¿Por qué los iraníes no logran derribar al régimen de los ayatolás?

Los iraníes sí se han levantado contra el poder. Lo hicieron hace más de un siglo, lo hicieron contra la monarquía de los Pahlavi, lo hicieron tras las elecciones de 2009, durante las protestas económicas de 2019, con el movimiento Mujer, Vida, Libertad y, otra vez, a finales de 2025 y comienzos de 2026. Lo que no han conseguido es algo bastante distinto y mucho más difícil: romper el aparato político, militar y económico que sostiene a la República Islámica.

Esa diferencia ayuda a entender la frase lanzada por Donald Trump a comienzos de septiembre. El presidente de Estados Unidos preguntó cuándo iban los iraníes a levantarse y luchar, en plena guerra y mientras Washington intensificaba su presión económica y militar sobre Teherán. Apenas un día después, el propio Trump reconoció cuál era una parte esencial de la respuesta: los manifestantes se enfrentan a fuerzas dispuestas a disparar contra ellos.

No es una cuestión de docilidad colectiva, ni mucho menos de una supuesta simpatía uniforme hacia el régimen. La historia iraní reciente está llena de huelgas, revueltas, movimientos estudiantiles y manifestaciones multitudinarias. El problema aparece después, cuando la multitud debe transformar la protesta en poder político. Ahí se levanta un muro bastante menos fotogénico que una manifestación: Guardia Revolucionaria, Basij, Policía, servicios de inteligencia, tribunales, redes económicas y una estructura estatal construida durante décadas precisamente para sobrevivir a situaciones como esta.

Irán lleva más de un siglo entrando y saliendo de la revuelta

La idea de un Irán políticamente inmóvil no resiste demasiado bien el archivo. Entre 1905 y 1911, la Revolución Constitucional persa trató de limitar el poder absoluto de la monarquía y consolidó un Parlamento y un orden constitucional. Fue uno de los grandes movimientos constitucionalistas del Asia de comienzos del siglo XX y dejó una huella profunda en la vida política iraní.

Décadas después llegó el movimiento encabezado por Mohammad Mosaddeq, primer ministro que nacionalizó la industria petrolera y fue derrocado en 1953 mediante un golpe en el que participaron los servicios secretos de Estados Unidos y Reino Unido. La revolución de 1979 acabó con el sha, aunque la coalición heterogénea que había contribuido a derribarlo —islamistas, izquierdistas, liberales, nacionalistas, estudiantes y trabajadores— terminó dejando paso a un nuevo sistema de poder dirigido por el clero revolucionario.

Desde entonces tampoco desapareció la contestación. En 2009, el llamado Movimiento Verde llevó a enormes multitudes a las calles después de las controvertidas elecciones presidenciales que dieron la victoria a Mahmud Ahmadineyad. La respuesta estatal incluyó detenciones masivas y violencia contra manifestantes; las cifras oficiales reconocieron decenas de muertos y miles de detenidos.

Una década más tarde, la subida repentina del precio de los combustibles provocó otra oleada nacional de protestas. Organizaciones de derechos humanos documentaron más de 300 personas muertas durante la represión de noviembre de 2019. Las autoridades cortaron casi por completo Internet mientras las calles se llenaban de disparos, barricadas y detenciones. No parece exactamente el paisaje de un país que nunca protesta.

De Mahsa Amini a la explosión de 2026

La muerte bajo custodia de Jina Mahsa Amini, detenida en septiembre de 2022 después de ser interceptada por la policía de la moral, abrió otra grieta. «Mujer, Vida, Libertad» dejó de ser rápidamente una protesta centrada en el velo obligatorio para convertirse en una contestación política mucho más amplia.

Las mujeres ocuparon el centro de aquella movilización. Jóvenes se quitaron el hiyab en público, estudiantes desafiaron a las autoridades dentro de las universidades y las protestas alcanzaron numerosas ciudades. Investigaciones internacionales posteriores concluyeron que durante aquella represión se produjeron graves violaciones de derechos humanos y actos que podían constituir crímenes contra la humanidad.

Y después llegó 2026.

Las protestas iniciadas el 28 de diciembre de 2025, inicialmente alimentadas por el hundimiento de la moneda, la inflación y el deterioro de las condiciones de vida, se extendieron rápidamente. Las reclamaciones económicas dieron paso otra vez a consignas contra el sistema político y las movilizaciones alcanzaron la gran mayoría de las provincias iraníes.

La represión de enero fue extraordinariamente dura. Se documentaron disparos contra manifestantes y transeúntes, cortes de comunicaciones y detenciones masivas. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní acabó cifrando en 3.117 los muertos durante la revuelta, incluyendo en su versión a civiles y miembros de las fuerzas de seguridad y atribuyendo muchas muertes a grupos que calificó de terroristas. Organizaciones internacionales, sin embargo, documentaron un uso generalizado de fuerza letal por parte de las fuerzas estatales y hablaron de miles de fallecidos.

Protestar no equivale a poder derribar un Estado

Aquí está el nudo. Una manifestación puede reunir a cientos de miles de personas y aun así no provocar la caída de un gobierno. Para que una movilización termine derribando a un régimen autoritario suele hacer falta algo más: fracturas en las fuerzas de seguridad, divisiones profundas dentro de las élites, desobediencia administrativa, huelgas capaces de paralizar sectores estratégicos y una alternativa política reconocible.

Irán todavía no ha llegado claramente a ese punto.

La Guardia Revolucionaria no funciona sólo como un ejército. Es una estructura militar, política y económica que responde al liderazgo supremo y mantiene ramificaciones en sectores empresariales, financieros y administrativos. Controla además a los Basij, la fuerza paramilitar utilizada repetidamente en la represión interna. Sus efectivos militares se cuentan por decenas de miles, a los que se suma una capacidad de movilización mucho mayor mediante los Basij.

Ahí reside una de las diferencias fundamentales con revoluciones que terminan rápidamente con un régimen. Cuando soldados, policías o altos mandos empiezan a negarse a obedecer órdenes, la maquinaria pierde dientes. Cuando siguen obedeciendo, una multitud desarmada continúa teniendo delante fusiles, cárceles y una cadena de mando.

Los ataques sufridos por Irán desde febrero de 2026 han eliminado dirigentes y golpeado instalaciones militares, pero no han destruido esa capacidad de control interior. Tras la muerte de Ali Jamenei en los ataques estadounidenses e israelíes, la Asamblea de Expertos nombró a su hijo Mojtaba Jamenei nuevo líder supremo. La sucesión, lejos de provocar un derrumbe inmediato, mostró hasta qué punto las estructuras centrales del sistema podían seguir funcionando en condiciones extremas.

La oposición existe, pero no tiene un único centro

Hay otro problema: estar en contra del régimen no significa estar de acuerdo sobre lo que debe venir después.

La oposición iraní reúne sensibilidades muy diferentes. Hay republicanos laicos, antiguos reformistas, grupos de izquierda, organizaciones de minorías étnicas, movimientos feministas, activistas estudiantiles, monárquicos partidarios de Reza Pahlavi y ciudadanos que simplemente quieren acabar con el sistema teocrático sin identificarse con ninguna organización.

Eso dificulta convertir el descontento en una dirección política común. Reza Pahlavi, hijo del último sha, continúa siendo una de las figuras opositoras más conocidas internacionalmente, pero tampoco ha conseguido aglutinar al conjunto de los adversarios de la República Islámica. Su enorme notoriedad no se ha convertido, al menos de momento, en un liderazgo indiscutido sobre una oposición muy fragmentada.

La paradoja resulta incómoda. El régimen puede contar con un apoyo social menguante y, a la vez, seguir siendo institucionalmente mucho más cohesionado que quienes desean sustituirlo. La popularidad y el poder no son la misma cosa. Las dictaduras suelen conocer bien esa diferencia.

La guerra exterior también puede congelar una rebelión

A todo ello se añade la guerra iniciada el 28 de febrero de 2026 con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán. Desde entonces, el conflicto ha dejado miles de muertos, desplazamientos masivos y graves alteraciones del tráfico energético del Golfo. En septiembre, la confrontación seguía abierta y Washington continuaba atacando objetivos iraníes.

Desde fuera puede parecer lógico pensar que bombardear a un régimen debilitado facilita su caída. Sobre el terreno las cosas se vuelven bastante más turbias.

Una guerra puede destruir capacidades militares, pero también ofrece a un gobierno autoritario un argumento formidable para militarizar el país, perseguir a opositores acusándolos de colaboración con el enemigo y presentar cualquier protesta como una amenaza a la supervivencia nacional. Incluso ciudadanos ferozmente contrarios a sus gobernantes pueden rechazar al mismo tiempo que una potencia extranjera decida mediante bombas quién debe gobernarlos.

Existe, además, un problema de confianza en Estados Unidos. Después de sucesivas declaraciones sobre apoyo a los manifestantes, parte de la oposición iraní se pregunta qué respaldo real recibiría en caso de volver masivamente a las calles. Las llamadas desde Washington a rebelarse suenan de una manera muy distinta cuando quien escucha recuerda los muertos de enero.

Y aquí la frase de Trump adquiere un giro extraño. Preguntar por qué una población no sale a enfrentarse a un aparato armado después de que esa misma población haya sufrido una de las represiones más sangrientas de su historia reciente es formular la cuestión desde un despacho bastante protegido. El presidente estadounidense terminó admitiéndolo prácticamente él mismo: salen, y les disparan.

El verdadero obstáculo está dentro del aparato de poder

La República Islámica atraviesa una situación que difícilmente puede calificarse de cómoda. La economía soporta una presión enorme, la guerra ha golpeado su cúpula, una parte sustancial de la población rechaza las restricciones políticas y sociales, y las sucesivas oleadas de protesta han roto antiguos tabúes. El miedo sigue funcionando, pero ya no como antes.

Eso no significa que el régimen esté a punto de caer.

Hasta septiembre de 2026 no se observa una desintegración clara de la Guardia Revolucionaria ni una ruptura suficientemente profunda de las instituciones capaces de proteger al poder. Incluso después de meses de guerra, el elemento decisivo continúa siendo la ausencia de una fractura del aparato coercitivo.

En política autoritaria, ése suele ser el momento verdaderamente peligroso para un gobierno: no cuando aparecen diez mil manifestantes más, sino cuando quienes reciben la orden de detenerlos empiezan a preguntarse si merece la pena obedecerla.

Irán no carece de rebeliones, carece de una ruptura decisiva

Reducir la situación a que los iraníes «no se levantan» borra más de un siglo de historia y, sobre todo, lo ocurrido en los últimos años. Se han levantado repetidamente, hombres y mujeres, estudiantes, comerciantes, trabajadores y familias enteras. Algunos han pagado con años de cárcel. Otros, con la vida.

Lo que todavía no ha ocurrido es la combinación que transforma una rebelión social en un cambio de régimen: protestas sostenidas, organización política suficiente, paralización económica, una alternativa capaz de reunir sensibilidades distintas y, por encima de todo, una fractura seria entre quienes tienen las armas.

Ahí está la diferencia. Derribar un gobierno preparado durante décadas para aplastar levantamientos no depende únicamente del valor de quienes salen a la calle. También depende de que, algún día, el miedo cambie de bando y alcance a quienes dan las órdenes.