Catarroja frena 13.000 pisos ante el riesgo de nuevas riadas

Catarroja ha frenado un desarrollo urbanístico de 13.000 viviendas en un territorio marcado por la riada de octubre de 2024. La decisión coloca en el centro una cuestión que va más allá de ese proyecto: cuánto suelo puede urbanizarse en una comarca expuesta a avenidas repentinas y qué protección ofrecen realmente las infraestructuras frente a lluvias extremas. Una pausa urbanística no evita por sí sola una inundación, pero sí puede impedir que aumente el número de personas, edificios y servicios situados en áreas vulnerables.

La DANA mostró con crudeza cómo el agua bajó por barrancos y cauces que habitualmente parecen tranquilos o secos. En la cuenca de la rambla del Poyo, las inundaciones afectaron a Catarroja y a otros municipios de l’Horta Sud, mientras la laguna de l’Albufera y los arrozales desempeñaron un papel de retención y filtrado. El debate no enfrenta simplemente vivienda y naturaleza: obliga a decidir dónde crecer, cómo gestionar el agua y qué nivel de riesgo se acepta cuando se planifica una ciudad.

Una decisión urbanística bajo la sombra de la DANA

La cifra de 13.000 viviendas da dimensión al debate, pero por sí sola no explica qué parcelas ocuparía el desarrollo ni en qué fase administrativa se encontraba. Sin ese detalle, no es riguroso presentar la paralización como una cancelación definitiva o atribuirle un calendario concreto. Lo que sí expresa el anuncio es un freno a una expansión de gran escala en un municipio cuya experiencia reciente ha convertido la exposición a las inundaciones en un criterio central de planificación.

La diferencia entre detener, revisar y descartar un plan importa. Un proyecto puede quedar condicionado a nuevos estudios, a cambios de diseño o a obras de protección; también puede perder viabilidad si el riesgo no se puede reducir de forma suficiente. La clave, por tanto, no es solo cuántas casas se dejan de construir, sino qué evaluación del peligro respalda la decisión y si sus conclusiones se incorporan a las normas que ordenan el crecimiento futuro.

En zonas inundables, el suelo no es una superficie vacía a la espera de edificios. Forma parte de una cuenca por la que el agua circula, se acumula y busca salida. Cuando se cubre con calles, aparcamientos y construcciones, una parte de la lluvia deja de filtrarse y corre con más rapidez hacia los puntos bajos. La expansión urbana puede alterar así el comportamiento de una avenida, además de colocar a más residentes y actividades económicas en su recorrido.

La riada de 2024 cambió la escala del riesgo

El episodio más devastador comenzó el 29 de octubre de 2024, cuando lluvias torrenciales descargaron sobre distintas zonas de la provincia de Valencia. En Turís se registraron 184,6 litros por metro cuadrado en una hora y 771,8 durante el día, según los datos recogidos en la información de referencia. La magnitud de esas precipitaciones alimentó barrancos y ramblas con rapidez; en algunos lugares, el peligro no procedía solo de la lluvia que caía encima de cada barrio, sino del agua que llegaba desde otras partes de la cuenca.

La rambla del Poyo atraviesa varios municipios y desemboca en el entorno de l’Albufera. Su caudal, normalmente discreto o incluso inexistente en ciertos tramos, puede multiplicarse durante un episodio extremo. La crecida arrastró agua, barro y objetos, y la inundación golpeó poblaciones de l’Horta Sud, entre ellas Catarroja. Un cauce seco durante buena parte del año no es un cauce inocuo: puede convertirse en una vía de flujo violento cuando llueve intensamente en su cuenca.

Ese mecanismo ayuda a entender por qué los mapas de riesgo y la planificación territorial no pueden limitarse a describir lo que ocurre en un día normal. Las avenidas repentinas responden a la combinación de intensidad, duración, relieve, saturación del terreno y capacidad de los cauces para evacuar el agua. También influye dónde se han construido viviendas y vías de comunicación. La riada dejó claro que la exposición depende tanto del episodio meteorológico como de las decisiones acumuladas sobre el territorio.

Qué significa frenar una expansión de 13.000 viviendas

Un desarrollo residencial de esta escala supondría añadir población, calles, redes de agua y energía, equipamientos y tráfico. Cada elemento necesita espacio y debe poder funcionar durante una emergencia. Si el crecimiento se proyecta en un área expuesta, la evaluación no puede limitarse a comprobar si una parcela concreta aparece marcada como inundable: también debe considerar cómo cambiarían los escorrentías, los accesos y las rutas de evacuación en el conjunto de la zona.

Frenar el desarrollo evita, como mínimo, que se dé por hecho que ese suelo está disponible para urbanizar sin más. Pero no equivale automáticamente a reducir el peligro que ya existe para los barrios construidos, ni a resolver las deficiencias de drenaje o protección. Las viviendas actuales, los comercios, las infraestructuras y las personas que viven junto a los cauces siguen necesitando medidas de prevención y planes de emergencia, con independencia de lo que ocurra con los nuevos pisos.

También hay una dimensión social. La necesidad de vivienda no desaparece porque un terreno tenga riesgos; lo que cambia es la pregunta sobre dónde y cómo atenderla. Si la demanda se desplaza a otros suelos, la planificación debe evitar trasladar el problema a otra localidad o a una zona con vulnerabilidades similares. La decisión responsable no consiste en elegir entre construir o no construir en abstracto, sino en ordenar el crecimiento sin aumentar la exposición y sin ignorar las necesidades de quienes buscan vivienda.

La presa de Cheste: una propuesta que no habría bastado

Tras la DANA circularon afirmaciones según las cuales una presa proyectada en Cheste habría evitado las inundaciones. La información disponible permite matizar ese relato. La infraestructura figuraba en una propuesta vinculada al Plan Hidrológico Nacional aprobado en 2001 y fue anunciada en 2004, pero no llegó a construirse. La Confederación Hidrográfica del Júcar explicó que la propuesta se descartó por sus elevados costes socioeconómicos y que formaba parte de un conjunto de medidas para mitigar las avenidas de la cuenca.

El planteamiento recogía una capacidad de almacenamiento aproximada de ocho hectómetros cúbicos. Para comparar, la Confederación estimó que el volumen total de agua asociado a la riada en la cuenca del Poyo superó los 110 hectómetros cúbicos. Dos especialistas en ingeniería hidráulica citados en la información de referencia señalaron que una presa podría haber reducido los daños, pero no habría impedido una inundación de dimensiones catastróficas. La diferencia entre amortiguar una crecida y detenerla por completo es decisiva cuando se discute el papel de una obra hidráulica.

La capacidad de una presa no se interpreta aislada del caudal que entra, del tiempo que tarda en llenarse y de la forma en que se evacúa el agua. Uno de los expertos consideró que, ante una precipitación tan intensa y concentrada, el cauce probablemente también se habría desbordado. No es posible saber con certeza cómo habría cambiado cada inundación si la obra se hubiera ejecutado, pero sí resulta incorrecto convertir una infraestructura no construida en una garantía de seguridad. Ninguna obra elimina por sí sola el riesgo residual.

Por qué una gran obra no sustituye a la planificación

Las presas y los diques pueden formar parte de una estrategia de defensa, pero su utilidad depende del diseño, el mantenimiento, las condiciones del episodio y la coordinación con otras medidas. La propuesta de Cheste incluía también diques en otros cauces de la zona. Aun así, el análisis experto recogido por los competidores advierte que el episodio de 2024 superó ampliamente la escala que una infraestructura de ese tipo podía contener sin desbordamientos.

En el debate público, las obras hidráulicas suelen presentarse como una respuesta sencilla: construir una barrera y evitar que el agua llegue a las casas. La realidad es menos lineal. Una intervención puede reducir caudales en un punto, pero no necesariamente proteger a toda la cuenca; además, el agua puede desbordar, cambiar de recorrido o causar daños en otros lugares. La protección eficaz combina infraestructura, ordenación del suelo, conservación de espacios de absorción y preparación ante emergencias.

La historia de la presa proyectada también revela un problema institucional: las grandes actuaciones pueden quedar en anuncios, estudios o propuestas sin transformarse en obras. Pero esa demora no permite concluir que una sola presa habría evitado la tragedia. La discusión útil consiste en revisar qué alternativas se evaluaron, por qué algunas se descartaron y qué medidas pueden reducir hoy el riesgo con evidencia técnica. La prevención necesita decisiones sostenidas, no solo respuestas después de una catástrofe.

L’Albufera y los arrozales como parte del sistema de agua

La laguna de l’Albufera no es solo un paisaje próximo a Catarroja. Está conectada con los cauces, los arrozales y los municipios de la cuenca, y su estado influye en la manera en que el agua y los sedimentos atraviesan el territorio. Durante la DANA, los campos de arroz ayudaron a absorber y filtrar parte del agua, mientras el sistema de l’Albufera contribuyó a evacuar grandes cantidades. Ese papel protector no convierte al parque en un depósito ilimitado, pero muestra el valor de conservar espacios abiertos capaces de recibir agua.

El episodio también introdujo toneladas de agua, sedimentos y residuos en el parque natural. Las actuaciones posteriores incluyeron la retirada de residuos, la recuperación de caminos, la limpieza de motas y trabajos de dragado. Catarroja recuperó el cultivo del arroz en su totalidad, según la información de referencia. Los arrozales tienen una función productiva y, al mismo tiempo, forman parte del funcionamiento hidráulico y ecológico del entorno; tratarlos únicamente como suelo disponible oculta esa doble función.

La recuperación no consiste necesariamente en devolver el parque al estado que tenía justo antes de la riada. Las jornadas dedicadas a l’Albufera señalaron problemas previos de calidad del agua, vertidos y presión sobre el ecosistema, además de los efectos del cambio climático. Desde 2015 se habían observado aumentos de clorofila y sólidos en suspensión y una reducción de la transparencia del agua, de acuerdo con los datos presentados en esas jornadas. Reconstruir mejor también implica no restaurar las vulnerabilidades que ya existían.

El riesgo no se detiene en el límite municipal

La rambla del Poyo conecta territorios y atraviesa competencias distintas. El agua no se ajusta a los límites de los términos municipales ni a la división administrativa entre organismos. Por eso, una decisión de Catarroja sobre el desarrollo urbano tiene que leerse junto a la planificación de los municipios vecinos y a la gestión del conjunto de la cuenca. Lo que se construye aguas arriba puede influir en la escorrentía; lo que se conserva en las zonas bajas puede ofrecer espacio para que el agua se extienda sin alcanzar viviendas.

La gestión de la DANA dejó, además, una discusión sobre cómo se sigue la evolución de barrancos y cómo se comparte la información durante una emergencia. La Confederación Hidrográfica del Júcar proporciona datos hidrológicos mediante su sistema de información, mientras que la vigilancia y la respuesta sobre el terreno implican a diferentes administraciones. La revisión judicial de la gestión de la emergencia ha examinado avisos, llamadas e información disponible, sin que de ello se desprenda una explicación única para todo lo ocurrido. La coordinación entre organismos es una parte de la prevención, no un detalle burocrático.

Los planes urbanísticos y los protocolos de emergencia responden a momentos distintos, pero se necesitan mutuamente. El primero decide qué usos se permiten y dónde se ubican; el segundo debe advertir y proteger a la población cuando el riesgo se materializa. Si la planificación aumenta la exposición, la respuesta posterior parte de una situación más difícil. Y si no se comunica a tiempo el peligro, incluso un territorio mejor ordenado puede sufrir consecuencias graves. Reducir el riesgo exige actuar antes de que el agua llegue a las calles.

El cambio climático amplía el desafío

La DANA de 2024 fue un episodio meteorológico extremo, y la investigación científica citada en la información de referencia analizó cómo influyó el cambio climático en la dinámica de la tormenta. El estudio, publicado en Nature Communications y elaborado por investigadores de universidades y organismos científicos, estimó que el cambio climático aumentó un 55% la extensión de la zona afectada, intensificó la tasa de precipitación un 20% y elevó un 19% el volumen total de lluvia en la cuenca del Júcar, en comparación con la era preindustrial.

Esos resultados no significan que cada inundación futura vaya a repetirse con la misma forma o intensidad. Tampoco permiten atribuir a un solo factor todos los daños. Sí aportan contexto para planificar en un clima que cambia: los episodios de lluvia intensa deben considerarse junto a la urbanización, la capacidad de drenaje, el relieve y la exposición de las viviendas. Las normas de hoy no pueden apoyarse únicamente en lo que parecía excepcional en el pasado.

La incertidumbre no es una razón para construir como si el riesgo no existiera. Es un motivo para evitar decisiones irreversibles basadas en proyecciones demasiado optimistas y para revisar periódicamente los mapas y los criterios de seguridad. En un lugar expuesto, un nuevo barrio no añade solo tejados y calles: también incorpora necesidades de evacuación, suministro, transporte y atención en una emergencia. La adaptación empieza por reconocer los límites físicos del territorio.

Vivienda y seguridad no son objetivos incompatibles

La paralización de un plan de viviendas plantea una tensión real: hacen falta hogares, pero la construcción en lugares vulnerables puede multiplicar las pérdidas humanas y materiales. Presentar el freno como una solución completa sería engañoso; tratarlo como un obstáculo sin valor también lo sería. Su importancia dependerá de la información técnica que lo sostenga, de las alternativas que se planteen y de que la decisión se aplique con transparencia al ordenamiento urbano.

Una evaluación sólida debe distinguir entre el peligro —la posibilidad de que llegue una avenida— y la exposición —las personas y bienes situados en su recorrido—. También debe considerar la vulnerabilidad de los edificios y la capacidad de la población para ponerse a salvo. Esa distinción explica por qué una zona puede seguir siendo peligrosa aunque tenga menos viviendas y por qué una nueva urbanización puede aumentar el daño potencial aunque incorpore medidas de drenaje. Evitar nueva exposición y proteger lo ya construido son tareas complementarias.

La información disponible no permite afirmar que la paralización de las 13.000 viviendas sea definitiva ni detallar las condiciones concretas que la motivaron. Sí permite situarla en una conversación más amplia sobre la ocupación de las áreas inundables, las obras pendientes y la función de los espacios naturales. El debate público debería mantener esa precisión: no prometer que una presa habría salvado todos los barrios, ni suponer que detener un plan resuelve el riesgo de quienes ya viven allí.

La seguridad empieza antes de la próxima avenida

La riada convirtió en urgente una pregunta que la planificación territorial llevaba años aplazando: qué usos son compatibles con un territorio atravesado por cauces capaces de crecer de forma repentina. Catarroja ha puesto en pausa un desarrollo de gran tamaño, pero la respuesta de fondo dependerá de decisiones que afectan a toda la cuenca: conservar superficies que puedan recibir agua, revisar los proyectos urbanísticos, mejorar las infraestructuras y hacer que la información hidrológica llegue a quienes deben actuar.

La memoria de octubre de 2024 no debería traducirse en la ilusión de que una única medida puede controlar cualquier temporal. Las obras pueden amortiguar, los humedales pueden almacenar y filtrar, y una planificación prudente puede evitar que crezca la exposición; ninguna de esas piezas sustituye a las demás. La mejor defensa comienza donde se decide qué no debe construirse, pero continúa con la protección de los barrios existentes y con una coordinación capaz de actuar cuando los cauces vuelven a llenarse.