Qué cambia con las nuevas reglas del crédito al consumo

El Gobierno ha aprobado un anteproyecto que pretende impedir que bancos y otras entidades concedan financiación sin que el consumidor la haya pedido y aceptado expresamente. La medida afecta, entre otras prácticas, a la emisión de tarjetas de crédito y a los aumentos de límite que se incorporan sin una solicitud clara del cliente. La norma todavía es una propuesta, no una ley en vigor, por lo que sus efectos dependerán de la tramitación parlamentaria y del texto que finalmente se apruebe.

El proyecto también prevé cambios para las tarjetas revolving, los descubiertos bancarios y la supervisión de las empresas que ofrecen préstamos, incluidas las plataformas digitales. El objetivo declarado es reducir el riesgo de endeudamiento difícil de controlar y mejorar la información disponible antes de contratar. Sin embargo, el material de referencia no detalla los topes concretos que se aplicarían a los intereses ni cuándo empezarían a regir: por ahora, no es posible presentar esas medidas como límites ya establecidos.

Una reforma pensada para que el crédito no llegue por sorpresa

La regla central del anteproyecto es que la entidad no pueda conceder crédito al consumidor si este no lo ha solicitado previamente y no ha dado su consentimiento expreso. En la práctica, eso apunta a dos situaciones que pueden pasar inadvertidas entre notificaciones, promociones y gestiones rutinarias: recibir una nueva tarjeta junto con otro producto o descubrir que el límite disponible ha aumentado sin haberlo pedido. Ofrecer financiación y concederla serían actos distintos.

La diferencia importa porque disponer de un límite mayor no equivale a recibir dinero gratis. La tarjeta permite aplazar pagos o utilizar crédito hasta una cantidad fijada por la entidad, pero ese margen puede convertirse en deuda si se usa y se devuelve a plazos. Si el consumidor no percibe que el cambio implica financiación, puede aceptar una capacidad de gasto nueva sin haber valorado sus costes ni el tiempo necesario para saldarla. El proyecto pretende cerrar ese espacio entre una oferta comercial y una concesión efectiva.

La propuesta no significa que las entidades deban dejar de promocionar tarjetas o préstamos. Podrán presentar una oferta, también personalizada o preautorizada, siempre que no se active el crédito sin autorización del cliente. La decisión final tendría que seguir perteneciendo al consumidor: una opción visible en la aplicación del banco no debería transformarse por sí sola en un préstamo concedido.

Qué cambia con las tarjetas y los aumentos de límite

Una tarjeta puede aparecer en un paquete de bienvenida, asociada a una cuenta o como parte de una campaña. La reforma busca que esa vinculación comercial no baste para conceder financiación. Si el cliente quiere una tarjeta de crédito, tendría que solicitarla y aceptar sus condiciones; si no la pide, la entidad no podría tratar el silencio o la mera recepción del producto como permiso. La solicitud expresa sería el punto de partida, no una casilla supuesta por defecto.

El mismo criterio se aplicaría a las ampliaciones del límite. Una entidad podría comunicar que ofrece más crédito, pero el aumento no debería quedar disponible hasta que el titular lo acepte. No es un matiz menor: subir el límite puede facilitar una compra grande o cubrir un gasto imprevisto, pero también eleva la cantidad que una persona puede llegar a deber. La reforma intenta evitar que ese cambio se produzca de forma automática y sin una decisión consciente.

La medida no elimina la evaluación que la entidad pueda hacer sobre la capacidad de pago ni convierte cualquier solicitud en una aprobación. Una persona puede pedir una tarjeta o un aumento y que la operación no se conceda. Consentir es necesario para abrir o ampliar el crédito, pero no obliga al banco a aprobarlo; la valoración del riesgo y las condiciones de concesión siguen siendo parte del proceso financiero.

Una oferta preautorizada no equivale a un préstamo activo

Las ofertas preautorizadas suelen aparecer en la banca digital como una cantidad disponible, una tarjeta sugerida o una propuesta de préstamo. Esa presentación puede dar la impresión de que el dinero ya está concedido, aunque en realidad el cliente todavía no haya completado la aceptación. El anteproyecto contempla que estas ofertas puedan seguir existiendo, siempre que no se conviertan en financiación efectiva sin el consentimiento correspondiente. Ver una oferta en pantalla no debería significar que ya se ha contraído una deuda.

La distinción también obliga a fijarse en qué acción se considera aceptación. Consultar una propuesta no es necesariamente lo mismo que contratarla; abrir una notificación tampoco debería confundirse con autorizar un crédito. El texto de referencia no especifica qué formas de consentimiento se admitirán ni cómo tendrán que documentarse, de modo que esos detalles dependerán de la versión definitiva y de su desarrollo. La idea de fondo, en todo caso, es que el acuerdo sea identificable y no se deduzca de una conducta ambigua.

Este punto resulta relevante para quienes utilizan aplicaciones bancarias con frecuencia y reciben ofertas en el mismo espacio donde consultan saldos o realizan transferencias. La rapidez de una interfaz no siempre ayuda a distinguir una propuesta de una contratación. La protección no consiste en ocultar las ofertas, sino en evitar que una oferta pase a ser deuda sin una aceptación clara. Esa frontera será decisiva para valorar si la reforma funciona como pretende.

Tarjetas revolving: el coste importa tanto como la cuota

Las tarjetas revolving permiten devolver las compras mediante cuotas y, a medida que se paga, volver a disponer del crédito liberado. Esa flexibilidad puede hacer que la deuda se prolongue si la cuota mensual es baja en relación con el saldo pendiente: una parte del pago cubre intereses y otros costes, mientras el capital disminuye despacio. Una cuota pequeña no indica por sí sola que el crédito sea barato; también importa cuánto se termina pagando y durante cuánto tiempo.

El anteproyecto prevé introducir límites al coste del dinero en estas tarjetas, pero la información de referencia no aporta porcentajes, fórmulas ni un umbral concreto. Por tanto, no cabe afirmar que exista ya un tipo máximo nuevo ni calcular cuánto se reduciría una cuota. El alcance de la medida dependerá de cómo se redacten los límites y de qué costes se incluyan en su cálculo. Hasta que se conozcan esos parámetros, hablar de un tope exacto sería anticipar una decisión que aún no está detallada.

El debate no aparece en el vacío. En los datos citados sobre el mercado español, el crédito al consumo figura entre los segmentos donde las dificultades de pago han ganado atención. Una referencia publicada en 2024 señalaba que el 4,3% de estos préstamos eran dudosos y que la concesión superaba los 100.000 millones de euros a cierre de marzo de aquel año. Son cifras de ese momento, no una medición actual, pero ilustran por qué el coste y la duración de la deuda preocupan a supervisores y consumidores. El riesgo no depende solo del producto, sino de la relación entre intereses, cuota e ingresos disponibles.

Descubiertos bancarios y supervisión de nuevas entidades

El texto también plantea topes al coste de los descubiertos, es decir, a las situaciones en las que una cuenta queda con saldo negativo o se utiliza una cantidad superior al dinero disponible. Aunque pueden servir para afrontar un desfase puntual, sus comisiones e intereses pueden encarecerlo. El anteproyecto busca limitar ese coste, pero tampoco ofrece en la información disponible una cifra concreta que permita anticipar cuánto pagaría un cliente o cómo se calcularía el máximo. La existencia de la propuesta no modifica por sí sola las condiciones actuales de una cuenta.

Otra línea de la reforma es ampliar la supervisión del Banco de España a las empresas que conceden financiación al consumo, incluidas las plataformas digitales. El cambio responde a un mercado en el que el préstamo ya no se tramita únicamente en una oficina bancaria: puede ofrecerse desde una aplicación, una plataforma de financiación o durante el proceso de compra de un producto. La actividad digital no dejaría a los prestamistas fuera del marco de control previsto, aunque los detalles dependerán del alcance que recoja la norma definitiva.

Una supervisión más amplia puede ayudar a que las obligaciones de información y control alcancen a empresas con modelos de negocio distintos. No significa, por sí misma, que todas las ofertas vayan a tener el mismo precio ni que desaparezcan los riesgos de impago. Tampoco permite concluir que cualquier plataforma quede sometida a idénticas reglas sin conocer la redacción final. El propósito descrito es reforzar el control del sector y mejorar la transparencia en la concesión, no convertir la financiación en una operación sin coste o sin evaluación.

Más financiación no siempre significa acceso más fácil

El volumen de préstamos a los hogares ha aumentado en los datos recientes citados por uno de los análisis de mercado. Esa referencia sitúa la financiación de las familias cerca de los 192.000 millones de euros, con un crecimiento interanual próximo al 4,5%. La cifra describe un saldo agregado y no equivale a decir que cada hogar tenga esa deuda ni que todo el importe corresponda a tarjetas. Un mercado que crece puede coexistir con más dificultades para conseguir un préstamo.

De hecho, el mismo análisis recogía que durante el primer trimestre de 2026 las entidades endurecieron los criterios de concesión en distintos segmentos, incluido el de consumo, y preveían mantener esa cautela en los meses siguientes. Los bancos pueden revisar ingresos, estabilidad laboral y endeudamiento previo con mayor rigor cuando perciben más riesgo de impago. Así, una expansión del crédito total no garantiza que cada solicitante encuentre financiación en las mismas condiciones: el agregado incluye operaciones de distintos hogares y perfiles.

La aparente contradicción tiene una explicación sencilla. Una parte de las familias puede pedir más financiación para cubrir gastos, mientras las entidades limitan la concesión a quienes consideran más capaces de devolverla. El resultado es un mercado con más actividad, pero también más selectivo. El crecimiento del saldo no es una señal automática de que el crédito sea accesible, barato o adecuado para todos; refleja cuánto dinero está pendiente de devolución, no la calidad de cada operación ni la situación de cada hogar.

Qué puede hacer el consumidor mientras la propuesta sigue en trámite

Mientras el anteproyecto no complete su tramitación, las medidas anunciadas no deben confundirse con derechos nuevos ya aplicables. La información de referencia confirma que la propuesta aún debe seguir el proceso legislativo, pero no detalla su calendario ni la fecha de entrada en vigor. Por eso, una tarjeta recibida o un cambio de límite debe analizarse con arreglo a las condiciones vigentes y a la documentación de cada contrato, no dando por supuesto que las reglas proyectadas ya están operativas. La diferencia entre anuncio y ley aprobada es esencial.

En las comunicaciones de la entidad, resulta útil distinguir entre una oferta, una solicitud y una contratación confirmada. Revisar el límite que aparece en la tarjeta y los avisos de cambios puede ayudar a detectar una modificación que no se esperaba. Si surge una discrepancia sobre si se pidió un aumento o se aceptó una nueva línea, la documentación y los mensajes intercambiados pueden aclarar qué ocurrió. No es una recomendación jurídica individual: la interpretación de un contrato o de una reclamación concreta corresponde a profesionales competentes.

También conviene mirar más allá de la cantidad disponible. En una tarjeta aplazada, el coste total depende del saldo utilizado, del tipo aplicado, de la cuota y del tiempo que se tarde en devolver el dinero. En un préstamo personal importan el importe, el plazo y las condiciones de amortización; en un descubierto, los cargos asociados a mantener la cuenta en negativo. Comparar el coste completo permite entender mejor una oferta que presentada solo como cuota mensual puede parecer más asequible.

La deuda problemática empieza antes del impago visible

La preocupación de los supervisores no se limita a los préstamos que ya han dejado de pagarse. La referencia del Banco de España publicada en 2024 distinguía entre créditos dudosos y operaciones en vigilancia especial, una categoría que puede reflejar señales tempranas de deterioro. En aquel periodo, los préstamos problemáticos de los hogares aumentaron un 5,3% entre septiembre de 2023 y marzo de 2024; el informe atribuía buena parte del movimiento al avance del crédito en vigilancia especial. La tensión financiera puede aparecer antes de que el impago sea prolongado.

El análisis citado definía los préstamos en vigilancia especial como aquellos con señales de riesgo, entre ellas retrasos superiores a 30 días, mientras que consideraba dudosos los que acumulaban impagos de 90 días o más. Es una clasificación empleada para evaluar la calidad de las carteras bancarias, no una regla que por sí sola describa la situación de cada consumidor. Su relevancia está en mostrar por qué la prevención y la evaluación de la capacidad de pago forman parte del debate regulatorio, incluso antes de que una deuda entre en mora.

En ese contexto, las tarjetas revolving ocupan un lugar sensible: permiten reutilizar el crédito, y la deuda puede mantenerse si los pagos no reducen con suficiente rapidez el capital pendiente. A ello se suma que los préstamos de consumo suelen destinarse a gastos muy distintos, desde un coche o una reforma hasta electrodomésticos o viajes, y pueden contratarse por canales presenciales o digitales. La variedad de usos y formas de pago hace que una regla de consentimiento no baste, por sí sola, para resolver todos los problemas de endeudamiento.

El alcance real dependerá de la ley definitiva

El anteproyecto reúne dos objetivos relacionados, aunque diferentes. Por un lado, busca que nadie reciba una línea de crédito o una ampliación sin pedirla y autorizarla; por otro, plantea controles sobre el coste de productos como las revolving y los descubiertos, junto con una supervisión más amplia de quienes prestan. La primera medida se entiende con claridad en la información disponible. En las otras, todavía faltan parámetros para saber cómo se calcularían los límites y qué obligaciones concretas se exigirían. La protección anunciada tiene partes definidas y otras pendientes de detalle.

Ese matiz permite separar la intención política de los efectos jurídicos. La aprobación de un anteproyecto por el Gobierno inicia una fase de tramitación, pero no confirma que todas sus medidas vayan a aprobarse sin cambios. El texto puede modificarse y su aplicación dependerá de la norma final. En consecuencia, no es posible asegurar que un límite específico vaya a reducir automáticamente el coste de cada tarjeta ni que las condiciones de un contrato vigente vayan a cambiar de inmediato. La letra definitiva y su entrada en vigor determinarán el alcance práctico.

La discusión de fondo va más allá de recibir una tarjeta sin haberla solicitado. En un mercado donde el crédito puede aparecer integrado en compras, aplicaciones y cuentas bancarias, la frontera entre disponer de una oferta y asumir una deuda debe ser visible para el consumidor. Que la financiación se conceda solo con consentimiento expreso sería un avance concreto; que además resulte comprensible y asumible dependerá de cómo se regulen sus costes y de la información que acompañe cada operación.