¿Por qué condenan a Francisco Granados a dos años y medio de cárcel?

La Audiencia Nacional ha condenado a Francisco Granados a dos años y seis meses de prisión porque considera probado que empleó su influencia política para favorecer a Waiter Music en la contratación de fiestas y espectáculos pagados por administraciones madrileñas. La pena corresponde a un delito continuado de fraude; por otro de prevaricación, el tribunal le impone también ocho años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público.

La sentencia no presenta al antiguo número dos de Esperanza Aguirre como el funcionario que preparaba personalmente cada expediente. El papel que le atribuye es más alto y menos burocrático: fue el impulsor político de una maquinaria que orientaba adjudicaciones hacia la empresa de su amigo José Luis Huerta, fallecido antes de poder ser juzgado. A cambio, según los magistrados, Granados recibió prestaciones en especie, entre ellas eventos privados costeados por el empresario.

La resolución, difundida el 2 de julio de 2026, todavía puede ser recurrida y no supone por sí sola un ingreso inmediato en prisión. La fotografía judicial es contundente, pero aún no definitiva: primero vendrán los recursos y, solo cuando la condena sea firme, la correspondiente fase de ejecución.

Por qué ha sido condenado Granados

La Audiencia Nacional sostiene que Granados mantuvo una capacidad continuada de influencia sobre alcaldes, concejales, responsables autonómicos y órganos que decidían contratos. No necesitaba sentarse ante el expediente, firmar cada hoja o aparecer en todos los correos. Su poder residía precisamente en otro lugar: la jerarquía informal del PP madrileño y su posición dentro de los gobiernos de Esperanza Aguirre.

Ese matiz resulta esencial. La defensa alegó que Granados carecía de competencias administrativas directas y negó haber ordenado los amaños. El tribunal responde que la responsabilidad penal por fraude y prevaricación no exige encontrar una instrucción escrita con membrete, sello y flecha fluorescente. En los delitos de corrupción, la prueba puede construirse mediante indicios relacionados entre sí, testimonios, expedientes alterados y favores que se repiten hasta dejar de parecer casualidad.

El fraude en la contratación pública se castiga con los dos años y medio de cárcel. La prevaricación, es decir, la adopción consciente de decisiones administrativas arbitrarias, acarrea la inhabilitación. No son dos formas elegantes de llamar al mismo delito: una protege el dinero y la limpieza de la contratación; la otra, la obligación elemental de que un cargo público no convierta una institución en la oficina particular de sus amistades.

La sentencia también aprecia la atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido. La investigación nació en 2014 y esta pieza no ha quedado sentenciada hasta 2026. La Fiscalía Anticorrupción llegó al juicio reclamando seis años de prisión, redujo después su petición a tres y el tribunal ha terminado fijando la pena en dos años y seis meses.

Cómo funcionaba el sistema de Waiter Music

Waiter Music organizaba fiestas patronales, carnavales, cabalgatas, conciertos y celebraciones municipales. El problema no era que levantara escenarios o contratara artistas —los espectáculos existían—, sino cómo obtenía los contratos. La Audiencia Nacional considera probado que numerosos expedientes estaban predeterminados para que la adjudicación terminara en manos de la empresa o de sociedades controladas por José Luis Huerta.

La compañía trabajó para el Ayuntamiento de Valdemoro entre 2004 y 2013 y tuvo presencia, especialmente entre 2007 y 2011, en localidades como Móstoles, Algete, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, San Martín de la Vega, Chinchón y Torrejón de Velasco. Todas estaban entonces gobernadas por alcaldes del Partido Popular. Hubo adjudicaciones directas y procedimientos en los que las supuestas ofertas competidoras procedían de empresas vinculadas al mismo empresario. La competencia tenía el espesor de un decorado: desde lejos parecía algo; al acercarse, cartón pintado.

En Valdemoro, el principal feudo político de Granados, Huerta facturó cerca de nueve millones de euros durante aquellos años. En Ciempozuelos la cifra superó los 1,2 millones; en Algete rondó los 1,9 millones y en Moraleja de Enmedio se aproximó al medio millón. Las cantidades muestran que no se investigaba una verbena perdida o la contratación apresurada de una orquesta, sino una relación comercial duradera y extraordinariamente rentable.

Fiestas privadas y actos del PP que no se facturaban

El intercambio no terminaba al apagar las luces del escenario. Waiter Music prestaba servicios adicionales para dirigentes municipales, actos privados y convocatorias del Partido Popular que no siempre eran facturados. El empresario asumía algunos gastos y, según la sentencia, en otras ocasiones presentaba a las administraciones facturas por importes superiores al coste real y al margen comercial ordinario.

Entre los servicios mencionados durante el proceso aparecen celebraciones familiares, comuniones y actos electorales. La resolución entiende que esas prestaciones servían para conservar el favor de quienes podían seguir adjudicando festejos. No era generosidad espontánea ni afición desmedida a las celebraciones populares; era una relación de beneficio mutuo sostenida con la comodidad que proporciona el presupuesto ajeno.

El tribunal incluye también la intervención de Granados para facilitar financiación pública al espectáculo Night of the Proms, celebrado en marzo de 2007 en el Palacio de los Deportes de Madrid. La Fiscalía sostuvo que el exconsejero utilizó su ascendencia dentro del Ejecutivo autonómico para promover una aportación pública de 139.200 euros cuando el empresario encontraba dificultades para rentabilizar el concierto.

Que los espectáculos existieran no borra el amaño

La Audiencia Nacional no ha considerado probado que los ayuntamientos pagaran por servicios completamente inexistentes. Por esa razón, rechaza imponer la responsabilidad civil solicitada por una de las acusaciones, que reclamaba indemnizaciones de cientos de miles de euros.

Ese punto no absuelve moral ni jurídicamente el sistema. Una carretera puede estar asfaltada y su contrato haber sido amañado; un concierto puede celebrarse y la adjudicación seguir siendo ilegal. El perjuicio de la corrupción no se mide únicamente por las sillas que faltan o por los altavoces que nunca llegaron. También está en expulsar a competidores, manipular precios y convertir la contratación pública en un reservado para conocidos.

De la operación Púnica a la sentencia de 2026

El caso Púnica estalló en octubre de 2014 como una macroinvestigación sobre corrupción municipal y autonómica. Su tamaño obligó a dividirlo en más de una decena de piezas: contratos energéticos, adjudicaciones urbanísticas, financiación política, festejos y otras ramificaciones. La justicia española hizo lo que suele hacer con los grandes sumarios: abrió muchas carpetas y necesitó años para volver a cerrarlas.

Granados fue detenido y permaneció aproximadamente dos años y medio en prisión provisional. Su primera condena vinculada a Púnica llegó en 2017, cuando la Audiencia Nacional le impuso dos años de cárcel por aprovechar el aviso de un guardia civil sobre la investigación. El Tribunal Supremo confirmó aquella pena en marzo de 2019 al considerar que la filtración dañó las pesquisas y permitió ocultar dinero y documentación.

La pieza de Waiter Music fue la primera que juzgó de forma amplia su supuesta intervención en la contratación pública, núcleo duro del caso. El juicio comenzó en enero de 2026 con 14 acusados y se prolongó durante meses. Dos procesados, el exalcalde de Valdemoro José Miguel Moreno y el exconcejal de Moraleja de Enmedio Ricardo Godino, reconocieron irregularidades y alcanzaron acuerdos con la Fiscalía.

Granados, por el contrario, negó haber organizado adjudicaciones o haber ordenado que los ayuntamientos asumieran gastos del partido. Su defensa insistió en la falta de competencias directas. La Sala ha rechazado ese argumento: considera que su peso político fue precisamente el engranaje que permitió mantener el sistema durante años, aunque otros tramitaran los papeles.

Condenados, absueltos y responsabilidades

La sentencia no afecta únicamente a Granados. El exalcalde de Valdemoro José Carlos Boza ha sido condenado a cuatro años de prisión, mientras que su antecesor José Miguel Moreno recibe dos años. También han sido condenados a dos años María Ángeles Herrera, exalcaldesa de Ciempozuelos; Carlos Alberto Estrada, exalcalde de Moraleja de Enmedio, y David Erguido, antiguo concejal de Algete, exsenador y exdiputado autonómico del PP. Otros responsables municipales implicados en los expedientes reciben igualmente penas de prisión o inhabilitación.

El empresario José Luis Huerta no fue juzgado porque falleció antes de la vista oral. Era el propietario de Waiter Music y amigo de Granados desde la etapa de este como alcalde de Valdemoro. La sentencia lo sitúa en el centro empresarial de la operativa: obtenía contratos públicos, asumía gastos privados y prestaba servicios no facturados para conservar el favor político.

No todos los acusados han sido condenados. La Audiencia Nacional absuelve a los exalcaldes de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, al considerar insuficiente la prueba para atribuirles responsabilidad penal en esta pieza. También quedan absueltos Carmen Plata, antigua responsable de la Fundación Arpegio, y Lorenzo del Triunfo, que trabajó en el Ayuntamiento de Algete.

Las absoluciones son relevantes porque alejan la sentencia de una condena indiscriminada por proximidad política. El tribunal diferencia expedientes, municipios y grados de participación. En unos casos aprecia una cadena de indicios suficiente; en otros, no. La justicia penal no funciona —o no debería funcionar— por asociación fotográfica.

Qué pasa ahora y qué procesos siguen pendientes

La condena puede ser recurrida ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. Después, cuando concurran los requisitos legales, aún puede plantearse un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras la resolución no adquiera firmeza, la pena de prisión no se ejecuta de manera ordinaria, de modo que Granados no debe ingresar automáticamente en la cárcel por la mera publicación del fallo.

Queda también por determinar cómo se computaría el tiempo que Granados pasó en prisión provisional. El Código Penal establece que ese periodo debe abonarse en la causa correspondiente, pero la liquidación concreta depende de si ese tiempo ha sido aplicado a otra condena y de las decisiones que adopte el órgano encargado de la ejecución. Dar por hecho que los dos años y medio quedan completamente cubiertos sería adelantarse varios capítulos al expediente.

Y Púnica continúa. En mayo de 2026, la Audiencia Nacional abrió juicio oral contra Granados y otras 40 personas por la pieza número 8, relativa a presuntas irregularidades en adjudicaciones de suelo público, viviendas e infraestructuras, incluidas actuaciones de Metro y Metro Ligero. La Fiscalía solicita para el exconsejero 42 años de prisión por varios delitos; es una petición acusatoria, no una condena.

Permanece pendiente, además, la pieza sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid. En ese procedimiento, cuya fecha de juicio aún no se había fijado, Anticorrupción reclama para Granados siete años y diez meses de cárcel y una multa de 284.000 euros. La condena por Waiter Music, por tanto, no liquida su horizonte judicial. Apenas cierra una de las numerosas habitaciones de una casa procesal levantada durante más de una década.

Púnica, una factura que llega doce años tarde

La sentencia dibuja una forma de corrupción menos cinematográfica que el maletín bajo la mesa, pero quizá más eficaz: contratos orientados, favores privados, empresas amigas y decisiones públicas tomadas en círculos donde la influencia pesa más que las normas. Una fiesta patronal parece poca cosa. Cien fiestas, varios ayuntamientos y millones de euros forman ya otra música.

Francisco Granados ha sido condenado porque la Audiencia Nacional considera que puso su poder político al servicio de un sistema fraudulento, no porque firmara personalmente cada adjudicación. La diferencia explica la sentencia y también su alcance: el tribunal castiga al que tramitaba, pero también a quien, desde arriba, hacía que la rueda girase.

Queda la anomalía del calendario. Los hechos se remontan en parte a 2004, la operación policial comenzó en 2014 y la sentencia llega en 2026. Doce años son demasiados para una democracia que pretende que la responsabilidad pública resulte visible, comprensible y cercana a los hechos. La justicia ha llegado. Llega con una condena clara, aunque con el paso cansado de quien aparece cuando la música terminó, las luces se apagaron y hasta el escenario empieza a parecer un recuerdo.