¿Hay colapso sanitario en Ceuta? Mónica García explica qué ocurre

Mónica García sostiene que la sanidad de Ceuta está sometida a una fuerte tensión, pero no se encuentra colapsada. Los números que ha presentado el Ministerio de Sanidad apuntalan esa tesis: el Hospital Universitario mantiene camas disponibles, no se han suspendido consultas ni intervenciones programadas y la presión asistencial ha bajado notablemente desde el pico registrado tras la entrada masiva de migrantes a finales de julio. El problema, sin embargo, no termina en las puertas del hospital. Más bien empieza allí fuera.

La paradoja explica buena parte de la polémica. Mientras 111 de las 212 camas hospitalarias funcionantes estaban libres en el último balance oficial, cientos de personas continuaban viviendo en asentamientos improvisados, algunas enfermas o heridas y con dificultades para recibir asistencia. García define lo ocurrido como una crisis humanitaria con riesgo sanitario, no como un colapso del sistema sanitario ceutí. La diferencia parece semántica hasta que uno pisa el terreno: una cama vacía en una planta hospitalaria no proporciona agua potable, una ducha o un techo a quien duerme junto a una nave industrial.

Por qué Mónica García afirma que la sanidad de Ceuta no está colapsada

La ministra de Sanidad visitó Ceuta para comprobar la evolución de la respuesta asistencial desplegada después de la crisis iniciada el 30 de julio. Su diagnóstico fue deliberadamente preciso: tensión, sobreesfuerzo y una situación excepcional, sí; colapso sanitario, no.

El dato más contundente está en el Hospital Universitario. De sus 212 camas funcionantes, 101 estaban ocupadas y 111 permanecían disponibles, dentro de una capacidad máxima de 246. En ese momento había 28 pacientes migrantes ingresados. A la vez, durante las dos semanas posteriores a la entrada masiva no se suspendió ni aplazó ninguna consulta ni intervención programada de la población ceutí.

También se reorganizó la atención. Aproximadamente el 60% de las asistencias relacionadas con la emergencia fueron absorbidas por Atención Primaria y el 40% restante por las urgencias hospitalarias. Centros de salud ampliaron horarios, se crearon dispositivos específicos durante festivos y fines de semana y se instaló un punto asistencial en la playa de El Trampolín.

Entre el 31 de julio y el 14 de agosto, INGESA contabilizó 5.801 asistencias sanitarias, mientras Cruz Roja realizó más de 2.500 intervenciones adicionales en su dispositivo de refuerzo. El día más duro fue el 31 de julio, con 1.149 atenciones. Para el 14 de agosto habían bajado a 322, una reducción del 72% respecto al máximo.

Son cifras que permiten entender la posición de García. También dejan ver el esfuerzo que hay debajo. El sistema no se rompió, pero tuvo que doblarse bastante.

Sesenta profesionales más y un hospital que mantuvo su actividad

El dispositivo sanitario incorporó más de 60 profesionales de refuerzo sin suspender las vacaciones y descansos de la plantilla. El plan de emergencias del hospital permaneció en nivel 1, el primer escalón previsto para responder a una situación extraordinaria.

Esto no significa que las urgencias hayan vivido días tranquilos. Profesionales sanitarios han descrito una fuerte sobrecarga asistencial, especialmente durante las primeras jornadas. Son dos fotografías que pueden coexistir: unas urgencias trabajando al límite durante determinados momentos y un hospital que, pese a ello, conserva camas y mantiene su actividad ordinaria.

La política suele preferir una palabra redonda —“colapso”— porque cabe bien en un titular. La medicina funciona peor con eslóganes. Ocupación hospitalaria, presión en urgencias y capacidad asistencial no son exactamente lo mismo, y mezclarlas convierte un debate técnico en una competición de adjetivos.

La otra Ceuta: enfermos fuera y camas libres dentro

Ahí aparece el aspecto más incómodo de esta crisis. Mientras la estructura hospitalaria conserva margen, en lugares como El Tarajal, la playa de El Trampolín o distintos puntos de la periferia permanecen migrantes viviendo en condiciones precarias.

En las naves de El Tarajal se han improvisado refugios con lonas, sábanas y materiales de obra. En algunos de estos espacios faltan servicios tan básicos como duchas o aseos suficientes. Equipos de organizaciones humanitarias han atendido heridas, infecciones cutáneas, traumatismos, fiebre y problemas gastrointestinales.

No todos buscan asistencia cuando la necesitan. Algunos migrantes temen que acudir a un centro sanitario pueda facilitar su identificación y posterior expulsión. El resultado tiene algo de absurdo administrativo: recursos médicos disponibles a pocos kilómetros y personas enfermas que permanecen fuera del circuito.

Ese es precisamente el argumento central de Mónica García. Para la ministra, la principal urgencia sanitaria se ha desplazado del hospital a la calle. Evitar nuevos problemas de salud depende ahora menos de abrir plantas hospitalarias que de proporcionar alojamiento, agua, higiene, saneamiento, alimentos y mecanismos de vigilancia epidemiológica.

Tuberculosis, gastroenteritis y el riesgo real para la población

La situación epidemiológica requiere vigilancia, aunque los datos conocidos no respaldan la idea de una epidemia extendida entre la población ceutí. García informó de dos casos de tuberculosis: uno correspondiente a una persona que ya estaba diagnosticada y en tratamiento en Marruecos y otro registrado en un paciente ceutí. También se detectaron algunos resultados positivos en pruebas de Mantoux que requieren estudios posteriores y 18 casos de gastroenteritis, además de otros cuadros asociados al calor, las heridas o las malas condiciones de vida.

La evaluación expuesta durante la visita sitúa el riesgo epidemiológico como moderado para los propios migrantes y bajo para la población ceutí. Esa distinción importa. Las enfermedades transmisibles necesitan control sanitario, rastreo y tratamiento; convertirlas automáticamente en una etiqueta ligada a la inmigración es otra cosa.

García ha rechazado expresamente esa asociación y ha calificado de injusto y xenófobo identificar inmigración con enfermedad. Hay, de hecho, una explicación bastante menos exótica: el hacinamiento, la falta de higiene y la ausencia de alojamiento adecuado favorecen determinados problemas sanitarios, proceda la persona de Casablanca, de Cádiz o de Cuenca.

Una ducha sigue teniendo la misma eficacia preventiva con independencia del pasaporte.

Mónica García y Juan Vivas chocan sobre dónde está el problema

La discusión sanitaria forma parte de un enfrentamiento político bastante mayor. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, sostiene que la ciudad carece de medios suficientes para gestionar las consecuencias de la entrada masiva y reclama una respuesta mucho más intensa del Estado. García, por su parte, niega que haya existido abandono institucional y defiende la actuación desplegada por INGESA y los profesionales sanitarios.

Vivas endureció su discurso y acusó al Gobierno central de pasividad y falta de una respuesta adecuada. También dio un plazo de 30 días para que la situación cambie y anunció que, de no producirse avances, acudirá a otras instancias del Estado, incluidas las judiciales. El presidente ceutí estima que todavía permanecen en la ciudad entre 8.000 y 10.000 personas llegadas durante la crisis.

El desacuerdo no es menor porque afecta también a quién debe aportar los espacios de acogida. Sanidad insiste en la necesidad de habilitar lugares salubres donde concentrar la atención, realizar el seguimiento epidemiológico y evitar que miles de personas permanezcan dispersas por playas, polígonos y barrios. El Gobierno de Ceuta sostiene que sus recursos están desbordados y exige mayor intervención estatal.

En mitad del choque institucional quedan los profesionales, vecinos y organizaciones sociales. Los primeros han soportado jornadas especialmente exigentes; parte de la población ceutí denuncia sensación de abandono y deterioro de la vida cotidiana; las ONG intentan cubrir agujeros asistenciales que, en algunos puntos, siguen siendo visibles.

La crisis sanitaria de Ceuta no cabe en una cifra

Que haya 111 camas disponibles no convierte en imaginaria la emergencia que vive Ceuta. Pero tampoco permite afirmar, sin matices, que su hospital esté colapsado. Ese es el nudo de la controversia.

Un hospital puede conservar capacidad de ingreso y, al mismo tiempo, tener unas urgencias sometidas a una enorme presión. Puede mantener sus operaciones programadas mientras sus médicos y enfermeros trabajan con una carga extraordinaria. Y una ciudad puede disponer de recursos sanitarios mientras parte de la población migrante permanece prácticamente fuera de su alcance.

El propio Ministerio admite esa tensión. De hecho, atribuye el mantenimiento de la asistencia ordinaria al sobreesfuerzo del personal sanitario, a la separación de circuitos y a la apertura de dispositivos extraordinarios. No parece precisamente la descripción de una semana corriente de agosto.

La discusión útil, por tanto, no consiste únicamente en decidir quién gana la batalla de la palabra “colapso”. Consiste en averiguar cuánto tiempo puede mantenerse este dispositivo, cómo se reduce la presión sobre los profesionales y dónde se alojará a quienes siguen viviendo en condiciones que pueden terminar generando el problema sanitario que, por ahora, se intenta contener.

De las urgencias hospitalarias a una emergencia de salud pública

Sanidad ha desplazado hasta Ceuta personal del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el CCAES, para reforzar el trabajo epidemiológico y colaborar con la administración local. El objetivo inmediato es reducir riesgos allí donde se están formando: en los asentamientos.

Agua limpia, aseos, higiene personal, alimentación segura y un lugar donde dormir parecen respuestas demasiado elementales para una crisis política de esta magnitud. Precisamente por eso funcionan. En salud pública, muchas veces la barrera entre una situación controlada y un brote no está en una sofisticada unidad hospitalaria, sino en algo tan prosaico como tener un grifo y un retrete.

La visita de García tampoco ha cerrado la crisis política. El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene reuniones de coordinación y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se ha desplazado también a Ceuta. Mientras tanto, Vivas eleva la presión institucional y reclama medidas para recuperar una normalidad que considera todavía muy lejana.

La verdadera frontera sanitaria está fuera del hospital

La fotografía más exacta de Ceuta contiene dos escenas al mismo tiempo. Dentro del Hospital Universitario quedan camas libres y la actividad programada continúa. Fuera, hay personas durmiendo en condiciones precarias, voluntarios atendiendo heridas y administraciones discutiendo quién debe proporcionar espacios donde alojarlas.

Por eso Mónica García niega el colapso sanitario, pero reconoce una crisis humanitaria excepcional y un riesgo de salud pública. No es necesariamente una contradicción. Es, más bien, el incómodo retrato de una emergencia que ha cambiado de lugar.

El hospital ha resistido el primer golpe. La cuestión decisiva está unos kilómetros más allá, entre lonas, calor, duchas que faltan y asentamientos improvisados. Ceuta tiene camas; lo que todavía no tiene resuelto es qué hacer con miles de personas fuera de ellas.