¿EE.UU. destruirá el programa nuclear de Irán si fracasa el pacto?

Estados Unidos ya no da por hecho que vaya a existir un acuerdo nuclear con Irán. El secretario de Energía, Chris Wright, ha planteado públicamente la alternativa que hasta hace poco permanecía detrás del lenguaje diplomático: si Washington y Teherán no pactan, la Administración de Donald Trump podría apostar por seguir destruyendo las capacidades iraníes vinculadas al desarrollo de un arma nuclear. No es el anuncio de una nueva operación militar ni una orden presidencial, pero sí un endurecimiento explícito del mensaje de la Casa Blanca.

“Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruyan sus capacidades para hacerlo”, afirmó Wright este domingo, 6 de septiembre, durante una entrevista con ABC. Incluso admitió que un pacto podría quedar pendiente hasta una futura Administración estadounidense. Traducido del idioma habitualmente acolchado de la diplomacia: Washington contempla convivir sin acuerdo mientras mantiene la presión militar, económica y naval sobre Irán. La negociación sigue sobre la mesa; la mesa, eso sí, está rodeada de sanciones, barcos de guerra y misiles.

EE.UU. deja de presentar el acuerdo nuclear como inevitable

La importancia de las palabras de Wright está precisamente ahí. Estados Unidos llevaba meses defendiendo que la presión sobre Teherán debía terminar desembocando en algún tipo de entendimiento que limitara el enriquecimiento de uranio, permitiera recuperar una supervisión internacional efectiva y redujera el riesgo de que Irán pudiera fabricar un arma nuclear.

El mensaje de este domingo rompe, al menos retóricamente, esa secuencia. El pacto deja de aparecer como el destino inevitable de la presión estadounidense. Puede haber negociación, sí, pero Washington empieza a presentar también como resultado aceptable la degradación continuada de la infraestructura nuclear iraní.

Eso no significa que Chris Wright tenga capacidad para ordenar ataques. Como secretario de Energía de Estados Unidos desempeña un papel relevante en la política nuclear estadounidense, pero las decisiones militares corresponden al presidente y a la estructura de seguridad y Defensa. Tampoco ha anunciado que Estados Unidos vaya a bombardear inmediatamente una instalación determinada. El matiz importa: existe una amenaza política inequívoca, no un calendario de ataques conocido.

Y hay otro detalle. Hablar de “destruir las capacidades” es deliberadamente más amplio que hablar de destruir una central o una planta concreta. El programa iraní incluye instalaciones de enriquecimiento, centrifugadoras y reservas de uranio, pero también conocimiento científico, redes industriales y capacidad tecnológica acumulada durante años. Los edificios pueden bombardearse. El conocimiento, bastante menos.

El acuerdo de junio que debía abrir otro camino

Washington y Teherán sí habían conseguido acercarse después de meses de guerra. El 17 de junio firmaron un memorando de entendimiento que pretendía detener las hostilidades, aliviar parcialmente las sanciones y abrir una ventana de 60 días para negociar un acuerdo nuclear más completo. El documento, de carácter preliminar, contemplaba discutir la reducción del uranio iraní altamente enriquecido y recuperar la supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica, el OIEA.

Era, en realidad, bastante menos sólido que el histórico pacto nuclear de 2015. Aquel acuerdo —el JCPOA, negociado durante la presidencia de Barack Obama junto con otras potencias— establecía límites detallados al programa iraní, mecanismos de inspección y un sistema progresivo de levantamiento de sanciones. El memorando de 2026 era mucho más corto, provisional y abierto a interpretación. Servía para empezar a negociar, no para dar por resuelto el expediente nuclear.

La ironía histórica resulta difícil de esquivar. Donald Trump retiró a Estados Unidos del JCPOA el 8 de mayo de 2018, convencido de que aquel pacto era insuficiente. Ocho años después, su Gobierno volvió a negociar con Irán mientras intentaba construir un acuerdo distinto bajo unas condiciones mucho más violentas y mucho menos previsibles.

Ahora ese proceso diplomático vuelve a tambalearse.

El uranio enriquecido sigue siendo el gran problema

El centro técnico de la disputa continúa siendo el uranio enriquecido iraní. Antes de los ataques contra sus instalaciones, el OIEA estimaba que Irán disponía de unos 440,9 kilos de uranio enriquecido hasta el 60 %. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania quieren que Teherán permita verificar tanto ese material como las instalaciones afectadas por los bombardeos.

El 60 % de enriquecimiento merece una explicación porque las cifras nucleares suelen producir titulares más rápidos que la física. Ese nivel está muy por encima del necesario para la mayoría de usos civiles y relativamente cerca, desde el punto de vista técnico, del entorno del 90 % asociado al material apto para armas. Pero disponer de uranio enriquecido no equivale automáticamente a disponer de una bomba nuclear operativa.

Para fabricar un arma hacen falta pasos adicionales: enriquecer más material, transformarlo, diseñar y construir un dispositivo explosivo nuclear y, después, disponer de un sistema fiable para emplearlo. Irán sostiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Las potencias occidentales consideran que el nivel de enriquecimiento, la cantidad acumulada y las dificultades de verificación hacen imposible tratar el asunto como una actividad nuclear civil rutinaria.

Ahí está precisamente el agujero negro del momento actual: el OIEA no puede verificar con normalidad qué ha ocurrido con todo el material nuclear iraní después de los ataques y de las restricciones impuestas a sus inspectores.

El OIEA aumenta la presión mientras se atasca la diplomacia

El endurecimiento estadounidense coincide con una semana especialmente delicada en Viena. La Junta de Gobernadores del OIEA tiene previsto reunirse entre el 7 y el 11 de septiembre, y Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania han promovido una resolución para elevar nuevamente el incumplimiento iraní al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Las potencias occidentales reclaman acceso a las instalaciones dañadas, información sobre las reservas de uranio y cooperación plena con las salvaguardias nucleares. Rusia y China, por su parte, complican cualquier eventual respuesta contundente del Consejo de Seguridad gracias a su condición de miembros permanentes con derecho de veto.

El escenario, por tanto, tiene algo de callejón estrecho. Washington quiere inspecciones y concesiones nucleares mucho más profundas. Teherán considera que ha sido atacado mientras negociaba y teme que facilitar información pueda servir también para identificar futuros objetivos militares. El OIEA necesita verificar. Y los militares de ambos países continúan intercambiando golpes.

La diplomacia suele funcionar mal cuando sus interlocutores hablan mientras calculan coordenadas.

Ormuz convierte el problema nuclear en una crisis económica

Las declaraciones de Wright tampoco pueden separarse del estrecho de Ormuz, una garganta marítima de apenas unas decenas de kilómetros en sus puntos más sensibles y uno de los lugares donde la geografía cobra impuestos al planeta entero.

Durante los últimos días se ha producido una nueva escalada. Estados Unidos aseguró que fuerzas iraníes habían lanzado misiles contra barcos de guerra estadounidenses y respondió atacando tres petroleros iraníes. Irán afirmó después haber alcanzado una embarcación estadounidense en Ormuz, una versión que el mando estadounidense negó. Es decir, existe combate real, pero también una guerra paralela de comunicados en la que conviene no confundir una reivindicación militar con un hecho confirmado independientemente.

El efecto económico sí resulta bastante menos discutible. Las perturbaciones en Ormuz han alterado el tráfico petrolero y empujado hacia arriba los costes energéticos. En Estados Unidos, el precio medio de la gasolina llegó durante el fin de semana del Día del Trabajo a unos 4,14 dólares por galón, mientras el petróleo se movía en niveles próximos a los 90 dólares por barril.

La Administración Trump intenta así resolver varias ecuaciones al mismo tiempo: impedir que Irán consiga un arma nuclear, garantizar la navegación energética, presionar económicamente al régimen y evitar que el conflicto dispare todavía más los precios internos. Fácil no es. Y cada misil añade una variable nueva.

Destruir instalaciones no elimina necesariamente el programa

La frase de Wright plantea además una cuestión que acompaña desde hace décadas a cualquier discusión sobre un ataque preventivo contra instalaciones nucleares: borrar militarmente un programa nuclear avanzado es bastante más complicado que destruir edificios, túneles o centrifugadoras.

Un bombardeo puede inutilizar centrifugadoras, destruir accesos, cortar energía, colapsar túneles o retrasar durante meses o años determinadas actividades. También puede eliminar equipos difíciles de reemplazar. Pero cuando un país domina buena parte de la tecnología, dispone de científicos especializados y puede reconstruir infraestructura clandestina, la diferencia entre destruir y retrasar se vuelve enorme.

Eso explica por qué incluso gobiernos partidarios de una línea dura han buscado tradicionalmente algún mecanismo de inspección. Un edificio destruido puede fotografiarse desde un satélite. Un programa clandestino reconstruido bajo tierra es otra historia.

El riesgo político también funciona en sentido contrario. Una campaña destinada a impedir que Irán construya una bomba podría reforzar precisamente entre los sectores más duros de Teherán la idea de que solo disponer de una disuasión nuclear garantizaría la supervivencia del régimen. Es una de las paradojas clásicas de la proliferación: la amenaza diseñada para frenar un arma puede aumentar el incentivo estratégico para buscarla.

Washington cambia de tono en una guerra que no encuentra salida

La declaración del secretario de Energía no certifica la muerte de las negociaciones, pero sí describe bastante bien su deterioro. El memorando firmado en junio no se convirtió en el acuerdo nuclear definitivo que debía seguirle; las hostilidades han vuelto a crecer y Estados Unidos combina sanciones, bloqueo naval, ataques y presión diplomática mientras Irán responde militarmente y mantiene una posición desafiante.

La cuestión inmediata no es, por tanto, si Washington ha ordenado ya destruir el programa nuclear iraní. No existe ese anuncio. Lo significativo es que un miembro del Gobierno de Trump ha dejado de presentar el acuerdo como condición necesaria para resolver el conflicto y ha colocado públicamente la destrucción de capacidades nucleares como alternativa.

Eso estrecha mucho el margen. Teherán puede ceder, negociar nuevas condiciones o resistir esperando que cambie la política estadounidense. Washington puede regresar al pacto, aumentar todavía más la presión o continuar degradando objetivos iraníes. Entre medias están el OIEA, el petróleo y el estrecho de Ormuz, y una región acostumbrada a descubrir que las guerras concebidas como breves tienen una curiosa tendencia a aprender a durar.

Un pacto cada vez más lejano y demasiadas armas alrededor

Después de seis meses de conflicto, el problema nuclear iraní continúa exactamente donde resulta más peligroso: hay menos confianza, menos capacidad de inspección y más fuerza militar desplegada. Los ataques han dañado capacidades iraníes, pero no han producido todavía un acuerdo verificable que cierre el camino hacia una eventual arma nuclear.

Chris Wright ha puesto palabras a esa nueva fase. Estados Unidos sigue diciendo que Irán no debe obtener la bomba; lo que empieza a cambiar es el método considerado aceptable para impedirlo. Antes, el discurso terminaba necesariamente en una negociación. Este domingo Washington ha recordado que contempla otro verbo.

Destruir.