La Ciudad de la Justicia de Madrid ya supera los 1.000 millones

La factura pública asociada a la Ciudad de la Justicia de Madrid ya rebasa los 1.000 millones de euros si se suman el dinero perdido en el primer intento y el presupuesto previsto para el complejo que se levanta en Valdebebas. La cuenta orientativa parte de al menos 355 millones desembolsados en la etapa fallida y de una inversión actual cifrada oficialmente en 653 millones, aunque las partidas adjudicadas para las obras principales suman alrededor de 540 millones. No son cifras intercambiables: describen fases y conceptos distintos.

La diferencia importa para entender qué se está pagando. Los 355 millones corresponden a recursos que no produjeron una sede judicial operativa; los 653 millones son la dotación global anunciada para el nuevo proyecto, mientras que los 540 millones reflejan el importe de los dos grandes paquetes de construcción comunicados tras el concurso. Con esas bases, el balance supera los mil millones cuando se toma como referencia el presupuesto completo, pero no debe presentarse como una liquidación final: el coste definitivo dependerá de la ejecución, el equipamiento y los gastos que queden fuera de esos contratos.

Dos proyectos y una factura que cambia según qué se cuente

El primer capítulo pertenece al Campus de la Justicia impulsado a comienzos de siglo, durante el Gobierno regional de Esperanza Aguirre. La iniciativa se prolongó durante años, acumuló contratos, estudios y proyectos arquitectónicos y terminó sin reunir los juzgados dispersos por Madrid. El cálculo recogido en el balance de referencia sitúa en al menos 355 millones de euros el dinero público gastado y perdido en aquel intento, entre pagos asociados a contratos, indemnizaciones, concursos y trabajos que no llegaron a prestar servicio judicial.

El segundo capítulo es el proyecto de Valdebebas, retomado bajo otro modelo: la Comunidad de Madrid asume directamente la financiación y la gestión de las obras en lugar de recurrir a una concesión privada a largo plazo. Para esta fase se han publicado cifras próximas a 660 millones y una dotación de 653 millones hasta 2028. En el concurso, los dos lotes principales quedaron valorados en unos 161,4 y 378,6 millones, respectivamente, cerca de 540 millones en conjunto. La suma de los 355 millones históricos y los 653 millones del nuevo presupuesto da 1.008 millones de euros; con una estimación de hasta 680 millones para el proyecto actual, el cálculo se acercaría a 1.035 millones.

Eso no significa que haya una única cifra cerrada y definitiva. Un presupuesto aprobado, el importe de una adjudicación y el gasto finalmente certificado no son lo mismo: el primero establece una previsión, el segundo fija el precio de determinados contratos y el tercero refleja lo que se ha pagado al completarse el trabajo. Por eso, sumar 355 y 540 millones ofrece una referencia de unos 895 millones para el gasto perdido y los principales paquetes de obra, pero no equivale al coste total de la nueva infraestructura ni incluye necesariamente todos sus componentes.

El origen del agujero del Campus de la Justicia

El plan inicial prometía concentrar en un mismo recinto sedes judiciales repartidas por la capital y dotarlas de edificios diseñados por arquitectos de prestigio. La apuesta se presentó como una transformación de gran escala, pero el proyecto se descompuso entre dificultades de financiación, problemas de gestión, contratos cuestionados y diseños que no se convirtieron en una ciudad judicial funcional. La sociedad pública encargada de impulsarlo acabó disuelta, y el balance quedó marcado por una inversión elevada sin el resultado que justificaba el gasto.

El ejemplo más visible de aquel legado en Valdebebas es el edificio circular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, conocido popularmente como el dónut. Concebido dentro del campus original, permaneció durante años sin uso y abrió finalmente en 2021. No representa por sí solo todo el gasto perdido, pero sí resume una paradoja del proyecto: una estructura podía estar construida y, aun así, no cumplir su función durante largo tiempo. La obra pública no se mide solo por los metros levantados, sino por si el edificio llega a prestar el servicio previsto y cuándo empieza a hacerlo.

Parte de las actuaciones de aquella etapa fue objeto de investigaciones y resoluciones judiciales. El artículo original atribuye a la Audiencia Nacional condenas relacionadas con irregularidades, entre ellas el uso de fondos en contratos de promoción y comunicación. Ese capítulo ayuda a explicar por qué el coste hundido no debe confundirse con una cifra íntegramente declarada ilegal: una condena delimita responsabilidades concretas, pero no convierte automáticamente todo gasto ineficaz en delito. También hay partidas que pueden representar mala planificación o decisiones fallidas sin haber sido objeto de una condena penal.

Qué cubren los 653 millones y qué significa la adjudicación por 540

La dotación regional de 653 millones se distribuyó en dos grandes lotes. El primero, presupuestado en 195 millones, incluye las sedes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de la Audiencia Provincial, servicios administrativos, el edificio de entrada, la urbanización de la plaza y aparcamientos. El segundo, valorado en 458 millones, reúne las obras del orden civil y penal, la Fiscalía, archivos, depósitos, dependencias de seguridad y otros usos. En conjunto, el presupuesto publicado para ambos paquetes alcanza 653 millones de euros.

En la información sobre el concurso aparecen importes más bajos para las ofertas seleccionadas: 161,4 millones para la unión de OHLA, Azvi y Rover, y 378,6 millones para la formada por Dragados y Acciona. La suma ronda los 540 millones, unos 113 millones por debajo de los 653 millones presupuestados para los dos lotes. Esa diferencia se describió como un ahorro respecto a la previsión, pero no conviene asumir que todo el margen sea dinero sobrante: la comparación depende de qué conceptos incluye cada cifra y de cómo se formalicen y ejecuten los contratos.

La estimación global puede incorporar trabajos y suministros que no se reflejan en el precio de los paquetes de obra principales, además de las fases de proyecto, instalaciones, equipamiento y puesta en servicio. El complejo necesita mucho más que estructuras: requiere salas de vistas, sistemas de grabación, redes digitales, seguridad, climatización y espacios de archivo, entre otros elementos. Si se comparan los 540 millones con el presupuesto de 653 millones, la lectura correcta no es que la Ciudad de la Justicia cueste exactamente 540 millones, sino que esa es la cifra aproximada comunicada para las principales adjudicaciones de construcción.

Un campus para concentrar sedes y actividad judicial

El recinto se ubicará en una parcela de unos 132.000 metros cuadrados en Valdebebas. La previsión contempla alrededor de 236.000 metros cuadrados sobre rasante y 198.000 bajo rasante, una superficie que da idea de la escala del conjunto. El plan agrupa en un único ámbito organismos que hoy trabajan desde distintas direcciones de Madrid, con edificios para el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Provincial, juzgados de varias jurisdicciones, Fiscalía y servicios auxiliares. No se trata de una sede única, sino de un conjunto de edificios conectados por espacios comunes.

Las cifras sobre cuántas sedes se reunirán varían entre 26, 27 y 28 en los anuncios y noticias disponibles. La discrepancia puede depender de si se cuentan las sedes actuales, los órganos que se trasladan o las unidades administrativas y auxiliares por separado. El propósito compartido es trasladar a Valdebebas la actividad judicial hoy repartida por la capital; el proyecto se dimensiona para 374 órganos jurisdiccionales y una afluencia estimada de unas 33.000 personas al día, entre trabajadores, profesionales y ciudadanía. Esa circulación cotidiana convierte la movilidad y los accesos en una parte central del funcionamiento, no en un detalle de urbanización.

El diseño contempla aparcamientos públicos y restringidos, zonas verdes y espacios comunes, además de recorridos diferenciados para quienes acuden a una vista, trabajan en el complejo o deben acceder bajo custodia. En una infraestructura judicial, separar itinerarios puede responder tanto a necesidades de seguridad como a la protección de víctimas y testigos. También se prevén instalaciones específicas, como cámaras Gesell, que permiten tomar declaración en un entorno preparado para reducir la exposición de menores y otras personas vulnerables. La organización interna, por tanto, afecta a la experiencia diaria y a la manera en que se prestan los servicios judiciales.

El calendario se ha movido y las fechas no son una garantía

Los anuncios disponibles no dibujan un calendario completamente uniforme. La dotación regional se vinculó a contratos y obras hasta 2028, y otras informaciones apuntaron a que las instalaciones podrían estar operativas ese año. Sin embargo, una previsión posterior situó el horizonte general en 2030 y describió una ejecución por fases, con edificios que entrarían en servicio antes que el conjunto. La diferencia obliga a separar los hitos parciales de la finalización completa: la apertura de algunas sedes no equivale a que todo el campus esté terminado.

Los primeros planes contemplaban el inicio de las obras en 2025 y una primera fase con edificios judiciales, espacios comunes y aparcamiento público. En esa etapa se preveía trasladar el Tribunal Superior de Justicia y la Audiencia Provincial, además de juzgados de Primera Instancia. Las fases posteriores incorporarían otras áreas civiles y penales, Fiscalía, archivo judicial y dependencias auxiliares. Como los plazos publicados responden a previsiones formuladas en distintos momentos, no permiten afirmar por sí solos que cada traslado se haya producido o vaya a ocurrir en una fecha determinada.

La mudanza también es una obra en sí misma. Trasladar juzgados exige coordinar personal, expedientes, equipos informáticos y atención al público, sin interrumpir la actividad ordinaria. Durante un periodo puede ser necesario mantener sedes antiguas y nuevas en paralelo, con costes de transición que no se aprecian en el precio de levantar los edificios. A esto se añade la integración de los sistemas digitales y de seguridad. El calendario real se medirá por la puesta en servicio completa, no solo por la fecha en que termine el hormigón.

Ahorros esperados y costes que todavía deben comprobarse

La defensa económica del proyecto se apoya en reducir alquileres y duplicidades al reunir sedes dispersas. Las previsiones citadas en el balance sitúan el ahorro directo por arrendamientos entre 40 y 50 millones de euros anuales. Si se cuentan también posibles reorganizaciones de edificios públicos y otros cambios patrimoniales, se ha planteado una cifra de hasta 80 millones al año. Son cantidades estimadas, no ahorros ya materializados: solo podrán comprobarse cuando se conozcan los alquileres extinguidos y los gastos que continúen.

Tomadas literalmente, esas estimaciones permitirían comparar el ahorro anual con la inversión de 653 millones. Con una reducción de 40 millones al año, recuperar contablemente esa suma requeriría más tiempo que si el ahorro se acercara a 80 millones; de ahí que se haya hablado de un horizonte próximo a una década bajo los supuestos más favorables. Pero este cálculo simplifica la realidad: no descuenta el coste de mantenimiento, la financiación, la mudanza ni el valor de los inmuebles que puedan seguir ocupándose. El plazo de retorno, por tanto, no es una fecha garantizada, sino una proyección condicionada por el ahorro efectivo.

La obra también puede afrontar cambios en materiales, mano de obra, instalaciones o necesidades técnicas. En un proyecto de estas dimensiones, una modificación puede surgir de ajustes de diseño, coordinación entre edificios o requisitos de seguridad y tecnología. Los sistemas informáticos merecen atención especial: una sede concentrada necesita que redes, expedientes y herramientas audiovisuales funcionen conjuntamente. Un problema de interoperabilidad no añade necesariamente grandes cantidades de hormigón, pero sí puede generar costes de adaptación y retrasos. Por eso, el precio de los lotes de construcción no basta para valorar el coste de poner en marcha un servicio judicial integrado.

Qué gastos quedan fuera de la suma principal

La cifra superior a los mil millones compara el gasto histórico mínimo con el presupuesto anunciado para el nuevo recinto. No incorpora el mantenimiento futuro, cuyo importe no aparece cuantificado en los datos disponibles, ni permite fijar de antemano cuánto costarán eventuales modificaciones. Tampoco debe confundirse el coste de construcción con el coste de todo el ciclo de vida del complejo: edificios, instalaciones y sistemas seguirán necesitando conservación una vez que empiecen a funcionar. La factura acumulada crecerá si se incluyen esos gastos posteriores durante el tiempo de uso, aunque no sea posible asignarles ahora una cantidad segura.

Algo parecido ocurre con las conexiones de transporte y las actuaciones urbanas del entorno. Valdebebas cuenta con transporte público y red viaria, y los planes mencionan la ampliación de conexiones, incluida la llegada de la Línea 11 de Metro y un intercambiador. Sin embargo, los datos de referencia no separan un coste concreto atribuible a esas obras ni permiten adjudicar toda inversión de movilidad al complejo judicial. La forma rigurosa de contabilizarlo es distinguir las partidas incluidas expresamente en el presupuesto del campus de las actuaciones públicas del entorno.

También hay que mantener aparte la antigua propuesta de concesión privada a 40 años, que contemplaba pagos públicos superiores a 2.000 millones. Esa cifra describía compromisos de un modelo financiero planteado en el pasado, no dinero desembolsado ni el coste del proyecto que ahora se construye. La decisión de asumir directamente la inversión cambió el modo de financiar la obra y la titularidad de las instalaciones. Comparar sin matices aquel pago acumulado con el presupuesto actual mezclaría una obligación financiera proyectada durante décadas con una inversión presupuestada para construir.

La cuenta pendiente se resolverá cuando el campus funcione

Por ahora, la lectura más sólida es que el gasto hundido de la primera etapa fue de al menos 355 millones y que el nuevo complejo cuenta con una previsión global de 653 millones, con referencias que han oscilado hasta los 680 millones. Así, el balance presupuestario de ambos intentos se sitúa aproximadamente entre 1.008 y 1.035 millones de euros. Si se toma únicamente el gasto histórico y los cerca de 540 millones de las principales adjudicaciones, la suma ronda los 895 millones, pero deja fuera parte del presupuesto actual. La diferencia entre esos totales nace de qué se incluye, no de una contradicción aritmética.

El resultado económico no dependerá solo de respetar el coste de las obras. También habrá que comprobar cuántas sedes se cierran, qué alquileres desaparecen, cuánto cuesta mantener las nuevas instalaciones y si el traslado mejora de verdad la coordinación entre órganos judiciales. Los ahorros anunciados serán verificables con el tiempo; el coste final, cuando se certifiquen las obras y se contabilicen los equipamientos y gastos asociados. Hasta entonces, la referencia de más de mil millones describe una suma de pérdidas heredadas y una inversión todavía en desarrollo.

Valdebebas aspira a dar una sede común a una administración que durante años trabajó desde edificios dispersos. Pero la memoria del primer proyecto hace que el éxito no pueda medirse solo en fachadas terminadas o en una fecha de inauguración. La prueba será que los edificios estén operativos, que las sedes antiguas dejen de generar gastos y que las previsiones de ahorro se reflejen en las cuentas públicas. Solo entonces podrá saberse si la nueva ciudad judicial transforma una factura de más de mil millones en una infraestructura que cumple su función.