¿Cuántas muertes suma el ICE? Maine expone cifras, fallos y opacidad

Un hombre colombiano de 26 años murió este lunes, 13 de julio de 2026, durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Biddeford, una pequeña ciudad costera de Maine. Las autoridades no habían difundido oficialmente su identidad durante las primeras horas posteriores al tiroteo, aunque organizaciones migratorias locales aseguraron que tenía autorización de trabajo y número de la Seguridad Social.

Un agente disparó varias veces después de que el vehículo del joven se moviera hacia su posición, según un testigo presencial. Otro vecino escuchó al herido decir que había intentado detenerse. La investigación apenas comienza y todavía no permite determinar qué ocurrió exactamente entre ambas escenas, separadas por unos segundos y por algo bastante más espeso: dos versiones incompatibles.

La respuesta más honesta sobre cuántas personas ha matado el ICE resulta incómoda. No existe una cifra oficial única. El registro independiente más completo contabilizaba 291 muertes bajo custodia de la agencia entre octubre de 2003 y el 4 de junio de 2026. Dos fallecimientos comunicados posteriormente por el propio organismo elevan ese suelo estadístico a, como mínimo, 293 personas muertas bajo custodia.

Aparte están quienes fallecieron durante redadas, persecuciones, detenciones callejeras o tiroteos. El recuento periodístico más amplio sitúa en al menos 11 los episodios mortales con disparos protagonizados por agentes del ICE o de la Patrulla Fronteriza desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Son categorías distintas, en ocasiones superpuestas, y Washington no ofrece un inventario que permita coserlas sin dejar agujeros.

La última víctima: cuatro disparos en una calle de Maine

El tiroteo ocurrió poco antes de las 7:18 de la mañana en el cruce de Pool Street y Hill Street. Varios vehículos sin distintivos y agentes con chalecos verdes rodeaban un automóvil. Lucas Scott, un joven de 18 años que atravesaba la intersección, declaró que vio al conductor poner el coche en marcha y avanzar hacia uno de los agentes. El funcionario sacó su arma y efectuó aproximadamente cuatro disparos.

Es un testimonio relevante, no una sentencia escrita en mármol. Falta conocer la distancia entre el agente y el vehículo, la velocidad del automóvil, las órdenes impartidas, la posición exacta de los demás funcionarios y la trayectoria de los proyectiles. Detalles pequeños sobre el papel, decisivos cuando se investiga el uso de fuerza letal.

Daniel Boucher, otro vecino, vio al conductor bajar del vehículo con una grave herida en la cabeza. Recordó que alcanzó a decir: «Intenté parar». Las imágenes del lugar mostraban el coche, el cuerpo cubierto y una calle residencial tomada por cintas policiales, patrullas y vecinos que salían de sus casas todavía con el café a medio hacer.

Una niña pequeña apareció junto a familiares de la víctima, según otra testigo. Llevaba un pijama de dibujos animados. A veces la política migratoria abandona Washington, deja atrás los podios y entra en escena así: una criatura mirando flores detrás de una barricada, mientras los adultos discuten sobre protocolos federales.

La Policía de Biddeford confirmó la intervención del ICE, pero limitó su tarea a proteger la escena. El FBI, la Policía Estatal de Maine, la Fiscalía General del estado y la oficina del médico forense participan en las pesquisas. La gobernadora Janet Mills reclamó que se determinen los hechos, mientras el presidente de la Cámara estatal, Ryan Fecteau, exigió aclarar por qué se utilizó fuerza letal y qué operación se estaba desarrollando en las calles de la ciudad.

Durante las primeras horas, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no habían ofrecido una reconstrucción pública detallada. Tampoco se conocía qué orden trataban de ejecutar los agentes, si el joven era realmente el objetivo del operativo o si había alguna amenaza previa. El silencio institucional, cuando todavía se está investigando, puede ser prudencia. Cuando se prolonga demasiado, empieza a parecer otra cosa.

El permiso de trabajo atribuido al fallecido no resuelve por sí solo su situación migratoria, pero sí obliga a frenar la maquinaria de etiquetas. No se sabe públicamente qué instrucciones recibió, desde dónde se efectuaron los disparos ni si existía una alternativa razonable. Tampoco se ha confirmado si los agentes llevaban cámaras corporales. Todo lo demás, por ahora, es humo partidista alrededor de un cadáver.

Una cuenta dividida para que nadie vea el total

Hablar de muertos relacionados con el ICE obliga a distinguir tres realidades. Están quienes fallecen formalmente bajo custodia; quienes mueren durante una detención, redada o persecución antes de ingresar en un centro; y quienes son abatidos por agentes federales, incluidos los miembros de la Patrulla Fronteriza. El Estado fragmenta esos datos entre organismos, ejercicios fiscales, comunicados y definiciones administrativas.

El resultado se parece a una factura partida entre demasiadas mesas: todo el mundo ha comido, pero nadie quiere reconocer el importe completo. Una muerte ocurrida minutos antes del ingreso en un centro puede quedar fuera del recuento de custodia. Otra, producida poco después de una liberación médica, desaparece de la estadística principal. La categoría cambia; la persona muerta, naturalmente, no.

Morir bajo custodia tampoco equivale automáticamente a haber sido asesinado. Hay enfermedades graves, suicidios y fallecimientos cuya causa no implica necesariamente una conducta delictiva. Pero la custodia crea una obligación reforzada de cuidado: el detenido no puede elegir médico, abandonar la instalación, pedir una segunda opinión con normalidad ni organizar por su cuenta una evacuación hospitalaria.

La agencia controla la puerta, el horario, la medicación y la respuesta ante una emergencia. También hereda la responsabilidad. Cuando una persona detenida pide ayuda durante horas, recibe un diagnóstico equivocado o llega tarde al hospital, el debate ya no gira únicamente alrededor de la causa clínica. Entra en juego la responsabilidad institucional.

Al menos 293 muertes registradas bajo custodia desde 2003

El proyecto independiente Behind Bars, vinculado a la Facultad de Derecho de UCLA, había identificado 291 muertes en instalaciones del ICE entre el 1 de octubre de 2003 y el 4 de junio de 2026. Texas acumulaba 56; California, 39; Arizona, 25; Florida, 24, y Luisiana, 22.

El propio registro advierte de que se trata probablemente de un mínimo. No incorpora de manera sistemática a quienes mueren antes de ser registrados formalmente, permanecen bajo órdenes migratorias en cárceles locales o fallecen después de abandonar la custodia. La estadística, por tanto, dibuja el contorno del problema, pero no necesariamente todo su volumen.

Tras la fecha de corte fueron comunicadas las muertes del mexicano Félix Alcorta Rodríguez, de 63 años, ocurrida el 19 de junio, y del alemán Adrian Andreas Florian, de 85, fallecido el 24 de junio después de una hospitalización prolongada. Sumados a los 291 casos consolidados, elevan el mínimo conocido a 293 fallecidos desde la creación del ICE.

La cifra podría crecer cuando se incorporen nuevos comunicados y se revisen expedientes pendientes. Es importante decirlo con precisión: 293 no representa necesariamente el número definitivo, sino el mínimo documentado. La diferencia no es semántica. En una administración pública, aquello que no se registra termina comportándose como si nunca hubiera ocurrido.

La mortalidad crece más deprisa que las detenciones

Durante los primeros 500 días del segundo mandato de Trump murieron 52 personas bajo custodia del ICE, entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026. La frecuencia pasó de una muerte cada 20 o 56 días, según el periodo utilizado como referencia, a una muerte aproximadamente cada nueve días durante el primer año de la nueva Administración.

La población detenida creció un 77% entre enero de 2025 y enero de 2026. Las muertes, sin embargo, se multiplicaron por más de tres, elevando un 138% la tasa anualizada por cada 10.000 internos. No basta, por tanto, con responder que hay más fallecidos porque también existen más detenidos. Las dos curvas no avanzan al mismo ritmo.

Otro análisis sobre los registros disponibles llegó a una conclusión parecida. Entre 2009 y 2024 se contabilizaba aproximadamente una muerte anual por cada 3.848 personas detenidas. Desde el regreso de Trump, la proporción habría empeorado hasta una por cada 1.630. De 50 fallecimientos examinados, 21 personas fueron encontradas muertas o inconscientes; diez casos fueron considerados suicidios y 16 estuvieron vinculados a problemas cardiovasculares.

El Departamento de Seguridad Nacional rechaza que exista un aumento anómalo y sostiene que proporciona atención médica integral desde el ingreso. También atribuye parte de la subida al crecimiento de la población recluida. La explicación sería más convincente si la tasa de mortalidad no hubiese aumentado bastante más que el número de camas ocupadas. Las matemáticas tienen esa manía antipática: no suelen aceptar argumentarios.

Al menos 11 tiroteos mortales de agentes migratorios

La muerte de Biddeford no entrará en la estadística de custodia si el joven falleció antes de ser formalmente ingresado. Se añadirá, en cambio, al recuento de tiroteos protagonizados por fuerzas federales de inmigración. Una revisión publicada cuatro días antes del caso de Maine había identificado diez personas abatidas por agentes del ICE o de Aduanas y Protección Fronteriza desde enero de 2025.

Con la víctima de este lunes, el número asciende a al menos 11 muertes por disparos, aunque otros recuentos utilizan criterios más estrechos y sitúan el total algo por debajo. La diferencia depende de si se incluyen funcionarios fuera de servicio, agentes de la Patrulla Fronteriza, incidentes producidos en instalaciones federales o personas que no eran el objetivo original de una redada.

No todos esos episodios ocurrieron durante una detención migratoria ordinaria. Uno implicó a un hombre que abrió fuego contra una instalación de la Patrulla Fronteriza; otro fue protagonizado por un agente del ICE fuera de servicio. También murieron ciudadanos estadounidenses como Renee Good y Alex Pretti durante el despliegue federal en Minnesota.

Mezclarlo todo sería chapucero. Ocultarlo bajo categorías herméticas, también. La solución razonable pasaría por publicar un registro federal donde constaran todas las muertes vinculadas a operativos migratorios, indicando el organismo, las circunstancias, la situación procesal y el resultado de la investigación. Una tabla comprensible. Nada revolucionario, salvo quizá para la burocracia de la opacidad.

Seis días antes del tiroteo de Maine, un agente del ICE mató en Houston a Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador mexicano de 52 años que llevaba más de tres décadas en Estados Unidos y conducía a varios compañeros hacia una obra. El Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que embistió un vehículo oficial e intentó atropellar a un agente.

Tres hombres que viajaban con él niegan que hubiera ningún funcionario delante de la furgoneta cuando comenzaron los disparos. Salgado Araujo ni siquiera era el objetivo que buscaba el operativo. Las versiones vuelven a chocar en el mismo punto: un vehículo en movimiento, agentes que dicen sentirse amenazados y testigos que describen una escena distinta.

Los tres acompañantes quedaron detenidos por el mismo organismo cuya versión contradicen. Esto no demuestra por sí solo una represalia, pero crea una situación institucional difícil de defender sin una investigación realmente independiente. Las autoridades tampoco han presentado imágenes que sostengan su relato: los agentes no llevaban cámaras corporales y los vehículos carecían de cámaras frontales.

Opacidad documentada, responsabilidades todavía abiertas

Hablar de encubrimiento penal en el caso de Maine sería precipitado. Para sostener esa acusación harían falta pruebas de ocultación deliberada, destrucción de evidencias, manipulación de testigos o falsedad consciente. Nada de eso se había demostrado durante las primeras horas. Lo que sí está acreditado en el funcionamiento reciente del ICE es un patrón de menor transparencia, informes incompletos y versiones oficiales cuestionadas por vídeos o testigos.

Los informes de muertes publicados durante la Administración Trump contienen menos información clínica que los de años anteriores. En varios faltan historiales médicos, medicamentos administrados y detalles sobre la respuesta de emergencia. Médicos independientes que revisaron expedientes concluyeron que retrasos, diagnósticos equivocados o la ausencia de una llamada rápida a emergencias pudieron contribuir a al menos 17 fallecimientos.

A esa niebla se suma un cambio de política especialmente revelador. El ICE ha dejado de investigar y comunicar al Congreso las muertes producidas durante los 30 días posteriores a la liberación de una persona, una obligación introducida en 2021 para impedir que la agencia evitara el escrutinio soltando a detenidos gravemente enfermos poco antes de morir.

La burocracia no hace desaparecer físicamente a nadie, claro. Le basta con sacarlo de la columna estadística. Una persona liberada en estado crítico puede fallecer días después sin aparecer en el registro principal de muertes bajo custodia, aunque su enfermedad, tratamiento o deterioro se hubieran producido durante el internamiento.

Las cámaras corporales ofrecen otro ejemplo. Tras dos muertes en Minnesota, el Departamento de Seguridad Nacional prometió desplegarlas rápidamente. El Congreso destinó 20 millones de dólares a su compra y funcionamiento. Medio año después, los agentes que dispararon en Houston no las llevaban y menos de un tercio de los funcionarios del ICE había recibido una.

Parte de las imágenes de incidentes anteriores tampoco se había divulgado pese a las promesas de transparencia. Sin grabaciones, la reconstrucción queda apoyada en testimonios enfrentados, informes internos y pruebas forenses. La cámara no resuelve automáticamente un caso, pero reduce la zona donde prosperan las versiones interesadas.

La responsabilidad inmediata por el tiroteo de Biddeford dependerá de la trayectoria de los disparos, la posición del vehículo, las órdenes impartidas, las grabaciones disponibles y la percepción razonable de peligro del agente. La responsabilidad institucional alcanza más lejos: el ICE decide el operativo, el Departamento de Seguridad Nacional fija las políticas y el Congreso aprueba fondos y ejerce control.

Los responsables de centros privados o públicos también deben responder por la asistencia médica prestada. Que la cadena sea larga no significa que esté rota. Significa que existen varias capas de responsabilidad: operativa, administrativa, política y, cuando corresponde, penal.

El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional abrió en junio una investigación para determinar si factores sistémicos, políticas o procedimientos contribuyeron a las muertes ocurridas bajo custodia del ICE entre 2022 y el segundo trimestre fiscal de 2026. La pesquisa pretende examinar si los fallecimientos obedecen a incidentes aislados o revelan fallos estructurales.

México también anunció acciones ante fiscales estadounidenses por la muerte de sus ciudadanos y estudia acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su Gobierno contabilizaba 14 mexicanos muertos bajo custodia desde el regreso de Trump y otros tres durante operativos. La presión diplomática crece, aunque el núcleo de la responsabilidad sigue estando dentro de Estados Unidos.

La estadística que Washington ya no puede difuminar

La muerte de un colombiano de 26 años en una calle tranquila de Maine no prueba por sí sola una política deliberada de matar migrantes. Sí confirma algo menos espectacular y quizá más grave: un sistema de detención y deportación que crece a toda velocidad mientras sus controles, cámaras, informes médicos y mecanismos de rendición de cuentas llegan tarde, incompletos o no llegan.

El balance verificable es este: al menos 293 muertes bajo custodia del ICE desde 2003, 52 de ellas durante los primeros 500 días del segundo mandato de Trump, y al menos 11 tiroteos mortales protagonizados por agentes federales de inmigración desde enero de 2025 según el recuento más amplio disponible.

La víctima de Biddeford ocupa la última casilla, todavía sin una reconstrucción oficial completa, mientras las autoridades discuten quién investiga a quién. Una democracia puede detener y deportar conforme a sus leyes. Lo que no puede permitirse es que cada muerto termine convertido en una definición administrativa distinta.