Michael Randrianirina: quién es el nuevo líder de Madagascar

Michael Randrianirina toma el timón en Madagascar tras el golpe del CAPSAT, con transición anunciada y foco inmediato en electricidad y agua.

El coronel Michael Randrianirina se ha convertido en el nuevo hombre fuerte de Madagascar tras el levantamiento de una unidad de élite del Ejército y la retirada del país del presidente Andry Rajoelina. No surge de la nada: es el mando visible del Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), una estructura con peso histórico en los equilibrios de poder malgaches. Tomó la palabra cuando las protestas por los cortes de luz y agua, iniciadas el veinticinco de septiembre, desbordaron a la policía y fracturaron la disciplina en los cuarteles. Con el presidente fuera del territorio y una calle encendida, el coronel anunció la asunción de funciones para “refundar” el Estado; este viernes, diecisiete de octubre de 2025, jurará el cargo de presidente ante el Alto Tribunal Constitucional en una audiencia formal y sobria.

El proyecto de Randrianirina se articula en dos ejes: orden y transición. Orden, porque decreta la suspensión de la Constitución y de varias instituciones —Senado, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior de Justicia—, dejando operativa la Asamblea Nacional. Transición, porque fija un plazo máximo de dos años para reconstruir las reglas del juego, con un referéndum constitucional y posteriores elecciones. La comunidad internacional ha reaccionado con condenas y sanciones políticas: la Unión Africana ha suspendido a Madagascar de sus actividades y la SADC ha mostrado “alarma” ante la ruptura del orden democrático. En medio, un consejo compuesto por Ejército, Gendarmería y Policía Nacional, abierto a civiles, actuará como poder colegiado. Se entiende el mensaje: disciplina, calendario y un intento de normalidad parlamentaria en mitad del trauma institucional.

De coronel a jefe de Estado: la secuencia de hechos

La cadena de acontecimientos ayuda a comprender el ascenso del coronel. Hubo un mes de aceleración. Primero, el hartazgo por apagones prolongados y cortes de agua; después, marchas masivas de jóvenes, coordinadas, con consignas muy concretas contra la carestía y la corrupción. El gobierno trató de imprimir autoridad, pero la protesta no se diluyó; por el contrario, parte de las fuerzas de seguridad comenzó a modular su respuesta. En esa grieta, CAPSAT movió ficha: ocupación del palacio presidencial de Ambotsirohitra, anuncio de supresión de la Carta Magna y asunción del poder “para garantizar el orden”. Con Rajoelina fuera del país y sin dimisión formal, la narrativa de vacío de poder ganó espacio. El Alto Tribunal Constitucional invitó entonces a Randrianirina a ejercer las funciones de jefe de Estado, pese a que la propia junta había comunicado la suspensión de la jurisdicción constitucional. Una paradoja jurídica que subraya la tensión de estas horas: legalidad formal entre paréntesis y eficacia política en el terreno.

El nuevo esquema transitorio se presentó con una fecha simbólica: el juramento del coronel este viernes. Habrá ceremonia sobria en el Palacio de Estado de Ambohidahy, sede del alto tribunal, y una escenografía de continuidad institucional —togados, protocolo, lenguaje solemne— que busca anclar lo sucedido en un marco de reconocibilidad. A partir de ahí, decisiones de calado: composición del consejo de transición, cartera económica, energía, interior, seguridad y, no menos importante, relación con la Asamblea Nacional. En ese tablero se verá hasta qué punto el discurso de “refundación” se traduce en procedimientos verificables y si el poder militar admite contrapesos reales durante estos meses.

El perfil que emerge: CAPSAT, disciplina y el precedente de 2009

El nombre de CAPSAT no es nuevo en Madagascar. Esta unidad de la carretera de Ivandry ya inclinó la balanza en 2009, cuando un motín forzó la salida del presidente Marc Ravalomanana y allanó el camino para que Rajoelina dirigiese una autoridad de transición. Dieciséis años después, el eco es evidente. Que la misma estructura sostenga ahora a Randrianirina apunta a una constante: cuando la política civil entra en bloqueo crónico, las llaves del sistema acaban en manos de los cuarteles. El coronel ha capitalizado esa lógica sin exhibiciones retóricas. Habla poco y con frases breves. Uniforme impecable, economía gestual, apelaciones a la disciplina y a la dignidad nacional. No hay giros ideológicos, no hay programa escrito más allá de seguridad y calendario. El estilo le ha rendido frutos en un país extenuado por promesas incumplidas.

Su legitimidad inmediata no nace de las urnas ni del carisma, sino de una situación de excepción. Es un militar de carrera, con mando en una unidad logística-administrativa que, en la práctica malgache, tiene capacidad de presión. En las últimas semanas se le vio ejerciendo autoridad sobre tropas que, de facto, decidieron no enfrentar a los manifestantes y, después, asumieron el control del complejo presidencial. El mensaje que repite —“refundar”, “reconstruir”, “devolver la dignidad”— suena deliberadamente aséptico. Al presentarse como gestor del interregno, evita etiquetas que comprometan el margen de maniobra. La duda, claro, es cuánta política cabe en un marco con instituciones suspendidas y cuánta sociedad civil se incorporará a la gestión del día a día.

Qué poderes asume y qué cambios anuncia

La suspensión de la Constitución es el eje de la arquitectura transitoria. Equivale a gobernar por decreto, con un consejo de seguridad que se declara colegiado, pero en el que el coronel ejerce la presidencia. La Asamblea Nacional permanece activa, una señal destinada a transmitir continuidad representativa, aunque su capacidad de control —sin un tribunal constitucional operativo— queda muy limitada. Al mismo tiempo, la actividad del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia queda suspendida “hasta la restauración del orden”. En ese marco, el Alto Tribunal Constitucional mantiene una función ceremonial y de validación del juramento, un punto que descoloca a los juristas y que, muy probablemente, se resolverá con una restitución parcial de competencias o con una salvedad explícita en el decreto de transición. Es un encaje de bolillos jurídico para sostener el rito de investidura y, a la vez, preservar el control.

El calendario anunciado tiene dos hitos. El primero, un referéndum constitucional para “refundar la República”, con la promesa de redactar un texto que reordene poderes, clarifique la sucesión y acote las prerrogativas del Ejecutivo. El segundo, elecciones en un plazo máximo de dos años, con la puerta abierta a acortarlo si la situación lo permite. Sobre el papel, suena razonable: estabilizar, reformar, votar. En la práctica, estos procesos suelen derivar en tensiones sobre el censo, la junta electoral, la observación internacional y las reglas de elegibilidad. El hecho de que el Parlamento continúe funcionando puede facilitar reformas técnicas durante la transición —ley de partidos, financiamiento, justicia electoral—, pero, sin un tribunal constitucional independiente, el control de constitucionalidad queda en el aire, un flanco sensible que habrá que resolver si se quiere evitar impugnaciones en cascada.

El país que recibe: economía frágil y servicios al límite

La fragilidad estructural de Madagascar es el desafío de fondo. Con una población que supera los treinta millones, ingresos per cápita estancados desde hace décadas y una dependencia alta de la ayuda exterior, el margen para errores de gobernanza es mínimo. Lo que empujó a la calle a miles de jóvenes fueron graves interrupciones de electricidad y agua, combinadas con precios en alza y escándalos de corrupción. Esa agenda concreta —luz, agua, empleos, transparencia— será el verdadero termómetro del periodo de Randrianirina. Puede prometer elecciones y reformas, pero si los apagones persisten y los grifos siguen secos, el capital político de la transición se evaporará deprisa.

La energía es el primer frente. La red de generación y distribución acumula obsolescencia, pérdidas técnicas y gestión deficiente. La transición necesitará decisiones veloces: combustibles para estabilizar la oferta inmediata, mantenimiento urgente en nodos críticos, contratos de emergencia auditados y un plan de inversiones con hitos públicos. Sin electricidad, la actividad económica no despega. Le sigue el agua. Las sequías cíclicas del sur y la expansión urbana en la capital han tensionado los sistemas. Un paquete de choque con perforaciones, plantas potabilizadoras modulares y reparación de fugas daría una señal concreta de cambio de prioridades. Después, precios y alimentos: reforzar redes de protección y compras públicas transparentes para evitar picos de desabastecimiento. Todo ello exige gestores competentes, contabilidad clara y vigilancia social. Es aquí donde la promesa de incorporar civiles al consejo de transición puede ser algo más que un gesto.

Reacciones y equilibrios: Unión Africana, SADC y socios clave

La Unión Africana ha reaccionado con un mecanismo conocido: suspensión de Madagascar de todas sus actividades hasta que se restablezca el orden constitucional. La SADC, el bloque de África austral, emitió una declaración de alarma que adelanta presión regional. Estas decisiones tienen consecuencias prácticas: limitan foros diplomáticos, condicionan programas de cooperación y envían señales a donantes y mercados. También abren un itinerario de salida: para levantar la suspensión, la junta debe acreditar un calendario creíble, diálogo con actores políticos y sociales, y gestos de restitución institucional —aunque sea gradual—. En paralelo, socios bilaterales con peso histórico y económico observarán la letra pequeña: fronteras seguras, respeto a los derechos, garantías a inversiones en sectores como minería, agroindustria y turismo.

Hay también un cálculo interno. La legitimidad que hoy Randrianirina obtiene de la calle puede diluirse si la presión internacional se traduce en aislamiento. La junta, consciente, ha guardado la Asamblea Nacional dentro del marco transitorio y ha prometido urnas en un plazo definido. Si complementa esos gestos con observación regional, apertura a partidos y organizaciones cívicas y una hoja de ruta verificable —con hitos y fechas—, podría reducir el coste diplomático y contener las sanciones más onerosas. El equilibrio entre autoridad y apertura no será estético: condicionará el acceso a financiación, inversiones y tecnología para resolver, precisamente, energía y agua.

Lo que se decide en las próximas semanas

El juramento de este viernes no cierra nada; abre una etapa en la que se medirán hechos. Primero, la integración del consejo: qué perfiles entran, cuántos civiles, qué trayectorias y, sobre todo, qué mandato operativo reciben para economía, energía, interior y seguridad. Segundo, la gestión del paradigma jurídico: cómo se reconecta la investidura con un esquema de control de constitucionalidad mínimamente funcional para que las decisiones no queden en tierra de nadie. Tercero, la hoja de ruta del referéndum y las elecciones: cronograma, órgano electoral, observación, normas de campaña, acceso a medios y arbitraje de disputas. Y, por encima de todo, señales visibles de que la vida cotidiana mejora: apagones más cortos, agua en los grifos, salud y escuelas con lo básico cubierto.

De Randrianirina se sabe lo esencial para esta coyuntura: militar, disciplinado, reserva ante el foco y una unidad, CAPSAT, con historial en los giros políticos del país. Su apuesta —orden ahora, urnas después— coincide con el guion clásico de muchas transiciones africanas de la última década. Lo que determine su lugar en la historia malgache no será el lenguaje de la refundación, sino tres fotos que deben cambiar de tono: cuarteles que sostienen la seguridad sin desbordarla; calles que pasan del júbilo al escepticismo si no hay avances; barrios donde luz y agua vuelven con regularidad. Si esas imágenes evolucionan en los próximos meses, la transición ganará oxígeno y el calendario se hará creíble. Si no, Madagascar añadirá otra vuelta a un carrusel que ya conoce: crisis, interludio militar y promesas por cumplir.

La generación que empujó el cambio ha marcado prioridades muy claras —electricidad, agua, empleo, limpieza institucional— y ha demostrado que sabe organizarse. El coronel que este viernes jurará como presidente para la refundación gobierna de facto desde esa interpelación. Lograr que las luces permanezcan encendidas y que el grifo vuelva a funcionar con regularidad será más persuasivo que cualquier decreto. De ahí que el éxito del arranque se mida tanto en boletines oficiales como en medidores de tensión eléctrica y depósitos de agua. Un país cansado de la retórica y la interinidad está, otra vez, ante un punto de inflexión. Y el tiempo, en transiciones como esta, no perdona.