El caso de la ITV en Murcia: cuántos coches pudieron pasar

No hay una cifra pública que permita saber cuántos vehículos pudieron obtener una ITV favorable de forma irregular antes de que se descubriera el caso de Murcia. La sentencia conocida no fija un total de inspecciones afectadas ni publica una relación completa de matrículas. Lo que sí recoge es una serie de incumplimientos atribuidos a un inspector, cuya gravedad llevó al Tribunal Superior de Justicia de Murcia a declarar procedente su despido disciplinario.

La diferencia entre lo que se sabe y lo que se desconoce importa. El fallo laboral acredita hechos suficientes para justificar la pérdida de confianza de la empresa, pero no equivale a una auditoría pública de todos los vehículos revisados ni determina por sí solo cuántas inspecciones pudieron quedar comprometidas. La incógnita, por tanto, sigue abierta: se detectaron varias irregularidades, pero no se ha divulgado un recuento global.

Qué ocurrió en la estación de ITV de Murcia

El trabajador ejercía como inspector desde julio de 2019 y también era representante legal de los trabajadores. En julio de 2024, la empresa le comunicó el despido disciplinario por fraude, deslealtad, abuso de confianza y disminución voluntaria del rendimiento. La decisión no se apoyó únicamente en una discrepancia técnica: la compañía reunió imágenes de cámaras, registros de inspección y datos que consideró anómalos antes de llevar el conflicto a los tribunales.

Entre los hechos valorados en el procedimiento figuraban inspecciones incompletas, la utilización de identidades de clientes reales y fotografías tomadas de forma que podían ocultar defectos del vehículo. También se señalaron mediciones de gases incorrectas u omitidas en coches con varias salidas de escape. La combinación de fallos técnicos y actuaciones ajenas al procedimiento fue central para que el tribunal entendiera que no se trataba de un simple error aislado durante una revisión.

Las cámaras, según los hechos recogidos en la resolución, registraron al empleado en distintas fechas de febrero, mayo y junio de 2024 sacando cantidades importantes de dinero en efectivo y repartiéndolas con otros compañeros durante la jornada. Ese manejo de dinero dentro de la estación se sumó a las anomalías detectadas en las inspecciones. La resolución laboral consideró el conjunto de circunstancias, no una única escena separada del resto.

La Guardia Civil instruyó diligencias e investigó al inspector y a otras personas por presuntos delitos relacionados con falsedad documental, seguridad vial, pertenencia a grupo criminal y corrupción. Esa información debe describirse con cautela: una investigación penal no es una condena. La sentencia del TSJ resolvió la controversia laboral sobre el despido; no sustituye el procedimiento penal ni determina automáticamente la responsabilidad de todas las personas investigadas.

Por qué no se conoce el número de inspecciones manipuladas

La sentencia no ofrece un número cerrado de vehículos que hubieran recibido un resultado favorable irregular. Tampoco se ha publicado una lista exhaustiva de expedientes afectados ni una auditoría completa que permita calcular el alcance del caso. Por eso no es posible responder con una cifra fiable. Afirmar que fueron decenas o cientos, sin documentación que lo respalde, convertiría una sospecha en un dato inventado.

Lo acreditado en el litigio laboral sí apunta a más de una actuación anómala. El tribunal tuvo en cuenta la acumulación de incumplimientos, las revisiones con resultados cuestionables y otros elementos relacionados con el trabajo del inspector. Pero que existan varias irregularidades probadas no permite deducir cuántos vehículos concretos se beneficiaron, ni durante cuánto tiempo pudo ocurrir. El alcance numérico sigue sin estar establecido públicamente.

Para conocerlo haría falta reconstruir los expedientes que pudieran resultar sospechosos y contrastar los resultados con las mediciones, las fotografías, los horarios y la identidad de quienes realizaron cada revisión. La resolución laboral no presenta ese inventario ni tiene como objetivo publicar una estadística de vehículos. Su propósito era decidir si la conducta acreditada justificaba el despido, una cuestión distinta de determinar el universo completo de inspecciones que pudieran requerir comprobaciones.

Así se entiende la respuesta más rigurosa: hubo varias irregularidades que el tribunal consideró graves, pero no se sabe cuántas inspecciones irregulares pasaron inadvertidas antes de descubrirse el caso. La falta de un recuento público no prueba que no hubiera más vehículos afectados; tampoco permite dar por hecho que los hubiera. La incertidumbre no debe rellenarse con una cifra aproximada.

Qué significaban las mediciones de opacidad cero

Uno de los datos que llamó la atención en el caso fue la anotación de opacidad cero en vehículos diésel de casi 20 años y alrededor de 250.000 kilómetros. La opacidad mide el oscurecimiento del humo visible que sale del escape y sirve como indicador asociado a la combustión y a las emisiones del motor. Un valor muy bajo no demuestra por sí solo que una medición se haya falseado: el estado de cada vehículo depende de su mantenimiento y de sus condiciones técnicas. Sin embargo, el tribunal consideró llamativos esos resultados dentro del conjunto de pruebas.

Un coche antiguo no incumple la normativa por su edad, del mismo modo que uno más nuevo no queda exento de una inspección rigurosa. Hay vehículos veteranos bien mantenidos y otros que presentan problemas en frenos, neumáticos, alumbrado, emisiones o componentes de la suspensión. La función de la revisión es valorar el estado del automóvil, no castigar los años que lleva en circulación. Por eso el resultado debería depender de criterios técnicos aplicados de forma consistente, no de la simpatía que inspire el dueño ni de un arreglo informal.

La opacidad cero llamó la atención porque se interpretó junto a otras señales: defectos que no se habrían consignado, mediciones omitidas o mal realizadas y resultados favorables discutidos. Separar una cifra del contexto puede llevar a conclusiones precipitadas; leerla como una pieza más del expediente ayuda a entender por qué el caso adquirió relevancia. El indicio cobra sentido por su relación con el resto de las actuaciones, no como prueba aislada de que cualquier coche diésel antiguo deba emitir humo visible.

Una inspección que afecta a quienes comparten la carretera

La ITV comprueba que los vehículos reúnen las condiciones obligatorias de seguridad y protección medioambiental para circular. En la práctica, eso incluye aspectos como los frenos, las luces, los neumáticos, la dirección, la identificación del vehículo y las emisiones. No es una formalidad puramente administrativa: un defecto relevante puede afectar a la capacidad de frenar, a la visibilidad o a la contaminación que produce el motor. El resultado de una revisión puede tener consecuencias para personas que nunca conocerán al inspector.

El Real Decreto 920/2017 establece el marco general de las inspecciones técnicas en España, con supervisión de las comunidades autónomas y obligaciones para las estaciones. En los turismos, la primera inspección llega a los cuatro años desde la matriculación; después se realiza cada dos años hasta que el vehículo cumple diez años, momento a partir del cual pasa a ser anual. El sistema distribuye así las revisiones según la antigüedad y la clase de vehículo.

La edad, por sí sola, no permite concluir que un coche sea peligroso. Lo que cambia con el tiempo es la probabilidad de que el desgaste afecte a piezas que intervienen en la conducción: neumáticos, frenos, suspensión, dirección o alumbrado. Una inspección correcta ofrece una comprobación periódica, aunque no reemplaza el mantenimiento ni garantiza que no aparezca un fallo después. La pegatina certifica el resultado de una revisión concreta, no una promesa de que el vehículo permanecerá siempre en perfecto estado.

Desde enero de 2026 está vigente la versión 7.9 del Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV, que fija criterios técnicos y operativos para las inspecciones. La actualización busca adaptar las pautas a la evolución de los vehículos y reforzar la seguridad vial, con cambios relacionados especialmente con el transporte profesional y los vehículos históricos. Un manual común ayuda a que la comprobación no dependa únicamente del criterio particular de cada inspector.

El dinero y las pruebas que pesaron en el despido

La relevancia del dinero en efectivo no reside solo en que se moviera dentro de la estación. En el caso, ese elemento apareció junto a supuestas irregularidades en las revisiones, la suplantación de identidades y la manipulación u omisión de datos técnicos. Para la empresa y, posteriormente, para el tribunal laboral, la suma de indicios afectó a la confianza necesaria para que el trabajador pudiera seguir inspeccionando vehículos. La decisión judicial se apoyó en un patrón de conductas, no únicamente en el efectivo.

El Estatuto de los Trabajadores contempla el despido disciplinario ante incumplimientos graves y culpables, entre ellos la transgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza. En un puesto de inspección, esa confianza tiene un alcance particular: el trabajo consiste en evaluar de manera imparcial si un vehículo cumple los requisitos. Si se alteran mediciones o se omiten defectos, el resultado puede dejar de reflejar el estado real del coche.

El empleado era representante legal de los trabajadores, una circunstancia que exige especial cuidado al valorar un despido para distinguir una sanción justificada de una posible represalia. La condición representativa no supone inmunidad frente a incumplimientos acreditados, pero tampoco elimina las garantías laborales. En este caso, el TSJ entendió que la gravedad de los hechos probados sustentaba la decisión empresarial. El tribunal examinó la conducta y las pruebas, no una excepción a las garantías del trabajador.

El efecto potencial de una revisión falseada va más allá del perjuicio económico para una estación o de la disputa entre empresa y empleado. Un vehículo que obtiene una inspección favorable cuando no reúne las condiciones puede seguir circulando sin que su conductor conozca el problema. Si el defecto afecta a los frenos, a las luces o a las emisiones, la consecuencia puede trasladarse a otros usuarios de la carretera o al entorno. No significa que cada anomalía termine en un accidente, pero sí que la inspección cumple una función preventiva que depende de la fiabilidad del resultado.

Dos tribunales y dos cuestiones distintas

El recorrido judicial ayuda a entender por qué el caso no se resume en una sola frase. En primera instancia, el Juzgado de lo Social número 9 de Murcia declaró improcedente el despido. Aunque consideró probados los hechos, entendió que la empresa no había aportado el Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV para acreditar suficientemente la infracción normativa. En ese escenario, la consecuencia podía ser la readmisión o una indemnización de 9.821,76 euros.

La empresa recurrió en suplicación y el TSJ de Murcia modificó el resultado: declaró procedente el despido disciplinario. El tribunal valoró la cantidad y la entidad de los incumplimientos y entendió que justificaban la pérdida de confianza. El cambio no significa que la primera resolución negara los hechos; la discrepancia se centró en cómo se había acreditado su encaje y en la suficiencia de la prueba normativa aportada. La controversia laboral terminó con el despido validado en segunda instancia.

Ese fallo no resuelve por sí mismo la posible responsabilidad penal. En el ámbito laboral se juzga si la conducta del empleado permite extinguir el contrato por incumplimiento grave. En el penal se investiga si los hechos encajan en delitos y quién pudo participar en ellos, con garantías y estándares propios. Confundir ambos planos llevaría a presentar como condena lo que la información disponible describe como diligencias e investigación.

También deja una enseñanza sobre la importancia de documentar bien las decisiones. La primera resolución dio relevancia a la ausencia de un manual en el proceso; el tribunal superior, al revisar el recurso, consideró que los incumplimientos acreditados justificaban el despido. En procedimientos de esta naturaleza, la prueba debe sostener tanto qué ocurrió como por qué esa conducta vulnera las obligaciones del puesto. Una sospecha puede abrir una investigación, pero la resolución depende de lo que pueda probarse.

Un parque móvil envejecido y una inspección bajo presión

Los datos de 2024 aportan contexto sobre la importancia de mantener controles fiables. Según cifras publicadas por el sector, el 81% de los vehículos que acudieron a la ITV superó la inspección a la primera. Entre los defectos graves más habituales aparecieron problemas de alumbrado y señalización, emisiones contaminantes, ruedas y neumáticos, suspensión y frenos. Las emisiones fueron la segunda causa de rechazo, con el 21,5% de los defectos graves detectados.

Ese mismo año, el 32,7% de los vehículos que debían pasar la ITV no acudió. El parque móvil tenía una edad media de 15,1 años y uno de cada dos vehículos en circulación superaba los 15 años. Son cifras que describen una realidad en la que muchos automóviles necesitan revisiones periódicas, aunque la antigüedad no equivalga automáticamente a un mal estado. El control técnico adquiere más peso cuando una parte considerable de los coches acumula años de uso.

El sector también ha señalado que quienes retrasan la inspección presentan más defectos graves o muy graves. Los vehículos que acuden en plazo registran un nivel de rechazo del 15%; entre los que llegan con hasta seis meses de demora, la cifra sube al 20%; con retrasos de seis a 12 meses, alcanza el 22%, y supera el año, llega al 25%. En los casos con más de 12 meses de retraso, el incremento de defectos graves o muy graves alcanza el 62%, según esos datos.

Estas cifras no demuestran que la demora causara por sí sola los defectos ni describen lo ocurrido en la estación murciana. Sí muestran por qué una inspección independiente tiene valor: el retraso puede convivir con más averías y el sistema necesita detectar problemas antes de que se conviertan en un riesgo. Un informe de la Universidad Carlos III de Madrid sobre el impacto de la ITV en la seguridad vial y el medioambiente estimó que las inspecciones evitaron miles de siniestros, heridos y muertes, además de víctimas prematuras asociadas a la exposición a partículas. La utilidad del control se mide también por los daños que ayuda a prevenir.

La confianza depende de revisar también los expedientes

Cuando aparece una sospecha de manipulación, despedir a un empleado no responde por sí solo a todas las preguntas sobre los vehículos inspeccionados. Para conocer el alcance habría que determinar qué expedientes son anómalos, qué resultados se registraron y si las mediciones, las fotografías y las identidades corresponden a cada revisión. La información disponible no permite afirmar qué medidas concretas se adoptaron para revisar todos los casos ni cuántos automóviles pudieron quedar afectados.

Ahí está el límite de lo que hoy puede decirse. La resolución laboral confirma que el TSJ consideró graves las irregularidades acreditadas y procedente el despido. La investigación penal, según la información publicada en el caso, seguía otro recorrido. Pero no hay un recuento público que permita convertir esas actuaciones en una cifra total de ITV alteradas. El dato más importante continúa siendo también el que falta: el alcance completo.

La ITV no elimina todos los riesgos ni convierte un vehículo en infalible. Su valor está en comprobar, con criterios técnicos y un procedimiento común, que en el momento de la revisión cumple las condiciones exigidas. Si el resultado se manipula, deja de servir como señal fiable para el conductor y para quienes comparten la carretera. La pegatina solo conserva su significado cuando es consecuencia de una inspección real, documentada y neutral.

Por ahora, la respuesta honesta no es un número, sino una distinción: se acreditaron varias irregularidades y el despido del inspector fue declarado procedente, pero no se ha hecho pública una cifra de vehículos que pudieran superar la inspección de forma irregular. Sin una revisión completa de los expedientes, cualquier total sería especulativo. La credibilidad del sistema depende tanto de detectar conductas como de aclarar, con pruebas, qué ocurrió con los coches que pudieron salir de aquella estación con un resultado favorable.