¿Por qué Colombia limita a cuatro países los rescates del terremoto?

Colombia ha decidido autorizar la llegada de equipos internacionales de búsqueda y rescate de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador para reforzar las operaciones después del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste del país el lunes 10 de agosto. La decisión ha abierto una controversia de considerable tamaño porque deja fuera, al menos de momento, a especialistas de otros países que habían ofrecido colaboración mientras todavía se buscan personas bajo los escombros.

Conviene separar el ruido del dato. La restricción anunciada afecta a equipos extranjeros de rescate sobre el terreno, no supone que Colombia haya cerrado las puertas a toda la ayuda internacional. El país continúa recibiendo material humanitario, recursos económicos y asistencia de distintos gobiernos y organizaciones. Y el balance confirmado tampoco supera los 6.000 muertos, como se ha difundido en alguna información: las cifras comunicadas por las autoridades sitúan la tragedia en 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, con más de 53.000 personas afectadas.

La polémica nace precisamente de esa combinación incómoda: hay centenares de desaparecidos, los equipos nacionales acumulan jornadas agotadoras y el Gobierno considera que, para las labores especializadas de búsqueda entre estructuras colapsadas, solo necesita refuerzos procedentes de cuatro países. Una decisión perfectamente defendible si existe detrás un criterio técnico sólido; bastante más difícil de explicar si ese criterio no se detalla con claridad. En una catástrofe, la política puede permitirse muchas cosas. Los escombros, bastante menos.

Colombia pasa del rechazo inicial a aceptar cuatro equipos extranjeros

La controversia no empezó este jueves. Durante las primeras horas posteriores al terremoto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella optó por no realizar un llamamiento amplio para recibir personal internacional de búsqueda y rescate. Sí solicitó suministros y ayuda humanitaria, mientras sostenía que sus propios servicios de emergencia podían afrontar las operaciones sobre el terreno.

La posición resultó especialmente llamativa porque varios países habían puesto medios a disposición de Colombia. México tenía preparado un dispositivo de asistencia y esperaba una petición formal de Bogotá; El Salvador explicó públicamente que el Ejecutivo colombiano había solicitado inicialmente insumos para damnificados, pero no personal de rescate. Naciones Unidas también manifestó su disposición a colaborar.

Después llegó el cambio. Con los rescatistas colombianos trabajando prácticamente sin descanso y la emergencia entrando en una fase mucho más delicada, el recién nombrado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, David Tamayo, anunció la incorporación de equipos procedentes de Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador. El argumento fue operativo: hacen falta relevos y esos grupos, según explicó, reúnen las condiciones técnicas necesarias para incorporarse al dispositivo.

No es un matiz menor. Colombia no ha pasado simplemente de decir «no» a decir «sí» a la ayuda extranjera. Ha pasado de considerar innecesarios los refuerzos internacionales de rescate a seleccionar cuatro procedencias concretas. Ahí está el núcleo de la polémica.

¿Qué razones da el Gobierno colombiano?

Tamayo sostiene que los equipos autorizados cumplen estándares internacionales, poseen las certificaciones correspondientes y disponen de autonomía suficiente para trabajar sin cargar a los municipios afectados con nuevas necesidades logísticas. Dicho de forma sencilla: un equipo que llega desde el extranjero no puede convertirse en otro problema que alimentar, alojar, transportar o equipar en mitad de una ciudad parcialmente destruida.

La explicación tiene lógica técnica. El rescate urbano en estructuras colapsadas no consiste en llegar con chaleco, casco y buena voluntad. Exige especialistas en estructuras, equipos de localización, comunicaciones, atención sanitaria, herramientas de penetración y capacidad para mantenerse funcionando durante días. La coordinación internacional utiliza precisamente sistemas como INSARAG, la red auspiciada por Naciones Unidas que establece metodologías y clasificaciones para los equipos USAR —búsqueda y rescate urbano— que trabajan fuera de sus países.

El problema aparece un paso después. Que Colombia quiera equipos certificados y autónomos resulta razonable; lo que no está suficientemente explicado en la información pública conocida es por qué esos requisitos desembocan exactamente en Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador, y no en una relación más amplia de unidades capaces de cumplir estándares internacionales.

INSARAG dispone de mecanismos precisamente destinados a verificar las capacidades de equipos de distintos países, y entre los grupos reconocidos internacionalmente figuran unidades con una amplia tradición en terremotos. Japón, por ejemplo, cuenta con equipos clasificados dentro de ese sistema. La existencia de criterios técnicos internacionales permite seleccionar recursos; pero también hace posible explicar esa selección con criterios comprobables, algo especialmente importante cuando cada decisión administrativa se toma bajo una montaña de hormigón.

La sospecha de un filtro político

La coincidencia política de varios de los países seleccionados con el nuevo Gobierno colombiano ha alimentado las críticas. El expresidente Gustavo Petro ha acusado al Ejecutivo de aplicar un filtro ideológico a la ayuda internacional, mientras el canciller Omar Bula niega que exista semejante criterio y asegura que Colombia está gestionando la cooperación sin discriminación política.

Hay que distinguir aquí entre hecho e interpretación. Está confirmado que los equipos autorizados proceden de esos cuatro países. Está confirmado también que el Gobierno argumenta razones técnicas y operativas. Lo que no está probado es que la selección obedezca a afinidades ideológicas. Esa es una acusación política, no un hecho demostrado.

Pero la sospecha prospera donde falta explicación. Y el contexto tampoco ayuda. La Administración de De la Espriella acababa prácticamente de estrenarse cuando ocurrió el terremoto, varias estructuras clave de gestión de emergencias se encontraban en pleno relevo y la coordinación de las primeras ofertas extranjeras fue titubeante. La burocracia, esa maquinaria generalmente invisible, adquiere de pronto un peso enorme cuando todo debe funcionar a la primera.

México y los Topos, una ausencia especialmente sensible

La situación de los rescatistas mexicanos resume bien la confusión. México, un país marcado por grandes terremotos y con una extensa experiencia de búsqueda entre edificios derrumbados, había preparado asistencia para Colombia. Sin una petición formal, parte de ese dispositivo quedó pendiente de autorización.

La historia de los llamados Topos requiere, además, precisión porque existen distintas organizaciones mexicanas que utilizan esa denominación. Un grupo de rescatistas identificado como Topos Azteca llegó a Cali y comenzó a trabajar en una de las zonas golpeadas, mientras que Topos de Tlatelolco comunicó que no viajaría al país al no haber recibido la solicitud oficial necesaria para incorporarse a las operaciones. No son exactamente el mismo equipo y mezclar ambos casos conduce a una imagen engañosa de lo ocurrido.

México sí ha aportado ayuda humanitaria. La discusión, otra vez, no consiste en determinar si Colombia acepta o rechaza cualquier cooperación mexicana, sino en saber qué equipos especializados pueden trabajar oficialmente en los rescates y bajo qué criterios se decide su entrada.

Es una distinción menos espectacular que hablar de fronteras cerradas a la ayuda mundial, pero mucho más fiel a los hechos.

Una carrera contra el agotamiento y los desaparecidos

El debate político se desarrolla mientras la emergencia continúa. El último balance oficial disponible eleva a 496 las personas desaparecidas, una cifra que explica la presión sobre los equipos que siguen inspeccionando inmuebles derrumbados en las zonas más golpeadas. Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y otros municipios del occidente colombiano concentran daños humanos y materiales de enorme magnitud.

Los especialistas suelen considerar especialmente importantes las primeras jornadas después de un derrumbe porque las probabilidades de supervivencia disminuyen con el paso del tiempo, aunque no existe un reloj mágico que convierta las 72 horas en una frontera absoluta. Ha habido rescates extraordinarios mucho después. Lo que sí cambia, y mucho, es el estado físico de quienes permanecen atrapados y el desgaste de quienes excavan desde fuera.

Ese último elemento explica el giro del Gobierno. Tamayo reconoció la necesidad de relevar a los rescatistas colombianos, agotados después de jornadas continuas. Precisamente por eso la selección de refuerzos internacionales ha adquirido una dimensión tan sensible: ya no se discute sobre una ayuda hipotética ofrecida por otros gobiernos, sino sobre personal que puede sustituir a brigadas exhaustas mientras todavía existen desaparecidos.

Colombia tiene, además, capacidades propias reconocidas internacionalmente. Su equipo USAR COL-01 superó recientemente un proceso de reclasificación externa de INSARAG, una acreditación que confirma el nivel profesional alcanzado por los servicios nacionales de búsqueda y rescate. Eso ayuda a entender por qué las autoridades quisieron apoyarse primero en medios internos. No elimina, sin embargo, el desgaste físico de operar durante días consecutivos ni convierte en infinito un recurso humano que, por definición, no lo es.

Ayuda internacional sí, pero no toda significa rescatistas

Otro elemento necesario para entender la noticia es que la cooperación extranjera continúa entrando en Colombia por vías diferentes. El propio presidente De la Espriella ha agradecido públicamente la asistencia internacional y ha anunciado un fondo destinado a canalizar aportaciones nacionales y extranjeras hacia la reconstrucción de hospitales, centros educativos, viviendas, carreteras y aeropuertos dañados.

España también ha activado un primer paquete de un millón de euros con material de refugio, equipos de agua y saneamiento y apoyo sanitario. Para el público español, la tragedia tiene además una dimensión cercana: el Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado la muerte de un ciudadano español con doble nacionalidad y ha reducido a 12 el número de españoles que continúan sin localizar.

Por eso resulta inexacto presentar la situación como una Colombia aislada que rechaza cualquier mano tendida desde el exterior. Hay ayuda internacional entrando, hay organismos multilaterales coordinándose con el país y hay aportaciones económicas y humanitarias aceptadas. La controversia es más concreta —y precisamente por eso merece atención—: quién recibe autorización para participar físicamente en las operaciones especializadas de rescate.

Cuatro países y una explicación que debe sostenerse sola

El Gobierno colombiano puede decidir qué equipos internacionales necesita dentro de su territorio; eso forma parte de su responsabilidad soberana y de la coordinación imprescindible en cualquier gran desastre. Tampoco sería sensato llenar las zonas derrumbadas de brigadas que lleguen sin integración operativa, porque un rescate mal coordinado puede retrasar trabajos e incluso aumentar el peligro.

Pero cuanto más restrictiva es una selección, más sólida debe ser su explicación técnica. Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador son los cuatro países autorizados para aportar los refuerzos de búsqueda y rescate anunciados por la UNGRD. El Ejecutivo sostiene que reúnen estándares y autonomía suficientes. Sus críticos ven afinidades políticas. Entre ambas versiones falta todavía una pieza decisiva: conocer con detalle los criterios comparativos empleados para aceptar unas unidades y dejar otras fuera.

Mientras esa explicación no sea más transparente, la polémica seguirá adherida a la gestión del terremoto. Y no porque toda ayuda deba aceptarse automáticamente —una emergencia también necesita orden—, sino porque 265 muertos, 496 desaparecidos y miles de heridos convierten cada decisión sobre recursos de rescate en algo bastante más serio que una disputa diplomática. Entre la geopolítica y una persona atrapada bajo una losa, la prioridad debería resultar incómodamente fácil de reconocer.