Síguenos

Actualidad

¿Qué condena confirma el Supremo a Pedro Antonio Sánchez en Murcia?

El Supremo ratifica la condena de tres años de cárcel a Pedro Antonio Sánchez por prevaricación y falsedad en el caso Auditorio de Puerto Lumbreras.

Foto del avatar

Publicado

el

Qué condena confirma el Supremo

Resumen

  • El Supremo confirma tres años de cárcel a Pedro Antonio Sánchez
  • La condena incluye prevaricación y falsedad por el caso Auditorio
  • El proyecto de Puerto Lumbreras recibió seis millones de euros públicos

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de tres años de prisión impuesta al expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP, por delitos de prevaricación y falsedad relacionados con el proyecto del auditorio municipal de Puerto Lumbreras, localidad de la que fue alcalde. La resolución mantiene también la extensa pena de inhabilitación vinculada al caso, que se remonta a decisiones adoptadas durante su etapa al frente del Ayuntamiento.

La decisión del alto tribunal supone el respaldo a la condena dictada en 2023 por la Audiencia Provincial de Murcia. El núcleo del caso está en cómo se puso en marcha, adjudicó y posteriormente modificó un proyecto cultural financiado con seis millones de euros de dinero público. Los magistrados del Supremo han rechazado los argumentos planteados por Sánchez y consideran suficientemente razonado que el entonces alcalde conocía el contenido y alcance de las actuaciones administrativas que firmaba.

No se trata, por tanto, de una nueva investigación ni de una acusación recién formulada. Es la fase decisiva de una causa que lleva años recorriendo juzgados y tribunales y que tuvo consecuencias políticas mucho antes de alcanzar este punto: el caso Auditorio fue uno de los factores que desembocaron en la dimisión de Pedro Antonio Sánchez como presidente de Murcia en abril de 2017.

Tres años de cárcel por prevaricación y falsedad

La Audiencia Provincial de Murcia había condenado en marzo de 2023 a Pedro Antonio Sánchez a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y tres meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El tribunal lo consideró responsable de dos delitos de prevaricación, uno de ellos continuado y cometido en concurso con un delito de falsedad.

La prevaricación castiga, en términos sencillos, la actuación de una autoridad o funcionario que dicta conscientemente una resolución arbitraria en un asunto administrativo. En esta causa, la condena no nace simplemente de que hubiera errores en un expediente complejo —algo que, por sí solo, no constituye delito—, sino de la conclusión judicial de que determinadas decisiones administrativas fueron adoptadas apartándose deliberadamente del procedimiento legal.

El Supremo respalda ahora la valoración realizada por la Audiencia. Los magistrados consideran lógicas y suficientes las razones que llevaron al tribunal murciano a descartar que Sánchez pudiera desconocer lo que estaba haciendo o firmando durante la tramitación del proyecto.

El encargo del arquitecto, antes del concurso

Uno de los elementos fundamentales del caso se sitúa al comienzo mismo del proyecto. La sentencia de la Audiencia dio por probado que Sánchez, cuando era alcalde de Puerto Lumbreras, encargó al arquitecto Martín Lejárraga trabajos relacionados con el auditorio de forma verbal y sin que existiera previamente un expediente de contratación.

Después llegó el concurso público. El problema, según el tribunal, es que aquella convocatoria estaba condicionada de tal manera que el arquitecto previamente elegido terminara obteniendo el encargo. La resolución judicial consideró acreditado que la adjudicación del proyecto no respondió a una competición abierta entre profesionales en condiciones normales, sino a una decisión que ya venía marcada de antemano.

Ese detalle es importante porque separa el caso de una mera discusión técnica sobre obras municipales. El procedimiento de contratación pública está diseñado precisamente para impedir que una Administración elija primero a quién quiere contratar y construya después un concurso aparentemente abierto alrededor de esa elección.

Un auditorio financiado con seis millones de euros

El proyecto comenzó a tomar forma en 2006 y recibió una subvención de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de aproximadamente seis millones de euros. La financiación debía permitir la construcción del auditorio municipal de Puerto Lumbreras.

La obra, sin embargo, acumuló dificultades. El proyecto original terminó considerándose inviable técnica y económicamente y fue modificado. La sentencia de la Audiencia señaló que esa modificación se produjo después de haber obtenido la financiación pública y dentro de una sucesión de decisiones administrativas que el tribunal examinó como parte de la conducta de Sánchez y de otros responsables del expediente.

Más adelante el Ayuntamiento llegó a recepcionar la obra aunque todavía estaba inacabada, una decisión vinculada al riesgo de tener que devolver la subvención autonómica. La construcción del auditorio, que debía ser la pieza visible de una inversión cultural importante para un municipio pequeño, terminó convertida durante años en algo bastante distinto: un edificio asociado a uno de los procedimientos judiciales más prolongados de la política murciana reciente.

La Audiencia descartó el delito de fraude

La condena de Pedro Antonio Sánchez no abarcó, sin embargo, todas las acusaciones que llegaron a examinarse durante el procedimiento. La Audiencia Provincial lo absolvió del delito de fraude a la Administración Pública por el que también había sido juzgado.

El tribunal entendió que la modificación del proyecto no perseguía defraudar económicamente al Ayuntamiento, sino intentar resolver los problemas generados por el proyecto inicial y justificar la inversión para evitar que se exigiera el reintegro de la subvención. Esa absolución convivió con la condena por prevaricación y falsedad, que es la que finalmente ha llegado hasta el Supremo y ha sido confirmada.

La distinción no es menor. Un proceso penal puede terminar con condenas por determinados hechos y absoluciones por otros; no todo aquello que se investiga acaba considerándose probado ni recibe necesariamente la misma calificación jurídica.

El Supremo rechaza la defensa de Sánchez

El recurso de casación pretendía revertir la sentencia dictada en Murcia. El Tribunal Supremo, sin embargo, ha desestimado los argumentos del expresidente autonómico y ha considerado lógicas y suficientes las razones utilizadas por la Audiencia para atribuirle conocimiento de las actuaciones realizadas durante la tramitación del expediente.

Ese punto era decisivo. En delitos como la prevaricación no basta con localizar una irregularidad administrativa: es necesario analizar la intervención concreta de quien adopta las decisiones y determinar si actuó con conocimiento de su carácter arbitrario. La valoración conjunta de documentación, testimonios y pruebas periciales llevó a la Audiencia a considerar acreditada esa responsabilidad. El Supremo no ha encontrado razones para desmontar aquella conclusión.

La confirmación de la condena tampoco debe confundirse con otros procedimientos que afectaron en el pasado al antiguo dirigente murciano. Sánchez fue absuelto en el denominado caso Pasarelas, una causa distinta en la que se discutió la validez temporal de determinadas diligencias de investigación.

Del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras a la presidencia regional

Pedro Antonio Sánchez fue alcalde de Puerto Lumbreras entre 2003 y 2013 y posteriormente dio el salto al Gobierno autonómico. Llegó a la presidencia de la Región de Murcia en 2015, al frente del Partido Popular, y permaneció en el cargo hasta 2017.

La investigación del caso Auditorio fue creciendo mientras ocupaba responsabilidades políticas cada vez más relevantes. Cuando la presión judicial y parlamentaria aumentó, Sánchez acabó presentando su dimisión como presidente regional en abril de 2017. El procedimiento penal, naturalmente, siguió su camino bastante más despacio que la política. Entre recursos, instrucción y juicio, transcurrieron años hasta que la Audiencia Provincial dictó la condena en marzo de 2023.

Aquella sentencia todavía podía recurrirse en casación. Precisamente ese recorrido es el que desemboca en la resolución conocida este 24 de septiembre de 2026, con el Tribunal Supremo confirmando la condena.

El caso Auditorio llega a su momento decisivo

Casi dos décadas después de que comenzara a gestarse el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras, el procedimiento alcanza una resolución especialmente relevante: el Tribunal Supremo ha respaldado la responsabilidad penal declarada contra quien fue alcalde del municipio y después presidente de Murcia.

El dato esencial queda así bastante limpio entre tantos años de expedientes, recursos y episodios políticos: Pedro Antonio Sánchez mantiene una condena de tres años de prisión por prevaricación y falsedad, junto con una prolongada inhabilitación para ejercer empleo o cargo público. El Supremo ha rechazado su recurso y ha avalado el razonamiento con el que la Audiencia de Murcia consideró probado que las decisiones alrededor del auditorio no podían explicarse como simples errores administrativos.

Newsletter

Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.