¿Por qué EL ESPAÑOL planta cara a Moncloa y aumenta sus beneficios?

EL ESPAÑOL ha aprovechado su Junta General de Accionistas para hacer dos cosas poco habituales en una misma mañana: enseñar unas cuentas robustas y declarar, sin anestesia, que pretende intervenir en el rumbo político de España. La cabecera fundada y dirigida por Pedro J. Ramírez cerró 2025 con 31,23 millones de euros de ingresos, un beneficio neto de 3,27 millones y una posición editorial cada vez más beligerante con el Gobierno de Pedro Sánchez.

El periódico no se limita a reclamar un cambio en la Moncloa. Su presidente ejecutivo ha presentado una hoja de ruta con tres condiciones: un nuevo Gobierno, una renovación profunda del PSOE y la pérdida de influencia de los partidos separatistas mientras no regresen, en sus palabras, a la lealtad constitucional. No es una descripción neutral del momento político, sino una declaración de intenciones. El diario abandona cualquier cómoda apariencia de equidistancia y entra en campaña antes de que la campaña tenga fecha.

Una junta convertida en declaración política

La intervención de Pedro J. Ramírez ante los 5.325 accionistas comenzó de un modo inusual. Antes de hablar de ingresos, dividendos o audiencia, situó a España ante lo que definió como una situación límite para la moral pública y la convivencia democrática.

El diagnóstico del director de EL ESPAÑOL es severo: acusa al Ejecutivo de erosionar la separación de poderes, debilitar la rendición de cuentas y tratar de intimidar a los medios críticos. También atribuye una responsabilidad directa a Pedro Sánchez en el deterioro institucional y reclama su dimisión. Son afirmaciones políticas del editor, conviene subrayarlo, no hechos probados por la mera contundencia con la que se pronuncian. En democracia, la voz más gruesa no adquiere automáticamente rango notarial.

La novedad está en que esa posición deja de presentarse únicamente como una sucesión de editoriales. Pasa a convertirse en una estrategia corporativa anunciada ante los propietarios de la empresa. El periódico se compromete a investigar, publicar y opinar con el propósito explícito de favorecer una regeneración política. Se acabó el biombo.

Ese salto merece atención. Los periódicos siempre tienen una mirada, incluso cuando fingen observar el mundo desde una lámpara quirúrgica. Otra cosa es convertir esa mirada en programa. EL ESPAÑOL lo ha hecho sin rodeos: considera que las próximas elecciones generales serán decisivas y afirma que empleará su capacidad informativa e influencia para defender un cambio de etapa.

Los tres requisitos de Pedro J. Ramírez

La propuesta anunciada por el diario se articula alrededor de tres condiciones. La primera es la llegada de un Gobierno que, según Ramírez, respete la crítica, proteja el orden constitucional y cuente con un respaldo social amplio. En ese terreno introduce el concepto de voto útil, una fórmula que apunta hacia la concentración electoral alrededor de la alternativa con mayores posibilidades de desalojar a Sánchez.

La segunda condición afecta al PSOE. EL ESPAÑOL sostiene que España necesita un Partido Socialista con una dirección completamente renovada, capaz de recuperar los grandes pactos de Estado y abandonar la política de bloques. Incluso contempla que, si el PSOE no pudiera ocupar ese espacio, surgiera otra fuerza de centroizquierda con una función semejante.

Aquí aparece una de las ideas más relevantes del discurso. El periódico no propone la desaparición del socialismo democrático, sino su reconstrucción. Una democracia liberal necesita una derecha constitucional y una izquierda constitucional capaces de relevarse, discrepar y, cuando toca, firmar juntas. Sin ese equilibrio, el sistema se transforma en una trinchera embarrada donde cada legislatura parece la última noche de Troya.

Gobierno nuevo, PSOE renovado y límites al separatismo

El tercer requisito consiste en reducir la capacidad de los partidos independentistas para condicionar la gobernabilidad del Estado. Ramírez plantea que estas formaciones deberían elegir entre regresar a la lealtad constitucional o quedar políticamente aisladas.

La tesis enlaza con una crítica recurrente al Ejecutivo: su dependencia parlamentaria de partidos catalanes y vascos cuyos proyectos nacionales chocan con el modelo territorial defendido por la cabecera. EL ESPAÑOL interpreta esa dependencia no como una negociación ordinaria entre grupos, sino como una cesión continuada de poder a minorías con objetivos incompatibles con la cohesión nacional.

Puede discutirse la receta, y mucho. Lo indiscutible es que el periódico ha definido con claridad su escenario preferido: una mayoría suficiente para cambiar el Gobierno, una izquierda constitucional reconstruida y unos partidos independentistas sin capacidad para decidir quién duerme en la Moncloa. Un dibujo ambicioso. La realidad electoral, criatura bastante menos obediente que una columna de opinión, tendrá la última palabra.

Las cuentas sostienen el pulso editorial

La fuerza de esta declaración política reside también en las cifras presentadas ante los accionistas. El Grupo EL ESPAÑOL cerró 2025 con 31,23 millones de euros de facturación, casi un 16% más que el año anterior. El ebitda —el resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones— alcanzó los 7,22 millones, un incremento del 19,6%.

El beneficio antes de impuestos se situó en 5,11 millones y el beneficio neto ascendió a 3,27 millones de euros, un 11% más. Las cuentas consolidadas fueron auditadas por BNFIX con opinión favorable, según la información difundida por la propia compañía.

La Junta aprobó distribuir 1,5 millones entre los accionistas: un millón como dividendo ordinario y otros 500.000 euros con cargo a reservas voluntarias. La retribución será de 8,76 euros por acción. Es el tercer ejercicio consecutivo en el que la empresa reparte dividendos y el séptimo año seguido con beneficios.

No está mal para un medio digital nacido hace once años en un mercado donde tantas cabeceras han aprendido a conjugar el verbo sobrevivir en todos sus tiempos. La rentabilidad permite a EL ESPAÑOL defender que su línea editorial no depende de una respiración asistida exterior. Esa es, al menos, la lectura que la dirección ofrece a sus accionistas.

El grupo cuenta con 305 empleados, de los cuales un 45% son mujeres, y ha ido ensanchando su perímetro mediante delegaciones territoriales, medios especializados, eventos, producción audiovisual, comercialización publicitaria y representación de talento. La empresa ya no es únicamente una web informativa: funciona como un pequeño ecosistema de comunicación con varias fuentes de ingresos.

También crecen las suscripciones. EL ESPAÑOL terminó 2025 con 72.000 abonados activos y asegura haber sumado otros 11.000 durante los primeros seis meses de 2026. Su objetivo es alcanzar los 100.000 suscriptores antes de la próxima junta. Ese núcleo de lectores recurrentes resulta especialmente valioso cuando los buscadores y las redes sociales cambian de algoritmo con la misma delicadeza con la que un camarero retira un mantel después de una boda.

Publicidad institucional: una disputa con cifras y matices

La parte más áspera de la intervención llegó al hablar de la publicidad institucional. Pedro J. Ramírez acusa al Gobierno de castigar económicamente a EL ESPAÑOL por su línea crítica y sostiene que la distribución de las campañas estatales favorece a grupos más próximos al Ejecutivo.

El diario cifra en unos 340.000 euros lo recibido durante 2025, equivalente al 0,47% de la inversión analizada, mientras atribuye al Grupo Prisa 12,17 millones, alrededor del 16,6%. Para 2026 asegura que, hasta mediados de junio, únicamente tenía asignados 57.339,40 euros.

La comparación con los 155,60 millones presupuestados por el Gobierno para publicidad y comunicación institucional durante todo 2026 produce un titular demoledor, pero exige contexto. Esa cantidad global corresponde a 124 campañas previstas para el conjunto del año, distribuidas entre televisión, radio, prensa, soportes digitales, publicidad exterior y otras herramientas. No todo ese dinero se destina a diarios digitales ni se encontraba adjudicado cuando EL ESPAÑOL publicó su denuncia.

Dicho de otro modo: los 57.339 euros reflejan las asignaciones conocidas por el periódico en ese momento; los 155,60 millones representan el presupuesto anual completo. Compararlos sirve para mostrar una desproporción, aunque no constituye todavía una liquidación definitiva del reparto de 2026. El matiz no borra el problema, pero evita convertir una fotografía de junio en una película terminada.

La cuestión de fondo continúa abierta. La publicidad institucional debe distribuirse mediante criterios transparentes, objetivos y auditables, evitando tanto el premio a la docilidad como el castigo a la crítica. La audiencia puede ser uno de esos criterios, pero no el único: también cuentan el público objetivo de cada campaña, la cobertura, el formato, la eficacia y el coste. Lo que no debería contar es la simpatía ideológica del anunciante público. Ahí empieza el lodazal.

EL ESPAÑOL ha llevado su denuncia ante organismos europeos e internacionales y acusa a la Administración de emplear conceptos poco verificables, como determinadas fórmulas de “audiencia cualificada”, para reducir su presencia en las campañas. El Gobierno, por su parte, trabaja en una reforma del sistema que incluye un registro de medios y nuevos límites a la financiación pública. El debate tiene pólvora: afecta al dinero, al pluralismo y a quién decide qué periódico merece aparecer en una campaña pagada por todos.

La inteligencia artificial entra en el corazón del negocio

La Junta también confirmó una reorganización interna marcada por la inteligencia artificial. El grupo ha creado tres direcciones generales —Gestión, Producto y Negocio— y está adaptando sus equipos de tecnología, redes sociales, nuevas narrativas, vídeo y posicionamiento digital.

La estrategia declarada consiste en publicar menos contenidos, elevar su calidad y utilizar herramientas de IA para acelerar búsquedas, procesar documentación y mejorar tareas de producción. Al mismo tiempo, la compañía pretende reclamar una remuneración cuando los grandes modelos lingüísticos utilicen sus artículos para entrenarse o responder a los usuarios.

Esa doble postura resume el dilema de toda la prensa: aprovechar una tecnología que ahorra trabajo sin permitir que esa misma tecnología vacíe el quiosco. La IA puede ordenar miles de páginas judiciales en minutos, pero también responde preguntas sin enviar al lector al medio que pagó al periodista, investigó el caso y soportó la querella. Una máquina muy aplicada; con cierta tendencia a marcharse sin pagar el café.

EL ESPAÑOL también está desplazando parte de su estrategia desde el SEO tradicional hacia el GEO, el posicionamiento pensado para que los contenidos sean reconocidos y citados por motores de respuesta basados en inteligencia artificial. El cambio no es decorativo. Los medios ya no compiten únicamente por aparecer en Google, sino por ser considerados una fuente fiable dentro de sistemas que sintetizan la información antes de que el lector visite una página.

Un periódico rentable que elige intervenir

La Junta de EL ESPAÑOL deja una imagen nítida: la de un grupo que crece, reparte dividendos, amplía sus negocios y utiliza esa estabilidad para endurecer su intervención en la vida política. No es una empresa asfixiada que grita para llamar la atención. Es una cabecera rentable que ha decidido convertir su influencia en parte central del producto.

Su propuesta para la democracia española —cambio de Gobierno, renovación del PSOE y aislamiento del independentismo— pertenece al terreno editorial y debe leerse como tal. No es un programa consensuado por la sociedad ni una conclusión técnica. Es la apuesta política de uno de los diarios digitales con mayor audiencia del país.

La salud democrática no depende de que los periódicos sean neutrales, una criatura mitológica bastante más rara que el unicornio. Depende de que distingan información y opinión, acrediten sus datos, reconozcan sus intereses y admitan la discusión. EL ESPAÑOL ha mostrado sus cartas. Algunas son económicas, otras políticas. Todas están ya sobre la mesa.