Cuándo acudirán Mazón y Sánchez ante la comisión de la DANA

Mazón abrirá la comisión de la DANA en el Congreso a finales de noviembre y Sánchez la cerrará: calendario, comparecencias y claves del plan.

El calendario ya se mueve y hay una primera certeza: Carlos Mazón será el primer dirigente en comparecer ante la comisión que investiga la DANA, previsiblemente a finales de noviembre, en el arranque del bloque dedicado a la gestión inmediata de la emergencia. Pedro Sánchez acudirá el último, en la segunda etapa de trabajos, la orientada a la reconstrucción y a las decisiones adoptadas en la fase posterior al desastre.

La Mesa de la comisión fijará mañana la fecha de la próxima sesión plenaria, programada para la semana que viene, en la que se aprobará el plan de trabajo con el listado de comparecientes. Las comparecencias comenzarán el mes próximo, con un orden pactado que prioriza primero a los responsables autonómicos y a testimonios directos de la tragedia, y deja para el tramo final a los máximos responsables del Gobierno central. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también está en la lista, junto a varios ministros y autoridades clave en seguridad, emergencias, infraestructuras, energía y medio ambiente. Entre los nombres incorporados figuran perfiles como Salomé Pradas, ex consellera de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana, o Teresa Ribera, ex vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica. El pleno de la comisión se celebrará antes del funeral oficial por las víctimas, previsto para el 29 de octubre, tras el que continuará el trabajo parlamentario con ritmo sostenido.

Fechas y orden que ya están sobre la mesa

El esquema temporal nace de una premisa política y técnica: arrancar por el territorio más golpeado y por quienes gestionaron la primera línea de la emergencia. Por eso Mazón abrirá la tanda, previsiblemente a finales de noviembre, con una intervención que servirá para situar los primeros momentos del episodio meteorológico, la coordinación con los ayuntamientos afectados, el papel del 112, las primeras evaluaciones de daños y la cadena de decisiones que se tomó en aquellas horas. Ese arranque no es simbólico: encadena la fase de investigación con testimonios de víctimas, operativos de rescate y mandos autonómicos.

La segunda etapa, ya en diciembre si se cumplen los plazos, pivotará hacia la reconstrucción: fondos movilizados, contratos de obra de emergencia, ayudas directas, seguros, realojos, refuerzos de diques o encauzamientos, y la llamada “arquitectura institucional” que se montó tras el desastre. Sánchez comparecerá en ese tramo, para cerrar el círculo de responsabilidades políticas sobre decisiones de ámbito estatal. La calendarización tiene además un hito emocional y cívico: el 29 de octubre se oficiará el funeral oficial por las víctimas. La comisión no quiere solaparse con esa jornada y ha decidido dejar ese acto fuera de la agenda parlamentaria, retomando inmediatamente después.

En paralelo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido incluido en el listado de comparecientes. Su intervención encaja en la lógica de interrogar a los dos principales espacios políticos del país, tanto por la gestión institucional como por los mensajes y decisiones que se tomaron desde la dirección nacional de su partido, con potencial impacto en ayuntamientos y comunidades gobernadas por el PP. A la vez, el catálogo de ministros y altos cargos que desfilarán por la sala abarcará Interior, Transportes, Transición Ecológica, Inclusión y Seguridad Social, entre otros departamentos que tocaron de lleno la emergencia, los accesos, los pagos y la asistencia.

Quién comparecerá y qué se espera de cada uno

El plan de trabajo que está sobre la mesa se apoya en una lista consensuada por los grupos que impulsan la comisión y que busca un equilibrio entre relato, responsabilidad política y capacidad técnica para aportar datos. La sede parlamentaria escuchará primero a los afectados directos y a representantes de servicios de emergencia y protección civil. Después, será el turno de la Generalitat Valenciana, con Mazón a la cabeza, y de responsables de consellerias que dieron órdenes o gestionaron recursos clave. El itinerario seguirá con los mandos de infraestructuras y cuencas, técnicos de hidrología y expertos en predicción meteorológica. El último bloque dará paso a los grandes decisores nacionales: ministros, líderes políticos y, en el cierre, el presidente del Gobierno.

El objetivo es ágil: reconstruir la secuencia de alertas, decisiones y consecuencias, con un énfasis especial en el minuto a minuto de la emergencia y en el mes a mes de la reconstrucción. Para cada compareciente hay líneas de interés claras: ¿cómo se activaron los protocolos?, ¿qué falló para que la inundación tuviera ese impacto?, ¿qué se ha reparado ya y qué sigue pendiente?. No se trata de preguntas retóricas: es información esencial para asignar responsabilidades, precisar errores del sistema y mejorar la respuesta futura.

Carlos Mazón, apertura con foco en gestión inmediata

La comparecencia de Carlos Mazón llegará cargada de materia concreta. Se espera que detalle las órdenes cursadas en las primeras horas, el encaje entre la Generalitat y los ayuntamientos bajo el paraguas del Centro de Coordinación de Emergencias, la movilización de recursos extraordinarios, la relación con la Delegación del Gobierno y la evaluación inicial de daños. Habrá interés en los protocolos de evacuación, en la gestión de albergues temporales y en la comunicación pública: qué se dijo, a qué hora, con qué canales y qué recomendaciones se emitieron.

Otro punto que se mirará con lupa será la cadena de mando: quién tomó qué decisión y cuándo, cómo se documentó y cómo se compartió con los mandos intermedios. No es una formalidad: en crisis de esta magnitud, una orden tardía o una instrucción ambigua puede traducirse en minutos decisivos. Mazón también deberá explicar la coordinación con el Gobierno central cuando entraron en juego medios de ámbito estatal —Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, protección de infraestructuras críticas—, y los primeros pedidos de apoyo financiero y logístico. La expectativa es que aporte cronogramas, actas y datos que permitan encajar el rompecabezas.

Pedro Sánchez, cierre para el bloque de reconstrucción

El turno de Pedro Sánchez será el último por diseño. Su intervención se centrará en la arquitectura de la reconstrucción: reales decretos-ley, movilización de fondos de contingencia, compatibilidad con ayudas europeas, contratación de emergencia y priorización de obras. En dos planos: el macro —qué instrumentos movilizó el Estado, con qué plazos— y el micro —cómo aterrizaron esas medidas en barrios, carreteras, colegios, centros de salud o explotaciones afectadas en la Comunitat Valenciana—.

Se espera, también, que el presidente aborde el seguimiento de las indemnizaciones a través del Consorcio de Compensación de Seguros y el papel de la Seguridad Social en exoneraciones, ERTE por fuerza mayor y apoyos a autónomos. Y, claro, que detalle la coordinación interministerial: cómo se sentaron a la mesa Transportes, Transición Ecológica, Interior o Defensa para acelerar obras críticas o medidas preventivas. La comisión le pedirá hitos verificables: kilómetros reabiertos, plazos cumplidos, proyectos en licitación, refuerzos de presas, limpieza de cauces, estaciones de aforo nuevas, centros educativos reubicados. Un cierre con números y no solo con valoraciones políticas.

Qué investiga realmente la comisión y sus límites

La comisión no es un juzgado, pero su mandato es exigente. Analiza la gestión de la DANA que golpeó la Comunitat Valenciana, con especial atención al sistema de alertas, la protección civil, la resiliencia de infraestructuras y la capacidad de respuesta en las primeras 72 horas. También fiscaliza la reconstrucción: quién decidió, con qué criterios, con qué controles y con qué resultados medibles. Tiene potestad para llamar a cualquier responsable público y recabar documentación, y sus conclusiones pueden ir acompañadas de recomendaciones y de señalamientos políticos que, sin ser judiciales, sí tienen consecuencias institucionales.

Entre los límites que operan, uno evidente: no imputará delitos ni dictará sentencias. Lo que sí hará es fijar responsabilidades políticas y apuntar mejoras sistémicas: desde protocolos de evacuación hasta normas de construcción en zonas inundables, pasando por mecanismos de coordinación entre administraciones, sistemas de comunicación de emergencia, contratación y uso de datos en tiempo real. El trabajo no puede alargar sus plazos de forma indefinida. Se baraja un informe final antes de que concluya el periodo de sesiones, con posibilidad de un apéndice técnico si fueran necesarias periciales adicionales sobre obra pública, hidrología o climatología.

La comisión se ha dotado de una metodología que mezcla testimonio humano y evidencia documental. Declararán familiares de víctimas y afectados para anclar los hechos en la realidad de quienes lo perdieron todo; comparecerán técnicos para aportar modelizaciones y series históricas; hablarán gestores que firmaron resoluciones y sostendrán decisiones con expedientes. El equilibrio entre dolor y datos es delicado. Por eso el funeral del 29 de octubre se respeta como un hito que no debe interferir con la técnica parlamentaria.

La DANA de 2024 en Valencia: del caos al balance

La DANA del 29 de octubre de 2024 dejó una cicatriz profunda en la Comunitat Valenciana. El episodio de lluvias torrenciales desbordó ramblas y barrancos y colapsó tramos urbanos donde la lámina de agua ganó velocidad. Más de 200 personas perdieron la vida, un balance que explica la dimensión de la respuesta institucional y el tono con el que se abre la comisión. La cronología que se busca depurar tiene puntos calientes: alertas meteorológicas previas, avisos a población, cierres preventivos de infraestructuras, la capacidad de desagüe de redes urbanas, el estado de cauces y puntos bajos de carreteras, la señalización y los perímetros de seguridad en zonas de riesgo.

Se evaluará con especial atención el comportamiento de infraestructuras críticas: estaciones depuradoras, colectores, presas y azudes, caminos rurales y líneas eléctricas. La hipótesis de trabajo no es un “todo falló”, sino identificar eslabones que se rompieron en cadena y puntos que resistieron o amortiguaron daños. No hay que olvidar el impacto en servicios básicos: centros de salud que necesitaron evacuación o refuerzo, residencias donde hubo que improvisar soluciones, colegios anegados, mercados que cortaron suministro y polígonos que perdieron actividad durante semanas.

El capítulo económico añade otra capa. El comercio de proximidad sufrió pérdidas severas; el turismo canceló reservas y arrastró una temporada baja adelantada; agricultura y ganadería registraron daños en explotaciones, invernaderos y canales de riego; las pymes industriales de áreas periurbanas vieron máquinas y stocks inservibles. La reconstrucción se midió en contratos de emergencia, exenciones fiscales y avales vinculados a la recuperación. A un año vista, la comisión quiere una radiografía precisa de qué se ha pagado, qué se ha ejecutado y qué sigue pendiente, tanto en obra mayor como en pequeña reparación de barrios y pueblos.

Hay, además, aprendizajes técnicos que no pueden quedarse en los anexos. La DANA obliga a revisar la cartografía de riesgo, la adaptación al clima extremo y las normas urbanísticas que permiten o no permiten construir en zonas con episodios recurrentes de inundación. Se hablará de renaturalización de cauces, de parques inundables que funcionen como esponjas, de sistemas de alerta temprana con mensajes geolocalizados. No son conceptos vaporosos: traducen decisiones muy concretas sobre dónde reforzar un puente, qué calle debe tener un aliviadero o qué barrio necesita un plan de evacuación puerta a puerta.

Consecuencias políticas y técnicas que se dirimen

El calendario y el orden de comparecencias no son neutros. Quien habla primero marca el marco. Por eso el foco en Mazón abre el debate con la gestión autonómica y municipal: qué hizo la Generalitat y cómo operaron los ayuntamientos. La narrativa que llegue de esa primera sesión condicionará las preguntas a Feijóo —impacto político nacional y decisiones de su partido— y, más tarde, a Sánchez, que deberá certificar con documentos cómo se activó el Estado. Cada partido llega con su lectura: el oficialismo pondrá el acento en la movilización de recursos y en la coordinación interadministrativa; la oposición afinará en tiempos de respuesta, alertas tardías o en baches administrativos de la reconstrucción.

Más allá de la batalla política, la comisión tiene un terreno técnico que no admite consignas: ¿qué falló en la comunicación de riesgo?, ¿cuánto influyó la impermeabilización urbana?, ¿dónde se rompieron los flujos de coordinación?, ¿qué limitaciones reales tuvieron los equipos de emergencia?. Este tramo interesa tanto a ingenieros como a alcaldes, a aseguradoras y a comunidades de propietarios. Un informe parlamentario serio —con indicadores, mapas y plazos— se convierte en una hoja de ruta para inversiones y cambios normativos. Y también en un estándar de rendición de cuentas: si se promete un refuerzo de encauzamientos en seis meses y no llega, habrá que explicarlo.

En el lado jurídico, algunos puntos son delicados. La contratación de emergencia es legal y necesaria en una catástrofe, pero exige motivación, proporcionalidad y control ex post. Se analizará la selección de empresas, el objeto de los contratos, los modificados, los precios y la publicidad. También se revisará la interoperabilidad de los sistemas de información: meteorología, hidrología, tráfico, protección civil, con la eterna pregunta de fondo: ¿estaban los datos y llegaron a quien debía llegar, a tiempo?. Y se hablará de seguros e indemnizaciones: tasación de daños, franquicias, tiempos de pago y casuísticas que siempre emergen en viviendas, vehículos e industrias.

La política, inevitablemente, mirará de reojo a las responsabilidades personales. El formato parlamentario no busca “culpables” con nombre y apellidos, pero sí responsables políticos por acción u omisión. De ahí que el orden final —con Sánchez cerrando— sea relevante: el presidente pondrá la tapa del relato con el balance de lo hecho y con la promesa de lo que falta. Si llega con datos sólidos, el cierre le ayuda; si lo hace con generalidades, abrirá un flanco.

Lo que puede cambiar con estas comparecencias

Cada comisión de investigación deja dos huellas: una política y otra práctica. La primera, medible en la opinión pública y en el impacto sobre los actores protagonistas. La segunda, tangible en nuevos protocolos, obras y presupuestos. En el caso de la DANA, el éxito real se medirá en tiempo de reacción la próxima vez que un episodio severo llame a la puerta. ¿Llegará antes la alerta? ¿Evacuaremos mejor? ¿Soportarán más agua los colectores? Esa es la vara.

La secuencia de comparecencias puede desbloquear decisiones que llevan meses encalladas: refuerzos de encauzamientos, reubicaciones de dotaciones en suelos más altos, duplicación de bombeos en puntos negros, planificación de avenidas con soluciones de urbanismo táctico que permitan, incluso, renaturalizar tramos hoy hormigonados. La comisión no adjudica obras, pero su informe sí puede obligar políticamente a mover ficha. En paralelo, el mapa de ayudas puede clarificarse: familias que siguen en realojos provisionales, pymes a la espera de la última certificación, cooperativas agrarias que encadenan pérdidas o activos aún inutilizados. El consenso en soluciones de seguimiento —con plazos y responsables— haría una diferencia.

Por último, está la memoria. Un año después, el funeral del 29 de octubre recordará a quienes faltan. La comisión no debe competir con ese duelo, pero sí honrarlo con resultados. En alto, una idea sencilla: ninguna obra ejecutada, ninguna alerta afinada, ningún plan de evacuación actualizado será demasiado si evita otra tragedia. Eso coloca la ciencia —datos, mapas, modelos— a la altura de las familias y de la política. El Parlamento, por una vez, tiene el tiempo, la tribuna y la presión social para convertir la investigación en cambios visibles.

Hoja de ruta tras el 29 de octubre

El itinerario inmediato está escrito a lápiz grueso, pero está. Mañana la Mesa de la comisión amarrará la fecha de la sesión plenaria de la semana próxima para aprobar el plan de trabajo y el listado de comparecientes. El 29 de octubre tendrá lugar el funeral oficial. En noviembre arrancará el desfile de testimonios con víctimas y equipos de emergencia y, a finales de ese mes, Carlos Mazón. El bloque de reconstrucción quedará para diciembre, con ministros, responsables técnicos y, en el cierre, Pedro Sánchez. Entre medias, Feijóo y el resto de responsables políticos llamados a explicar decisiones, mensajes y prioridades.

El reto es lograr que cada sesión produzca hechos verificables: cronologías, protocolos corregidos, obras priorizadas, pagos comprometidos con fecha. La comisión nace con una promesa implícita: no perderse en la retórica. Si cada comparecencia aporta documentos y números, el informe final no será un catálogo de buenas intenciones, sino una pauta de acción para administraciones y empresas. Y, sí, también un punto y aparte para mirar a la cara a las familias en el primer aniversario sin quienes ya no están.

El orden elegido —Mazón primero, Sánchez el último— no es una anécdota. Enmarca el relato, acota responsabilidades y sirve de guía para entender cómo se gestionó la emergencia y cómo se ha ejecutado la reconstrucción. El resto ya depende de la calidad de las respuestas y de la capacidad de convertir lo aprendido en obra, norma y prevención. Porque la DANA pasó, pero el riesgo permanece. Y ahí es donde una comisión de investigación de verdad demuestra para qué sirve.

🔎​ Contenido Verificado ✔️

Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: EFE, Congreso de los Diputados, AEMET, Confederación Hidrográfica del Júcar, La Moncloa.