¿Cuánto costó realmente el DOGE de Elon Musk pese a prometer ahorros?

El experimento de Elon Musk para adelgazar el Gobierno de Estados Unidos prometía una administración más barata, ágil y difícil de engañar. La auditoría federal publicada en agosto de 2026 dibuja algo bastante menos limpio: una parte importante de los ahorros anunciados por DOGE no puede comprobarse, algunos fueron calculados con métodos distintos de los que el propio organismo decía utilizar y otros correspondían a contratos que ni siquiera habían sido cancelados.

Y la factura potencial aparece en el lugar más incómodo. Mientras DOGE llegó a atribuirse 215.000 millones de dólares en ahorros totales, un análisis de The Budget Lab de Yale calcula que los recortes de plantilla sufridos por el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, durante 2025 podrían reducir la recaudación federal en 597.800 millones de dólares entre 2026 y 2035. Sumados a la retirada de 20.000 millones de financiación del organismo tributario, el efecto estimado supera los 860.000 millones.

Eso no significa, conviene afinar la cifra antes de sacar la motosierra otra vez, que pueda afirmarse que DOGE ha provocado directamente una pérdida de 860.000 millones o que no consiguió ahorro alguno. No existe todavía una contabilidad completa del impacto fiscal neto de DOGE. Lo que sí existe es evidencia oficial suficiente para desmontar una idea mucho más concreta: los números exhibidos como prueba de su éxito no eran tan sólidos como parecían.

La auditoría que desmonta el escaparate de los ahorros

La Government Accountability Office, la GAO, el órgano independiente que fiscaliza el gasto federal para el Congreso, examinó el llamado Wall of Receipts, la página con la que DOGE enseñaba al público sus supuestos recortes. El escaparate atribuía 110.340 millones de dólares a cancelaciones de contratos, subvenciones y alquileres: 61.020 millones en contratos, 49.210 millones en subvenciones y 113 millones en arrendamientos. Esa cantidad era solo una parte de los 215.000 millones que DOGE decía haber ahorrado mediante todas sus iniciativas.

La GAO encontró problemas de base. El organismo de Musk había presentado 13.476 contratos como terminados, pero faltaban datos identificativos para miles de ellos. Tras cruzar la información disponible con el sistema federal de contratación, los auditores descubrieron que 2.503 contratos no mostraban ninguna acción de terminación. DOGE les atribuía, aun así, 27.400 millones de dólares de ahorro. Podían haberse producido otras modificaciones —reducciones de valor o fondos liberados—, advierte la propia GAO, pero eso es bastante distinto de anunciar que un contrato ha desaparecido.

Cuando la calculadora cambia de fórmula

El problema no se quedaba en saber qué se había cancelado. DOGE explicaba públicamente que calculaba el ahorro restando al valor total potencial de un contrato el dinero que ya estaba comprometido. La GAO pudo comprobar que esa fórmula coincidía con las cifras publicadas únicamente para contratos asociados a 16.800 millones de dólares, el 27,5% del ahorro contractual declarado. Para otros 37.000 millones se utilizaron otros cálculos o los auditores sencillamente no pudieron determinar de dónde había salido el número.

Con las subvenciones la niebla era todavía más espesa. DOGE afirmó haber ahorrado 49.210 millones de dólares mediante la terminación de 15.887 ayudas federales. La GAO no pudo verificar el método empleado para calcular aproximadamente el 96% de ese supuesto ahorro. Solo consiguió reproducir cifras equivalentes a las de DOGE para 2.334 subvenciones que representaban 1.890 millones de dólares. Y ni siquiera en esos casos podía garantizarse que todo ese dinero terminara convirtiéndose en ahorro real, porque cerrar anticipadamente una subvención también puede generar costes administrativos, legales o de liquidación.

El contrato de 1.700 millones que no ahorró un dólar

Hay un ejemplo que resume bastante bien el problema de convertir expectativas en titulares. DOGE contabilizó más de 1.700 millones de dólares de ahorro por un contrato de la Defense Health Agency destinado a proporcionar soporte informático a más de 700 instalaciones médicas militares repartidas por el mundo.

Los responsables del Departamento de Defensa explicaron a los auditores que DOGE planteó inicialmente cancelar el contrato, estudiaron conjuntamente el asunto y terminaron acordando que no debía hacerse. No se canceló ni total ni parcialmente, no se redujo su alcance, no se rebajó su valor y tampoco se retiraron fondos comprometidos. La conclusión de la GAO es difícil de adornar: no se produjo ahorro alguno. El Wall of Receipts, sin embargo, seguía anotando más de 1.700 millones.

Otro contrato de modernización informática de la Fuerza Aérea aparecía con 4.000 millones de ahorro. El valor máximo se había reducido realmente en 3.750 millones, pero el contrato continuaba vivo y los propios responsables militares advirtieron de que esos servicios podrían tener que contratarse posteriormente por otras vías. Ahorrar en el techo teórico de un contrato no equivale necesariamente a encontrar esa cantidad en una caja fuerte. A veces solo significa haber desplazado el gasto unos metros más allá.

Hasta los alquileres tenían millones de más

La parte inmobiliaria ofrece una versión casi doméstica del mismo fenómeno. DOGE mostraba un ahorro de 113 millones de dólares por 264 alquileres federales que iban a terminarse. Al sumar uno por uno los datos de la propia página, la GAO obtuvo 53,5 millones. Solo ese descuadre inflaba la cifra en 59,5 millones.

Había más. De esos 264 alquileres, 108 ya estaban en proceso de terminación antes de que DOGE existiera. Otros permanecían activos o habían visto anulada su cancelación. Tras ajustar esos factores, la GAO calculó en 31,8 millones de dólares el ahorro atribuible a los arrendamientos identificados, frente a los 113 millones que aparecían como total en la web. La sobreestimación ascendía a 81,1 millones y tampoco incluía posibles costes de mudanzas, indemnizaciones o nuevas oficinas.

En un caso, la cancelación fue posteriormente revocada, pero el propietario del inmueble no aceptó recuperar el contrato anterior. La Administración terminó negociando otro alquiler que costaba más de 1,5 millones de dólares adicionales al año durante un periodo firme de cinco años. Es el tipo de detalle que cabe mal en una tabla titulada “ahorros”, pero estupendamente en una factura.

El IRS y los 600.000 millones que pueden dejar de recaudarse

La discusión adquiere otra dimensión cuando llega al IRS. El organismo que recauda los impuestos federales comenzó 2025 con 102.101 empleados y terminó el año con 74.465, una reducción del 27,07%. Los recortes alcanzaron prácticamente todas sus áreas: la plantilla tecnológica cayó un 31%, la dedicada a grandes empresas y contribuyentes internacionales cerca de un 26% y la de pequeñas empresas y autónomos casi un 38%.

Aquí aparece una peculiaridad que cualquier empresa entendería sin necesidad de una presentación de Silicon Valley: recaudar impuestos cuesta dinero, pero también produce ingresos. Despedir inspectores reduce nóminas; si esos inspectores recuperaban mucho más dinero del que costaban, el Estado puede terminar ahorrando salarios y perdiendo varias veces esa cantidad en impuestos no cobrados.

The Budget Lab de Yale modelizó precisamente ese efecto. Su estimación sitúa en 597.800 millones de dólares la reducción de ingresos federales durante el periodo 2026-2035 asociada a los recortes de casi 28.000 trabajadores del IRS registrados en 2025. Una reducción adicional de 20.000 millones en financiación produciría, según el mismo estudio, otros 262.800 millones de pérdida de ingresos. El impacto conjunto estimado sobre el déficit ronda los 861.000 millones de dólares.

La razón está en qué puestos desaparecieron. A mediados de 2025 el IRS había perdido más de 3.600 agentes encargados de auditorías complejas, aproximadamente el 31% de esa plantilla especializada. Son precisamente los funcionarios que examinan grandes patrimonios, sociedades y declaraciones empresariales difíciles de comprobar automáticamente, donde la capacidad de inspección puede generar una elevada recaudación directa y, también, un efecto disuasorio sobre quienes estarían tentados de declarar menos.

La cifra de 600.000 millones necesita contexto

Hay una diferencia esencial entre las dos grandes cantidades de esta historia. Los 215.000 millones anunciados por DOGE son una estimación acumulada de supuestos ahorros atribuibles a distintas medidas. Los casi 600.000 millones calculados por Yale son una proyección de ingresos fiscales que dejarían de entrar durante diez años por el deterioro de la capacidad del IRS. Restar una cifra de la otra y presentar el resultado como la factura definitiva sería atractivo para una pancarta, pero no sería una comparación económica rigurosa.

También existe incertidumbre en las proyecciones de Yale. El propio análisis reconoce que está extrapolando el comportamiento futuro de los contribuyentes y el rendimiento de las labores de inspección ante una reducción de plantilla de una magnitud poco habitual. Es una estimación económica, no dinero que ya haya desaparecido del Tesoro. Lo relevante es la escala: incluso bajo sus supuestos conservadores, debilitar al organismo recaudador puede terminar costando mucho más que lo ahorrado en sueldos y presupuestos.

La fotografía tampoco admite el relato fácil de que todo dejó de funcionar. La defensora nacional del contribuyente reconoció en junio que la campaña fiscal de 2026 había salido mejor de lo previsto pese a los recortes de plantilla y a los importantes cambios legislativos. El IRS procesó cerca de 139 millones de declaraciones individuales y la mayoría de los contribuyentes recibió sus devoluciones sin grandes retrasos.

Pero debajo de ese rendimiento general aparecieron grietas. El IRS recibió 48,1 millones de llamadas durante la temporada y los empleados atendieron personalmente 9,9 millones, alrededor del 21%, frente al 25% del año anterior. El tiempo medio de espera pasó de 8 a 14 minutos. Más de 14 millones de declaraciones quedaron suspendidas temporalmente para revisión y más de un millón de contribuyentes superaron el tiempo normal de devolución, con una espera media aproximada de cinco semanas y media.

Es pronto, por tanto, para medir todo el efecto de haber reducido tan deprisa una organización que maneja cientos de millones de declaraciones y constituye la maquinaria con la que Washington convierte leyes tributarias en dinero contante. La Administración puede automatizar procesos y ganar productividad; también puede descubrir, quizá demasiado tarde, que algunos empleados públicos eran más rentables de lo que parecían en una hoja Excel.

La factura que no aparecía en el Wall of Receipts

DOGE nació bajo el lenguaje de la eficiencia empresarial aplicado al Estado: localizar despilfarro, eliminar estructuras inútiles y enseñar el recibo al contribuyente. La idea no es extravagante. Un Gobierno debe poder demostrar que gasta bien, cancelar contratos innecesarios y corregir programas que funcionan mal. Precisamente por eso las cifras importan tanto.

La GAO no ha concluido que DOGE no ahorrara un solo dólar. Ha concluido algo más incómodo para una iniciativa cuya legitimidad descansaba en medir sus propios resultados: parte de sus ahorros era incorrecta, otra parte carecía de pruebas suficientes y la metodología utilizada no se explicaba ni aplicaba consistentemente. DOGE tampoco respondió a las peticiones de los auditores para aclarar muchas de esas discrepancias.

La organización temporal creada para ejecutar la agenda DOGE terminó el 4 de julio de 2026 y su Wall of Receipts llevaba sin actualizarse desde el 1 de enero, aunque todavía permanecía accesible cuando la GAO cerró su revisión. Quedó allí una cifra redonda, 215.000 millones de dólares, muy apropiada para una pantalla. Mucho menos redonda resulta la realidad que empieza a emerger detrás: contratos nunca cancelados, ahorros futuros contados como presentes, alquileres ya en proceso de cierre y una agencia tributaria con casi 28.000 trabajadores menos.

La paradoja tiene algo de vieja política vestida de startup. Recortar es inmediato; saber si realmente se ha ahorrado exige esperar, medir y sumar también lo que cuesta el recorte. Y en el balance que empieza a conocerse del DOGE de Elon Musk, esa segunda columna —la menos fotogénica— es precisamente la que amenaza con hacerse enorme.