Haití pierde terreno ante las bandas: las causas del colapso

Haití afronta una crisis que ya no puede describirse como un repunte pasajero de violencia: las bandas armadas ganan territorio y capacidad de presión mientras las instituciones pierden autoridad y millones de personas quedan expuestas. Un informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, difundido el 24 de marzo de 2026, registró 5.519 muertos y 2.608 heridos entre enero de 2025 y marzo de 2026. La ONU calcula además que una de cada cuatro personas vive en zonas bajo control directo o influencia asfixiante de grupos criminales.

El deterioro se explica por una combinación de factores que se refuerzan entre sí: el poder territorial de las bandas, la circulación de armas ilegales, la debilidad policial y judicial, la inestabilidad política y la lentitud de la respuesta internacional. No es solo que los grupos armados disparen más; también controlan carreteras, extorsionan a la población y bloquean el acceso a servicios. El resultado es un vacío de autoridad que convierte la violencia en una forma de gobierno cotidiano, mientras la respuesta estatal y exterior sigue sin ofrecer una protección suficiente.

Una crisis que va más allá de los tiroteos

El balance de la ONU reúne muertes y lesiones vinculadas a distintos actores y circunstancias, por lo que sus cifras no describen una sola ofensiva ni una única causa. El informe atribuye directamente a las bandas el 27% de las muertes y lesiones analizadas; los grupos de autodefensa representan el 8%, las actuaciones policiales el 3% y las ejecuciones sumarias atribuidas a autoridades locales el 1%. Esas proporciones dejan claro que la violencia no procede de un único frente, aunque las organizaciones criminales sean el motor principal de la expansión territorial.

La distribución de los daños también ayuda a entender por qué la población queda atrapada. Las bandas secuestran, extorsionan, imponen peajes, reclutan menores y atacan a quienes consideran una amenaza o un obstáculo. La ONU registró 1.578 víctimas de violación durante el periodo estudiado, entre ellas 165 menores, en un contexto en el que la violencia sexual se utiliza para someter a comunidades. No se trata de un efecto secundario de los combates, sino de una herramienta de intimidación y control que puede expulsar a familias enteras de sus hogares.

La respuesta de seguridad tampoco está exenta de consecuencias. Según el informe, 51 niños murieron y 38 resultaron heridos durante operaciones contra grupos armados, alcanzados por balas perdidas o explosivos en viviendas, calles y barrios densamente poblados. Más del 60% de las víctimas registradas por la ONU en el periodo se relacionó con operaciones contra las bandas, una proporción que obliga a mirar también los métodos empleados. En zonas urbanas abarrotadas, una operación mal controlada puede agravar el peligro para las mismas personas a las que pretende proteger.

La ONU ha advertido además de que algunas acciones podrían corresponder a homicidios selectivos, una preocupación que adquiere peso cuando el objetivo declarado es restablecer el orden y hacer cumplir la ley. La distinción importa: una operación policial debería sujetarse a límites y rendición de cuentas, incluso cuando se enfrenta a grupos armados. Si la fuerza pública actúa sin controles efectivos, la población puede quedar atrapada entre la violencia criminal y los abusos, y la confianza en las instituciones se debilita todavía más.

El dominio territorial convierte el miedo en poder

Puerto Príncipe sigue siendo el epicentro de la crisis. Las bandas han cercado accesos, atacado instalaciones estatales y ampliado su presencia en barrios estratégicos. Distintas estimaciones citadas en la información disponible sitúan bajo su control hasta el 85% de la capital, aunque el porcentaje puede variar según se mida la ocupación directa o la influencia sobre un área. El control de las carreteras de entrada y salida permite a los grupos armados condicionar quién se mueve, qué mercancías llegan y cuánto cuesta atravesar ciertos puntos.

Ese poder no se limita a ocupar calles. Quien controla una vía puede imponer peajes ilegales, interrumpir el transporte de alimentos y combustible y dificultar que la policía, los sanitarios o las organizaciones humanitarias lleguen a determinados lugares. También puede decidir qué comercios abren y qué barrios quedan aislados. La carretera se convierte así en una frontera y, al mismo tiempo, en una fuente de ingresos. No hace falta administrar todo el país para ejercer una presión constante sobre su economía y su vida diaria.

La expansión alcanza asimismo zonas de Artibonito, el centro del país y áreas rurales que antes no ocupaban el mismo lugar en el mapa de la violencia. Esto ensancha el problema: los grupos no solo disputan vecindarios de la capital, sino también corredores de tránsito y áreas vinculadas al abastecimiento. Cuando una banda gana presencia fuera de Puerto Príncipe, el impacto puede extenderse a la producción agrícola, el transporte y la capacidad de las comunidades para comerciar.

En algunos barrios, la caída de la vida cotidiana es gradual. Primero deja de funcionar una escuela o un centro de salud; después se retiran los comercios y el transporte, y finalmente las familias se marchan porque permanecer ya no parece viable. Bel Air, Delmas, Croix-des-Bouquets y Solino figuran entre los lugares de la capital afectados por ataques, incendios, desplazamientos y enfrentamientos intermitentes. La violencia no siempre vacía un barrio de golpe: a menudo lo expulsa por desgaste.

La cifra de desplazados internos muestra la escala de esa huida. La Organización Internacional para las Migraciones estimó que más de 1,4 millones de personas habían abandonado sus hogares dentro del país, el registro más alto de esta crisis. Muchas buscan refugio en escuelas cerradas, edificios públicos o casas de familiares; lugares que no siempre cuentan con agua, atención sanitaria ni espacio suficiente. Desplazarse no significa ponerse a salvo de forma duradera: algunas familias deben huir más de una vez cuando la violencia alcanza el lugar donde se habían refugiado.

Bandas coordinadas y redes que las sostienen

El auge de coaliciones como Viv Ansanm ha cambiado la escala del desafío en la capital. La actividad armada ya no se limita a grupos pequeños que compiten por una esquina: hay organizaciones capaces de coordinar ataques, extender alianzas y presentarse como interlocutores políticos. Jimmy Chérizier, conocido como Barbecue, es uno de los dirigentes más visibles de ese entramado. La coordinación aumenta la capacidad de golpear varios puntos y obliga al Estado a responder en más de un frente.

Fuera de la capital destaca Gran Grif, cuyo líder, Luckson Elan, figura entre los nombres asociados a la expansión de la violencia en otras zonas. Identificar a los dirigentes no basta para explicar el fenómeno, pero ayuda a entender que no se trata de un caos sin estructura. Detrás de las armas hay mandos, redes de financiación y relaciones de poder. Las bandas no son únicamente una suma de hombres armados: necesitan recursos, rutas y conexiones para sostener su dominio.

La ONU ha llamado la atención sobre la connivencia entre individuos de los sectores político, económico y de seguridad, así como sobre el patrocinio de grupos armados por parte de élites corruptas. También ha pedido abordar el tráfico ilícito de drogas, armas y municiones. La violencia, por tanto, no se alimenta solo de lo que ocurre en la calle: también depende de redes que permiten financiar, abastecer o proteger a los grupos. Si esos vínculos permanecen intactos, una operación puede desplazar una banda sin deshacer el sistema que la sostiene.

Las sanciones de Naciones Unidas contra actores vinculados a la violencia forman parte de esa respuesta, pero su eficacia depende de que se apliquen plenamente y de que se traduzcan en investigaciones y consecuencias reales. Las sanciones, por sí solas, no reemplazan a una policía operativa ni a una justicia capaz de procesar delitos. Atacar las raíces del conflicto exige cortar la impunidad y los flujos que convierten la violencia en un negocio, no limitarse a recuperar temporalmente una calle.

Las armas llegan de fuera y la policía opera al límite

Haití no produce por sí solo el volumen de armas que hoy circula en manos de grupos criminales. La ONU ha señalado el tráfico transnacional como una parte decisiva del problema, con rutas regionales y redes que conectan con Estados Unidos y países vecinos. Las estimaciones citadas sitúan entre 270.000 y 500.000 las armas ilegales que circulan en el país. Una parte de la capacidad de fuego de las bandas depende de mercados y rutas que rebasan las fronteras haitianas.

El informe de derechos humanos indica que alrededor del 90% de las muertes atribuidas a las bandas se produjo con armas de fuego traficadas ilegalmente. La cifra ayuda a desmontar la idea de que la crisis es un asunto puramente doméstico y aislado: el poder de los grupos se construye dentro de Haití, pero también se alimenta de una oferta de armas que llega desde el exterior. Sin munición y sin abastecimiento sostenido, la violencia no tendría la misma capacidad de prolongarse.

Frente a ese poder, la Policía Nacional de Haití carga con una tarea desproporcionada. Las estimaciones citadas por la ONU y otros organismos situaban a comienzos de año en unos 12.000 sus agentes, una cifra comparable al número de integrantes de grupos armados que se manejaba en las mismas referencias. La comparación no mide por sí sola la capacidad de cada lado, pero revela el tamaño del desafío. La plantilla policial debe cubrir un territorio extenso, proteger a la población y enfrentarse a grupos que conocen el terreno y pueden concentrar fuerzas.

El problema no es únicamente cuántos agentes hay. También pesan la formación, la inteligencia, el equipamiento, el combustible, los salarios, la coordinación y la confianza de la ciudadanía. Una fuerza debilitada puede llegar tarde, no mantener una posición recuperada o carecer de medios para investigar después de una operación. Y cuando la policía aparece sobre todo como fuerza de choque, sin servicios públicos ni justicia detrás, su presencia no siempre se traduce en autoridad legítima. Recuperar un barrio requiere algo más que entrar en él: hace falta poder permanecer y proteger a quienes viven allí.

Drones y operaciones que no recuperan la seguridad

El Gobierno de Alix Didier Fils-Aimé ha endurecido las operaciones contra las bandas y ha recurrido a drones explosivos y helicópteros. En ese esfuerzo ha intervenido Vectus Global, un contratista privado estadounidense. La apuesta busca golpear enclaves armados difíciles de alcanzar por tierra, pero la intensificación de los ataques no ha producido una reversión decisiva del control territorial. La tecnología puede ampliar el alcance de una operación, pero no sustituye la presencia policial, la justicia ni la protección civil.

Human Rights Watch calculó que los ataques con drones causaron al menos 1.243 muertos y 738 heridos entre marzo de 2025 y enero de 2026, incluidos 60 civiles y 17 niños. Estas cifras corresponden a la estimación de esa organización, no al balance general de la ONU, y reflejan la preocupación por el coste humano de los operativos. Cuando se emplean explosivos en zonas habitadas, distinguir entre objetivos armados y población civil es una exigencia central, no un detalle técnico.

El Gobierno sostiene que combate a grupos que han convertido barrios y zonas del país en fortalezas criminales. Las organizaciones de derechos humanos, por su parte, advierten de muertes de civiles y de acciones sin suficiente supervisión. Ambas cuestiones no se excluyen: la amenaza de las bandas es real, y precisamente por eso la respuesta estatal debe someterse a reglas. La eficacia de una operación no puede medirse solo por el daño causado a un grupo armado, sino también por su capacidad para proteger a la población y respetar la ley.

Ahí reside uno de los dilemas más difíciles del país. Si el Estado no actúa, los grupos amplían su dominio; si actúa sin controles y sin una estrategia que se mantenga en el tiempo, puede sumar víctimas y alimentar el rechazo. Las acciones de seguridad son necesarias, pero no ofrecen una salida por sí solas cuando las bandas conservan financiación, armas y acceso a nuevos territorios. Contenerlas exige combinar la fuerza legítima con investigación, rendición de cuentas y servicios públicos capaces de volver a los lugares recuperados.

Un vacío político que debilita cualquier respuesta

La crisis de seguridad se desarrolla sobre una larga inestabilidad institucional. Haití no celebra elecciones desde 2016 y no tiene un presidente elegido desde el asesinato de Jovenel Moïse en 2021. Ariel Henry, que llegó al poder sin haber sido elegido, dimitió en 2024 tras una escalada de ataques contra instituciones y estructuras gubernamentales. La falta de un mandato electoral sostenido deja a las autoridades con menos capacidad para reclamar legitimidad y construir acuerdos duraderos.

El Consejo Presidencial de Transición, instalado en abril de 2024 para conducir el país hacia elecciones y restablecer cierta gobernabilidad, concluyó su mandato el 7 de febrero de 2026. Alix Didier Fils-Aimé continuó como primer ministro, con respaldo exterior, mientras seguían las disputas sobre la dirección de la etapa siguiente. La transición no consiguió abrir una ruta política clara ni frenar el deterioro de la seguridad. La provisionalidad se convirtió en parte del paisaje institucional.

Sin autoridades ampliamente legitimadas, calendario electoral creíble y capacidad administrativa, resulta más difícil sostener una estrategia que vaya más allá de la emergencia. Organizar elecciones tampoco es una solución automática: amplias zonas están bajo presión armada, millones de personas han sido desplazadas y el Estado no controla con seguridad todos los espacios necesarios para un proceso electoral. La seguridad es una condición para celebrar comicios, pero la legitimidad política también es necesaria para que las medidas de seguridad sean aceptadas.

La lentitud de la hoja de ruta institucional preocupa a Naciones Unidas porque el tiempo no es neutral. Mientras las autoridades negocian fórmulas de transición, las bandas pueden consolidar posiciones y las comunidades pierden confianza en que el Estado vuelva. La crisis política no es un telón de fondo separado de la violencia: influye en quién toma decisiones, quién las respalda y cuánto pueden durar. Un Gobierno débil tiene más dificultades para coordinar a la policía, negociar apoyo internacional y exigir responsabilidades a quienes financian a los grupos.

La misión internacional, entre las promesas y la falta de medios

La misión multinacional de apoyo a la seguridad, autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU y encabezada por Kenia, se presentó como un refuerzo para la policía haitiana. Sin embargo, al cierre de 2025 contaba con 981 efectivos, muy por debajo del objetivo inicial de 2.500. Naciones Unidas ha planteado ampliar la fuerza hasta 5.500 integrantes, y Chad se comprometió a enviar 800 policías y gendarmes antes de junio de 2026. La distancia entre los efectivos desplegados y los anunciados muestra cuánto depende el plan de compromisos que todavía deben materializarse.

La misión ha tenido que lidiar con falta de financiación, retrasos y escasez de medios. Su presencia puede evitar que ciertas situaciones empeoren o respaldar acciones policiales, pero no ha alterado de forma decisiva el equilibrio territorial. Las bandas mantienen capacidad para atacar, bloquear rutas, imponer pagos y desplazar población. Un contingente internacional reducido no puede sustituir a las instituciones haitianas ni cubrir por sí solo las necesidades de un país entero.

La intervención exterior también arrastra una historia compleja. En Haití, las misiones internacionales pueden percibirse como necesarias ante la emergencia, pero su actuación se observa con cautela por el temor a que reproduzcan dependencia o no dejen capacidades duraderas. Esa desconfianza no elimina la necesidad de apoyo; sí hace más importante que el despliegue tenga objetivos claros y responda a las prioridades de la población. La ayuda solo puede contribuir a una salida estable si refuerza instituciones locales en lugar de reemplazarlas de manera indefinida.

La lentitud de los despliegues tiene un coste inmediato: las bandas avanzan más deprisa que los procesos de financiación y coordinación. Pero enviar más personal tampoco basta si no hay recursos para sostenerlo, mecanismos de supervisión y una estrategia política que defina qué ocurre después de recuperar una zona. La seguridad necesita continuidad: sin ella, cada avance puede ser apenas una pausa antes de que el control armado regrese.

La emergencia se mide también en vidas interrumpidas

Los muertos y heridos no agotan el impacto de la crisis. Para 2026, los organismos humanitarios de Naciones Unidas calculaban que 6,4 millones de haitianos necesitarían asistencia de emergencia. El plan de respuesta requería 880 millones de dólares para atender a 4,2 millones de personas. La diferencia entre quienes necesitan ayuda y quienes el plan pretende alcanzar refleja la magnitud de una emergencia que desborda los recursos disponibles.

Los centros sanitarios cerrados o semiparalizados, las escuelas fuera de servicio, los mercados interrumpidos y una red de transporte fracturada convierten la violencia en una crisis sanitaria, educativa y alimentaria. Cuando una carretera queda bloqueada, no solo se dificulta el paso de la policía: también puede detenerse el suministro de medicinas o alimentos. La pérdida de movilidad transforma una disputa territorial en una amenaza para la supervivencia diaria.

Las mujeres y los niños soportan consecuencias especialmente graves. Además de las víctimas de violencia sexual recogidas por la ONU, hay menores reclutados, desplazados o heridos en operaciones de seguridad. La infancia queda expuesta tanto a la violencia directa como a la interrupción de la educación y la vida familiar. Crecer entre huidas, cierres de escuelas y amenazas modifica la experiencia de una generación, incluso cuando no aparece en el recuento de víctimas mortales.

El desplazamiento, además, puede quebrar la red de apoyo que permite a una familia resistir. Quien pierde la casa puede perder también el trabajo, la escuela de sus hijos y el acceso regular a un médico. En los alojamientos improvisados, varias familias comparten espacios limitados y dependen de ayuda irregular. La emergencia humanitaria no empieza y termina con el momento de la huida: se prolonga mientras no haya condiciones para regresar o reconstruir una vida estable.

Sin cortar las raíces, el avance puede repetirse

La advertencia de Naciones Unidas apunta a una crisis alimentada por varias fuerzas a la vez: grupos armados que disputan territorio, armas que cruzan fronteras, redes ilícitas, corrupción y un Estado con escasa capacidad para proteger y administrar. Ninguna medida aislada puede resolver ese conjunto. Más agentes sin justicia pueden mantener una operación, pero no desarticular las redes; una transición política sin seguridad tampoco puede garantizar elecciones libres. La salida requiere que seguridad, instituciones y protección de derechos avancen juntas.

También es necesario distinguir entre recuperar una zona y recuperar la confianza de quienes viven en ella. Si la policía expulsa a una banda pero no puede sostener su presencia, los grupos pueden volver. Si las instituciones reaparecen sin servicios ni rendición de cuentas, su autoridad seguirá siendo frágil. La población necesita una alternativa visible al control de las bandas, no solo una pausa en los enfrentamientos.

La ONU ha pedido reforzar a la policía haitiana, apoyar la misión multinacional y utilizar plenamente el régimen de sanciones para abordar las causas profundas de la violencia, incluida la connivencia entre sectores políticos, económicos y de seguridad. La prioridad incluye contener el tráfico de armas y drogas y perseguir la corrupción que permite financiar o proteger a los grupos. Sin actuar sobre quienes abastecen y amparan a las bandas, la respuesta corre el riesgo de limitarse a mover el conflicto de un barrio a otro.

El balance de muertos es, por tanto, solo una parte de la señal de alarma. Haití pierde vidas, territorio y capacidad de gobierno mientras una parte de su población huye y otra intenta sobrevivir en barrios sometidos a extorsiones y amenazas. El problema no se reduce a elegir entre una respuesta policial más intensa o una retirada: también exige que la fuerza pública esté sujeta a la ley y que las instituciones puedan permanecer. El país no se hunde por una sola causa, sino porque cada vacío —de seguridad, justicia, política y servicios— deja más espacio a quienes gobiernan mediante el miedo.