¿Por qué septiembre puede ser decisivo para la financiación del PSOE?

Septiembre se perfila como un mes especialmente delicado para el PSOE por una razón bastante menos cinematográfica que una supuesta revelación definitiva, pero políticamente quizá más incómoda: varios informes policiales, rastreos bancarios y diligencias judiciales pueden empezar a ordenar una maraña de pagos, facturas y movimientos económicos que hasta ahora aparece repartida entre diferentes investigaciones. No habrá, por el mero hecho de pasar la hoja del calendario, una sentencia que declare que el partido se financió ilegalmente. Sí puede haber nueva información capaz de aclarar hasta dónde llegan las irregularidades investigadas y quién las conocía.

El foco está puesto, sobre todo, en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y en dos frentes que conviene no mezclar. Por un lado, la Audiencia Nacional rastrea pagos vinculados a Leire Díez y a la supuesta trama que habría tratado de obstaculizar procedimientos judiciales sensibles para el PSOE y el Gobierno. Por otro, continúa abierta la investigación sobre los pagos en metálico y la contabilidad del partido derivada del caso Koldo. Son causas conectadas por algunos nombres y por el dinero, pero jurídicamente no son la misma cosa. Ese detalle, que en el ruido político suele durar aproximadamente tres segundos, resulta esencial.

Septiembre concentra varias diligencias sensibles

Una de las fechas marcadas es el 9 de septiembre de 2026. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigados a la gerente del PSOE, Ana María Fuentes Pacheco, y al abogado Ismael Oliver dentro del denominado caso Leire. La investigación trata de reconstruir cómo se pagaron determinados trabajos y si sociedades interpuestas sirvieron para canalizar fondos hacia Díez.

No es una cuestión menor porque la UCO ya ha atribuido al PSOE el origen de 43.225 euros recibidos por Leire Díez mediante empresas vinculadas al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y al propio Oliver. Según los investigadores, fueron al menos cinco pagos: 16.000 euros canalizados a través de una consultora relacionada con Zarrías y otros 27.225 mediante sociedades de Oliver. La existencia del dinero no resuelve por sí sola su naturaleza penal; precisamente eso es lo que intenta determinar la instrucción.

Aquí empieza la parte verdaderamente incómoda para Ferraz. No basta con saber que se pagó. Hay que determinar por qué se pagó, quién lo autorizó y qué servicio recibió realmente el partido, además de cómo quedó reflejado en la contabilidad. Una factura puede ser perfectamente legal; una factura que ampare un servicio inexistente, simulado o distinto del realmente prestado abre una puerta bastante menos decorativa.

El rastreo de 81 cuentas amplía el terreno

Pedraz decidió a finales de julio abrir una pieza económica separada y autorizó a la UCO a analizar 81 cuentas bancarias, seis de ellas con el PSOE como titular. La petición alcanza a una docena de entidades financieras y también afecta a cuentas relacionadas con otros investigados. El propósito es reconstruir movimientos y buscar pagos vinculados a Díez y al resto de personas investigadas.

Es probablemente uno de los trabajos que más información nueva puede producir durante el otoño. Un rastreo bancario permite cruzar fechas, beneficiarios, conceptos, transferencias y sociedades. El dinero tiene una mala costumbre cuando alguien pretende contar una historia distinta: deja rastro.

El análisis tampoco significa que las 81 cuentas sean sospechosas de esconder financiación ilegal. Sería una conclusión precipitada. La medida sirve para reconstruir circuitos económicos y comprobar hipótesis de investigación; dentro de esas cuentas puede haber tanto operaciones perfectamente ordinarias como movimientos que requieran explicación.

Los pagos a Leire Díez abren otra pregunta para el PSOE

La situación se complicó antes del verano. Un informe de la Guardia Civil sostuvo que Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización socialista, había dado instrucciones para autorizar viajes de Leire Díez y había impulsado la contratación de servicios jurídicos relacionados con personas posteriormente investigadas en la causa. Los agentes encontraron también dos facturas de 26.500 euros cada una, emitidas por el abogado Jacobo Teijelo, que no figuraban entre la documentación contable entregada inicialmente por el PSOE.

La dirección socialista dio una explicación concreta: esas dos facturas, por un total de 53.000 euros, no llegaron a pagarse porque los servicios jurídicos encargados durante la etapa de Cerdán dejaron de abonarse cuando este abandonó la Secretaría de Organización. Esa diferencia entre una factura emitida y una factura efectivamente satisfecha importa. Mucho. Confundir ambas cosas produce titulares estupendos y contabilidades bastante peores.

La UCO sí constató, en cambio, que determinados viajes de Díez y del empresario Javier Pérez Dolset fueron sufragados por el PSOE. Los investigadores están tratando de establecer si esos gastos respondían a una actividad legítima para el partido o si servían para financiar actuaciones de la presunta trama que buscaba conseguir información comprometedora sobre jueces, fiscales y miembros de la Guardia Civil relacionados con causas sensibles.

Es en esa frontera donde la investigación adquiere verdadero peso político. Pagar un desplazamiento o contratar a un abogado no constituye, naturalmente, un delito. La cuestión es qué actividad se estaba financiando y si quienes administraban el dinero conocían su finalidad.

Una investigación que ha crecido durante el verano

El llamado caso Leire ha ensanchado considerablemente su perímetro. El juez Arturo Zamarriego, que llevaba parte de las diligencias en Madrid, terminó cediendo su investigación a la Audiencia Nacional al considerar que ambas causas estaban estrechamente conectadas. Su resolución apuntaba a que las personas inicialmente investigadas podían ocupar posiciones inferiores dentro de una estructura con integrantes de mayor jerarquía.

Eso deja a Pedraz con un bloque de información mucho más amplio: declaraciones, documentación, movimientos bancarios y materiales acumulados durante meses. La UCO deberá convertir ese océano de papeles, teléfonos y transferencias en algo menos vistoso pero mucho más útil para un juez: una secuencia verificable de hechos.

La otra investigación: el dinero en metálico de Ferraz

En paralelo corre otra pieza que explica por qué la expresión financiación irregular ha terminado pegada al verano político. La Audiencia Nacional investiga desde el caso Koldo los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre 2017 y 2024 y trata de comprobar si José Luis Ábalos, Koldo García u otras personas pudieron utilizar los mecanismos internos del partido para introducir, mover o justificar dinero de procedencia distinta a la declarada.

El propio PSOE encargó un análisis forense de su caja y entregó sus conclusiones a la Audiencia Nacional. Ese estudio examinó 940.388 euros destinados a la caja en metálico entre 2017 y 2024 y concluyó que no había detectado fondos sin origen identificable ni movimientos fuera del circuito ordinario de la tesorería socialista. Sí señaló determinados gastos llamativos atribuidos a la etapa de Ábalos.

Entre las cantidades analizadas aparecían 19.637,97 euros destinados a Ábalos hasta 2019, 11.291,33 euros recibidos por Koldo García entre 2017 y 2019 y 7.433 euros correspondientes a Santos Cerdán entre 2023 y 2024. El informe encargado por el partido sostiene que las entradas de efectivo podían vincularse a retiradas bancarias documentadas y que las salidas disponían de soporte contable.

Eso juega a favor de la tesis socialista, pero una auditoría encargada por el propio partido no sustituye la investigación judicial. Los agentes y el juez realizan su propio análisis y pueden contrastar esa contabilidad con teléfonos, agendas, cuentas particulares, empresas, testimonios y documentación obtenida en otras diligencias.

La cuestión, en definitiva, no consiste en averiguar si Ferraz tenía una caja con efectivo. La tenía y esa práctica no es ilícita por sí misma. Lo importante es comprobar si todo el dinero que entró y salió de ella tiene un origen y destino justificables y si los justificantes corresponden a gastos realmente realizados.

Qué tendría que aparecer para hablar de financiación ilegal

Hay una diferencia que el fragor partidista suele triturar con sorprendente eficacia: irregularidad contable, corrupción individual y financiación ilegal de un partido no son sinónimos.

Que un dirigente cobre una comisión clandestina puede constituir un delito suyo sin demostrar que ese dinero acabara financiando al partido. Que aparezca una factura falsa puede revelar falsedad documental o encubrimiento de un pago, pero tampoco acredita automáticamente una caja B. Para dar el salto habría que demostrar que fondos de procedencia ilícita o no declarada entraron en el circuito del PSOE o se emplearon para sufragar gastos del partido al margen de los mecanismos legales de financiación.

Ese es el terreno que los próximos informes pueden aclarar. El origen del dinero es decisivo, pero también su destino. Una transferencia aislada cuenta poco; una cadena coherente de cobros, empresas interpuestas, facturas ficticias y gastos partidarios contaría mucho más.

La situación patrimonial de Santos Cerdán constituye otra rama de las pesquisas. La UCO cifró en al menos 320.000 euros los fondos de los que él y su entorno familiar se habrían beneficiado entre 2015 y 2024 a través de Servinabar, empresa que los investigadores consideran vinculada al exdirigente socialista. El juez Ismael Moreno autorizó ampliar el examen de cuentas y productos financieros familiares para determinar de dónde procedía ese dinero.

De nuevo, la pregunta es parecida pero no idéntica: si hubo comisiones ilegales, ¿acabaron exclusivamente en bolsillos particulares o una parte sirvió para financiar actividad política? Mientras no exista prueba de ese segundo recorrido, convertir una presunta trama de mordidas en financiación ilegal del PSOE sería adelantarse varias estaciones.

Un otoño que puede cambiar el peso político del caso

El problema del PSOE no es solamente jurídico. Septiembre puede devolver al primer plano una sucesión de documentos de la UCO después de un verano en el que varias investigaciones han seguido acumulando información bancaria y patrimonial. Y cada informe nuevo será leído bajo una lupa política enorme, probablemente con bastante menos paciencia que páginas tenga el documento.

El partido sostiene que no existe una contabilidad paralela y ha defendido que sus cuentas están documentadas. Esa afirmación convivirá ahora con investigaciones que intentan verificar precisamente hasta dónde llegaban los mecanismos de control internos y quién podía ordenar pagos desde la Secretaría de Organización.

Para Pedro Sánchez, el riesgo fundamental está en que las pesquisas dejen de apuntar únicamente al comportamiento particular de antiguos dirigentes y establezcan un vínculo verificable con la estructura económica del partido. Ahí cambiaría la dimensión del caso. Hasta entonces, existe una acumulación seria de investigaciones, indicios y movimientos bajo examen, pero no una condena ni una conclusión judicial firme de financiación ilegal del PSOE.

Ese matiz puede parecer poco excitante en mitad de una tormenta política. Es justo al revés. Es la frontera entre investigar una sospecha y demostrarla.

Septiembre pone las cuentas delante del juez

La llegada del otoño no traerá necesariamente la gran revelación que unos esperan y otros temen. Traerá algo más prosaico: cuentas bancarias cruzadas, facturas comprobadas, declaraciones de investigados y nuevos informes policiales. A veces la política busca un cañonazo y la Justicia entrega un Excel. Suele ser bastante más peligroso.

El 9 de septiembre, con las declaraciones previstas de la gerente socialista y de Ismael Oliver, comenzará uno de los episodios relevantes. Después vendrán los resultados de los rastreos financieros y las diligencias pendientes. Solo entonces podrá saberse si las sospechas describen conductas individuales alrededor del PSOE o algo más profundo que afecte a la financiación de la organización.

Por ahora hay dinero bajo examen, pagos que necesitan explicación y varias investigaciones judiciales abiertas. También existe documentación aportada por el PSOE que sostiene la trazabilidad de su caja. Entre ambas cosas hay todavía una distancia que corresponde recorrer a los investigadores y a los jueces, no a las consignas. Septiembre empezará a decir cuánto mide.