¿Por qué el 62 % de las residencias en España siguen siendo privadas?

España cuenta con 7.893 centros de atención residencial y la mayoría, un 62 %, son de titularidad privada. El nuevo censo presentado por el Imserso dibuja un sistema en el que el peso privado sigue siendo dominante, las habitaciones compartidas continúan siendo más habituales que las individuales y las residencias destinadas a personas mayores tienen, de media, unas 76 plazas.

El retrato cambia según a quién atienda cada centro. Entre las residencias para personas mayores, el 65,8 % son privadas; entre las destinadas a personas con discapacidad, el porcentaje baja al 55,6 %. El estudio se ha elaborado con información correspondiente al 92,7 % de los centros y amplía, además, la fotografía del sistema al incorporar las viviendas con apoyos.

España roza los 8.000 centros residenciales

El nuevo censo contabiliza 7.893 centros de atención residencial en el país. Dentro de los establecimientos clasificados específicamente por colectivo aparecen 4.864 centros para personas mayores y 2.455 destinados a personas con discapacidad. La estadística publicada sitúa el reparto de estos dos grupos en un 66,5 % y un 33,5 %, respectivamente.

Conviene detenerse un segundo en la palabra «privada». Habla de titularidad, es decir, de quién es propietario del centro. No significa necesariamente que todas sus plazas funcionen al margen de las administraciones ni que cada residente abone íntegramente un precio privado. Titularidad, gestión y financiación son conceptos distintos, aunque en la conversación cotidiana terminen metidos en el mismo saco.

El propio esquema estadístico del Imserso diferencia los centros de titularidad pública y privada y, por separado, quién realiza la gestión. Un edificio puede pertenecer a una administración y estar gestionado por una entidad privada; también existen plazas financiadas con fondos públicos dentro de estructuras de otra titularidad. El 62 % mide propiedad, no por sí solo el origen de cada euro que sostiene el servicio.

La diferencia entre los dos grandes ámbitos resulta significativa. En los centros destinados a mayores, casi dos de cada tres son privados, con ese 65,8 %. Entre los centros para personas con discapacidad también predominan los privados, aunque con una distancia bastante menor respecto a la red pública: representan el 55,6 %.

La foto actual aporta un matiz interesante frente al primer censo estatal, referido a 2022. Aquel trabajo ya mostraba un sistema residencial con fuerte presencia privada, pero las cifras y el perímetro estadístico no son exactamente los mismos. Comparar ambos documentos como si fueran dos fotogramas idénticos puede llevar a conclusiones apresuradas: el censo se ha ampliado, la recogida de información ha evolucionado y esta nueva edición incorpora recursos que antes quedaban fuera.

Una residencia de mayores tiene unas 76 plazas de media

El tamaño también separa claramente ambos modelos. Los centros para personas mayores alcanzan una media de 75,8 plazas, mientras que los destinados a personas con discapacidad se quedan en 36. No estamos, por tanto, ante una red homogénea de edificios intercambiables. Cambian las dimensiones, el tipo de atención y, naturalmente, las necesidades de quienes viven allí.

Es una diferencia que se nota incluso al imaginar el espacio físico. Una residencia de unas 76 plazas se parece más a una pequeña comunidad organizada, con comedores, zonas comunes, turnos profesionales y circulación constante, que a una simple vivienda colectiva. En discapacidad, la escala media es aproximadamente la mitad y abre la puerta, al menos sobre el papel, a estructuras más reducidas.

La habitación compartida sigue siendo mayoritaria

Aquí aparece uno de los datos más expresivos del censo. El 57 % de las habitaciones en los centros para personas mayores son compartidas. En los destinados a personas con discapacidad el porcentaje llega al 58 %. La habitación individual, tan asociada al discurso contemporáneo sobre intimidad y atención personalizada, todavía no es el formato dominante.

La cifra tiene bastante peso porque el modelo residencial lleva años desplazando su lenguaje hacia conceptos como autonomía, personalización y unidades de convivencia. Pero entre la teoría y el ladrillo hay distancia. Transformar una residencia construida con habitaciones dobles en otra basada principalmente en estancias individuales exige metros cuadrados, obras, inversión y, a veces, reducir plazas. La arquitectura también hace política social, aunque no salga en los discursos.

Mujeres de más de 80 años, el rostro más habitual

En las residencias de mayores, el grupo de edad más numeroso es el comprendido entre 80 y 89 años, que representa el 41,7 % de las personas residentes. Y el sistema tiene un rostro claramente femenino: el 68,9 % son mujeres.

No resulta extraño en un país donde las mujeres presentan una esperanza de vida superior y alcanzan edades muy avanzadas en mayor proporción. A esas edades, además, pueden acumularse dependencia, deterioro funcional y enfermedades crónicas, junto a una red familiar de cuidados más pequeña. La residencia termina apareciendo cuando seguir viviendo en casa deja de ser viable o requiere unos apoyos difíciles de sostener durante las 24 horas.

Ese perfil obliga a mirar las cifras más allá del número de camas. Una residencia no es únicamente alojamiento. Para buena parte de sus usuarios se convierte en domicilio permanente y espacio de cuidados, a veces durante años. De ahí que el tamaño de las habitaciones, la intimidad, la dotación profesional y la relación con el entorno tengan una importancia bastante menos decorativa de lo que parece.

Cataluña, Castilla y León y Andalucía concentran más centros

La distribución territorial tampoco es uniforme. Cataluña concentra el 19,3 % de los centros residenciales contabilizados, seguida de Castilla y León, con el 15,2 %, y Andalucía, con el 11,2 %. Entre las tres reúnen una parte muy importante de toda la red española.

El dato, aislado, no permite afirmar que una comunidad esté mejor atendida que otra. Tener más centros puede responder a una población mayor, a la dispersión territorial, a establecimientos de menor tamaño o a una estructura histórica distinta. Para medir la cobertura residencial real hay que cruzar centros y plazas con la población potencialmente usuaria y con el grado de dependencia. Contar puertas no basta.

Castilla y León es un buen ejemplo de esa complejidad: su población está muy envejecida y dispersa, por lo que el mapa de cuidados tiene unas exigencias diferentes a las de territorios con una población más concentrada en grandes núcleos urbanos.

Las viviendas con apoyos entran en la fotografía

Una de las novedades relevantes es que el censo analiza también las viviendas con apoyos, un recurso que intenta alejarse del formato institucional clásico y acercarse a unidades más pequeñas y domésticas. Se contabilizan alrededor de 1.200 vinculadas a personas mayores y unas 2.900 destinadas a personas con discapacidad.

No son simplemente «residencias pequeñas». La filosofía es distinta: menos escala institucional, mayor integración en el entorno cotidiano y apoyos ajustados a las necesidades de quienes viven allí. Ese modelo encaja con la transformación que las políticas de cuidados llevan tiempo intentando impulsar, con más atención en la comunidad y menos dependencia de grandes instalaciones.

España, de hecho, afronta una tensión difícil de resolver. Necesita suficientes plazas para una población que envejece, pero al mismo tiempo intenta abandonar la vieja residencia concebida casi como una institución cerrada. Más capacidad y más personalización no siempre avanzan a la misma velocidad, y mucho menos cuestan lo mismo.

Un sistema enorme que está cambiando por dentro

La fotografía de las residencias españolas deja pocas dudas sobre su dimensión: casi 8.000 centros, fuerte presencia de la titularidad privada, establecimientos bastante mayores cuando atienden a personas de edad avanzada y habitaciones compartidas que todavía superan a las individuales.

Pero el dato quizá más interesante está en el cambio de enfoque. El censo ya no mira únicamente cuántas residencias existen. Empieza a observar también cómo son, quién vive en ellas y qué alternativas residenciales aparecen alrededor del modelo tradicional. Es un detalle importante, porque España no discute únicamente dónde cuidar a una población cada vez más envejecida; discute también cómo quiere que sea ese lugar cuando la casa de toda la vida deja de ser posible.

Y ahí la estadística pierde algo de frialdad. Detrás de un 57 % de habitaciones compartidas hay dos camas, dos mesillas y dos vidas obligadas a negociar un mismo espacio. Detrás de una media de 75,8 plazas hay un edificio que, para decenas de personas, no es un servicio que visitan. Es su casa.