¿Por qué EE UU prometió no reclamar Groenlandia en 1917?

La cláusula de 1917 que blindaba Groenlandia reaparece con Trump en 2026: compra del Caribe, promesas a Dinamarca, aranceles y pulso ártico.

En 1916, Estados Unidos firmó con Dinamarca la compra de Islas Vírgenes de Estados Unidos (entonces Indias Occidentales Danesas) por 25 millones de dólares en oro, y el paquete incluía una concesión diplomática que hoy suena a aviso en botella: Washington declaraba que no pondría objeciones a que Copenhague extendiera sus “intereses políticos y económicos” a toda Groenlandia. No era una flor en el ojal, era el precio invisible de cerrar la operación caribeña sin abrir un pleito ártico.

Ese apéndice de 1916–1917 vuelve a primera fila porque Donald Trump ha reactivado en 2026 la presión para ganar control sobre Groenlandia, con amenazas comerciales y un pulso que ha tensado a aliados y ha obligado a la diplomacia a ponerse el abrigo grueso. A principios de año, su administración vinculó aranceles a la idea de una venta; y desde Nuuk el mensaje ha sido áspero, explícito, nada de matices: el primer ministro groenlandés advirtió que, aunque Trump descarte la fuerza, Washington sigue buscando “vías hacia la propiedad y el control”.

El tratado de 1916: 25 millones de oro y una promesa helada

El documento tiene nombre casi de susurro burocrático, Convención para la Cesión de las Indias Occidentales Danesas, pero el contexto era de trueno. En agosto de 1916 se firma en Nueva York y, aunque el traspaso se consumará meses después, la lógica ya estaba clara: Estados Unidos quería asegurarse un punto firme en el Caribe, cerca de rutas estratégicas y con el Canal de Panamá como obsesión reciente, y Dinamarca buscaba soltar un territorio colonial que generaba coste político y coste económico, además de cargar con el pasado más negro del azúcar y la esclavitud. La operación acabó cristalizando con el pago en oro y la transferencia formal en marzo de 1917.

Los nombres importan porque explican el tono de aquella época, tan de telegrama y guante blanco. La parte estadounidense la rubricó Robert Lansing, secretario de Estado; la danesa, Constantin Brun, ministro plenipotenciario. Después vendrían el visto bueno del Senado estadounidense, la ratificación danesa en el parlamento, el intercambio formal de instrumentos y, al final, la ceremonia de traspaso. En el relato oficial, el gesto material es casi cinematográfico: un “warrant” del Tesoro por 25 millones entregado en Washington al representante danés, mientras en las islas se izaba una bandera nueva y se arriaba otra vieja.

Dinamarca, además, llevó la venta al terreno del consenso interno mediante un referéndum en diciembre de 1916, el primero en el que participaron mujeres y sirvientes en el país, un detalle que a veces se menciona como anécdota y en realidad retrata una transición política más amplia. Lo que no se preguntó, y esto sigue chirriando con un sonido histórico difícil de apagar, fue a los habitantes de las islas: el Caribe fue tratado como pieza transferible, casi como si el mar fuera una mesa y las islas fichas.

Al otro lado del Atlántico, la compra también tuvo su lógica defensiva: Alemania era una sombra que se estiraba por el océano y en Washington existía el temor a que un territorio danés pudiera acabar bajo influencia enemiga. No es una fantasía de novelista; era la clase de hipótesis que alimentaba memorandos y planes navales. Así se entiende por qué EE UU pagó lo que pagó y por qué Dinamarca exigió lo que exigió: no solo dinero, también una garantía sobre el norte, sobre ese hielo que parecía lejano… hasta que dejó de serlo.

La frase de Lansing que puso “toda Groenlandia” en el papel

La declaración anexa es corta y, precisamente por eso, contundente. Lansing dejó escrito que el Gobierno de Estados Unidos “no objetará” que el Gobierno danés extienda sus intereses políticos y económicos “a la totalidad de Groenlandia”. Sin adornos. La redacción suena a mecanismo de cierre: “firmamos esto hoy, y de paso cerramos aquel asunto que podría estorbar mañana”.

Conviene no deformar la idea. Estados Unidos no “cedía” Groenlandia porque no la poseía; lo que hacía era reconocer, por vía práctica, que Dinamarca podía consolidar su posición en toda la isla sin encontrarse con un veto americano. Y eso, para un país pequeño en términos demográficos y militares comparado con Washington, era una pieza de seguridad diplomática. En esa época, que una potencia diga “no me opongo” podía equivaler a una valla levantada alrededor del terreno.

Dinamarca buscaba una legitimación internacional para un dominio que no siempre se había ejercido con igual intensidad en todas las costas. Había presencia danesa desde el siglo XVIII, sí, pero también enormes zonas difíciles de acceder, expediciones tardías, puestos comerciales que fueron apareciendo en el mapa a medida que la tecnología y la ambición abrían rutas. El “toda” de la frase de Lansing es la palabra que late: no un trozo, no una franja, no solo la costa occidental más conocida, sino el conjunto.

Y al mismo tiempo, esa frase revela una ironía que hoy cruje. En 1916, Washington firmó para no estorbar a Dinamarca en Groenlandia; en 2026, la Casa Blanca de Trump empuja para mandar en Groenlandia. La historia no repite escenas con los mismos actores, pero a veces repite los decorados y cambia la música.

Dinamarca y el Ártico: soberanía, expediciones y un miedo muy de época

Groenlandia, vista desde Madrid, puede sonar a postal de glaciares y auroras, y sin embargo su política es de una concreción brutal: territorio, recursos, rutas, seguridad. En 1916, Dinamarca necesitaba que su soberanía se percibiera como indiscutible porque el Ártico empezaba a entrar en la conversación estratégica internacional, primero de forma tímida, luego con más insistencia. Era el tiempo en que las potencias miraban hacia el norte no por romanticismo polar, sino por cálculo: quién controla el mapa, controla el futuro.

Además, Dinamarca venía de una historia imperial reducida, con colonias dispersas y con un país metropolitano que quería estabilidad. La venta del Caribe no era solo un negocio; era una decisión política para salir de un callejón colonial y, a la vez, proteger lo que consideraba esencial en el norte. Por eso la negociación mezcló palmeras y hielo: Saint Thomas, Saint John y Saint Croix por un lado; Groenlandia en el subtexto.

Que el acuerdo incluyera una declaración sobre Groenlandia también muestra que la diplomacia funciona a menudo como una tienda de campaña: lo importante no siempre está en el centro, a veces está en las cuerdas que sujetan el conjunto. Estados Unidos quería el Caribe, Dinamarca quería un “no” americano por adelantado en el Ártico. Y cuando ambos lo obtuvieron, se cerró la cremallera.

Este tipo de compromisos no envejecen como una ley vigente, pero sí como un antecedente que pesa. En conflictos modernos, los Estados rebuscan en hemerotecas y archivos para construir legitimidad, para recordar promesas, para acusar de incoherencia al rival. Una frase de 1916 no detiene un avión ni tumba un arancel, pero puede alimentar un argumento y, en política exterior, los argumentos son munición.

De 1946 a Pituffik: cuando el “no se vende” convive con bases

El interés estadounidense por Groenlandia no se quedó congelado tras 1917. En 1946, con el mundo recién reorganizándose tras la Segunda Guerra Mundial y con la Guerra Fría asomando como un animal enorme, Washington ofreció comprar la isla por 100 millones de dólares en oro. Dinamarca dijo que no. El “no se vende” fue firme, pero no significó aislamiento: significó cooperación militar bajo acuerdos que han definido el presente de Groenlandia durante décadas.

La pieza clave llegó con el pacto de defensa de 1951, que permitió a Estados Unidos operar instalaciones militares en la isla dentro del paraguas de la alianza atlántica. Con los años, ese esquema ha evolucionado, pero el corazón sigue siendo el mismo: Groenlandia es una plataforma de vigilancia y alerta, un punto en el que el cielo importa tanto como el suelo. Hoy, esa presencia se materializa en Pituffik Space Base, la antigua Thule, asociada a sistemas de alerta temprana y seguimiento de misiles, con un valor estratégico que rara vez se explica en público con toda su crudeza.

Aquí aparece el doble lenguaje típico de estas relaciones. Por un lado, Dinamarca mantiene la soberanía y Groenlandia su autogobierno; por otro, Estados Unidos tiene una base que funciona como un órgano vital del sistema defensivo norteamericano. No es una contradicción nueva: es la forma habitual en que se gestionan territorios estratégicos en alianzas desiguales, con acuerdos que, vistos desde fuera, parecen técnicos y en realidad definen quién puede hacer qué, dónde y cuándo.

Y desde hace años, Groenlandia ha reclamado algo básico: que no se negocie su territorio como si fuera una servidumbre silenciosa. En el siglo XX hubo decisiones tomadas sin una consulta real a las comunidades inuit afectadas, y ese recuerdo se ha convertido en un argumento político actual: no solo se discute la geopolítica, también se discute la dignidad de ser tratado como sujeto, no como escenario.

Radar, reubicaciones y la huella de Camp Century

La historia militar de Groenlandia tiene capítulos que incomodan porque mezclan alta estrategia con vidas concretas. Uno de los puntos más sensibles es la reubicación forzosa de población inuit en torno a la instalación de Thule, un episodio que se ha recordado y discutido durante décadas como símbolo de decisiones tomadas “desde fuera”. A eso se suman accidentes y secretos de Guerra Fría que aún proyectan sombra, como el siniestro de un bombardero estadounidense en 1968 y el debate sobre actividades nucleares en el Ártico, temas que suelen reaparecer cuando se habla de soberanía real y no solo formal.

En ese mismo paisaje aparece Camp Century, la base construida bajo el hielo en los años sesenta, emblema de una época en la que se pensaba que el hielo era eterno y que el subsuelo era un cajón seguro para infraestructuras y residuos. La paradoja contemporánea es evidente: el calentamiento global pone en cuestión esa “caja fuerte” helada, y lo que se enterró como secreto técnico puede convertirse en problema ambiental y político.

Todo esto importa en 2026 porque convierte cualquier intento de “control” estadounidense en algo más que un debate comercial o de defensa. En Groenlandia, la palabra control no se escucha como una abstracción; se escucha con memoria, con antecedentes, con cicatrices. Y cuando se combina con el viejo antecedente de 1916 —aquella promesa de no objetar la soberanía danesa sobre toda la isla— el choque se vuelve todavía más áspero.

2026: Trump aprieta con aranceles y reabre el pulso

El salto al presente ha sido brusco. El 17 de enero de 2026, Trump anunció una batería de aranceles escalonados contra ocho países europeos —entre ellos Dinamarca y el Reino Unido, además de Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Finlandia y Países Bajos— vinculándolos a la resistencia europea a su idea de comprar Groenlandia. La propuesta era clara en su dureza: un 10% adicional desde el 1 de febrero y una subida al 25% a partir del 1 de junio si no había acuerdo. No era solo una amenaza; era un intento de convertir un asunto territorial en un precio comercial.

En Europa, la reacción se movió entre el rechazo frontal y el cálculo. Hubo condenas políticas, mensajes de unidad y, al mismo tiempo, la preocupación práctica de siempre: qué implica una guerra comercial con Washington en un contexto de seguridad compartida. El pulso tocó directamente a OTAN porque Groenlandia no es un punto neutro del mapa; es parte del flanco norte y de la arquitectura de defensa occidental. Trump, además, justificó su presión con el argumento de la seguridad frente a Rusia y China, una fórmula que tiene potencia retórica en Washington y que en Europa se recibió con desconfianza por el método: forzar una cesión territorial con instrumentos económicos.

La tensión alcanzó niveles raros para aliados que se pasan la vida repitiendo la palabra “valores”. Hubo reuniones extraordinarias en Bruselas, debates sobre cómo responder a la coerción comercial y, en paralelo, contactos diplomáticos para bajar el volumen antes de que el ruido se volviera irreversible. En el trasfondo estaba también el acuerdo comercial UE-EE UU que venía negociándose desde 2025 y que quedó tocado por la crisis, con avisos claros desde el Parlamento Europeo. Comercio y territorio, de repente, en la misma frase.

Y luego llegó la primera desescalada. Reuters informó de que, tras la tormenta, Trump retiró amenazas arancelarias y la Eurocámara decidió retomar el trabajo para aplicar el acuerdo comercial, eso sí, con la idea de introducir salvaguardas: cláusulas que permitan suspender el pacto si Washington vuelve a amenazar la integridad territorial o la seguridad de un Estado miembro. Un cierre parcial, más pragmático que solemne, como se cierran muchas crisis: sin abrazos, pero con la puerta medio entornada.

Nuuk responde con nombres y nervios: lo que dijo Jens-Frederik Nielsen

En este pulso, Nuuk no ha sido un decorado silencioso. Jens-Frederik Nielsen compareció ante Inatsisartut y dejó una frase que define el momento: aunque Trump haya descartado el uso de la fuerza, Estados Unidos “sigue buscando caminos hacia la propiedad y el control” de Groenlandia, con la intención de atarla a su sistema de gobierno. El primer ministro habló con traductor, pero la idea no necesitaba matices: no.

Nielsen, además, introdujo un elemento que rara vez se coloca en el centro de los conflictos geopolíticos: la salud mental. Según explicó, el gobierno había lanzado una encuesta sobre la situación psicológica de la población en un momento de presión extraordinaria; habló de problemas de sueño, de ansiedad en menores, de una incertidumbre constante. Y remató con una frase seca: “esto es completamente inaceptable”. En términos políticos, fue inteligente y duro a la vez: desplazar el debate del tablero militar al terreno humano, donde la coerción se ve más fea.

En su discurso también apareció un choque cultural que, de nuevo, no es adorno. Nielsen recordó que en el derecho groenlandés se puede poseer una casa, pero no la tierra debajo, una forma jurídica que refleja la idea inuit de custodia colectiva del territorio. Cuando Trump habla de “propiedad”, en Groenlandia la palabra suena extraña, como si alguien intentara comprar el viento. Esa distancia cultural hace que el debate no sea solo diplomático, sino también de lenguaje: no se está discutiendo lo mismo, aunque se usen términos parecidos.

En paralelo, Dinamarca reforzó el mensaje de coordinación con Groenlandia y evitó abrir el melón de la independencia en plena crisis. Reuters subrayó que Nielsen, pese a la presión, no habló de independencia en ese discurso y elogió a Dinamarca como socio cercano, insistiendo en que si alguna vez se obligara a elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, la elección sería Dinamarca. Lealtad táctica y autonomía política en el mismo párrafo, como suele ocurrir cuando el suelo que pisas es gigantesco y el presupuesto, no tanto.

Y aquí entra un dato jurídico clave que cambia el marco entero: la ley de Autogobierno de 2009 reconoce que el pueblo groenlandés es un pueblo con derecho de autodeterminación según el derecho internacional. No es una frase de manual; es el fundamento de que cualquier futuro político debe pasar por decisiones propias, con legitimidad interna. Si alguien intenta saltarse eso, la discusión deja de ser “negociación” y pasa a ser choque de soberanías.

Un documento viejo en una crisis nueva

Visto desde 2026, el episodio de 1916–1917 tiene un punto de espejo incómodo. Estados Unidos necesitaba cerrar la compra caribeña y, para conseguirlo, aceptó por escrito que no bloquearía la consolidación danesa sobre toda Groenlandia. Aquello quedó en un apéndice, sí, pero con firma, fecha y un “no objetaremos” que sigue ahí, negro sobre blanco, como una frase que no envejece del todo.

Ese antecedente no convierte a Groenlandia en un territorio “blindado” contra cualquier debate político contemporáneo, pero sí complica el relato de quienes pretenden presentar la isla como un asunto abierto a la compraventa sin fricción histórica. Porque hay historia, y está documentada; hay también una relación militar real y profunda que ya otorga a Washington acceso y presencia sin necesidad de anexiones; y hay un marco autonómico moderno que exige que la palabra decisión tenga acento groenlandés.

Por eso la ofensiva de Trump ha generado un rechazo tan amplio en Europa: no solo por el contenido, sino por el método. Vincular aranceles a la venta de un territorio autónomo —y hacerlo además dentro del espacio político de aliados— transforma una disputa estratégica en una forma de presión económica que muchos en Bruselas leen como precedente peligroso. La UE, con todas sus lentitudes, se ha visto obligada a pensar en herramientas contra la coerción y a revisar cómo protege algo tan básico como la integridad territorial de sus Estados y territorios vinculados.

Al final, el tratado de 1916 funciona como recordatorio de una realidad elemental: Groenlandia siempre ha sido más que hielo. En 1916 era una pieza de soberanía que Dinamarca quería consolidar; en 1946, un activo que Estados Unidos quiso comprar; en 1951, un nodo militar; en 2009, un sujeto político con derecho a autodeterminarse; y en 2026, un campo de tensión donde comercio, defensa, identidad inuit y diplomacia chocan en el mismo lugar. La frase de Lansing, escrita para cerrar una negociación, ha terminado señalando lo contrario: que el asunto nunca se cerró del todo, solo cambió de forma, de temperatura y de protagonistas.