¿Por qué España perderá 1,3 millones de estudiantes antes de 2041?

España se encamina hacia un sistema educativo con 1,3 millones menos de estudiantes en edad típica de estudiar entre 2026 y 2041. La caída prevista es del 13,7 % entre los 6 y los 24 años, el tramo que alimenta primaria, secundaria, bachillerato, FP y universidad. Dicho en limpio: habrá menos pupitres ocupados, sobre todo en la ESO, pero eso no significa automáticamente menos gasto ni menos problemas. La demografía rara vez reparte caramelos; suele dejar facturas en el buzón.

El golpe será más visible en la educación secundaria y en la secundaria posobligatoria. Las proyecciones apuntan a un descenso del 20,3 % en la edad asociada a la ESO y del 23,7 % en bachillerato y FP de grado medio, mientras que la enseñanza superior bajaría un 8,7 %, bastante menos y más tarde. Primaria también perderá alumnado potencial, con una caída del 14,5 % hasta 2035 y una estabilización posterior. Menos niños en unas etapas, más presión en otras. Ese es el mapa, bastante menos cómodo que el titular fácil.

La secundaria será el gran termómetro del cambio

La escuela española va a encoger por arriba antes que por abajo. La ESO, que durante años ha sido la bisagra incómoda del sistema —ni infancia plena ni juventud autónoma, ese pasillo con taquillas, exámenes y hormonas en combustión— será una de las etapas más afectadas por el descenso demográfico. No porque los adolescentes desaparezcan, claro, sino porque las generaciones que llegan son más pequeñas.

El informe de la Fundación BBVA y el Ivie coloca ahí una de las alertas principales: la caída del alumnado potencial no será uniforme. La primaria bajará, sí, pero tenderá a estabilizarse; la universidad tardará más en notar el descenso; la secundaria, en cambio, encaja una reducción sostenida. Para las comunidades autónomas, que gestionan buena parte de la maquinaria educativa, esto obliga a mirar más allá del curso que empieza en septiembre. Aulas, plantillas, transporte escolar, optativas, comedores, institutos rurales. Todo ese ecosistema que parece quieto, como una pizarra limpia, se mueve por debajo.

Infantil crecerá mientras el resto baja

La paradoja tiene gracia amarga: mientras España perderá población de 6 a 24 años, aumentará la demanda en educación infantil. El tramo de 3 a 5 años crecería un 7,5 % y el de 0 a 2 años, un 18 % hasta 2041. Es decir, menos adolescentes a medio plazo, pero más niños muy pequeños llamando a la puerta de escuelas infantiles, con babero, mochila diminuta y una necesidad bastante grande de inversión pública.

Aquí el debate se vuelve menos estadístico y más cotidiano. La educación infantil no es obligatoria, pero ya pesa mucho en la vida de las familias. En el segundo ciclo, de 3 a 5 años, la escolarización roza la universalidad, con tasas del 97 %. En el primer ciclo, de 0 a 2 años, la presencia también crece: un 15,7 % a los cero años, un 52,2 % al año y un 73,3 % a los dos años en el curso 2023-24. Y además aumenta la financiación pública: el primer ciclo ya es gratuito en el 39,2 % de los casos.

Menos alumnos no siempre significa menos dinero

La tentación política será sacar la calculadora de bolsillo y decir: menos estudiantes, menos gasto. Ojalá la administración fuera una hoja de Excel obediente. No lo es. El gasto por alumno cambia mucho según etapa: la universidad cuesta de media 11.347 euros por estudiante, casi el doble que secundaria y FP, con 5.806 euros, y que infantil y primaria, con 4.720 euros. Si el peso relativo se desplaza hacia etapas más caras o hacia infantil temprana, el ahorro se evapora parcialmente, como el café en agosto sobre una terraza al sol.

Además, no se puede convertir un aula de instituto en una escuela infantil con un chasquido de dedos. Ni un profesor universitario en maestro de 0 a 3 años porque lo diga un PowerPoint autonómico. La reasignación de recursos tiene límites materiales, laborales y territoriales: edificios pensados para edades distintas, especialidades docentes, ratios, horarios, comarcas que pierden población y otras que la ganan o resisten mejor. Mover aulas y personal entre niveles educativos no será sencillo. Nunca lo fue.

Cantabria, Extremadura, Ceuta y Melilla sufrirán más

La caída tendrá código postal. En la población de 6 a 24 años, las bajadas más fuertes se proyectan en Ceuta, con un descenso del 34,5 %, Melilla, con un 33,4 %, Extremadura, con un 23,1 %, y Cantabria, con un 22,8 %. En el otro extremo, la Comunitat Valenciana perdería solo un 5 % y Baleares, un 8,6 %. España, como tantas veces, no cambia en bloque; cambia a manchas, como humedad en una pared vieja.

La tabla por ciclos muestra otra diferencia relevante: en infantil, algunas comunidades crecerán con fuerza. La Comunitat Valenciana aumentaría un 22,9 % en la población de 0 a 5 años; Madrid, un 20,4 %; Castilla-La Mancha, un 16,3 %; Cataluña, un 15,1 %. Extremadura y las ciudades autónomas van en dirección opuesta también ahí. Esta divergencia importa porque la política educativa no se planifica igual en una comarca que pierde adolescentes que en un área metropolitana que gana niños pequeños.

La jubilación docente abre una ventana delicada

El envejecimiento del profesorado añade otra capa al asunto. En las universidades públicas, la edad media del profesorado se situó en 49,5 años en el curso 2023-24 y un 18,7 % tenía 60 años o más. En secundaria, un 35 % de los docentes supera los 50 años. Puede parecer un problema añadido, y lo es, pero también ofrece margen para reorganizar plantillas si las administraciones hacen algo más sofisticado que esperar a que el tiempo pase, deporte nacional de bajo impacto.

El relevo generacional puede servir para orientar nuevos perfiles hacia FP, educación infantil, atención a la diversidad, zonas tensionadas por crecimiento demográfico o territorios donde mantener un centro abierto evita vaciar todavía más el mapa. Pero ese margen exige planificación. No basta con cubrir jubilaciones como quien cambia bombillas. Habrá que decidir dónde hacen falta docentes, qué especialidades se refuerzan y qué centros deben transformarse sin convertirse en esqueletos administrativos.

No es una profecía, es una advertencia

Las proyecciones del INE no son una bola de cristal con bata blanca. Son simulaciones basadas en la estructura demográfica actual y en tendencias recientes, con un horizonte de 50 años para el total nacional y de 15 años para comunidades y provincias. Sirven para anticipar escenarios, no para escribir el futuro en mármol. Pero ignorarlas sería una forma bastante cara de superstición.

El propio INE prevé que España gane población total hasta superar los 53,8 millones de habitantes en 2041, impulsada en buena medida por las tendencias migratorias, mientras aumenta el peso de las edades avanzadas. Ahí está la aparente contradicción: el país puede crecer en habitantes y, a la vez, perder población en edad escolar obligatoria y posobligatoria. Más población no siempre significa más niños. La demografía tiene esas bromas secas.

El aula que viene será más pequeña, pero no más barata

El dato de los 1,3 millones menos de estudiantes obliga a abandonar dos fantasías. La primera: que el descenso de alumnado resolverá por sí solo los problemas educativos. La segunda: que bastará con cerrar aulas donde sobren y abrirlas donde falten, como si España fuera un tablero de piezas imantadas. Entre medias hay profesorado, familias, pueblos, barrios, universidades, escuelas infantiles, rutas de autobús y presupuestos compitiendo con sanidad, pensiones y dependencia.

La educación española de 2041 será probablemente más desigual en su distribución territorial, más exigente en infantil y más presionada para gastar mejor por alumno. Menos alumnado puede permitir grupos más manejables, más atención personalizada y una escuela menos masificada. Bonito sobre el papel. Pero solo ocurrirá si la política deja de mirar la natalidad como quien mira llover detrás del cristal y empieza a ordenar recursos con precisión quirúrgica. Porque el país no se queda sin estudiantes; se queda sin excusas para improvisar.