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¿Cuánto recauda Madrid con la ZBE tras más de 105 millones en multas?
Más de 105 millones en multas colocan las ZBE de Madrid bajo la lupa mientras los tribunales cuestionan cómo se aplican estas restricciones.

Las zonas de bajas emisiones han dejado una cifra difícil de ignorar en Madrid: más de 105 millones de euros ingresados por sanciones entre 2022 y marzo de 2025, según los datos manejados por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. La recaudación corresponde a los municipios analizados por el organismo y está concentrada fundamentalmente en Madrid capital. Una media superior a 30 millones al año. Mucho dinero para una política concebida, sobre el papel, como instrumento ambiental y no como una nueva ventanilla de Hacienda.
El dato llega, además, en un momento jurídicamente incómodo. Los tribunales han anulado aspectos esenciales de algunas ordenanzas de ZBE, primero en Madrid y más recientemente en Málaga. Pero conviene separar el ruido del BOE: las zonas de bajas emisiones no han sido declaradas ilegales en España. La legislación estatal sigue obligando a determinados municipios a establecerlas; lo que los jueces están examinando —y en ocasiones tumbando— es cómo cada ayuntamiento diseña las restricciones, justifica su impacto y reparte las excepciones.
Ese matiz cambia casi toda la noticia. No estamos ante el entierro de las ZBE, aunque algunos titulares ya hayan encargado las coronas. Estamos ante algo menos cinematográfico y bastante más importante: los ayuntamientos pueden restringir el tráfico, pero no de cualquier manera.
Más de 105 millones de euros y millones de sanciones
La Cámara de Cuentas estudió la implantación de las zonas de bajas emisiones en varios municipios madrileños, entre ellos Madrid capital, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Rivas-Vaciamadrid. Según los datos recogidos por el organismo, desde 2022 se habían impuesto millones de sanciones y los ingresos efectivos superaban los 105 millones de euros hasta marzo de 2025, con la capital absorbiendo la mayor parte de esa cantidad.
La dimensión económica explica que el debate haya dejado de ser exclusivamente ambiental. Una ZBE funciona mediante cámaras capaces de leer matrículas y cruzarlas con la clasificación ambiental del vehículo. La infracción, una vez automatizado el sistema, puede multiplicarse con una eficacia administrativa casi industrial. En Madrid, circular incumpliendo determinadas restricciones constituye una infracción grave de tráfico de 200 euros, reducible a 100 mediante pronto pago.
No significa que cada sanción termine convertida íntegramente en dinero municipal ni que toda la recaudación por tráfico proceda de las zonas restringidas. Son magnitudes diferentes que a menudo se mezclan. Pero los ingresos atribuidos a las multas de las ZBE son suficientemente altos como para alimentar una sospecha recurrente entre los conductores: dónde termina la política ambiental y dónde empieza la caja.
El coche también ha cambiado por el camino
Hay otro dato menos vistoso, aunque probablemente más profundo. En Madrid ciudad se adquirieron 53.820 vehículos híbridos o eléctricos en el año anterior a la implantación de la ZBE; en 2024 fueron 382.980. El incremento calculado por la Cámara de Cuentas alcanza el 612%. El propio informe evita establecer una relación causal automática —una prudencia bastante saludable— porque también influyen las ayudas, las bonificaciones fiscales, la expansión de la recarga eléctrica y la evolución general del mercado.
Algo parecido ocurrió con el transporte público. Su demanda en Madrid prácticamente se duplicó entre el último año previo a la implantación y 2024. Las restricciones, dicho de otra forma, no solo han producido multas. Han modificado decisiones cotidianas: cambiar el coche, dejarlo aparcado o utilizar más el transporte público. La política de movilidad ha terminado entrando en el bolsillo y en las rutinas domésticas casi al mismo tiempo.
Madrid perdió en los tribunales, pero modificó su ZBE
La historia judicial madrileña requiere cuidado. En septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró la nulidad de pleno derecho de elementos esenciales de la ZBE general y de las dos zonas de especial protección. El 21 de abril de 2026, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento, haciendo firme aquella resolución.
Eso tampoco significó que, de repente, cualquier coche pudiera atravesar Madrid como si las cámaras fueran farolas decorativas. Antes incluso de conocerse la inadmisión del Supremo, el Ayuntamiento había aprobado la Ordenanza 2/2026, de 24 de marzo, publicada en abril, con una nueva regulación de las zonas de bajas emisiones y modificaciones destinadas a rehacer parte del marco jurídico.
La normativa municipal vigente mantiene Madrid ZBE sobre las vías urbanas del término municipal y conserva restricciones para los vehículos con clasificación ambiental A, es decir, los más contaminantes y que no tienen distintivo ambiental. Desde abril de 2026 existe, eso sí, un régimen transitorio que permite circular temporalmente a determinados vehículos A fuera de Distrito Centro y Plaza Elíptica mientras se respeten los valores límite de dióxido de nitrógeno.
Qué vehículos siguen teniendo problemas para entrar en Madrid
Los turismos A que no estaban domiciliados en Madrid y dados de alta en el impuesto municipal correspondiente desde el 1 de enero de 2022 continúan teniendo prohibida la circulación por Madrid ZBE, salvo las excepciones previstas legalmente. Los vehículos históricos y los destinados a transportar a titulares de tarjeta para personas con movilidad reducida cuentan con tratamientos específicos.
El régimen añadido en 2026 suavizó temporalmente la situación para determinados vehículos empadronados en la capital y para algunos vehículos A que no son turismos. Pero esa flexibilidad está vinculada a la calidad del aire: si Madrid incumple los valores de dióxido de nitrógeno establecidos, el Ayuntamiento puede declarar extinguido el régimen transitorio y empezar a sancionar después del plazo previsto por la ordenanza.
Una multa anulada no equivale a barra libre para circular
La jurisprudencia sobre una ordenanza concreta tampoco convierte automáticamente en nulas todas las sanciones de todas las ZBE. Una multa depende de qué normativa estaba vigente cuando se produjo la infracción, de la firmeza de las resoluciones judiciales y de la situación administrativa de cada expediente. Dicho de forma menos jurídica: una sentencia contra una regulación municipal puede abrir vías de recurso, pero no borra por arte de magia cada multa guardada en un cajón.
Málaga reabre el debate por discriminar a los coches de fuera
La última sacudida llega desde Málaga. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló parcialmente su regulación porque el régimen de circulación distinguía entre vehículos según estuvieran domiciliados dentro o fuera del municipio. Un coche sin distintivo registrado en Málaga podía circular; otro idéntico, pero domiciliado fuera, podía ser sancionado. Los magistrados consideraron que esa diferencia carecía de una justificación técnica proporcionada y no discriminatoria y afectaba a principios como la libre circulación y la unidad de mercado.
Aquí vuelve a aparecer el detalle que se pierde bajo el titular fácil: el tribunal no declaró ilegal el concepto de zona de bajas emisiones. Cuestionó el modo concreto en que Málaga había diseñado su régimen de acceso. La propia Ley 7/2021 mantiene la obligación de implantar ZBE en municipios de más de 50.000 habitantes y en territorios insulares, así como en determinadas ciudades de más de 20.000 habitantes cuando se superan los límites de contaminación establecidos.
La sentencia malagueña, además, todavía no ha producido un apagón de cámaras. El Ayuntamiento solicitó una aclaración al TSJA y, a 17 de agosto de 2026, la ZBE continúa funcionando y las sanciones siguen tramitándose mientras la resolución no sea firme. En sus primeros seis meses de régimen sancionador se habían contabilizado 35.257 denuncias contra vehículos sin etiqueta afectados por las restricciones.
El problema ya no es solo contaminar, sino cómo se restringe
La discusión sobre las ZBE entra así en una segunda etapa. La primera fue política: si había que limitar el coche más contaminante en los centros urbanos. La segunda está siendo jurídica y económica: qué límites puede imponer un ayuntamiento, a quién y con qué excepciones, además de qué estudios técnicos necesita para defender después esas decisiones ante un tribunal.
La Ley de Cambio Climático no concede un cheque en blanco. Obliga a establecer estas áreas en determinados municipios, pero la regulación local tiene que respetar principios superiores como la proporcionalidad, la igualdad y la libertad de circulación. Esa es precisamente la grieta que están encontrando algunos tribunales. No están diciendo que respirar aire menos contaminado sea jurídicamente sospechoso; están recordando algo bastante elemental en un Estado de derecho: incluso una finalidad legítima necesita reglas legítimas.
Para Madrid, la cifra de los más de 105 millones de euros añade otra capa. Cuando las sanciones alcanzan semejante volumen, el control sobre la calidad normativa deja de ser un debate abstracto. Cada cámara implica expedientes, pagos, recursos y conductores que han organizado su movilidad —o comprado otro coche— alrededor de unas reglas que posteriormente pueden acabar delante de un tribunal.
Las ZBE seguirán, pero los ayuntamientos tendrán que afinarlas
Las zonas de bajas emisiones no desaparecen tras las últimas sentencias. Su fundamento estatal permanece vigente y Madrid mantiene actualmente restricciones respaldadas por una ordenanza reformada en 2026. Málaga continúa aplicando su ZBE mientras se resuelve el recorrido judicial de la sentencia que cuestiona su régimen discriminatorio.
Lo que sí parece agotarse es la idea de que bastaba con dibujar un perímetro, colocar cámaras y confiar en que una etiqueta de la DGT resolviera el resto. Los tribunales están obligando a justificar mejor las diferencias entre conductores, el impacto económico y la proporcionalidad de las medidas. Y detrás queda una cifra, más de 105 millones en sanciones en Madrid, que resume bastante bien por qué el asunto ya no cabe únicamente bajo la etiqueta de movilidad sostenible. Cuando una política pública mueve tanto dinero y limita derechos cotidianos, también tiene que soportar una lupa jurídica especialmente potente.












