¿Blindar Ceuta es la solución? Vivas reclama más Estado y más Europa

Juan Jesús Vivas ha vuelto a pedir que se “blinde” la frontera de Ceuta. Más policías nacionales, más guardias civiles, más militares, mejores infraestructuras y una implicación mayor del Estado y de Europa. La reclamación llega después de la entrada masiva registrada a finales de julio y de unas semanas en las que la ciudad ha vivido bajo una presión migratoria, humanitaria y política extraordinaria.

Reforzar Ceuta parece razonable. Convertir ese refuerzo en la solución es otra cosa. Una frontera más vigilada puede dificultar una entrada masiva y reducir la dependencia operativa de Marruecos, pero no resuelve por sí sola las solicitudes de asilo, las devoluciones, la atención a menores, las redes de tráfico de personas ni una relación con Rabat que condiciona buena parte del control migratorio. Ahí está el incómodo fondo de la cuestión: Ceuta necesita más Estado, sí, pero sobre todo necesita que deje de tratarse como una frontera casi exclusivamente española cuando también es una frontera exterior europea.

Vivas endurece el discurso tras la crisis de Ceuta

El presidente ceutí fue muy explícito este 18 de agosto. La seguridad, sostuvo, debe estar en manos de España y de Europa y no depender de un tercer país. Reclamó más presencia de Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, además de cambios legales para proteger Ceuta y Melilla frente al uso de la presión migratoria como elemento de desestabilización.

No es una petición improvisada. Vivas había llevado días antes el mismo planteamiento al Parlamento Europeo, donde reclamó medios personales y materiales, nuevas infraestructuras fronterizas, recursos para aliviar los centros de acogida y una presencia más intensa de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la UE. En aquella comparecencia situó la vulnerabilidad de Ceuta en el centro del debate europeo.

El contexto explica la dureza. Durante el 30 y el 31 de julio, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos en una movilización de dimensiones excepcionales. Las cifras difundidas durante la crisis han variado según las instituciones y los momentos del recuento; Vivas habló ante la Eurocámara de unas 80.000 personas, mientras que otras estimaciones oficiales y posteriores han manejado cifras algo inferiores. A 18 de agosto, ni siquiera Bruselas ofrece una cantidad cerrada de quienes continúan irregularmente en Ceuta: habla de varios miles. La Policía Nacional había identificado, además, a 2.168 menores desde el inicio de la crisis.

La ciudad, con poco más de 80.000 habitantes, difícilmente puede absorber por sí sola una sacudida semejante. Esa parte del argumento de Vivas resulta difícil de discutir: Ceuta necesita recursos extraordinarios cuando afronta situaciones extraordinarias.

Más agentes ayudan, pero una frontera no es solo una valla

Hay una tentación política bastante española —y no exclusivamente española— de convertir problemas complejos en verbos contundentes. Blindar. Expulsar. Cerrar. Controlar. Funcionan estupendamente en un atril y bastante peor cuando llegan al BOE, a una comisaría, a un juzgado o a un expediente de protección internacional.

Reforzar las fuerzas de seguridad tiene sentido. Una frontera vulnerable necesita vigilancia, inteligencia, capacidad de reacción y medios suficientes. También resulta razonable que un territorio de las características de Ceuta disponga de recursos dimensionados para episodios extraordinarios y no exclusivamente para el tráfico fronterizo cotidiano.

Pero una muralla más alta no tramita un expediente de asilo. Un soldado adicional tampoco determina si un menor puede ser retornado conforme a derecho. Y diez patrullas más no sustituyen a funcionarios, intérpretes, jueces, fiscales, personal sanitario y plazas de acogida.

De hecho, Ceuta posee un régimen singular. Existe un control en la frontera con Marruecos y otro control Schengen para viajar hacia la Península, por vía marítima o aérea. Entrar irregularmente en Ceuta no equivale, por tanto, a disponer de vía libre hacia el resto del espacio Schengen. Esa particularidad cambia mucho la fotografía jurídica y política del problema.

El blindaje útil, si se quiere conservar la palabra, tendría que ser bastante menos fotogénico: policías en la frontera, pero también administración capaz de identificar rápidamente a las personas; procedimientos de retorno que funcionen; garantías para quienes soliciten protección; plazas suficientes para evitar campamentos improvisados; inteligencia contra las mafias y coordinación judicial. Mucha oficina, vaya. Bastante menos épica.

El problema incómodo: depender de Marruecos

Aquí Vivas toca un punto especialmente sensible. España depende en buena medida de la cooperación marroquí para controlar la presión migratoria en Ceuta y Melilla. No porque España haya renunciado formalmente a ejercer sus competencias, sino por una realidad geográfica bastante terca: detrás de la frontera española está Marruecos y cualquier control preventivo eficaz empieza varios metros —o muchos kilómetros— antes de la valla.

Europa también ha reconocido esa vulnerabilidad: cuando el funcionamiento de una frontera exterior depende demasiado de la voluntad de un país vecino, aparece un problema estratégico. Cooperar con los vecinos es imprescindible; convertir esa cooperación en dependencia permanente es otra cosa.

Ese diagnóstico importa porque lleva la discusión mucho más lejos que aumentar una plantilla policial. Marruecos es socio estratégico de España y de la UE en migración, comercio, seguridad y lucha contra las redes de tráfico. Bruselas lleva años financiando programas destinados a reforzar la gestión migratoria marroquí. La relación funciona cuando los intereses coinciden. Cuando dejan de coincidir, la frontera recuerda de pronto que la geografía no firma tratados de amistad.

Y ahí nace una de las contradicciones de cualquier política basada exclusivamente en el “blindaje” físico: España puede reforzar su lado de la verja, pero nunca podrá controlar por completo lo que ocurre al otro lado.

La solución europea existe, aunque exige usarla

Ceuta no debería aparecer en Bruselas únicamente cuando la frontera salta por los aires. La respuesta estructural pasa precisamente por europeizar el problema, una cuestión que durante demasiado tiempo se ha gestionado como una mezcla de bilateralismo hispanomarroquí y emergencia nacional.

La UE dispone de instrumentos. El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, plenamente aplicable desde el 12 de junio de 2026, contempla procedimientos comunes para el control de las fronteras exteriores, identificación, asilo, situaciones de crisis e incluso episodios de instrumentalización de la migración. También establece mecanismos de solidaridad entre Estados miembros sometidos a presión.

Bruselas, además, ha ofrecido apoyo adicional a España mediante Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea. Frontex puede aportar personal y capacidad técnica fronteriza; Europol, inteligencia frente a redes criminales y tráfico de personas; la EUAA, apoyo en la gestión de los procedimientos de protección internacional. La Comisión mantiene igualmente abierta la utilización de financiación europea para afrontar los costes extraordinarios de la crisis.

No se parte de cero. Frontex ya participa en operaciones junto con la Policía Nacional y mantiene efectivos en puntos estratégicos vinculados al tráfico marítimo del Estrecho. El salto importante sería determinar qué presencia europea resulta realmente útil específicamente en la frontera terrestre de Ceuta.

Y aquí aparece una paradoja política considerable: mientras Vivas reclama más Europa sobre el terreno, el Ministerio del Interior ha descartado hasta ahora un despliegue adicional de Frontex en Ceuta porque considera que no aportaría una ventaja operativa suficiente para el control fronterizo. Bruselas, por su parte, ha reiterado su disposición a aumentar la participación si España la solicita.

La discusión, por tanto, debería abandonar las generalidades. Si Frontex sirve, hay que determinar para qué, dónde y con qué competencias. Si no sirve, explicar qué alternativa europea se propone. Pedir Europa como concepto abstracto mientras no se activan determinadas herramientas disponibles corre el riesgo de convertir Bruselas en otro decorado.

Una política europea también debe mirar hacia Marruecos

La implicación comunitaria más importante quizá ni siquiera esté en la valla. La UE dispone de mucha más capacidad económica y diplomática que España para negociar con Marruecos. Ya financia programas de gestión fronteriza, lucha contra el tráfico de personas y cooperación migratoria.

Un esquema estable para Ceuta debería integrar prevención en origen y tránsito, cooperación policial, retorno, readmisión y vías legales de migración, evitando que cada crisis empiece de nuevo desde cero. No es tan fácil de convertir en un lema, cierto, pero se parece bastante más a una política duradera.

Eso permitiría también repartir el riesgo político. Una frontera europea no puede descansar indefinidamente sobre un acuerdo tácito según el cual Marruecos contiene los flujos y España confía en que siga haciéndolo. Es cómodo hasta que deja de serlo.

Europa ha comprendido, al menos sobre el papel, esa fragilidad. Su estrategia migratoria actual combina protección de las fronteras exteriores, retornos, acuerdos con terceros países, lucha contra las mafias y solidaridad interna. Ceuta encaja prácticamente en cada una de esas casillas.

También está el terreno de las devoluciones, donde los eslóganes tropiezan rápidamente con la realidad. Las personas que permanezcan irregularmente en Ceuta pueden quedar sujetas a procedimientos de retorno, pero existen garantías jurídicas específicas, especialmente cuando se trata de menores no acompañados.

Antes de devolver a un menor debe comprobarse, entre otras condiciones, que será entregado a familiares, a un tutor o a una estructura de acogida adecuada. El retorno puede formar parte de la política migratoria; la ausencia de garantías legales, no.

Es una distinción importante. Una democracia tiene derecho a controlar sus fronteras y ejecutar expulsiones conforme a la ley; también tiene la obligación de estudiar las solicitudes de protección que correspondan y proteger especialmente a los menores. Ambas cosas caben en la misma frase. De hecho, deberían caber siempre.

El Estado de derecho no es un lujo que se guarda en un cajón cuando la frontera cruje.

Acelerar expedientes exige más funcionarios y capacidad administrativa, justo una de las reivindicaciones que sí merece mayor atención. Si miles de casos quedan durante semanas pendientes de identificación, asilo, retorno o protección, el problema se traslada de la frontera a las calles de Ceuta. Allí deja de ser una abstracción migratoria y se convierte en presión sobre alojamientos, sanidad, seguridad y convivencia.

El acuerdo alcanzado entre la Ciudad Autónoma y el Gobierno para habilitar espacios y aumentar las plazas disponibles responde a esa urgencia humanitaria inmediata. Es atención de emergencia, no una política migratoria completa. Pero dejar a miles de personas en playas o asentamientos precarios tampoco constituye una estrategia de control; más bien fabrica otro problema encima del primero.

Entre la seguridad necesaria y la rentabilidad política

Vivas gobierna Ceuta desde hace décadas y durante buena parte de ese tiempo ha mantenido posiciones migratorias menos estridentes que otros sectores de la derecha española. El tono de estas semanas es sensiblemente más duro. A su alrededor también ha crecido la batalla partidista: el PP acusa al Gobierno de ausencia e imprevisión; el Ejecutivo reprocha a los populares que utilicen la crisis para elevar la tensión política.

Sería ingenuo fingir que la política no existe. La inmigración proporciona una enorme renta electoral a corto plazo porque condensa miedo, seguridad, identidad, soberanía y enfado institucional en una sola imagen: la frontera desbordada. Y cuanto más sencilla sea la respuesta verbal, mejor funciona.

“Blindar Ceuta” tiene esa potencia. Cabe en cuatro palabras. Explicar cómo deben coordinarse Interior, Exteriores, Migraciones, la Ciudad Autónoma, Marruecos, Frontex, Europol, la Agencia de Asilo, los jueces y los fondos europeos necesita unas cuantas más. Mala suerte: gobernar suele parecerse bastante más a lo segundo.

Eso tampoco convierte automáticamente la reclamación de Vivas en populismo. Ceuta necesita más protección y resulta razonable cuestionar que una frontera europea pueda quedar condicionada por la actuación de Marruecos. El populismo empieza cuando el blindaje se presenta como respuesta suficiente, cuando se promete que todos los retornos pueden ejecutarse inmediatamente o cuando la complejidad legal se despacha como falta de voluntad.

Y en el extremo contrario también hay una simplificación peligrosa: reducir cada reclamación de seguridad fronteriza a xenofobia. Una ciudad sometida a entradas masivas tiene derecho a exigir orden, recursos y previsión. Proteger ese derecho y proteger la dignidad de quienes llegan no son objetivos incompatibles.

Ceuta necesita algo más resistente que una muralla

El debate serio no está entre fronteras abiertas o Ceuta fortaleza. Esa caricatura sirve para discutir en televisión y poco más.

Ceuta necesita una frontera capaz de resistir episodios extraordinarios sin depender exclusivamente de Marruecos; suficientes policías y guardias civiles; capacidad administrativa para resolver expedientes rápidamente; una política de retornos efectiva y sometida a garantías; recursos permanentes de acogida para emergencias; inteligencia contra las redes que organizan movimientos masivos y una implicación europea mucho más visible y estable.

La UE tiene agencias, dinero, legislación y peso diplomático. España tiene las competencias soberanas y el conocimiento operativo. Marruecos seguirá siendo un socio inevitable. La solución real consiste en encajar esas tres piezas, no en fingir que alguna puede desaparecer del tablero.

Blindar, por supuesto, cuando haga falta. Pero blindar Ceuta solo con hormigón, soldados y una palabra contundente sería confundir la puerta con la casa. La seguridad duradera se construye también en los despachos de Bruselas, en los acuerdos con Rabat, en unas administraciones que funcionen y en una política migratoria europea capaz de anticiparse a la próxima crisis en vez de volver a descubrirla cuando miles de personas estén otra vez frente a la frontera.