¿Por qué España sigue pagando por los combustibles fósiles con ayudas?

Greenpeace ha puesto una cifra incómoda sobre la mesa: cerca de la mitad de los 5.000 millones de euros movilizados por España para afrontar la crisis energética provocada por la guerra en Irán habría terminado incentivando el consumo de gas, gasolina y gasóleo. Más de 2.000 millones, según su análisis, destinados a unas ayudas que amortiguan el golpe inmediato, pero mantienen encendida la misma dependencia que el Gobierno promete apagar.

Eso no significa que España carezca de política ecológica. La tiene, ha producido avances medibles y dispone de objetivos climáticos ambiciosos. El problema es otro, bastante menos decorativo: cuando llega una crisis, el Ejecutivo pisa a la vez el acelerador renovable y el freno fósil. Instala placas, amplía el autoconsumo y habla de soberanía energética mientras rebaja de forma generalizada el coste de llenar el depósito. Una transición con dos brújulas suele acabar dando vueltas.

Greenpeace pone cifras a la contradicción española

El informe Rescate fósil o transición energética: España ante la crisis de Ormuz, publicado el 25 de junio, compara las respuestas adoptadas por España, Alemania, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Portugal y Suecia. Estos siete Estados concentran, de acuerdo con los datos utilizados por la organización, alrededor del 85 % de los recursos movilizados en la Unión Europea para contener el impacto energético de la guerra.

España aparece como el país con el paquete económico más voluminoso y también con la peor calificación del grupo. Greenpeace le asigna una puntuación de menos 380, correspondiente a un riesgo medio de anclaje fósil. Países Bajos es el único aprobado, con una valoración positiva de 120 puntos.

Conviene precisar qué significa esa nota. No procede de una auditoría oficial ni de un organismo regulador, sino de una metodología elaborada por Greenpeace. La organización analiza quince tipos de medidas, resta puntos a las que abaratan o sostienen el consumo fósil y premia aquellas orientadas al ahorro, la electrificación y las renovables. También penaliza las ayudas indiscriminadas y valora mejor las dirigidas a hogares o sectores vulnerables.

La clasificación, por tanto, puede discutirse. Los importes sobre los que se construye, mucho menos. El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio fue aprobado con 80 medidas y una movilización superior a 5.000 millones de euros. El propio Gobierno presentó el programa como el mayor escudo social y económico desplegado en la Unión Europea frente al conflicto.

Qué pagó realmente el paquete de 5.000 millones

Una parte sustancial del plan consistió en rebajar impuestos energéticos. El IVA de la electricidad y del gas natural bajó del 21 % al 10 %, el impuesto especial sobre la electricidad quedó en el mínimo permitido y se suspendió temporalmente el gravamen sobre la producción eléctrica. También se congeló el precio máximo del butano y el propano.

En los carburantes, el Ejecutivo redujo el IVA y el impuesto especial sobre hidrocarburos hasta los límites autorizados por la normativa europea. El efecto anunciado fue una rebaja próxima a 29 céntimos por litro de gasolina y 23 céntimos en el gasóleo. Para transportistas, agricultores y ganaderos se añadieron ayudas de 20 céntimos por litro, junto con apoyos para la compra de fertilizantes.

Aquí nace buena parte del choque semántico. Cuando Greenpeace habla de subvenciones a los combustibles fósiles no está afirmando necesariamente que el Estado haya entregado un cheque de miles de millones a las petroleras. Incluye también los ingresos fiscales que Hacienda deja de recaudar, las bonificaciones sobre el consumo y las ayudas sectoriales vinculadas al uso de gasolina, gasóleo o gas.

La diferencia no es menor. Una rebaja tributaria no funciona igual que una transferencia directa a una compañía energética. Pero su efecto económico puede parecerse: reduce artificialmente el precio final del combustible, suaviza la señal que debería favorecer el ahorro y beneficia más a quien más consume.

Rebajar el surtidor protege, pero reparte mal

Las reducciones generales tienen una virtud política evidente: son rápidas, visibles y fáciles de entender. El precio baja en el surtidor y el alivio aparece delante del conductor, con números grandes y olor a gasolina. No exige formularios, comprobaciones de renta ni una Administración especialmente ágil, especie todavía escasa en algunos despachos.

El problema surge al mirar quién se lleva la mayor parte del ahorro. Funcas calculó que la rebaja fiscal de gasolina y gasóleo durante sus tres primeros meses tendría un coste próximo a 1.056 millones de euros. El ahorro medio rondaría los 90 euros por hogar, pero con una diferencia considerable: unos 30 euros para las familias con ingresos inferiores a 18.000 euros y cerca de 290 euros para aquellas que superan los 90.000.

La razón es sencilla. Los hogares con más renta suelen disponer de más vehículos, recorrer más kilómetros y consumir más combustible. Una ayuda idéntica por litro termina colocando más dinero en el bolsillo de quien llena el depósito con mayor frecuencia. Es una política igual para todos sobre el papel y profundamente desigual al pasar por caja.

Hay matices, claro. En una comarca rural sin tren, autobús suficiente ni servicios cercanos, el coche no representa un lujo sino una prótesis cotidiana. Tampoco puede exigirse a un transportista o a una explotación agraria que abandone el gasóleo de un viernes para un lunes. Proteger esos casos tiene sentido. Extender el mismo apoyo al conjunto de consumidores, sin distinguir renta, necesidad o alternativas disponibles, resulta bastante más difícil de defender.

También hubo medidas para acelerar la transición

El paquete no fue únicamente una manguera de dinero público dirigida al depósito. Incluyó deducciones en el IRPF para instalar placas solares, puntos de recarga y bombas de calor, medidas para agilizar proyectos renovables, incentivos al almacenamiento eléctrico y cambios regulatorios destinados a facilitar el autoconsumo colectivo.

La distancia máxima entre una instalación compartida y sus consumidores se amplió hasta cinco kilómetros. También se reservó parte de la capacidad disponible en determinados nudos eléctricos para comunidades energéticas y autoconsumo local, mientras los ayuntamientos recibían más margen para impulsar proyectos descentralizados.

Greenpeace reconoce este flanco del plan. De hecho, sitúa a España como el segundo país con mejores medidas estructurales de transición entre los siete estudiados, solo por detrás de Países Bajos. Ahí reside la paradoja completa: el mismo Gobierno que introduce reformas avanzadas para democratizar la energía aprueba, al mismo tiempo, el mayor bloque de rebajas fiscales generalistas a los combustibles del grupo analizado.

El calendario debilita las medidas verdes

Buena parte de los incentivos relacionados con rehabilitación energética, movilidad eléctrica y autoconsumo caduca al terminar 2026. También tienen fecha de vencimiento el bono social eléctrico, el térmico y determinadas protecciones frente al corte de suministros.

Ese horizonte corto contrasta con algunas ayudas relacionadas con el gas y con la facilidad política para prorrogar rebajas cuando los precios vuelven a tensionarse. Construir una red de autoconsumo, rehabilitar un edificio o sustituir una caldera requiere años, financiación estable y confianza regulatoria. Rebajar un impuesto puede resolverse en un Consejo de Ministros extraordinario. Lo urgente se come a lo importante, como de costumbre, y luego pide postre.

Política ecológica sí; coherencia, bastante menos

Afirmar que España no dispone de política ambiental sería ignorar una parte relevante de la realidad. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija para 2030 una reducción del 32 % de las emisiones respecto a 1990, un 48 % de renovables sobre el consumo final de energía y un 81 % de generación eléctrica renovable. También pretende reducir la dependencia energética exterior hasta el 50 %.

Los datos del sistema eléctrico muestran avances tangibles. En 2025, las renovables produjeron el 55,5 % de la electricidad española; al incluir el autoconsumo estimado, la proporción alcanzó el 56,6 %. Durante ese año se incorporaron cerca de 10 gigavatios nuevos de potencia eólica y fotovoltaica, y España cerró por cuarto ejercicio consecutivo como exportadora neta de electricidad.

No estamos, pues, ante un país inmóvil ni ante un Gobierno dedicado a quemar carbón bajo la mesa del Consejo de Ministros. España ha progresado con rapidez en generación limpia y dispone de una posición privilegiada en energía solar y eólica. Su talón de Aquiles permanece fuera del enchufe: el transporte, la calefacción, parte de la industria y numerosas actividades agrarias continúan dependiendo del petróleo y del gas.

Ahí aparece la incoherencia denunciada. La estrategia de largo plazo pretende electrificar la economía, reducir el consumo fósil y proteger al país de las oscilaciones internacionales. La respuesta inmediata a la crisis abarata precisamente aquello de lo que España quiere dejar de depender. La oficina de planificación dibuja puntos de recarga mientras la ventanilla fiscal paga parte del depósito.

Por qué los gobiernos vuelven siempre al mismo remedio

Las rebajas generales ofrecen una respuesta políticamente cómoda ante una subida brusca de precios. Alcanzan a millones de personas desde el primer día, contienen temporalmente la inflación y evitan que determinados sectores trasladen todo el incremento energético a sus productos. No son una extravagancia española; numerosos gobiernos europeos han recurrido a fórmulas parecidas.

Diseñar ayudas selectivas exige más trabajo. Hay que identificar hogares vulnerables, medir la dependencia real del vehículo privado, diferenciar entre usos profesionales y consumos prescindibles, actualizar registros y pagar con rapidez. La Administración prefiere a menudo abrir el grifo para todos antes que revisar tubería por tubería. Sale más caro, pero la fotografía política llega antes.

El coste no es solo presupuestario. Al rebajar el precio de los carburantes se reduce el incentivo para ahorrar, compartir vehículo, renovar flotas o utilizar alternativas menos contaminantes allí donde existen. También se destina dinero público a consumidores que podrían soportar el encarecimiento sin ayuda estatal.

Una política más coherente no tendría que abandonar a familias, agricultores o transportistas. Podría sustituir buena parte de las bonificaciones universales por transferencias vinculadas a la renta, ayudas específicas para territorios rurales, incentivos a la renovación de vehículos profesionales y un transporte público suficientemente útil como para no parecer un castigo añadido. Proteger sin perpetuar. Esa es la parte difícil.

El verdadero examen llegará cuando termine la emergencia

Greenpeace reclama que el Gobierno presente un nuevo rumbo capaz de reducir la dependencia del petróleo y el gas sin descargar el coste sobre los hogares más frágiles. Entre sus propuestas figuran un fondo soberano verde, una reserva estratégica de almacenamiento renovable, la ampliación estable de las ayudas a la rehabilitación y el autoconsumo, y una mayor fiscalidad sobre los beneficios extraordinarios de las empresas fósiles.

Algunas medidas son razonables; otras pertenecen con claridad al programa político de la organización y merecen debate. El elemento central, sin embargo, permanece: una ayuda de emergencia puede justificarse durante un shock excepcional, pero se transforma en subvención estructural cuando se prorroga sin condiciones, sin objetivos de reducción y sin una salida prevista.

España no carece de política ecológica. Carece, por momentos, de la disciplina necesaria para aplicar esa política cuando el precio de la energía aprieta y las encuestas empiezan a oler a combustible. Avanza con fuerza en electricidad renovable, pero sigue utilizando dinero público para abaratar una dependencia exterior que la expone a cada conflicto internacional.

La cifra de Greenpeace admite discusión metodológica, aunque no puede despacharse como propaganda sin más. El Gobierno movilizó un gran escudo y eligió que una parte considerable funcionara mediante rebajas generales sobre productos fósiles. La cuestión decisiva no consiste en escoger entre ayudar o dejar caer a la población. Consiste en decidir a quién se ayuda, durante cuánto tiempo y para acercarlo a qué modelo energético.

Un país puede pagar el golpe de una crisis. Lo verdaderamente ruinoso es pagar también la siguiente.