¿Quién se coló en las VPO de lujo de Alicante y cómo pasó?

El caso Les Naus sacude Alicante: VPO en zona premium, dimisiones, expedientes bajo lupa y Fiscalía tras un reparto lleno de sombras serias.

Alicante tiene ahora mismo un caso con nombre propio, Les Naus, y con un olor que se reconoce a metros: vivienda pública con precio tasado en zona “premium”, adjudicaciones discutidas y un carrusel de cargos, familiares y técnicos que no encaja con la idea básica de una VPO. La promoción —140 pisos en la playa de San Juan, con piscina y pistas de pádel— está bajo el foco de la Fiscalía y, desde hace días, también de un juzgado de Instrucción que ya ha abierto diligencias para investigar cómo se repartieron algunas llaves.

Lo que ha estallado no es solo una discusión sobre papeles. Es el choque entre una emergencia de vivienda y una realidad incómoda: en los listados de adjudicatarios aparecen concejales, arquitectos, altos funcionarios y familiares de perfiles con ingresos muy por encima de lo que se supone que permite el acceso a este tipo de vivienda protegida. Entre los nombres que han ido saliendo se mezclan dimisiones, expedientes internos y una revisión masiva de los 140 expedientes por parte de la Generalitat, con requerimientos de documentación en alrededor de una decena de casos y plazos cortos para subsanar.

Les Naus: vivienda protegida en escaparate de oro

El escenario no es menor. Playa de San Juan, una zona donde el precio de mercado aprieta como una tuerca, y una promoción que, por ser vivienda protegida —en la Comunitat Valenciana se habla de VPP, aunque mucha gente lo siga llamando VPO— se vendía con precio tasado. En la práctica, los pisos salieron por un rango aproximado de 200.000 a 230.000 euros, aplicando módulos administrativos que se han movido en torno a los 2.200 euros por metro cuadrado; en mercado libre, esa cifra podía doblarse en una zona tan atractiva. La diferencia —esa brecha que parece una grieta en el suelo— es el combustible del escándalo: barato “legal”, caro “real”, y una tentación obvia para cualquiera que sepa moverse en el laberinto administrativo.

La promoción tiene además un detalle simbólico: se ha presentado como la primera gran operación de vivienda pública en Alicante en años y se construyó con forma de urbanización “amable”, de las que en una ciudad con sed de vivienda suenan casi a milagro. Y ahí, en ese milagro, es donde empiezan a aparecer sombras: ¿quién llegó primero, con qué requisitos, quién visó, quién miró hacia otro lado… y quién, directamente, no debió estar?

El debate público se ha ido desplazando desde la foto bonita del residencial hacia los mecanismos: cooperativa, cronologías internas, visados, controles eliminados, requisitos que cambian con un decreto y, sobre todo, una palabra que en vivienda protegida pesa como una losa: unidad de convivencia. Porque no es solo cuánto gana una persona, es qué suma el hogar, qué se declara, qué se acredita, qué se omite.

Cómo se destapó: de una exclusiva local al terremoto judicial

El primer golpe serio lo dio el periódico Información, que empezó a publicar adjudicaciones que chirriaban. A partir de ahí se encendieron más focos: investigaciones periodísticas, preguntas incómodas en el Ayuntamiento, movimientos de la oposición y un goteo de datos que fue ampliando el mapa de beneficiarios. El asunto saltó de “polémica municipal” a caso político autonómico cuando se vio que había piezas que tocaban a la Generalitat: el visado de contratos, los límites de renta y el control final que permite o impide que una compraventa de VPP sea válida.

En paralelo, el Ayuntamiento de Alicante anunció actuaciones internas y la Generalitat movió ficha con una decisión contundente en lo simbólico: la suspensión de empleo y sueldo de un funcionario de la delegación territorial en Alicante, señalado por su papel al visar una vivienda solicitada por su esposa, una arquitecta del área municipal de Urbanismo. Ese punto es clave, porque el visado es el “ok” administrativo que permite que una vivienda protegida cambie de manos cumpliendo, al menos sobre el papel, requisitos económicos y de acceso.

El salto a los tribunales terminó de cambiar el ritmo. Una denuncia de Manos Limpias acabó en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que abrió diligencias y ordenó unificar las denuncias y actuaciones para tener una visión completa del caso. En ese marco se habla de posibles delitos como prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. Que aparezcan esas palabras en un auto no significa condena, pero sí marca una frontera: ya no es solo escándalo político, es investigación penal.

Dimisiones, bajas y ceses: el frente que se abrió en el Ayuntamiento y la Generalitat

El primer nombre que estalló con fuerza fue el de Rocío Gómez, concejala de Urbanismo del PP en Alicante, que anunció su renuncia tras conocerse que era adjudicataria de una vivienda en Les Naus. Estaba de baja por maternidad, defendió que se había inscrito en la cooperativa antes de entrar en política, pero el problema ya no era solo el “cuándo” sino el “dónde”: Urbanismo es el sitio desde el que se ve el tablero entero, y en un escándalo de vivienda eso es dinamita aunque no haya firma directa. Su dimisión fue la primera señal de que el asunto tenía gravedad real.

Casi al mismo tiempo dimitió María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del Ayuntamiento, tras revelarse que dos hijos —y también un sobrino, según publicaciones posteriores— habían sido adjudicatarios en la misma promoción. El efecto político es obvio: si la vivienda protegida se concentra en determinados círculos familiares o profesionales, la idea de “protección” se convierte en un adjetivo vacío, una etiqueta pegada con prisa.

El tercer golpe, ya en el ámbito autonómico, llegó con la dimisión de Miguel Ángel Sánchez, jefe de gabinete de Turismo, después de que trascendiera que una vivienda de la promoción estaba vinculada a su entorno familiar: en ese piso residirían sus hijas, en un caso que se suma al mosaico de relaciones y proximidades que hoy se revisa con lupa.

El modus operandi: cooperativa, lista privada y un “visado” que lo decide todo

Aquí es donde el caso se vuelve interesante —y feo— por dentro. Les Naus se articuló mediante una cooperativa ligada a la promoción (en el entorno aparece el nombre de Fraorgi), con un sistema de inscripción de cooperativistas que se movió, según las reconstrucciones publicadas, entre agosto y septiembre de 2018. Luego, con los años, llegaron los trámites: el solar municipal, el desarrollo, y finalmente el momento delicado, el de adjudicar y validar. En ese tramo aparecen fechas que se repiten: adjudicaciones en febrero y marzo de 2022 y una fecha administrativa relevante, el 25 de marzo de 2022, cuando se adjudica el solar municipal. La teoría era simple: orden cronológico y requisitos. La práctica —según lo que investiga la Fiscalía y lo que examinan los expedientes— podría haber sido otra cosa: una lista privada, poca publicidad y un filtro final que descansaba demasiado en una sola mesa.

Ese filtro final, en vivienda protegida, se llama visado. El visado de contratos no es un formalismo decorativo: es el mecanismo por el cual la administración comprueba que el contrato contiene cláusulas obligatorias y que, en la fecha de firma, la persona adquirente cumple requisitos de acceso y precio máximo. El propio régimen jurídico valenciano detalla que, si falta documentación o hay fallos, se abre un plazo de diez días para subsanar; y si no, el visado puede denegarse. En lenguaje callejero: sin ese sello, no hay operación limpia.

Por eso el foco sobre el funcionario suspendido es tan fuerte. Porque si el sistema, por diseño o por dejadez, coloca la última barrera en un punto estrecho, cualquier fallo —o cualquier favoritismo— se convierte en una puerta giratoria. Y cuando además aparece el dato de que el visado se habría concedido a una vivienda solicitada por la esposa del propio funcionario, la sospecha se multiplica: ya no es solo negligencia, es posible conflicto de interés.

El decreto que ensanchó la puerta: más renta permitida, menos controles previos

El caso Les Naus se ha cruzado con un cambio normativo que explica parte del escándalo. El decreto autonómico aprobado el 10 de diciembre de 2024 elevó límites de renta para acceder a vivienda protegida: de 46.800 a 54.600 euros en términos generales para la persona o unidad de convivencia, con incrementos que podían llevar el techo hacia 66.300 euros si concurrían ciertas condiciones (edad, menores a cargo, discapacidad, etc.). También aumentó en 200 euros el máximo del metro cuadrado, hasta los 2.400 euros. En Les Naus, el precio aplicado se movió en torno a los 2.200 euros/m², con el efecto evidente: vivienda tasada en un barrio donde el mercado juega otra liga.

Pero lo más polémico no fue solo el “cuánto”. Fue el “cómo”. Ese decreto eliminó, para viviendas protegidas de iniciativa privada, la obligatoriedad de inscribirse en el registro de demandantes y de presentar una declaración jurada inicial sobre el cumplimiento de requisitos. Dicho de otra manera: se debilitaban controles previos y se reforzaba el peso del visado final. Y si el visado final depende, en la práctica, de un funcionario concreto, la arquitectura del control queda demasiado concentrada.

El propio régimen jurídico establece además otra idea que explica el nervio del caso: la protección no siempre es para siempre. Se fija un periodo de entre 15 y 30 años tras el cual la vivienda puede perder la calificación y pasar a ser de renta libre. Eso convierte una vivienda protegida bien comprada —en una zona de alta demanda— en un activo con horizonte de revalorización, aunque durante años tenga límites de uso, transmisión y precio.

Nombres, apellidos y vínculos: quién aparece en el mapa bajo sospecha

El listado de casos conocidos ya no es corto, y lo delicado es que mezcla perfiles que, por su cargo o por su profesión, conocen el terreno. Está la exedil Rocío Gómez, adjudicataria de una vivienda junto a su marido; pero no solo eso: se han sumado otros inmuebles adjudicados a su excuñada y a su suegro, ampliando el foco familiar en una promoción que, en teoría, debía abrirse a quien cumpliera requisitos sin necesidad de apellidos a mano. En política, esto se traduce rápido: el problema deja de ser “una persona concreta” y pasa a ser un ecosistema.

En el Ayuntamiento aparece también el nombre de Francisco Nieto, arquitecto municipal de Urbanismo, adjudicatario de una de las viviendas. Y en el ámbito autonómico, el caso que más ha llamado la atención por cifra y perfil es el de Sira Pérez Ortuño, interventora de la Generalitat. Según los datos publicados, adquirió un piso en la calle Las Redes 36 en septiembre de 2025 —una vivienda de 80,66 m² con terraza de 6,61 m²— con una hipoteca de 164.000 euros; su retribución anual rondaría los 70.000 euros, una cifra que desborda el marco general de acceso y obliga a mirar con lupa si se aplicaron incrementos y condiciones que elevaran legalmente el umbral o si, directamente, hay algo mal en el expediente.

El “caso Pérez-Hickman” se convirtió en otro símbolo. La ya dimitida María Pérez-Hickman estaba en un área sensible por funciones y por época: dirigía Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, y durante el periodo 2018-2022 su trabajo se movía en un entorno donde se cocinaban muchos expedientes. Que dos hijos —y un sobrino, según informaciones posteriores— aparezcan como adjudicatarios dispara preguntas sobre acceso a información, proximidad y posibles atajos. No hace falta firmar un documento para estar cerca de la puerta.

A la lista se añadieron vínculos personales más “blandos” pero igualmente incómodos. Dos personas relacionadas con la concejala de Hacienda y Patrimonio del Ayuntamiento, Nayma Beldjilali, figuran como adjudicatarias: la hermana de su secretaria y una funcionaria interina del servicio de Intervención con quien mantenía relación personal desde su coincidencia como candidatas a Bellea del Foc en 2017. Legalidad aparte, la imagen pública es corrosiva: vivienda protegida y, de repente, el pasillo de acceso parece una sala donde todo el mundo se conoce.

En el capítulo del visado aparece un dúo especialmente delicado: un técnico autonómico suspendido y su esposa, Elsa Lloret, arquitecta municipal. Es el tipo de combinación que en cualquier administración levanta alarmas, porque junta conocimiento técnico, acceso interno y, según se investiga, el punto exacto en el que se decide si un contrato queda validado o no. Y en paralelo, se ha mencionado también que entre los adquirentes figuran dos hijos del notario que escrituró la constitución de la cooperativa y la compra del solar municipal, además del propio representante de la cooperativa promotora vinculada a Fraorgi; es decir, el círculo se cierra sobre sí mismo con la misma lógica: gente situada en puntos críticos del proceso.

Mientras tanto, en el ruido de fondo siguen apareciendo perfiles variados —policías locales, sanitarios, miembros de sagas familiares conocidas, incluso hijas de responsables de entidades profesionales—, lo que obliga a una distinción importante: no todo adjudicatario es irregular por definición. El problema es que, dentro del conjunto, hay piezas que por ingresos, por cargo o por vínculo obligan a explicar con precisión milimétrica cómo entraron, con qué papeles y por qué pasaron los controles.

Dinero, precio tasado y “pelotazo”: por qué el caso arde tanto

En vivienda protegida, la palabra “pelotazo” es casi automática, pero aquí tiene raíces muy concretas. Una vivienda tasada en 200.000-230.000 euros en la playa de San Juan no es un chollo “pequeño”; es, potencialmente, una diferencia de cientos de miles respecto al mercado libre. Y el mercado, como siempre, es un animal que huele la sangre: se habló de alquileres en torno a 1.600 euros y de intentos de reventa donde, presuntamente, se ofrecía una “diferencia” al margen del precio tasado. Aunque cada caso necesitará prueba, el simple rumor ya es señal de que el producto —la VPP— se estaba tratando como mercancía de alta rotación, justo lo contrario de su finalidad.

La legislación, además, no es un adorno: las VPP tienen un régimen de uso y de transmisión. Deben destinarse a domicilio habitual y permanente salvo causas justificadas, y cualquier compraventa o arrendamiento relevante se mueve bajo el paraguas del visado administrativo. El régimen jurídico autonómico explica incluso cómo, si una persona no puede ocuparla por causa justificada, puede cederla en arrendamiento, pero con visado y con renta limitada a máximos vigentes. Y por encima, la Ley valenciana de vivienda marca que los contratos han de presentarse para visado, y que la Generalitat conserva derechos de tanteo y retracto durante el periodo de protección. Eso convierte cada movimiento en un pasillo con cámaras: si alguien alquila, vende o “arregla” una operación por fuera, deja huellas.

La idea de “unidad de convivencia” es otra de las claves calientes. Porque hay un límite de ingresos general, sí, pero también incrementos por circunstancias: personas jóvenes, menores a cargo, situaciones de dependencia… El decreto autonómico fija el umbral general en 6,5 veces el IPREM para vivienda de régimen general, con incrementos acumulables según composición del hogar. El debate aquí es doble: si esos incrementos se aplicaron correctamente en los casos de altos sueldos, o si se usaron como coartada documental; y si en algún expediente se troceó la información del hogar para que el resultado “cuadrara”.

Por eso el escándalo no se limita a “quién compró”. Es una discusión sobre qué controles existían, cuáles se eliminaron o debilitaron, y qué ocurre cuando el último filtro depende de un visado que, si falla, convierte la vivienda protegida en un premio para quien sabe esquivar puertas.

Qué puede pasar ahora: del expediente administrativo al banquillo

A día de hoy el caso avanza por dos carriles que se cruzan. Por un lado está el carril administrativo: la Generalitat, con Susana Camarero al frente del área de Vivienda, ha confirmado la revisión de los 140 expedientes y el requerimiento de documentación adicional en una parte de ellos, con plazos de diez días para subsanar deficiencias. Ese movimiento es importante porque fija un método: primero, revisar papeles; después, si hay incoherencias, pedir aclaraciones; y si no se justifican, iniciar procedimientos que pueden acabar en sanciones o en la invalidación del acceso si se demuestra que se falsearon requisitos.

El Ayuntamiento también se ha activado internamente. Se ha hablado de investigaciones reservadas a técnicos municipales y de expedientes sobre perfiles “sensibles” —por ejemplo, arquitectos—, mientras que otros empleados adjudicatarios no estarían bajo investigación por no pertenecer a áreas con capacidad de influir en el proceso. En la práctica, el mensaje institucional intenta separar la paja del grano: no convertirlo en una causa general contra todo funcionario, pero sí depurar responsabilidades donde el acceso a información o la intervención en trámites fuese relevante. En ese terreno han aparecido nombres en el ámbito municipal, como Manuel Villar —que trasladó a la Junta de Personal que hasta diez trabajadores municipales fueron beneficiarios— y también Mario Villar, vinculado a comunicaciones internas y a la apertura de diligencias disciplinarias en algunos casos.

El segundo carril, el penal, es más lento y más serio. El Juzgado de Instrucción 5 ha abierto diligencias y ha ordenado unificar las denuncias relacionadas. Ahí la lógica es distinta: no basta con que algo “parezca feo”, hace falta acreditar hechos, decisiones concretas, documentación presuntamente falsa, posibles favores, y conectar todo eso con figuras penales como prevaricación, tráfico de influencias o uso de información privilegiada. El foco sobre el funcionario suspendido y el visado es, en ese sentido, uno de los puntos con más potencial de derivar en responsabilidades: si se prueba que se visaron contratos sin cumplir requisitos, o con datos incompletos, el caso cambia de escala.

En paralelo está el desgaste político. El alcalde Luis Barcala ha quedado en el centro del huracán, porque el caso toca al Ayuntamiento en su nervio: Urbanismo, contratación, personal municipal. Y en la Generalitat el golpe también es evidente: el president Juan Francisco Pérez Llorca —en el cargo desde finales de 2025 tras la salida de Carlos Mazón— ha mostrado públicamente malestar con lo ocurrido, pero el debate le rebota igualmente porque la normativa aprobada a finales de 2024, bajo el Consell anterior, aparece en el origen del marco que permitió rentas más altas y menos controles previos. Y cuando se mezclan vivienda, privilegio y sospecha de trato de favor, el escándalo no se enfría solo: se apaga con documentos, con resoluciones y, si procede, con sentencias.

Lo que viene, por tanto, no es un titular fácil sino un proceso de cribado: expedientes que se comparan, ingresos que se recalculan, unidades de convivencia que se revisan, empadronamientos y titularidades previas que se contrastan, y contratos que deben sostenerse sin trampas. Les Naus ya no es solo un residencial con piscina; es un caso test sobre si la vivienda protegida resiste cuando la presión del mercado y la proximidad al poder aprietan a la vez.