2025, el año en que los incendios arrasaron España

España terminó 2025 con 354.793,50 hectáreas forestales quemadas, según el balance anual del Ministerio para la Transición Ecológica. La superficie supera ampliamente la de 2022, hasta entonces uno de los años más devastadores de la serie reciente, y convierte 2025 en el peor ejercicio de las últimas tres décadas por terreno calcinado. Hubo 63 grandes incendios, los que rebasan las 500 hectáreas, y varios focos simultáneos llegaron a desbordar la capacidad de respuesta en distintas comunidades.

El dato más revelador es también el menos intuitivo: no se registraron más siniestros que la media de los últimos años, sino incendios capaces de crecer mucho más. El país contabilizó 8.189 episodios, por debajo de la media de 9.171 correspondiente al periodo 2015-2024, pero la superficie quemada fue más de tres veces superior a la media de esa década. La combinación de calor prolongado, vegetación seca, viento y acumulación de combustible transformó algunos fuegos en emergencias de escala extraordinaria.

Un récord de superficie pese a que hubo menos siniestros

El balance anual del ministerio recoge 8.189 siniestros en 2025: 5.590 fueron conatos, que no alcanzaron una hectárea, y 2.599 superaron ese umbral y se contabilizaron como incendios. La distinción importa porque muestra que muchos focos se apagaron antes de extenderse. Sin embargo, unos pocos episodios crecieron con tal rapidez y amplitud que terminaron determinando el resultado de todo el año. La gravedad no estuvo en cuántas veces prendió el monte, sino en cuánto territorio alcanzaron los fuegos que escaparon al control inicial.

La superficie total, 354.793,50 hectáreas, equivale a más de tres veces las 105.614 hectáreas de media anual registradas durante la década anterior en la misma serie. También rebasa el dato de 2022, que fue de 270.289,28 hectáreas. Son cifras que describen un salto excepcional, aunque el porcentaje respecto al conjunto de superficie forestal española —el 1,276%— pueda parecer pequeño sobre el papel. En el terreno, ese porcentaje se traduce en paisajes fragmentados, zonas evacuadas, humo que cubre comarcas y comunidades rurales sometidas durante días a la incertidumbre.

Los 63 grandes incendios ofrecen otra medida del año. En la década anterior, la media fue mucho menor, mientras que en 2022 se contabilizaron 60. Un fuego que supera las 500 hectáreas no es solo una versión ampliada de un incendio pequeño: puede obligar a desplegar numerosos equipos durante jornadas, afectar a varios municipios y complicar la extinción si el viento cambia o aparecen focos secundarios. En 2025, la concentración de grandes episodios convirtió una sucesión de emergencias locales en una crisis territorial de alcance nacional.

El promedio de superficie quemada por incendio que superó una hectárea rondó las 136 hectáreas. La operación no explica por sí sola el comportamiento de cada fuego, pero ayuda a visualizar la diferencia entre el número de avisos y la magnitud final del daño. Un año puede registrar miles de conatos controlados y, al mismo tiempo, acabar marcado por un puñado de incendios que avanzan durante días. Esa paradoja define buena parte del balance de 2025.

Agosto concentró los focos más destructivos

El verano tuvo incendios importantes desde julio, pero agosto cambió por completo la escala de la temporada. Las estimaciones difundidas mientras los fuegos seguían activos situaron en torno a 336.000 las hectáreas quemadas durante ese mes. Otros recuentos satelitales de aquellos días ofrecieron cifras distintas, cercanas a 340.000 hectáreas hasta el 19 de agosto. No son valores que deban sumarse al balance anual: corresponden a estimaciones provisionales, con fechas de corte y métodos distintos. El recuento oficial de cierre, elaborado con información autonómica y revisiones posteriores, fijó el total anual en 354.793,50 hectáreas.

La diferencia entre datos en tiempo real y balances consolidados es habitual en temporadas extremas. Los sistemas satelitales detectan con rapidez perímetros y superficies, pero sus estimaciones pueden variar a medida que se cartografían mejor las zonas afectadas. El registro administrativo, por su parte, depende de los partes remitidos por las comunidades autónomas y puede actualizarse al completarse las mediciones. La cifra final y las estimaciones provisionales no describen necesariamente el mismo momento ni aplican exactamente el mismo método. Pese a esa diferencia, ambos recuentos coincidieron en la dimensión extraordinaria de la campaña.

Ourense, León y Zamora concentraron algunos de los principales focos y, en conjunto, representaron cerca de la mitad de la superficie quemada, según los recuentos disponibles durante la crisis. Ourense fue una de las provincias más castigadas: las estimaciones de aquel agosto le atribuyeron alrededor de 150.000 hectáreas, una extensión equivalente a cerca de una séptima parte de su territorio. En Galicia, el incendio de A Rúa-Larouco fue considerado el mayor de la historia de la comunidad, con una superficie estimada en torno a las 44.879 hectáreas durante la emergencia.

En León, fuegos como los de Gestoso, Benuza y Llamas de Cabrera-Yeres alcanzaron decenas de miles de hectáreas en las estimaciones de mediados de agosto. En Zamora, el incendio iniciado en el entorno de Molezuelas de la Carballeda se extendió hacia León y superó las 40.000 hectáreas en los datos provisionales difundidos durante esos días. Los perímetros se ajustaron después, pero la dimensión de aquellos episodios quedó clara antes del cierre de campaña: no ardieron manchas aisladas, sino superficies comparables a comarcas enteras.

El incendio de Torrefeta i Florejacs, en Lleida, ya había anticipado en julio la capacidad de algunos fuegos para crecer con rapidez. Afectó a unas 5.577 hectáreas y estuvo acompañado por vientos muy fuertes, que favorecieron un comportamiento extremo de las llamas. Dos personas murieron al quedar atrapadas cuando intentaban escapar en coche, y alrededor de 20.000 vecinos tuvieron que permanecer confinados en distintos municipios. El episodio mostró que la temporada no empezó de golpe en agosto, aunque fue entonces cuando los grandes focos se multiplicaron.

El calor no explica por sí solo el tamaño de los incendios

El verano de 2025 fue el más cálido de la serie histórica de España, iniciada en 1961, según la Agencia Estatal de Meteorología. Hubo tres olas de calor y 33 días bajo esas condiciones, más de uno de cada tres días del verano. Las temperaturas elevadas, la baja humedad y los episodios de viento facilitaron que la vegetación perdiera agua y que el fuego se propagara con mayor velocidad. En distintos puntos se dieron, además, condiciones similares a la llamada regla del 30: más de 30 grados, vientos superiores a 30 kilómetros por hora y humedad relativa por debajo del 30%.

Ese marco meteorológico eleva el riesgo, pero no basta para explicar por qué unos incendios se apagan pronto y otros se convierten en megaincendios. La cantidad y continuidad de vegetación disponible, el relieve y la simultaneidad de varios focos también influyen. En un valle, el viento puede canalizarse y acelerar las llamas; en una ladera, el fuego puede avanzar cuesta arriba con rapidez; y cuando hay focos activos en varias provincias, los recursos deben repartirse entre emergencias distintas. El calor prepara el escenario, pero el comportamiento final depende de cómo se combinan el combustible, el terreno y el viento.

La vegetación acumulada fue uno de los factores que agravó la situación. El abandono rural y la falta de gestión de algunas masas forestales han favorecido la presencia de matorral, hierba y restos vegetales que, una vez secos, pueden conectar parcelas y bosques. También influyó una primavera lluviosa: el crecimiento de hierbas fue mayor y, al agostarse durante el calor, parte de esa vegetación se convirtió en combustible fino, capaz de prender con facilidad y propagar las llamas como una mecha.

La superficie quemada ayuda a entender qué tipo de paisaje sufrió el golpe. De las 354.793,50 hectáreas del balance, unas 185.220,55 correspondieron a matorral y monte abierto, algo más de la mitad. La superficie arbolada sumó 103.105,85 hectáreas, cerca de tres de cada diez, mientras que pastos y dehesas representaron 66.467,10 hectáreas. El matorral y el pasto seco pueden acelerar la propagación; la pérdida de arbolado, en cambio, deja una huella ecológica que tarda mucho más en repararse.

La vegetación tampoco arde de una sola manera. El pasto seco puede favorecer avances rápidos sobre el terreno, mientras que el matorral crea continuidad entre parcelas y masas forestales. Si el fuego alcanza árboles, la intensidad puede aumentar y complicar los trabajos de extinción, aunque cada incendio depende de sus condiciones concretas. Por eso, hablar de hectáreas quemadas sin distinguir entre arbolado, monte abierto y pastizal puede ocultar consecuencias muy diferentes para el suelo, la biodiversidad y la recuperación posterior.

De Lleida a Madrid: una temporada de emergencias encadenadas

En julio, además del fuego de Lleida, un incendio iniciado cerca de Méntrida, entre Toledo y Madrid, superó las 3.000 hectáreas y obligó a evacuar a vecinos. El humo alcanzó la capital y el fuego provocó el cierre de la autovía A-5. A finales de ese mes, las llamas en el Barranco de las Cinco Villas, en Ávila, afectaron a unas 2.000 hectáreas y causaron la muerte de un bombero en un accidente de tráfico cuando se dirigía a la emergencia. Otro incendio en Caminomorisco, en Cáceres, quemó 2.778 hectáreas antes de quedar controlado a comienzos de agosto.

En agosto, los incendios de Zamora y León provocaron evacuaciones y amenazaron espacios de alto valor natural. El fuego de Molezuelas de la Carballeda obligó a desalojar a más de 700 personas y afectó a Las Médulas, el paisaje histórico de León conocido por sus antiguas explotaciones romanas. En Galicia, los focos de Larouco, Chandrexa de Queixa, Oímbra-A Granxa y A Veiga-Porto se extendieron por la provincia de Ourense. En varios casos, el terreno de difícil acceso y la actividad simultánea de otros fuegos complicaron las tareas de extinción.

La emergencia llegó también a áreas próximas a grandes núcleos urbanos. El incendio de Tres Cantos, declarado el 11 de agosto, avanzó impulsado por una tormenta seca y fuertes rachas de viento. Quemó alrededor de 1.500 hectáreas en las primeras estimaciones, obligó a evacuar urbanizaciones y causó la muerte de un hombre que sufrió quemaduras muy graves. Se activó el plan de emergencia autonómico y fue necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. La cercanía de viviendas transformó el fuego forestal en una amenaza directa para la población y las infraestructuras.

Las llamas también afectaron a la movilidad. Los incendios obligaron a interrumpir temporalmente la circulación de trenes entre Madrid y Galicia y a suspender otros servicios ferroviarios en zonas de León, Zamora, Palencia y Ávila. La proximidad del fuego a vías y carreteras, junto con la necesidad de inspeccionar la infraestructura, hizo que la respuesta no consistiera únicamente en apagar las llamas: también hubo que organizar confinamientos, evacuaciones y cortes preventivos.

El balance de víctimas mortales que figura en los datos generales de la temporada fue de nueve personas. Entre los casos registrados estuvieron las dos muertes asociadas al incendio de Lleida, el fallecimiento de un concejal que intentó ayudar ante un fuego en San Cristóbal de Cea y las víctimas vinculadas al incendio de Zamora que se propagó hacia León. También murió un bombero en el accidente de una autobomba cerca de Espinoso de Compludo. Las circunstancias variaron entre episodios; no todas las muertes se produjeron por la misma causa ni dentro de los frentes de llamas.

Menos incendios pequeños no significa un riesgo controlado

Que el número total de siniestros quedara por debajo de la media no significa que la temporada estuviera bajo control. La mayoría de los conatos se apagó antes de alcanzar una hectárea, una señal de que la detección y la respuesta inicial pueden evitar que numerosos focos crezcan. Pero esa capacidad tiene límites cuando coinciden temperaturas extremas, viento cambiante, vegetación seca y varios incendios de gran tamaño. En esas circunstancias, un fuego puede desarrollar una intensidad y una velocidad que dificultan las maniobras de extinción.

La diferencia entre controlar una ignición y contener un gran incendio es decisiva. En los primeros momentos, los equipos pueden concentrarse en un foco pequeño; cuando el perímetro se extiende, deben proteger personas, viviendas e infraestructuras y decidir dónde desplegar recursos. Las pavesas pueden iniciar nuevos focos a distancia, y los cambios de viento obligan a revisar las prioridades. La eficacia frente a miles de conatos no garantiza que sea posible dominar todos los incendios extremos una vez que se consolidan.

También por eso la causa de cada fuego y las condiciones que favorecen su expansión deben analizarse por separado. Algunos incendios quedaron bajo investigación, y las autoridades examinaron posibles fallos de prevención en municipios afectados. Hubo detenciones e investigaciones por presuntos incendios intencionados o negligentes, pero esas pesquisas no permiten atribuir un origen común a toda la temporada. Una chispa humana puede iniciar un incendio; el tiempo atmosférico y el estado del paisaje condicionan cuánto puede crecer.

En agosto, el Gobierno propuso impulsar un pacto de Estado frente a la emergencia climática, mientras organizaciones ecologistas reclamaron que incluyera medidas concretas y basadas en la ciencia. El Partido Popular cuestionó la iniciativa. A finales de mes, el Ejecutivo declaró zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil 121 áreas golpeadas por el verano extremo, entre ellas 114 afectadas por incendios y siete por riadas e inundaciones, y anunció cambios en las ayudas a los damnificados. La discusión política puso sobre la mesa una pregunta de fondo: cómo pasar de responder a cada incendio a reducir las condiciones que permiten que se convierta en una catástrofe.

La huella que queda después de extinguir las llamas

Las cifras oficiales pueden cambiar con las mediciones definitivas, pero la escala de 2025 ya resulta inequívoca. El año cerró con más superficie quemada que cualquier otro en las últimas tres décadas, 63 grandes incendios y un verano en el que agosto concentró buena parte de la destrucción. La comparación con 2022 y con la media de la década muestra que el récord no se explica por un aumento excepcional del número de avisos, sino por la capacidad de algunos fuegos para extenderse sobre superficies enormes.

Cuando desaparecen las llamas, el impacto no termina. La pérdida de arbolado puede prolongar durante años la recuperación del paisaje, mientras la vegetación y el suelo quedan expuestos a la erosión. Si las lluvias arrastran cenizas hacia ríos y embalses, también puede deteriorarse la calidad del agua. A ello se suman las consecuencias para la vida rural, las actividades económicas, las viviendas y las personas que tuvieron que abandonar temporalmente sus hogares.

El balance deja una idea difícil de eludir: la prevención no puede depender solo de reforzar la extinción durante los días más críticos. La gestión del combustible vegetal, la planificación del territorio y la preparación ante olas de calor forman parte de una respuesta que debe sostenerse más allá del verano. En 2025, los equipos afrontaron miles de fuegos con éxito, pero los grandes incendios revelaron hasta qué punto el calor extremo y un paisaje cargado de vegetación seca pueden convertir una chispa en una emergencia que atraviesa provincias y deja consecuencias durante años.