La expansión de los centros de datos cambia el mapa de Chile

Chile se ha convertido en uno de los destinos más atractivos de América Latina para instalar centros de datos, las infraestructuras que almacenan y procesan la información de servicios digitales. La expansión responde a una combinación de conectividad, energía renovable y políticas favorables a la inversión, pero también pone bajo presión el agua, las redes eléctricas y el territorio. El desafío no consiste solo en atraer proyectos: exige decidir qué costes locales acompañan a una economía digital que presta servicios mucho más allá de las fronteras chilenas.

Las cifras muestran un sector en rápido crecimiento, aunque dependen de la fecha y del criterio empleado para contar instalaciones. Un informe de Colliers situó en 36 los centros operativos y en 255 megavatios la capacidad instalada durante el primer semestre de 2026; datos anteriores hablaban de 33 instalaciones y 198 megavatios. A esa base se suman proyectos en construcción y nuevas iniciativas, mientras el Gobierno aspira a triplicar el tamaño de la industria en cinco años. El ritmo de expansión ya no es una previsión abstracta: se refleja en obras, demanda eléctrica y decisiones sobre dónde se construye.

Una industria que crece al ritmo de la nube y la inteligencia artificial

Un centro de datos es, en esencia, un edificio repleto de servidores conectados que deben funcionar de manera continua. Allí se alojan desde páginas web y servicios bancarios hasta plataformas de vídeo, sistemas empresariales y herramientas de inteligencia artificial. Su tamaño y consumo varían mucho: una instalación pequeña no equivale a un campus diseñado para procesar grandes volúmenes de datos o entrenar modelos de IA. En todos los casos, sin embargo, la continuidad del servicio depende de mantener los equipos refrigerados y conectados a una fuente de electricidad fiable.

Chile reúne condiciones que interesan a los operadores internacionales: cuenta con cables submarinos y redes de fibra, dispone de generación solar en el norte y eólica en el sur, y ofrece un marco que busca facilitar las inversiones. Microsoft anunció un plan de 3.300 millones de dólares en tres años, mientras Amazon Web Services comunicó inversiones por 4.000 millones de dólares a lo largo de 15 años. Google también opera en el país y ha replanteado su proyecto de Cerrillos tras las objeciones por el agua. La llegada de estas compañías no solo amplía capacidad informática: integra al país en una infraestructura global que sostiene la nube y la IA.

El crecimiento no se traduce de inmediato en nuevas instalaciones abiertas. Según Colliers, durante el primer semestre de 2026 el parque operativo sumó una incorporación efectiva, el centro SAN 2 de Cirion Technologies, en Quilicura, mientras una parte importante de la actividad se concentraba en ejecutar obras. La consultora identificó 34 desarrollos futuros, entre proyectos nuevos y ampliaciones, una categoría que no necesariamente equivale a los 34 expedientes que anteriormente se describían como pendientes de aprobación. Las cifras hablan de etapas distintas del proceso y no deben sumarse como si fueran un único inventario.

El mismo informe proyectó ocho nuevos desarrollos que añadirían 367,8 megavatios hasta 2031 y una inversión de 1.616 millones de dólares. También señaló que iniciativas en construcción de EdgeConnex, Scala, Odata y Terranova sumarían más de 120 megavatios en el corto plazo. La demanda de computación asociada a la nube y a la IA, según la consultora, sigue por encima de la capacidad disponible. Eso explica por qué un semestre con pocas aperturas puede coincidir con una cartera de inversión activa: construir estas instalaciones lleva tiempo y la expansión se ve primero en las obras, no en el número de centros ya operativos.

El agua pone a prueba la promesa de crecimiento sostenible

Los servidores trabajan sin descanso y producen calor. Para evitar que se sobrecalienten, los centros necesitan sistemas de refrigeración, que pueden recurrir al agua, al aire o a circuitos cerrados, entre otras soluciones. El consumo depende del clima, del diseño, de la carga de trabajo y de la tecnología elegida; por eso no existe una cifra única aplicable a todos. La investigadora Paz Peña ha señalado que un centro de datos dedicado a IA puede consumir en un día un volumen de agua comparable al de una ciudad de entre 10.000 y 50.000 personas. Es una referencia para dimensionar el problema, no una medida fija de cada instalación.

La ubicación resulta decisiva. La Región Metropolitana concentra buena parte de los centros por su acceso a fibra, subestaciones y suelo industrial, pero también alberga acuíferos y barrios donde la disponibilidad de agua es una preocupación cotidiana. En Cerrillos, la oposición ciudadana se centró en un proyecto de Google que contemplaba extraer 169 litros de agua por segundo. La empresa retiró esa propuesta y presentó un diseño replanteado sin consumo de agua para refrigeración. El episodio mostró que las decisiones técnicas de un proyecto pueden convertirse en una disputa sobre recursos compartidos y confianza pública.

La movilización estuvo encabezada, entre otros, por el Movimiento Ambiental y Comunitario por el Agua y el Territorio. Tania Rodríguez, una de sus integrantes, fue incluida por la revista Time entre las 100 personas más influyentes en inteligencia artificial en 2024. El caso de Cerrillos no demuestra que todos los centros tengan el mismo impacto ni que la oposición vecinal detenga necesariamente una inversión; sí evidencia que la comunidad puede exigir una revisión y que el diseño no es inamovible. La aceptación social depende, en parte, de que los efectos sobre el entorno se expliquen antes de que las obras estén decididas.

Reducir el consumo de agua no elimina automáticamente el impacto ambiental. La periodista Francisca Skoknik ha advertido que las soluciones con menos agua pueden elevar la demanda eléctrica, porque refrigerar con aire o mantener circuitos cerrados también requiere energía. El presidente de la Asociación Chile Data Centers, Francisco Basoalto, sostiene que el sector avanza en la contratación de electricidad renovable y en tecnologías que reducen drásticamente el uso hídrico. Ambas cuestiones pueden ser ciertas a la vez: el balance depende de cuánta agua se ahorra y de qué electricidad alimenta el sistema, en cada momento.

Por eso, expresiones como refrigeración sin agua o energía renovable no bastan para describir el desempeño de una instalación. El WUE mide el uso de agua en relación con la actividad del centro, mientras que el PUE compara la energía total consumida con la que llega a los equipos informáticos. Son indicadores útiles, pero para entender el impacto también importa conocer las horas de uso de agua, su procedencia y el perfil de emisiones de la electricidad. Sin datos comparables y públicos, las promesas empresariales y las críticas ciudadanas quedan difíciles de verificar.

Electricidad, territorio y los límites de la descentralización

Los centros de datos necesitan suministro estable, no solo un contrato que cubra una cantidad anual de electricidad. La generación solar y eólica es abundante en Chile, pero varía según la hora y las condiciones de producción. Si una instalación demanda energía cuando la generación renovable disponible es menor, la red debe cubrir esa diferencia con otras fuentes o con mecanismos de almacenamiento. Por eso, contratar energía renovable no responde por sí solo a cuánto se emite durante las horas de mayor consumo. La coincidencia entre demanda y generación es tan importante como el origen declarado de la electricidad.

Una instalación de gran tamaño también puede aumentar la presión sobre redes locales, subestaciones y líneas de transmisión. La demanda concentrada en una zona puede requerir refuerzos de infraestructura, mientras que los sistemas de respaldo, incluidos los generadores diésel, forman parte de la continuidad operativa. El debate no consiste en asumir que cada proyecto provocará un apagón o una contaminación determinada, sino en conocer su carga, sus horas de respaldo y el efecto acumulado de varias instalaciones. La evaluación de un edificio aislado puede quedarse corta si no considera el conjunto de proyectos que comparten una misma red.

El plan público con horizonte 2030 y una guía posterior de inversión plantean descentralizar parte del sector hacia Atacama y Magallanes. El norte ofrece condiciones solares y secas; el extremo sur, temperaturas más bajas y recursos eólicos. En ambos casos, un clima que facilita la refrigeración puede reducir ciertas necesidades energéticas o de agua, pero no convierte el emplazamiento en una solución automática. Hace falta transmisión eléctrica, conexión de fibra, suelo con servicios y capacidad para mantener los equipos. Desplazar un proyecto fuera de Santiago cambia el mapa de sus impactos, pero no los hace desaparecer.

La distancia respecto de los principales núcleos tecnológicos añade retos logísticos. Un campus necesita personal especializado, proveedores, comunicaciones redundantes y vías de acceso, además de planes para responder a interrupciones o emergencias. Si la construcción avanza más rápido que la formación y la infraestructura local, la descentralización puede limitarse a trasladar edificios sin crear una actividad tecnológica arraigada. La disponibilidad de energía renovable tampoco resuelve por sí sola el uso del suelo o la relación con comunidades cercanas. El éxito de los nuevos polos dependerá de que formen parte de un territorio planificado, no de que aparezcan como enclaves aislados.

Regulación y transparencia: quién puede comprobar los impactos

La discusión sobre los permisos se intensificó después de un cambio en la normativa medioambiental que elevó los umbrales de almacenamiento de diésel asociados a la entrada de proyectos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Una investigación de Labot.cl advirtió que la modificación podría reducir controles y la información pública disponible para determinados centros, además de abrir la posibilidad de dividir proyectos para quedar bajo esos límites. El gremio interpreta el cambio como un reconocimiento a los estándares del sector y como una vía para agilizar inversiones. La controversia está en determinar si simplificar trámites mantiene una evaluación suficiente de los efectos acumulados.

La evaluación ambiental no es el único espacio donde se decide cómo crece esta industria. El plan hasta 2030 busca facilitar la inversión y coordinar permisos, mientras las comunidades reclaman información sobre agua, energía, ruido, calor y generadores de respaldo. Un informe publicado en julio por el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y al saneamiento planteó limitar nuevos centros cuando no exista transparencia y una regulación sólida. No es una orden ejecutiva para Chile, pero aporta un marco internacional al debate sobre los riesgos para los ecosistemas acuáticos y la rendición de cuentas. El punto central es si la velocidad de aprobación puede convivir con información suficiente para evaluar cada proyecto.

La transparencia útil no se agota en publicar una cifra anual de consumo. Para comparar instalaciones se necesitan datos sobre el agua utilizada y su origen, la eficiencia energética, la demanda horaria, la contratación de electricidad, los generadores y sus pruebas, además de aspectos locales como el ruido. Una medición auditada y comparable permitiría distinguir entre proyectos con diseños distintos y comprobar si las metas anunciadas se cumplen. Los indicadores adquieren valor cuando se pueden revisar con regularidad y relacionar con el permiso de cada instalación.

La rapidez administrativa puede aportar previsibilidad a las empresas, pero no sustituye la evaluación de los efectos sobre el territorio. También importa considerar cómo se combinan las instalaciones existentes y las previstas, en particular en zonas con estrés hídrico o capacidad eléctrica limitada. La coordinación entre organismos de energía, medio ambiente, ciencia, economía y ordenamiento territorial resulta clave para no tratar cada expediente como si fuera el primero. El Estado tiene que facilitar una actividad estratégica sin reducir su papel a tramitar documentos.

Inversión, empleo y el alcance económico para Chile

La construcción de un centro de datos moviliza obra civil, ingeniería, cableado, climatización, logística y seguridad. Es una fase que puede generar empleo y actividad para proveedores, aunque esos puestos están ligados al desarrollo de las obras. Cuando el centro entra en funcionamiento, la automatización reduce las necesidades de personal: hacen falta técnicos, equipos de operación y mantenimiento, entre otras funciones, pero no se trata de una industria que necesariamente ocupe a cientos de personas en cada instalación. El impacto laboral cambia de escala entre la construcción y la operación cotidiana.

La oportunidad de largo recorrido puede estar en los servicios que crecen alrededor de la infraestructura: computación en la nube, ciberseguridad, análisis de datos, software e inteligencia artificial aplicada a sectores como la banca, la salud o el entretenimiento. Tener capacidad instalada en el país puede mejorar la latencia y facilitar que ciertos datos se procesen localmente, pero no garantiza que se desarrollen empresas chilenas ni que el valor añadido se quede en la economía nacional. Para que la inversión física se convierta en una cadena tecnológica local hacen falta proveedores, formación y vínculos con universidades y empresas.

Los anuncios de Microsoft y Amazon elevan las expectativas, pero sus cifras corresponden a planes de inversión de distinta duración y no deben confundirse con gasto ejecutado o empleo permanente. Del mismo modo, el aumento de megavatios instalados mide capacidad, no por sí solo el retorno económico para las comunidades. Las políticas públicas pueden influir en cómo se conectan los proyectos con la formación profesional, la compra de servicios locales y la actividad de empresas tecnológicas. El volumen de inversión es una parte de la historia; la distribución de sus beneficios es la otra.

También existe una dimensión tributaria y de infraestructura pública. La competencia por captar proyectos puede aumentar la presión para ofrecer permisos ágiles y condiciones atractivas, pero las ventajas concedidas deben guardar relación con compromisos verificables. Las mejoras de redes, el uso eficiente de recursos y la información ambiental accesible afectan tanto a quienes operan los centros como a quienes viven cerca. La pregunta política no es solo cuánto capital llega, sino qué obligaciones acompañan a ese capital y quién comprueba su cumplimiento. El contrato entre industria y territorio se vuelve más sólido cuando las responsabilidades quedan expresadas con claridad.

La confianza local también forma parte de la infraestructura

Las críticas de las comunidades no equivalen necesariamente a un rechazo a la digitalización. En Cerrillos, el conflicto se centró en el agua y en la evaluación de un proyecto concreto; su rediseño mostró que una alternativa técnica podía modificar la relación con el entorno. La participación temprana puede ayudar a detectar tensiones antes de que se conviertan en litigios y enfrentamientos, mientras que la información tardía alimenta la sensación de que las decisiones ya están tomadas. La licencia social no reemplaza los permisos, pero influye en la viabilidad real de una instalación.

El caso también expuso una diferencia que suele quedar oculta en los anuncios de inversión: la infraestructura digital parece intangible para quien utiliza una aplicación, pero sus servidores ocupan suelo, consumen energía y necesitan refrigeración. Esa distancia entre el servicio remoto y sus costes materiales hace más difícil que el público relacione una consulta en línea con una instalación concreta. Explicar dónde se aloja la capacidad y qué recursos requiere no es un detalle técnico, sino una condición para debatir su expansión con conocimiento. La nube tiene una geografía física, aunque la experiencia del usuario no la muestre.

Las empresas pueden responder con diseños de menor consumo hídrico, circuitos cerrados, compra de energía renovable y sistemas de almacenamiento. También pueden informar sobre el rendimiento real de esos compromisos y revisar sus proyectos cuando cambien las condiciones del entorno. La verificación importa porque objetivos generales de neutralidad o positividad hídrica no permiten saber por sí solos qué ocurre en una cuenca o una red eléctrica específica. Una meta corporativa solo gana credibilidad cuando se traduce en resultados comprobables en cada emplazamiento.

El crecimiento digital dependerá del equilibrio que Chile acuerde

El país tiene una oportunidad para alojar servicios de nube e inteligencia artificial en una región que dispone de conectividad y recursos renovables. El crecimiento de la capacidad, los anuncios de inversión y los nuevos desarrollos muestran que el sector ya ha superado la fase de promesa. Pero las cifras de expansión conviven con preguntas sobre disponibilidad de agua, estabilidad eléctrica, empleo y control ambiental. El atractivo de Chile no dependerá solo de cuántos centros pueda construir, sino de la confianza con que gestione sus efectos.

La actualización de las cifras ilustra por qué el debate requiere información homogénea. Los 33 centros y 198 megavatios reflejaban una etapa anterior; el recuento de Colliers para el primer semestre de 2026 elevó el parque a 36 y 255 megavatios. A su vez, los desarrollos futuros incluyen ampliaciones y proyectos en distintas fases, por lo que no son idénticos a los expedientes que esperan autorización. Publicar criterios de conteo y datos operativos permitiría seguir el avance sin mezclar capacidad instalada con proyectos todavía en papel. Medir bien el crecimiento es el primer paso para gobernarlo.

El equilibrio no exige elegir entre tecnología y protección ambiental como si fueran caminos incompatibles. Exige decisiones sobre emplazamiento, redes, refrigeración, energía y participación que se puedan evaluar con datos, además de una administración capaz de revisar los impactos acumulativos. Si la inversión se acompaña de transparencia y beneficios económicos más amplios, Chile puede consolidar un papel regional sin trasladar los costes a barrios o ecosistemas con menor capacidad para defenderse. La infraestructura digital también se construye con reglas públicas y acuerdos duraderos.

En última instancia, un centro de datos no se mide únicamente por los servidores que alberga o los megavatios que incorpora. También cuenta la calidad de la electricidad que lo alimenta, el agua que requiere, el empleo que deja y la posibilidad de que quienes viven cerca conozcan y discutan sus consecuencias. La expansión seguirá ligada a la demanda de servicios digitales, pero su forma dependerá de decisiones que Chile aún está definiendo. El verdadero reto es que el desarrollo tecnológico avance con el territorio, y no a costa de él.