¿Cuánto cobró Noelia Núñez y qué ocurrió con su currículum falseado?

El caso de Noelia Núñez ha regresado a la conversación política después de que una publicación recuperase las cantidades percibidas por la exdirigente del PP durante su trayectoria institucional y una petición para que devolviera ese dinero. La cifra difundida es contundente: 452.762 euros entre Ayuntamiento de Fuenlabrada, Asamblea de Madrid y Congreso. Pero conviene colocarle una nota al pie bastante grande: esa cantidad procede de un cálculo divulgado por una asociación y no constituye una deuda reconocida, una resolución judicial ni una cantidad declarada indebidamente cobrada.

Lo que sí está acreditado es el origen del escándalo. Núñez reconoció en julio de 2025 que no había terminado los estudios universitarios que aparecían como completados en algunas de sus biografías públicas. Poco después dimitió de sus responsabilidades en el Partido Popular, entregó su acta de diputada y dejó también sus cargos municipales. Su ficha histórica del Congreso reflejaba un doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública y registra su baja como parlamentaria el 24 de julio de 2025.

Qué ocurrió realmente con el currículum de Noelia Núñez

El problema no fue que una política careciera de una carrera universitaria. Para ser diputada no hace falta colgar un título enmarcado detrás del escaño. El asunto fue otro: la información académica publicada no coincidía con su formación real.

En la ficha del Congreso aparecía como poseedora de un doble grado. En su perfil del Ayuntamiento de Fuenlabrada se explicaba, en cambio, que había empezado Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y posteriormente Filología Inglesa en la UNED. Otra biografía vinculada a la Universidad Francisco Marroquín llegó a presentarla con estudios finalizados que tampoco había concluido. Tres escaparates, distintas versiones. Y ese pequeño detalle que suele estropear bastante un currículum: los títulos no estaban terminados.

Núñez sostuvo que se trataba de una “equivocación”, negó haber querido engañar y explicó que había comenzado Derecho en la Complutense, trasladado después su expediente a la UNED e iniciado allí Estudios Ingleses. En 2019 pasó al grado combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas. Ninguna de esas carreras estaba terminada cuando estalló la polémica.

Tres versiones y ningún título terminado

Hay un detalle especialmente incómodo porque aparta el caso del simple error tipográfico. Los diputados no tienen que presentar físicamente sus títulos académicos, pero sí deben responsabilizarse de la veracidad de los datos que facilitan. El Código de Conducta parlamentario atribuye, además, al propio diputado la responsabilidad sobre la exactitud y actualización de la información publicada.

No estamos, por tanto, ante una discusión sobre si un licenciado está mejor preparado que alguien que dejó la universidad. La democracia representativa no es una oposición de funcionario y el conocimiento tampoco viene siempre con sello universitario. Lo comprometedor es más sencillo: hacer constar una titulación que no se posee. En política, el cartón del título puede ser accesorio; la verdad en una ficha oficial, bastante menos.

Núñez acabó aceptando esa responsabilidad. El 23 de julio de 2025 anunció que abandonaba sus cargos orgánicos e institucionales y pidió disculpas a quienes se sintieran decepcionados. Había sido una de las dirigentes jóvenes con mayor proyección del PP, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital y una figura promocionada tanto por el entorno de Isabel Díaz Ayuso como por la dirección nacional del partido.

De dónde salen los 452.762 euros atribuidos a Núñez

La publicación que ha devuelto el asunto a primera línea sostiene que Núñez percibió 67.144 euros como concejala de Fuenlabrada, 131.220 como diputada de la Asamblea de Madrid y 254.397 como diputada del Congreso, lo que arrojaría un total aproximado de 452.762 euros. También afirma que esa suma no incorpora determinadas dietas municipales ni otros posibles ingresos.

Aquí empieza la parte que exige algo más que una calculadora.

Los documentos públicos sí permiten acreditar cantidades importantes cobradas durante su trayectoria, pero no permiten asumir sin más que esos 452.762 euros constituyan una cifra oficial consolidada. De hecho, otros cálculos publicados anteriormente arrojan cantidades diferentes.

La declaración de bienes y rentas que Núñez presentó en el Congreso en agosto de 2023 recoge 67.144,98 euros correspondientes a su dedicación exclusiva como concejala portavoz en Fuenlabrada y otros 27.726,58 euros como diputada y portavoz adjunta en la Asamblea de Madrid, cantidades correspondientes al ejercicio anterior a la declaración. Es documentación oficial, no una estimación periodística.

452.762 euros: un cálculo, no una deuda reconocida

Un análisis de las retribuciones de Núñez publicado cuando estalló el escándalo calculó que, mientras era diputada nacional, percibía 5.432,08 euros mensuales vinculados a su actividad parlamentaria: la asignación básica del Congreso, la indemnización correspondiente a los diputados electos por Madrid y un complemento asociado a sus responsabilidades en comisión. A ello podían sumarse las asistencias municipales, de 350 euros por pleno y 175 por determinadas comisiones.

Otro cálculo periodístico estimó que desde 2019 había ingresado alrededor de 494.000 euros en salarios públicos, una cantidad incluso superior a los 452.762 euros que circulan en la nueva publicación. Precisamente esa diferencia revela el problema: los totales dependen del periodo computado, de si se incorporan dietas, de cómo se tratan cargos simultáneos y de qué conceptos se incluyen. No existe una cifra única y oficialmente fijada que pueda presentarse como lo que Núñez tendría que devolver.

Lo que sí consta sobre su trayectoria pública

La carrera institucional de Núñez fue larga para su edad. Entró en el Ayuntamiento de Fuenlabrada en 2015, pasó a la Asamblea de Madrid en 2021 y llegó al Congreso tras las elecciones generales de 2023. Durante una parte de ese recorrido compatibilizó responsabilidades municipales y autonómicas y, posteriormente, municipales y nacionales.

Aquellos ingresos públicos existieron. Lo que no puede afirmarse automáticamente es que fueran obtenidos gracias al currículum incorrecto. Ninguno de aquellos escaños requería una licenciatura en Derecho, Filología o cualquier otra carrera como condición para resultar elegida.

Y ahí está la diferencia jurídica que se pierde cuando una cifra espectacular entra corriendo en las redes sociales.

Puede exigirse que devuelva sus salarios

La asociación PLADESEMAPESGA, según la información que ha reactivado el caso, dirigió una carta a Alberto Núñez Feijóo solicitándole que requiriera a Núñez la devolución íntegra de las cantidades públicas percibidas. La organización sostiene que no obtuvo respuesta de la dirección popular a esa petición concreta.

Una reclamación política, sin embargo, no convierte automáticamente esas retribuciones en salarios indebidos. Para establecer una obligación de reintegro haría falta algo bastante más sólido: demostrar que el dinero fue percibido sin derecho, que existió una irregularidad jurídica determinante para obtener el puesto o que una autoridad competente ordenase su devolución.

El matiz es especialmente relevante porque el propio Alberto Núñez Feijóo estableció públicamente una distinción cuando, pocos días después del escándalo de Núñez, se conoció el caso del socialista José María Ángel, entonces comisionado para la reconstrucción tras la dana. El líder del PP diferenció entre falsear un currículum y falsificar materialmente un título utilizado para acceder a una plaza, situando este segundo supuesto en un terreno potencialmente penal y planteando en ese contexto la posibilidad de devolver salarios indebidamente percibidos.

Aplicado al caso Núñez, el razonamiento tiene una consecuencia incómoda para todas las trincheras: el currículum con información falsa puede justificar una responsabilidad política severa —y de hecho acabó en dimisión— sin que de ello se desprenda necesariamente que cada euro cobrado durante diez años de actividad institucional fuese ilegal.

Qué respondió Feijóo al escándalo de Noelia Núñez

Presentar la reacción de Feijóo simplemente como un silencio tampoco recoge toda la historia. Tras la dimisión, el presidente del PP afirmó públicamente que la decisión de Núñez “le honra” y utilizó el episodio para reivindicar el nivel de exigencia de su partido frente al PSOE. Más tarde volvió a referirse al asunto al comparar el falseamiento de un currículum con la falsificación de documentación académica.

Otra cosa distinta es la carta que PLADESEMAPESGA asegura haber enviado solicitando la devolución del dinero. Sobre esa reclamación concreta, la asociación sostiene que no recibió contestación. Son dos planos diferentes y mezclarlos produce un titular formidable, sí, pero una fotografía bastante borrosa.

También queda una paradoja política difícil de esquivar. Feijóo convirtió la rápida dimisión de Núñez en prueba de ejemplaridad interna, mientras la propia dirigente se despidió proclamando el nivel de exigencia del PP. Esa dimisión es un hecho y fue inmediata. También lo es que la información académica incorrecta había llegado a una ficha institucional del Congreso y que tuvo que ser descubierta antes de que llegara la rectificación.

La ética pública tiene estas bromas secas: corregir deprisa cuenta, pero no borra lo ocurrido antes.

La factura política no cabe en una nómina

El caso Noelia Núñez admite una lectura contundente sin necesidad de engordarlo. No terminó las carreras universitarias que llegaron a aparecer como finalizadas en diferentes perfiles; reconoció que la información del Congreso era incorrecta y dimitió de todos sus cargos. Eso es el centro comprobable del caso.

También está acreditado que durante años percibió cantidades relevantes procedentes de cargos públicos. Lo que no está acreditado es que los 452.762 euros difundidos constituyan una deuda, que esa sea la suma definitiva de todos sus ingresos o que sus retribuciones fueran jurídicamente indebidas por el hecho de haber incluido información académica falsa. Hay incluso estimaciones periodísticas que sitúan sus ingresos públicos acumulados en otra cifra, cerca de 494.000 euros.

La parte verdaderamente incómoda del episodio está en otro sitio. Núñez construyó una carrera política desde muy joven, llegó al Congreso y a la dirección nacional del principal partido de la oposición mientras en distintas biografías aparecía una formación académica que no se correspondía con sus títulos reales. Cuando la contradicción quedó expuesta, se marchó.

No hace falta convertir cada nómina en malversación para entender la gravedad. De hecho, hacerlo debilitaría el caso. La discusión que permanece es más elemental y, quizá por eso, más difícil de despachar: qué valor tiene la exigencia de ejemplaridad cuando la información falsa consigue convivir durante años con cargos públicos, discursos sobre mérito y responsabilidades políticas de primer nivel. Ahí no hay una cifra exacta. Y tampoco una calculadora que lo arregle.