¿Qué ocurre con los alumnos que no pagan en este colegio de Madrid?

Varias familias del colegio concertado CEU San Pablo Sanchinarro, en Madrid, denuncian que los alumnos cuyos padres han decidido no contratar un programa voluntario de pago son separados de sus compañeros durante una hora al día y enviados a la biblioteca. Allí permanecen mientras el resto de la clase participa en actividades como francés, drama, proyectos o experimentos.

El programa se llama Más CEU, cuesta cerca de 200 euros mensuales por alumno y el centro lo presenta como una actividad extraescolar, voluntaria y no lucrativa. El problema que ha encendido la protesta no es, por tanto, que exista una actividad de pago, algo permitido bajo determinadas condiciones en la enseñanza concertada, sino lo que ocurre con quienes deciden no contratarla: durante esa franja, de 12:30 a 13:30, dejan el aula habitual y son agrupados en la biblioteca.

Para algunas familias la situación resulta especialmente difícil de asumir porque, aseguran, cuando rechazaron el servicio no se les explicó que sus hijos serían separados del grupo. Tampoco se trata de una diferencia menor: Más CEU es presentado por el propio colegio como un componente relevante de su modelo educativo. Ahí aparece la contradicción que alimenta el conflicto. Es voluntario, sí, pero quienes no pagan quedan físicamente al margen de lo que hacen sus compañeros.

Una hora diaria fuera de la clase por no contratar Más CEU

La decisión se toma antes de comenzar el curso. Las familias reciben una solicitud en la que pueden elegir distintos servicios del colegio, desde el comedor hasta actividades adicionales. Entre ellos figura Más CEU.

Quien marca que no desea contratarlo, según relatan las familias afectadas, descubre al comenzar las clases que su hijo no permanece con su grupo durante esa hora. Los estudiantes inscritos siguen las actividades previstas y los que no pagan son trasladados a la biblioteca, donde realizan otras tareas, como leer.

Uno de los padres explica que otros años tampoco había contratado Más CEU y esta separación no se producía. En su caso, la familia ya abona el comedor, de unos 159 euros mensuales, y consideró que sumar casi otros 200 euros cada mes no era asumible.

La aritmética tiene poco misterio: con dos hijos, el programa puede acercarse a 400 euros mensuales adicionales. Con tres, la cifra escala aún más. En un servicio presentado como voluntario, la capacidad económica de cada casa acaba así teniendo una traducción muy visible dentro del colegio.

Y visible, sobre todo, para los propios niños.

Familias que aseguran no haber sido advertidas

Otro de los puntos delicados está en la información previa. Los padres que han denunciado la situación sostienen que la documentación entregada para contratar los servicios no indicaba expresamente que rechazar Más CEU significaría que los alumnos tendrían que abandonar temporalmente su clase.

Tampoco, aseguran, se les explicó esa consecuencia cuando el colegio contactó con ellos para confirmar su elección. Esa falta de información es una de las razones por las que algunas familias cuestionan que la voluntariedad del programa resulte tan sencilla en la práctica como aparece sobre el papel.

Una madre relata una situación especialmente incómoda con uno de sus hijos, diagnosticado con trastorno del espectro autista. El menor llegó a casa pensando que había sido su propia madre quien había pedido a los profesores que lo apartaran de la clase de francés. Ella tuvo que explicarle que no había solicitado semejante cosa.

Según su versión, al pedir explicaciones en el centro le confirmaron que los niños no inscritos en Más CEU eran enviados a la biblioteca. La familia interpreta esa medida como una diferenciación basada en el pago.

El colegio dispone de un sistema de becas relacionado con este tipo de actividades, aunque no se ha precisado públicamente qué número de alumnos puede beneficiarse de él ni qué porcentaje del coste puede cubrir.

Qué dice el colegio sobre el programa Más CEU

El CEU San Pablo Sanchinarro define Más CEU como una actividad extraescolar voluntaria y no lucrativa. El programa comprende propuestas que van más allá de las materias obligatorias y se desarrolla entre las 12:30 y las 13:30, una franja situada fuera del horario lectivo establecido para las enseñanzas concertadas.

Ese detalle importa jurídicamente. Un colegio concertado puede ofrecer servicios y actividades adicionales y cobrar por ellos siempre que cumplan determinadas condiciones. La educación concertada no significa que absolutamente todo cuanto sucede dentro del recinto escolar tenga que ser gratuito.

Pero tampoco basta con colocar la etiqueta de voluntario sobre cualquier actividad y asunto resuelto.

La legislación educativa establece que las enseñanzas cubiertas por el concierto deben ser gratuitas y protege expresamente al alumnado frente a discriminaciones relacionadas con su situación económica. Las actividades extraescolares pueden tener coste, pero su participación debe ser voluntaria y no puede desembocar en un trato discriminatorio para quienes no participan.

Ahí está, precisamente, el terreno en el que se mueve esta polémica escolar.

Qué permite realmente la ley en los colegios concertados

La legislación educativa establece que los centros públicos y concertados no pueden cobrar a las familias por recibir las enseñanzas declaradas gratuitas ni imponer servicios obligatorios vinculados a ellas que requieran aportaciones económicas.

Las actividades extraescolares y determinados servicios escolares sí pueden cobrarse, siempre con carácter voluntario. La normativa que regula los conciertos educativos añade una precisión bastante clara: no participar en esos servicios o actividades no debe implicar discriminación alguna para el alumno.

La cuestión en Sanchinarro no puede reducirse, por tanto, a saber si esos casi 200 euros son obligatorios. El pago, formalmente, no lo es. La discusión está en determinar si la organización elegida por el centro penaliza de hecho a quien ejerce la opción de no pagar.

Mandar a esos alumnos a otro espacio mientras el grueso de la clase continúa junto participando en actividades que el propio colegio considera importantes abre una cuestión difícil de esquivar: hasta qué punto esa separación entre alumnos resulta compatible con el principio de no discriminación.

No significa, por sí solo, que se haya declarado administrativamente que el centro está incumpliendo la legislación. Esa conclusión corresponde a la Administración educativa y, en su caso, a los órganos competentes. Pero la normativa sí fija un principio inequívoco: voluntariedad y ausencia de discriminación deben ir juntas.

El precedente no es nuevo en Madrid

El debate tampoco nació esta semana. Las cuotas de los colegios concertados llevan años generando fricciones entre familias, centros y Administración.

Un estudio publicado en 2025 sobre precios y pagos en la enseñanza concertada detectó prácticas de exclusión en el 29% de los centros madrileños analizados. Entre los ejemplos aparecían situaciones muy parecidas: alumnos desplazados a otra aula, menores que debían llegar más tarde o marcharse antes y familias que terminaban contratando una actividad para evitar que sus hijos fueran separados.

El dato requiere contexto. Ese 29% corresponde a los centros madrileños incluidos en aquella investigación; no significa que el 29% de todos los colegios concertados de Madrid haya sido sancionado ni que pueda trasladarse automáticamente al conjunto de la red.

Las organizaciones de la enseñanza concertada han rechazado en otras ocasiones que pueda generalizarse este tipo de comportamientos a todo el sector. También sostienen que la financiación pública de los conciertos es insuficiente y que muchas aportaciones de las familias son voluntarias y necesarias para sostener proyectos educativos más amplios.

Son dos debates distintos, aunque a menudo terminan mezclados: cuánto dinero necesita realmente un colegio concertado para funcionar y hasta dónde puede llegar cuando una familia decide no aportar más.

Cuando lo voluntario divide el aula

El caso del CEU San Pablo Sanchinarro convierte una discusión bastante abstracta sobre cuotas escolares en una escena fácil de visualizar: llega determinada hora, unos niños permanecen con sus compañeros y otros recogen sus cosas y se van a la biblioteca.

Ese gesto cotidiano concentra buena parte del problema.

Una actividad voluntaria puede ser atractiva, extensa e incluso formar parte de la identidad educativa que un centro quiera ofrecer. Lo complicado comienza cuando participar o quedarse fuera depende del bolsillo familiar y esa diferencia se hace patente ante los propios alumnos.

Más aún cuando las actividades incluyen francés, proyectos, drama o experimentos que, aunque no pertenezcan al currículo obligatorio, difícilmente resultan invisibles en la experiencia escolar de un niño.

Las familias afectadas reclaman precisamente eso: que optar por no contratar Más CEU no convierta a sus hijos en un grupo aparte durante una hora diaria. El colegio, por su parte, encuadra el programa fuera del horario lectivo y lo considera voluntario.

Entre ambas posiciones queda el punto de fondo que corresponde valorar a la supervisión educativa: dónde termina una extraescolar opcional y dónde empieza una diferencia de trato incompatible con los principios de gratuidad y no discriminación que rigen las enseñanzas concertadas.

Una biblioteca convertida en símbolo de un problema mayor

El conflicto de Sanchinarro no gira realmente alrededor de una biblioteca. Tampoco alrededor de que un colegio ofrezca clases de francés o teatro por las que cobre una cantidad adicional. El asunto es más sencillo y, al mismo tiempo, bastante más incómodo: qué sucede con el alumno cuya familia decide no pagar.

La legislación permite renunciar a las actividades voluntarias. Y esa decisión debe poder ejercerse sin que la situación económica familiar se convierta en un elemento de discriminación dentro de la vida escolar.

Por eso el caso ha trascendido una disputa particular entre varias familias y un centro madrileño. Toca uno de los puntos más sensibles del modelo concertado español: cómo compatibilizar proyectos educativos propios y servicios de pago con una enseñanza financiada con dinero público que debe seguir siendo gratuita en las enseñanzas concertadas y respetar el principio de no discriminación.

En Sanchinarro, esa discusión se materializa durante una hora cada día. De 12:30 a 13:30. Para algunos alumnos, la hora de la biblioteca.