¿Qué revela la UCO sobre los enchufes del PSOE en la Faffe andaluza?

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha puesto cifras y documentos a una de las piezas más incómodas del largo caso Faffe. Un nuevo informe policial de 231 páginas analiza diez expedientes de contratación en la desaparecida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y describe procesos de selección presuntamente arbitrarios, discrecionales y opacos, algunos relacionados con familiares o personas vinculadas a antiguos dirigentes socialistas.

El dato que vuelve especialmente delicado el asunto para el Partido Socialista Obrero Español es que ocho de las diez personas examinadas en esta parte de la investigación continúan trabajando como personal fijo en el Servicio Andaluz de Empleo. Según el informe conocido este 14 de septiembre, las retribuciones brutas acumuladas por los diez casos analizados alcanzan aproximadamente 3,48 millones de euros.

No estamos ante una sentencia sobre esas contrataciones. Conviene decirlo pronto y con claridad: se trata de conclusiones de la Policía Judicial incorporadas a una investigación que continúa en los tribunales. Una cosa es que la UCO describa procedimientos irregulares y otra, jurídicamente distinta, que exista una resolución judicial firme que determine responsabilidades penales.

Un informe de 231 páginas vuelve a poner la Faffe bajo el foco

El documento fue entregado el 29 de julio al juzgado de Sevilla que instruye la causa y forma parte de una investigación mucho más amplia sobre las contrataciones realizadas durante los años de funcionamiento de la Faffe, organismo público destinado, entre otras tareas, a desarrollar políticas de formación y empleo para desempleados.

La UCO pone el foco en diez expedientes concretos y reconstruye cómo llegaron esas personas a la fundación, qué procedimientos se utilizaron para seleccionarlas, cuánto dinero han percibido desde entonces y cuál es su situación laboral actual.

La fotografía que dibujan los investigadores dista bastante de una oposición clásica con convocatoria, baremos transparentes, pruebas objetivas y candidatos compitiendo en igualdad de condiciones. En diversos expedientes, según el informe, no existe documentación que acredite un proceso selectivo real. En otros sí aparece algún procedimiento, pero los agentes consideran que no cumplió las exigencias aplicables.

No constarían, en determinados casos, valoraciones objetivas de currículos, pruebas psicotécnicas o ejercicios prácticos. Algunas selecciones habrían descansado fundamentalmente en entrevistas personales. Y, según la investigación, hubo candidatos que parecían estar escogidos antes incluso de que aquella escenografía administrativa terminara de desplegarse.

Papeleo había. Competencia real, según la UCO, bastante menos.

Mérito, capacidad e igualdad, los principios cuestionados

La Guardia Civil sostiene que los procesos examinados desatendieron principios como mérito, capacidad, igualdad y publicidad, especialmente relevantes cuando se trata de contratar personal mediante una fundación perteneciente al sector público.

Ese matiz importa. La controversia no consiste simplemente en que una persona relacionada familiarmente con un político consiguiera un empleo público. Tener un familiar en un partido, obviamente, no incapacita a nadie para trabajar en la Administración. Lo determinante es cómo se obtiene la plaza, si otros aspirantes tuvieron una oportunidad equivalente y si la selección se hizo utilizando criterios objetivos.

Ahí está el corazón de la investigación. El informe también analiza contratos temporales que habrían prolongado situaciones laborales mucho más allá de lo previsto para este tipo de contratación. En otros expedientes, la cronología resulta particularmente llamativa: algunas incorporaciones se produjeron cuando la desaparición de la Faffe y la futura integración de su plantilla en el SAE ya estaban sobre la mesa.

Ocho siguen trabajando en el Servicio Andaluz de Empleo

De las diez personas cuyos expedientes son diseccionados en este último informe, ocho continúan en el SAE como personal fijo. Una de las otras personas falleció en 2022 y otra había abandonado la fundación antes de su desaparición.

La cantidad acumulada en salarios de los diez casos asciende, según las cuentas recogidas en el documento policial, a 3.480.200 euros brutos. No significa, naturalmente, que ese dinero haya sido robado ni que los salarios fueran ficticios. Son las remuneraciones cobradas por trabajadores cuya forma inicial de acceso está siendo investigada. Mezclar ambas cosas convertiría una investigación compleja en un eslogan, y el asunto tiene bastante material por sí solo.

Uno de los expedientes con mayor volumen económico corresponde a una trabajadora contratada como técnica de nivel A en marzo de 2010. Sus remuneraciones acumuladas desde entonces rondarían los 588.781 euros.

El problema adquirió otra dimensión con el paso de los años. Al desaparecer la Faffe, su plantilla fue integrada en el Servicio Andaluz de Empleo. Mucho después, dentro de los procesos extraordinarios para reducir la temporalidad en el sector público, trabajadores procedentes de aquella estructura participaron en procedimientos de estabilización.

De la Faffe al SAE y después a una plaza fija

La Faffe desapareció en 2011 y más de 1.600 empleados terminaron integrados en el Servicio Andaluz de Empleo. Es importante no meter a todos en el mismo saco: la investigación sobre posibles contrataciones irregulares afecta únicamente a una parte concreta de aquella plantilla.

El nuevo informe se inserta, de hecho, en una pieza de mayor tamaño en la que se han venido examinando alrededor de 84 contrataciones. La investigación judicial ha ido desgranando expedientes, relaciones familiares, documentación interna y procedimientos de incorporación durante años.

En octubre de 2024, los ocho trabajadores señalados en esta parte del informe que seguían en el SAE pasaron a tener condición fija tras un concurso de méritos relacionado con el proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal. La antigüedad acumulada desde su incorporación a la Faffe tuvo peso en aquel procedimiento.

Y ahí aparece una paradoja bastante áspera: si la Justicia terminara concluyendo que determinados accesos iniciales fueron irregulares, aquella antigüedad habría nacido precisamente de puestos cuya adjudicación se encuentra bajo sospecha. Jurídicamente, sin embargo, no basta con la sospecha ni con un informe policial para borrar años de relaciones laborales. Los derechos adquiridos, los procedimientos de estabilización y la presunción de inocencia también existen cuando el contexto político resulta poco fotogénico.

Los correos internos que examina la Guardia Civil

Entre la documentación estudiada aparece un correo de marzo de 2011 remitido desde Recursos Humanos de la fundación con un listado de candidatos que mantenían parentescos con cargos socialistas. En esa documentación se citaban, entre otros perfiles, familiares de responsables políticos vinculados al PSOE.

Otro de los mensajes incorporados al informe contiene una expresión especialmente gráfica: “queme después de leer”. Cuatro palabras que, aisladas, no condenan a nadie, pero que explican por qué los investigadores han dedicado tanta atención a las comunicaciones internas y a la reconstrucción documental de aquellas contrataciones.

La causa intenta determinar si detrás de determinados procesos existió algo más que una mala gestión de recursos humanos: un sistema destinado a favorecer a personas concretas mediante una estructura financiada con dinero público.

Es la diferencia entre el desorden administrativo y el clientelismo político. Y esa frontera deberá fijarla finalmente un tribunal, no una rueda de prensa ni un titular.

El caso Faffe acumula años de investigaciones y condenas

La historia de la Faffe es anterior a este último informe. La fundación lleva años asociada a investigaciones judiciales sobre el uso de fondos públicos, contratación y funcionamiento interno durante las etapas de gobierno socialista en Andalucía.

Su antiguo director, Fernando Villén, fue condenado por utilizar tarjetas de la fundación para pagar más de 32.000 euros en prostíbulos. La Audiencia de Sevilla le impuso inicialmente seis años de prisión en 2023; en abril de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía redujo la pena a cinco años y tres meses al apreciar la atenuante de dilaciones indebidas.

Aquella condena y la investigación sobre las contrataciones son piezas distintas, aunque comparten escenario y protagonistas institucionales. El riesgo de mezclarlas es evidente: que todo termine convertido en un enorme cajón llamado Faffe donde cualquier irregularidad parezca automáticamente probada por otra. No funciona así la justicia.

En enero de 2025 también fueron investigados 21 antiguos responsables y personas vinculadas a la gestión de la fundación dentro de las actuaciones judiciales relacionadas con presuntas irregularidades. El procedimiento todavía conserva ramificaciones abiertas después de años de instrucción.

El asunto tampoco termina en las antiguas administraciones del PSOE. La situación laboral actual coloca al Gobierno andaluz del PP ante un problema jurídico y político nada pequeño.

Vox ha exigido en distintas ocasiones que la Junta despida a los trabajadores procedentes de la Faffe cuyas contrataciones aparecen cuestionadas. La Consejería de Empleo ha respondido que no puede hacerlo legalmente por la mera existencia de un informe de la UCO y ha recordado que sobre esas personas no existe una sentencia firme que permita adoptar automáticamente esa decisión.

La Junta ha defendido, además, que debe respetarse la presunción de inocencia y que cumplirá las resoluciones judiciales que finalmente se dicten. Es una posición menos vistosa que gritar “enchufados” desde una tribuna, pero el Estado de derecho tiene esas pequeñas manías: exige procedimientos incluso cuando políticamente molestan.

Eso no elimina la cuestión de fondo. Si un puesto público fue obtenido mediante un mecanismo que favoreció deliberadamente a personas relacionadas con dirigentes políticos, el problema no es sólo penal. Hay una responsabilidad institucional evidente que alcanza a la forma en que una Administración protege —o deja desprotegida— la igualdad de oportunidades.

Una vieja herida política que todavía sigue abierta

El último informe de la UCO no descubre la existencia del caso Faffe, conocido desde hace años, pero añade detalle, cifras y documentación sobre el mecanismo de determinadas contrataciones. Diez expedientes, aproximadamente 3,48 millones de euros en salarios acumulados y ocho trabajadores que permanecen como personal fijo del SAE componen la parte más inmediata de la noticia.

Por detrás aparece algo más grande: una investigación sobre decenas de incorporaciones realizadas durante los gobiernos socialistas de Andalucía y la sospecha policial de que algunas no respondieron a procedimientos competitivos ordinarios, sino a relaciones personales, familiares o políticas.

Falta lo esencial: que los tribunales determinen qué ocurrió exactamente, quién fue responsable y qué consecuencias jurídicas pueden derivarse tantos años después. Hasta entonces, hablar de presuntas contrataciones irregulares no es una delicadeza semántica, sino la distancia que separa un informe policial de una sentencia.

Pero la documentación conocida deja una cuestión política bastante menos nebulosa. Una fundación pública creada para gestionar formación y empleo terminó convertida en escenario de procesos de contratación que la UCO describe como opacos y arbitrarios. Y algunos de aquellos contratos, nacidos hace más de una década, siguen proyectando sus efectos sobre la Administración andaluza. El tiempo ha pasado. La factura institucional, bastante menos.