¿Por qué el Tesoro declara insolvente a Estados Unidos?

Las cuentas del Tesoro exhiben un saldo neto negativo de 41,7 billones y reabren el debate sobre la deuda, el déficit y su verdadero alcance.

Estados Unidos no ha declarado una quiebra formal ni ha entrado en algo parecido a una suspensión de pagos. Lo que sí ha hecho el Departamento del Tesoro, en su informe financiero del ejercicio 2025, es dejar a la vista una fotografía fiscal mucho más dura de lo que suele colarse en el debate político diario: 6,1 billones de dólares en activos, frente a 47,8 billones en pasivos, con una posición neta negativa de 41,7 billones. Esa cifra no es un eslogan de sobremesa ni una exageración de tertulia. Sale del propio balance consolidado del Gobierno federal. Y, vista así, el golpe es serio de verdad.

La clave está en no confundir palabras que suenan parecido pero no significan lo mismo. Un Estado soberano no funciona como una empresa privada, así que hablar de “insolvencia” en sentido estricto, como si Washington fuese una mercantil a punto de cerrar la persiana, simplifica demasiado. Estados Unidos sigue financiándose, sigue pagando, emite la moneda de reserva mundial y conserva una profundidad de mercado que ningún otro país tiene. Pero al mismo tiempo sus propias cuentas reconocen una trayectoria fiscal muy deteriorada, con deuda, intereses y compromisos futuros que ya no caben en el viejo relato de que la primera economía del planeta puede endeudarse sin coste.

Lo que dicen exactamente las cuentas del Tesoro

El documento que ha encendido la discusión es el Financial Report of the United States Government correspondiente al año fiscal 2025, publicado el 19 de marzo de 2026 por el Tesoro en coordinación con la Oficina de Gestión y Presupuesto. En su resumen ejecutivo aparecen las magnitudes que han disparado los titulares: el déficit presupuestario bajó en 41.400 millones de dólares, hasta 1,8 billones, y el net operating cost, una medida contable más amplia del coste real del Gobierno, cayó hasta 2,1 billones. Son dos datos distintos, y ahí empieza parte del malentendido: el déficit mide sobre todo flujos de caja presupuestarios; el coste operativo y la posición neta retratan una película bastante más completa y bastante menos amable.

Ese mismo resumen añade el detalle que convierte la historia en algo más que un número grande. Los activos totales suman 6,1 billones, incluyendo 2 billones en préstamos por cobrar y 1,4 billones en propiedad, planta y equipo. Del otro lado, los pasivos ascienden a 47,8 billones, con dos bloques mastodónticos: 30,3 billones en deuda federal e intereses a pagar y 15,5 billones en prestaciones devengadas para empleados federales y veteranos. La resta deja ese saldo negativo de 41,7 billones que tanto ha llamado la atención. No es un desajuste pequeño, no es un truco de formato y no se arregla con una rueda de prensa optimista.

El propio Tesoro va más allá y subraya que el problema no termina en la foto del cierre contable. Sus proyecciones fiscales a 75 años muestran que, con la política actual, el valor presente del gasto no financiero excedería al de los ingresos en 79,6 billones de dólares, mientras que las obligaciones de los grandes programas de seguro social superarían a sus ingresos previstos en 88,4 billones. Y remata con otro aviso que no necesita mucho adorno: la deuda en manos del público equivalía al 99% del PIB al final de 2025 y, bajo ese mismo escenario, podría llegar al 576% en 2100. Son cifras oficiales. También son una forma educada, muy de despacho, de escribir que el rumbo actual no aguanta indefinidamente.

Por qué la palabra “insolvencia” se queda corta y, a la vez, explica el impacto

Decir que Estados Unidos es “insolvente” tiene algo de verdad contable y algo de atajo conceptual. En términos de balance, el Gobierno federal presenta una posición patrimonial profundamente negativa. En ese sentido, sí, la imagen es la de una administración cuyos compromisos exceden con mucha diferencia a sus activos. Pero un Estado con la capacidad de recaudar impuestos, emitir deuda y operar en la moneda dominante del sistema financiero global no cae como cae una empresa. No entra en concurso al día siguiente ni liquida existencias. El problema es menos teatral y bastante más incómodo: puede seguir pagando, pero cada vez con más coste, menos margen y más dependencia de la confianza del mercado.

Por eso el titular fácil de “EE UU ha quebrado” se queda corto por abajo y se pasa por arriba al mismo tiempo. Se queda corto porque el agujero estructural es enorme, real y está documentado por el propio Tesoro. Se pasa porque sugiere una ruptura inminente que hoy no existe. La potencia financiera estadounidense sigue ahí. El dólar sigue ocupando el centro del tablero. La deuda del Tesoro sigue siendo el gran activo refugio del planeta cuando llega el pánico. Pero incluso los activos refugio se desgastan cuando los números empeoran durante demasiado tiempo y la política fiscal entra en modo piloto automático. Ese desgaste no provoca un incendio repentino; provoca algo más áspero: intereses más altos, menos espacio presupuestario y más fragilidad política.

El agujero no sale sólo de la deuda negociable

Una parte importante de la conversación pública se concentra en el tamaño de la deuda nacional y se olvida de algo esencial: en el balance del Estado federal pesan mucho también los compromisos acumulados con empleados, veteranos y programas sociales. Eso explica por qué el pasivo no se limita a los bonos del Tesoro que compran fondos, bancos centrales o inversores. El informe de 2025 deja claro que el desfase viene de dos mundos a la vez: el del endeudamiento financiero clásico y el de las obligaciones futuras asumidas por el propio Estado. Es decir, no se trata sólo de pedir prestado mucho; se trata también de haber prometido muchísimo. Y las promesas públicas, cuando envejece la población y la sanidad se encarece, terminan pesando como plomo.

Ahí es donde aparecen Medicare, Medicaid, Seguridad Social, las prestaciones a veteranos y todo el armazón de gasto obligatorio que casi ningún político se atreve a tocar de frente. El resumen ejecutivo del Tesoro explica que, mientras algunas partidas bajaron por cambios en las estimaciones de subsidios de préstamos estudiantiles, los grandes aumentos del coste llegaron por el lado del Departamento de Salud y Servicios Humanos y de la Social Security Administration. Traducido al castellano llano: los viejos motores del gasto federal siguen empujando al alza y lo hacen con una fuerza que ya no puede maquillarse con un trimestre bueno o una recaudación extra por aranceles.

De dónde sale un deterioro tan grande

El año fiscal 2025 dejó un dato que la Casa Blanca podía vender como una pequeña mejora: el déficit cayó hasta 1,775 billones de dólares, con 5,235 billones en ingresos y 7,01 billones en gasto. Reuters y la propia documentación oficial coinciden en esa idea de alivio muy limitado: el saldo negativo bajó, sí, pero muy poco para el tamaño del problema acumulado. De hecho, el Tesoro destaca que el aumento de la recaudación incluyó un salto muy fuerte de los aranceles, que aportaron 133.900 millones más que el año anterior, una subida del 275,3%. Es un parche de caja apreciable para un ejercicio, no una solución para una estructura fiscal que lleva años ensanchando el agujero por debajo.

Tampoco conviene perder de vista la diferencia entre el déficit anual y la posición neta acumulada. El déficit es la pérdida del ejercicio; la posición neta refleja el peso de todo lo que viene de atrás. Es como mirar una hemorragia actual sin olvidarse de la anemia previa. El Gobierno federal podía anotar una mejora relativa en 2025 y, aun así, presentar una situación patrimonial peor que la del año anterior, porque la montaña arrastrada sigue siendo gigantesca. De ahí que el informe insista una y otra vez en que el presupuesto, basado sobre todo en entradas y salidas de caja, “cuenta sólo parte de la historia”. Y es verdad. La parte que falta suele ser precisamente la más incómoda.

Hay además un factor político que no cabe en una tabla de Excel pero explica bastante. Washington lleva años sin resolver el dilema fiscal, no porque no sepa dónde está el problema, sino porque arreglarlo obliga a tocar dos zonas electrificadas al mismo tiempo: el gasto obligatorio y los ingresos fiscales. Subir impuestos penaliza. Recortar prestaciones castiga aún más. Los republicanos llevan décadas prometiendo disciplina presupuestaria mientras protegen rebajas fiscales y gasto militar; los demócratas defienden el Estado social mientras evitan entrar a fondo en la sostenibilidad de ciertas prestaciones. Entre unos y otros, el resultado se parece a una fuga de agua con dos propietarios discutiendo sobre la pintura del techo. El cubo debajo ya rebosa.

La foto empeora cuando se mira marzo de 2026

Si el balance de cierre de 2025 ya era áspero, los datos más recientes añaden otra capa. La deuda nacional de Estados Unidos superó los 39 billones de dólares en marzo de 2026, según datos difundidos por Associated Press con base en el seguimiento oficial del endeudamiento federal. Ese salto refuerza la idea de velocidad: el país pasó de 38 billones a 39 billones en pocos meses. En paralelo, la guerra en Irán, los planes fiscales de la Administración Trump y los costes estructurales ya conocidos siguen presionando al alza. No es que el informe del Tesoro haya revelado una herida vieja que ya se estaba cerrando. Más bien ha fotografiado una hemorragia que sigue abierta.

Esa aceleración importa porque el tamaño absoluto de la deuda impresiona, pero lo decisivo es su ritmo y su coste de financiación. Mientras los tipos de interés se mantengan en cotas relativamente altas y el mercado exija primas razonables pero no ridículas para seguir comprando deuda estadounidense, la factura de intereses irá pesando más en el presupuesto anual. Y esa factura ya compite con las grandes partidas del Estado. La vieja ventaja de financiarse barato no ha desaparecido, pero ha dejado de ser una alfombra mullida. Ahora raspa. Y bastante.

Los intereses, Moody’s y el desgaste de la credibilidad

Una de las señales más nítidas de ese deterioro llegó en mayo de 2025, cuando Moody’s retiró a Estados Unidos la última gran calificación triple A que aún conservaba entre las tres agencias principales. La rebaja, de Aaa a Aa1, no provocó un drama instantáneo en los mercados, pero sí dejó un mensaje cristalino: la combinación de déficits persistentes, deuda creciente, intereses al alza y parálisis política ya no era compatible con la máxima nota posible. En otras palabras, hasta el país que imprime la moneda de reserva mundial ha empezado a pagar el precio simbólico de una década larga de desorden presupuestario. El símbolo, en estos asuntos, no es menor. A veces llega antes que el castigo material.

La rebaja de Moody’s, además, encaja demasiado bien con lo que refleja el informe del Tesoro. La agencia habló de una falta persistente de capacidad política para corregir el rumbo fiscal y proyectó una deuda que podría subir hasta el 134% del PIB en 2035. El Tesoro, por su parte, reconoce una trayectoria insostenible bajo la política actual y un horizonte de pasivos y compromisos futuros que no invita precisamente al relajo. Entre ambos diagnósticos hay matices, claro, pero la melodía es la misma. No hay una gran discusión sobre si el problema existe. La discusión real está en cuándo empieza a doler más y quién termina pagando la corrección.

Aquí aparece un contraste muy estadounidense, casi una especialidad nacional. El país mantiene un enorme poder financiero, sigue captando capital global y continúa siendo el refugio al que corren los inversores cuando se incendia medio planeta. Al mismo tiempo, sus cuentas públicas ofrecen una imagen cada vez más descarnada. Fortaleza de mercado y fragilidad fiscal conviven, de momento, sin anularse. Pero la coexistencia tiene límites. Si el endeudamiento sigue creciendo más deprisa que la economía y los intereses continúan engordando, ese equilibrio deja de parecer una prueba de invulnerabilidad y empieza a parecer una forma sofisticada de aplazar la factura. Muy estadounidense también, por cierto: comprar tiempo con deuda y discutir el arreglo cuando el calendario ya aprieta.

La auditoría federal añade otra mala noticia

El informe del Tesoro ya bastaba para preocupar. La auditoría de la Government Accountability Office, la GAO, complica aún más el cuadro. El organismo volvió a señalar que no pudo emitir una opinión sobre los estados financieros consolidados del Gobierno federal en base devengada. No es un matiz técnico sin importancia. Significa que persisten obstáculos serios para dar por plenamente fiables, auditadas y cerradas las cuentas consolidadas como conjunto. La contabilidad es mala; el sistema de control sobre esa contabilidad tampoco está precisamente para presumir. Y esa combinación, en un Estado de este tamaño, es una noticia bastante más grave que cualquier titular ruidoso sobre una “quiebra” instantánea.

La GAO identifica tres grandes impedimentos que siguen bloqueando una opinión limpia: los graves problemas de gestión financiera del Departamento de Defensa, la incapacidad del Gobierno para contabilizar adecuadamente actividades y saldos intragubernamentales y las debilidades en el proceso de preparación de los estados consolidados. Dicho de forma menos burocrática: el Ejecutivo más poderoso del mundo arrastra desde hace años dificultades serias para saber con exactitud contable qué tiene, qué debe, cómo casan sus cuentas internas y hasta qué punto sus cifras consolidadas reflejan con limpieza toda la realidad. No es sólo un problema de volumen. Es también un problema de orden.

En el caso del Pentágono, la GAO vuelve a ser especialmente explícita. Señala que el Departamento de Defensa no mantuvo sistemas adecuados ni registros suficientes para proporcionar información fiable sobre buena parte de sus activos, especialmente en propiedad, planta, equipo, inventarios y bienes relacionados. El informe llega a advertir de que esas deficiencias afectan a la capacidad del Gobierno para saber plenamente qué activos posee, dónde están y en qué estado se encuentran. Cuando el país con mayor gasto militar del planeta no logra cuadrar con limpieza el inventario de una parte sustancial de su maquinaria, el problema deja de ser sólo fiscal. También habla de gobernanza, de control interno y de calidad institucional.

Lo que realmente está en juego

Todo esto no significa que Estados Unidos vaya a dejar de pagar mañana. No significa un impago inminente, ni un colapso automático del dólar, ni el final del mercado de Treasuries. Sí significa, en cambio, que el margen para seguir funcionando como si nada se estrecha. Cada dólar adicional dedicado a intereses es un dólar menos para defensa, infraestructuras, investigación, transferencias o respuesta a crisis futuras. Cada escalón de deuda añade sensibilidad a cualquier shock: una recesión, una guerra más larga, un frenazo de ingresos, un repunte del coste financiero. Las grandes potencias no suelen romperse de golpe; se encarecen, se rigidizan y pierden libertad de movimiento. Y luego descubren que ese deterioro gradual también era una forma de crisis.

Hay un elemento político especialmente delicado. En Estados Unidos, más de la mitad del presupuesto está prácticamente predeterminado por prestaciones, sanidad pública, Seguridad Social e intereses. Eso deja menos espacio para las partidas discrecionales y convierte cualquier intento de ajuste en una carnicería electoral potencial. Por eso la solución real nunca ha sido técnicamente misteriosa: o se reforma gasto, o se suben ingresos, o se hace una mezcla de ambas cosas durante años. El problema no es saberlo. El problema es que hacerlo exige una honestidad política muy poco compatible con un sistema en campaña permanente. Y mientras esa honestidad no aparece, la deuda sigue subiendo con la paciencia mecánica de un contador eléctrico.

En el resto del mundo, la noticia tampoco es un simple espectáculo ajeno. Cuando el Tesoro estadounidense reconoce una posición neta negativa de 41,7 billones, cuando la deuda federal ya supera 39 billones y cuando la última gran agencia le ha quitado la triple A, no se está hablando sólo de Washington. Se habla del precio del dinero, de los rendimientos de referencia, del dólar, de la estabilidad global y del colchón con el que el sistema internacional afronta la próxima crisis. El mercado sigue tratando la deuda estadounidense como el activo central del planeta. Pero el privilegio de ser imprescindible no equivale al privilegio de ser invulnerable. Y ese es, en el fondo, el verdadero alcance de esta historia.

Un gigante que sigue en pie, pero mucho más endeudado

La gran novedad del informe de 2025 no es que Estados Unidos haya confesado una bancarrota clásica. La novedad es otra, más seria y más útil: el propio Gobierno federal ha documentado con toda crudeza el tamaño de su desequilibrio. El balance oficial reconoce un Estado con más pasivos que activos por un margen abrumador, un déficit todavía gigantesco aunque algo menor que el del año previo, un horizonte demográfico y sanitario que encarece las promesas públicas y una trayectoria de deuda que el mismo Tesoro considera insostenible bajo las políticas vigentes. Hay titulares más espectaculares; pocos son más reveladores.

Lo decisivo, por tanto, no es repetir que “EE UU ha quebrado” como si se hubiera hundido una cadena de tiendas, ni refugiarse en el consuelo automático de que “como imprime dólares, no pasa nada”. Entre esos dos extremos está la realidad que retratan las cuentas de 2025: Washington puede seguir pagando, pero cada vez paga peor el privilegio de hacerlo. Más intereses, menos margen, más presión política, más dependencia de que el mercado siga creyendo. Ese es el dato importante. Y también el más incómodo para un país acostumbrado a explicar el mundo desde la solvencia ajena y no desde las grietas propias.