución definitivamente firme.

El episodio de las esterilizaciones y el napalm es independiente de esos procedimientos disciplinarios. Lo que hace el historial es proporcionar contexto sobre un personaje cuya identidad pública se ha construido en buena medida alrededor de una comunicación agresiva y deliberadamente provocadora.

El coste también llegó a los patrocinadores

La reacción salió pronto de la política y los tribunales. SAO Medialunas, una empresa que se anunciaba en Carajo, decidió retirar su publicidad después de la difusión de las declaraciones.

La compañía señaló públicamente que no compartía mensajes discriminatorios, violentos o que promovieran el odio y explicó que contratar publicidad en un espacio no equivalía a adherirse a las opiniones de quienes intervenían en sus programas. Después canceló la pauta publicitaria.

Es quizá una de las consecuencias más tangibles del asunto. Internet premia la provocación porque una frase incendiaria recorre las pantallas mucho más deprisa que una discusión sobre presupuestos municipales. Las marcas, en cambio, suelen tener otra calculadora: cuando el espectáculo deja de ser polémico y empieza a resultar tóxico, el dinero encuentra rápidamente la puerta.

Cuando el “era una broma” deja de resolverlo todo

La polémica sobre Alejandro Sarubbi Benítez no demuestra que el Gobierno argentino planee esterilizaciones, levantar muros alrededor de los barrios pobres o bombardear Buenos Aires. No existe ninguna política oficial semejante. Afirmarlo sería convertir una noticia suficientemente grave por sí sola en otra cosa distinta.

Lo ocurrido sí muestra hasta dónde puede desplazarse el lenguaje político cuando la provocación se convierte en moneda corriente. En un programa ligado al ecosistema libertario, un abogado cercano a figuras influyentes del mileísmo habló de esterilizar personas, seleccionar ciudadanos por su apariencia, colocar francotiradores y utilizar napalm contra una zona donde viven millones de argentinos. No fue una captura manipulada ni una frase de tres segundos arrancada de una conversación inocua: hubo una secuencia extensa, risas y diferentes variantes sobre la misma idea.

La controversia tiene por eso dos planos que no conviene mezclar. El primero es penal: jueces y fiscales deberán decidir qué recorrido tienen las denuncias. El segundo es político y cultural, menos cómodo de encerrar en un expediente. Una democracia liberal soporta el mal gusto, la exageración y la provocación; de hecho, está obligada a soportar muchísimo. Pero cuando el chiste consiste en decidir quién merece reproducirse, cruzar una frontera o sobrevivir a un bombardeo, lo gracioso empieza a necesitar demasiadas explicaciones.