¿Lauren Boebert tuvo sexo con tres empleados? Esto dice la denuncia

La congresista republicana Lauren Boebert afronta una denuncia presentada ante el Comité de Ética de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que sostiene que mantuvo relaciones sexuales con tres empleados de su equipo mientras estaban bajo su supervisión. La acusación, registrada el 17 de septiembre de 2026, añade otro elemento especialmente delicado: un supuesto pago de unos 200.000 dólares a una antigua directora de distrito para evitar que presentara su propia denuncia ética. Boebert lo niega tajantemente.

Eso es, por el momento, lo esencial. Existe una denuncia formal y jurada, pero no una resolución que dé por demostrados esos hechos. El Comité de Ética no había anunciado públicamente, a 20 de septiembre, la apertura de una investigación sobre estas acusaciones. La diferencia importa: en Washington una denuncia puede recorrer medio país antes de que el expediente haya dado siquiera su primer paso.

Qué acusa exactamente la denuncia contra Lauren Boebert

El escrito fue presentado por David B. Wheeler, de American Muckrakers, bajo pena de perjurio. Según la documentación difundida, Boebert habría mantenido relaciones con tres personas que trabajaron directamente para su oficina: Clarice Navarro Ratzlaff, antigua directora de distrito; Raven Finegan, responsable de su equipo de distrito; y Jeffrey Small, exjefe de gabinete.

La acusación dedica especial atención a Navarro Ratzlaff, que trabajó como directora de distrito de Boebert entre enero de 2021 y enero de 2025. Wheeler sostiene que ambas mantuvieron durante ese periodo una relación sentimental y sexual y sitúa supuestos encuentros en dependencias vinculadas al trabajo de la congresista, vehículos y hoteles. Son afirmaciones contenidas en la denuncia, no hechos que hayan sido establecidos por el Comité de Ética o por un tribunal.

El escrito sostiene también que Boebert habría mantenido relaciones con Finegan y Small cuando ambos estaban sometidos a su autoridad profesional. Ahí aparece el problema institucional que convierte el asunto en algo bastante distinto de un simple cotilleo sobre la vida privada de una política: las normas de la Cámara regulan expresamente las relaciones entre miembros del Congreso y subordinados.

La regla del Congreso que está en el centro del caso

La cláusula 18 del Código de Conducta Oficial de la Cámara establece que un representante no puede mantener una relación sexual con un empleado de la Cámara que trabaje bajo su supervisión. La excepción prevista afecta a personas casadas entre sí. Es decir, el reglamento no exige necesariamente una acusación de coacción para que pueda plantearse una infracción: la propia relación entre un congresista y un subordinado entra dentro de la prohibición.

Ese detalle cambia el foco. La cuestión no es la orientación sexual de nadie ni quién comparte cama con quién fuera del despacho. El asunto ético consiste en determinar si existieron esas relaciones mientras había una relación jerárquica laboral y si se utilizaron recursos oficiales o electorales de forma irregular.

El supuesto pago de 200.000 dólares a Clarice Navarro

La afirmación de mayor alcance económico aparece vinculada también a Navarro Ratzlaff. La denuncia sostiene que en marzo de 2025, después de abandonar la oficina de Boebert y cuando supuestamente se disponía a presentar una queja ética, se habría organizado un pago de aproximadamente 200.000 dólares para impedir que lo hiciera.

Aquí conviene mantener el verbo en su sitio: la denuncia alega que hubo ese pago con esa finalidad. La documentación pública conocida hasta ahora no constituye por sí sola una demostración independiente de que Boebert ordenara entregar 200.000 dólares a cambio de silencio. Tampoco existe, de momento, una conclusión oficial que establezca que ese dinero fuera abonado en las condiciones descritas.

El escrito incorpora igualmente acusaciones sobre gastos y compensaciones relacionadas con Navarro, entre ellas pagos de campaña y bonificaciones. La mera existencia de una transacción registrada, sin embargo, no demuestra que su finalidad fuese ilícita. Para pasar de un apunte contable a una infracción hacen falta pruebas sobre quién decidió el pago, por qué se hizo y qué contraprestación existía, si es que existió alguna.

Boebert niega cualquier relación sexual con sus empleados

La respuesta de la congresista ha sido frontal. Un portavoz aseguró que Boebert considera las acusaciones completamente falsas y describió la denuncia como una maniobra políticamente motivada destinada a utilizar el procedimiento ético para dañarla públicamente. Boebert sostiene que nunca mantuvo relaciones sexuales inapropiadas con miembros de su personal.

Clarice Navarro Ratzlaff también ha negado las acusaciones que la afectan. La antigua directora de distrito las calificó de falsas y difamatorias y afirmó que no existe verdad en lo relatado sobre ella. Las negativas son relevantes porque algunas de las acusaciones más graves dependen, hasta ahora, de fuentes que no han sido identificadas públicamente.

No consta una respuesta pública equivalente de todos los empleados mencionados en cada uno de los extremos del escrito. Tampoco hay una determinación independiente del Comité de Ética que permita resolver las versiones enfrentadas.

Quién presentó la denuncia y por qué su historial importa

David Wheeler y American Muckrakers llevan años enfrentados políticamente a Boebert. La denuncia actual afirma basarse en fuentes anónimas y documentación que, según Wheeler, respaldan el relato. Haber firmado el escrito bajo pena de perjurio añade responsabilidad jurídica sobre lo declarado, pero no convierte automáticamente las acusaciones en hechos probados.

Hay además un antecedente que obliga a leer el caso con cierta cautela. Wheeler difundió en 2022 otras acusaciones contra Boebert, incluida la afirmación de que había trabajado como acompañante de pago. En aquella campaña apareció la fotografía de una mujer que no era Boebert; Wheeler reconoció posteriormente errores en aquel material, aunque mantuvo la acusación principal. La disputa acabó derivando en un litigio por difamación promovido por Wheeler y resuelto posteriormente mediante un acuerdo cuyos términos no fueron públicos.

Ese historial no demuestra que la denuncia actual sea falsa, exactamente igual que presentarla bajo juramento tampoco demuestra que sea cierta. Lo que hace es elevar el listón de la comprobación. Acusación, indicio y prueba siguen siendo tres cosas diferentes, aunque internet tienda a mezclarlas antes del desayuno.

Qué puede hacer el Comité de Ética de la Cámara

El Comité de Ética tiene competencia para examinar posibles vulneraciones del Código de Conducta de la Cámara y puede investigar actuaciones de sus miembros. Es además un órgano bipartidista, integrado por cinco representantes de cada uno de los dos grandes partidos, mientras que su personal desarrolla el trabajo cotidiano bajo reglas de carácter no partidista.

Hasta el 20 de septiembre de 2026, el comité no había comunicado públicamente una investigación específica sobre Boebert relacionada con esta denuncia. Eso no permite concluir que haya descartado el asunto: simplemente significa que no existe, por ahora, un procedimiento anunciado públicamente comparable a otros casos en los que el propio comité ha confirmado que estaba revisando determinadas acusaciones.

Si el órgano decide avanzar, el núcleo del expediente será previsiblemente documental y testimonial: confirmar relaciones laborales y periodos de supervisión, determinar qué pagos existieron realmente, establecer su procedencia y finalidad y contrastar los testimonios en los que Wheeler basa la denuncia. Solo entonces podría hablarse con propiedad de pruebas suficientes o insuficientes.

Por qué una relación consentida también podría plantear un problema

Una de las confusiones fáciles en este caso consiste en reducirlo todo a la existencia o no de consentimiento. El reglamento interno va más lejos. La prohibición sobre relaciones sexuales con subordinados pretende evitar precisamente el desequilibrio de poder que aparece cuando una de las dos personas controla empleo, salario, ascensos o condiciones laborales de la otra.

Por eso, incluso en la hipótesis de una relación plenamente consentida, la cuestión ética seguiría existiendo si una de las personas trabajaba bajo supervisión directa del miembro del Congreso. Otra cosa, naturalmente, es demostrar que esa relación existió. Y en este caso ese es precisamente el punto que Boebert y Navarro rechazan.

Una acusación grave que todavía necesita pruebas

El caso que rodea a Lauren Boebert contiene ingredientes suficientes para fabricar titulares a velocidad industrial: tres empleados, relaciones sexuales, dinero y una denuncia ante el Congreso. Pero el estado real del asunto es bastante más sobrio. Una denuncia jurada acusa a la congresista de mantener relaciones prohibidas con subordinados y de intervenir en un supuesto pago de 200.000 dólares; Boebert lo niega, Navarro también, y el Comité de Ética no ha establecido públicamente que ninguna de esas acusaciones sea cierta.

Lo que ocurra con esas afirmaciones dependerá de algo menos vistoso que el escándalo y bastante más importante: documentos verificables, testimonios contrastados y una eventual actuación oficial del comité. Hasta que ese material exista, el verbo correcto sigue siendo uno solo: se acusa. No se ha probado.