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¿Qué esconde el Pentágono al cerrar su pasillo de prensa?

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el Pentágono cierra su pasillo de prensa

El Pentágono cierra el pasillo de los corresponsales, aparta a la prensa del edificio y reabre el choque por la libertad de informar en EEUU

El Pentágono ha cerrado el histórico “Correspondents’ Corridor”, el pasillo desde el que durante décadas trabajaron los periodistas acreditados que seguían a diario al Departamento de Defensa de Estados Unidos. La decisión entró en vigor el 23 de marzo de 2026 y supone algo más que un cambio de oficinas: los corresponsales dejan de tener presencia estable dentro del edificio y pasan a depender de un acceso mucho más controlado. A partir de ahora, cuando entren al complejo para cubrir comparecencias, reuniones autorizadas o situaciones de última hora, deberán hacerlo acompañados por personal autorizado. La imagen es potente y bastante nítida: el poder militar más vigilado del planeta quiere a la prensa más lejos, más encauzada y con menos margen de movimiento.

El movimiento llega después de un golpe judicial muy serio para el equipo del secretario de Defensa, Pete Hegseth. Un juez federal de Washington, Paul Friedman, bloqueó días antes partes centrales de la política de acceso impuesta por el Pentágono en octubre de 2025, al considerar que abría la puerta a restricciones incompatibles con la Primera Enmienda y con garantías básicas de debido proceso. La nueva orden del Pentágono se presenta como una “adaptación” a ese revés judicial. Pero el efecto real es otro: aunque el tribunal frenó las reglas anteriores, el Departamento de Defensa ha respondido vaciando el espacio más simbólico de la prensa dentro del edificio. En otras palabras, pierde una batalla en el juzgado y redibuja el terreno.

El día en que el Pentágono decidió vaciar el corredor

El cierre del pasillo de los corresponsales no es una anécdota de protocolo ni una de esas medidas internas que solo importan a quienes llevan acreditación al cuello. Ese corredor era, desde hace décadas, una pieza reconocible del ecosistema informativo de Washington. Allí trabajaban periodistas de medios nacionales e internacionales que cubrían guerras, presupuestos de defensa, cambios estratégicos, crisis de seguridad, nombramientos, operaciones exteriores y tensiones entre la Casa Blanca y los mandos militares. Era un lugar físico, sí, pero también una forma de entender la relación entre poder militar y control público: los reporteros estaban dentro, no como adorno, sino como observadores permanentes.

La decisión de cerrarlo se adoptó en un contexto muy concreto. El Departamento de Defensa venía arrastrando desde hacía meses un conflicto abierto con varios medios por las nuevas reglas de acceso y comportamiento impuestas bajo el mandato de Hegseth. Aquellas normas endurecían las condiciones para conservar acreditaciones, ampliaban el margen de la administración para revocarlas y castigaban con una redacción muy discutida la obtención o intento de obtención de información no autorizada. En la superficie parecía una regulación interna más. En el fondo, muchos juristas y organizaciones de prensa vieron una herramienta demasiado elástica para filtrar quién podía seguir trabajando dentro del Pentágono y quién quedaba señalado como problema.

La orden firmada ahora no elimina del todo la presencia periodística en el complejo, pero la reduce y la disciplina. La sala de briefing sigue existiendo. Las comparecencias seguirán celebrándose. Los periodistas podrán entrar para coberturas concretas. Pero ya no tendrán ese espacio propio dentro del edificio principal, esa rutina de proximidad que permitía moverse con cierta autonomía, mantener contactos, detectar cambios de ambiente, cruzarse con fuentes y trabajar sin depender en cada paso de una autorización operativa. El Pentágono sostiene que prepara un nuevo espacio en un anexo exterior. Esa alternativa, sin embargo, cambia de raíz la lógica del acceso. Estar “cerca” ya no significa estar dentro.

La derrota judicial que obligó a mover ficha

La pieza que explica todo lo ocurrido en estas horas es la sentencia del juez Paul Friedman, dictada el 20 de marzo de 2026. El magistrado frenó partes sustanciales de la política de acreditaciones aprobada por el Pentágono en octubre del año anterior. La demanda había sido impulsada por The New York Times, con el apoyo crítico de organizaciones profesionales y de la Pentagon Press Association, y denunciaba que la nueva regulación permitía decisiones arbitrarias contra periodistas y medios, además de vulnerar derechos ligados a la libertad de información.

El juez apreció precisamente ahí el núcleo del problema. La norma, tal como estaba escrita, era demasiado vaga, dejaba un campo enorme a interpretaciones discrecionales y podía utilizarse para discriminar a periodistas por el contenido de su trabajo o por la línea editorial de sus medios. Ese punto es central. No se trataba solo de una discusión burocrática sobre tarjetas de acceso; se discutía si el Pentágono podía reservarse el poder de decidir, con criterios poco definidos, quién era aceptable y quién dejaba de serlo dentro del edificio. Cuando un tribunal federal advierte de ese riesgo en un ámbito tan sensible, lo que queda en cuestión no es solo una orden administrativa: queda en cuestión toda una manera de entender la relación con la prensa.

El Departamento de Defensa no aceptó de buen grado el correctivo. Desde el primer momento dejó claro que no compartía el fallo y que seguiría defendiendo la necesidad de controles más estrictos por motivos de seguridad. Ahí aparece la respuesta de estos días. En lugar de volver simplemente al marco previo o limitarse a retocar los apartados anulados por el juez, el Pentágono ha optado por una salida mucho más visible y mucho más política: cerrar el corredor, sacar a los corresponsales del interior y exigir acompañamiento oficial cuando entren a cubrir actos. Jurídicamente, la administración intenta presentarlo como un ajuste compatible con la sentencia. Materialmente, supone una restricción clara del trabajo diario.

Qué tumbó exactamente el juez Paul Friedman

La resolución judicial golpeó sobre todo la arquitectura discrecional de la política aprobada en octubre de 2025. El problema no era solo una frase mal redactada o una condición aislada. Lo que el tribunal detectó fue un sistema capaz de penalizar conductas periodísticas ordinarias bajo conceptos lo bastante ambiguos como para transformarse en arma administrativa. El Pentágono podía denegar, suspender o retirar acreditaciones con un margen de interpretación excesivo, y eso, en una institución que maneja información crítica, abre la puerta a un filtrado ideológico encubierto.

Friedman también subrayó algo que en Washington a veces se olvida con una facilidad pasmosa: que el acceso de la prensa a un centro de poder como el Departamento de Defensa no es un capricho corporativo. En momentos de crisis militares, operaciones en el exterior o decisiones estratégicas de enorme impacto, contar con voces periodísticas independientes dentro del circuito informativo es una garantía pública. No asegura transparencia absoluta, nadie es tan ingenuo, pero reduce la opacidad. Y cuando el propio Estado intenta redefinir el acceso de forma unilateral, el riesgo no se queda en un conflicto entre portavoces y reporteros: afecta a la calidad democrática del escrutinio.

Pete Hegseth y la nueva guerra con los medios

La figura de Pete Hegseth pesa mucho en este episodio. No solo porque sea el actual secretario de Defensa, sino porque representa un estilo político reconocible: duro con la prensa crítica, cómodo en la confrontación cultural y poco interesado en mantener las liturgias tradicionales de convivencia entre poder y periodismo. Su llegada al Pentágono ya había disparado la inquietud entre los corresponsales de defensa, sobre todo cuando empezaron a cristalizar cambios de acceso, nuevas exigencias y mensajes internos más hostiles hacia el trabajo informativo no controlado.

Con Donald Trump de nuevo en la Casa Blanca, el contexto importa todavía más. El trumpismo ha convertido el conflicto con los medios en parte de su repertorio político habitual. A veces la tensión se expresa con insultos abiertos; otras, con una burocracia afilada. Lo ocurrido en el Pentágono pertenece a esa segunda familia. No hay un veto total a la prensa, no se cierran las comparecencias, no se expulsa a todos los periodistas sin más. Lo que se hace es más sutil y, por eso mismo, más efectivo: se reorganiza el espacio, se reduce la autonomía, se traslada a los reporteros a un ámbito periférico y se introduce una supervisión permanente de sus movimientos.

Desde esa perspectiva, el cierre del corredor encaja perfectamente en la lógica de Hegseth. El secretario de Defensa puede sostener que no censura, que no prohíbe informar, que no niega acceso en bloque. Y técnicamente puede repetirlo todas las veces que quiera. El problema está en el detalle práctico. Un periodista sin espacio dentro del edificio, sin circulación autónoma y con entrada siempre escoltada ya no trabaja en las mismas condiciones que antes. Cambia la velocidad, cambia la calidad de la observación, cambian los contactos y cambia, sobre todo, la capacidad de detectar lo que no figura en una nota oficial.

Qué cambia de verdad para los corresponsales

La diferencia entre tener una oficina o un puesto de trabajo dentro del Pentágono y depender de un anexo exterior no es estética. Afecta al modo mismo de cubrir la información. Durante años, la cercanía física al centro de decisión permitió a los corresponsales mantener una relación constante con fuentes militares, portavoces, asesores, analistas y funcionarios. Muchas veces la información relevante no salta en el atril ni en el comunicado de las seis de la tarde. Aparece en el margen, en la conversación rápida antes de una comparecencia, en un desmentido informal, en el gesto de un oficial que acelera el paso cuando se le menciona un tema concreto, en una llamada que solo llega porque existe una presencia cotidiana y reconocible dentro del edificio.

Con la nueva situación, esa cotidianidad se rompe. El periodista ya no trabaja “en” el Pentágono, sino “desde fuera” del Pentágono. Es una diferencia enorme. El nuevo modelo concentra el acceso en actos delimitados, entradas autorizadas y desplazamientos acompañados. Todo eso reduce los momentos grises, ese territorio tan importante del periodismo serio donde todavía no hay una noticia cerrada, pero ya se intuye que algo se mueve. Las instituciones suelen detestar ese espacio porque no lo controlan del todo. Los reporteros lo necesitan precisamente por lo mismo.

Además, la escolta obligatoria añade un componente psicológico nada menor. Moverse acompañado por personal designado por la institución que se está cubriendo no es un simple trámite. Modifica la relación con las fuentes, enfría conversaciones, condiciona recorridos, desincentiva improvisaciones y transmite un mensaje inequívoco: el acceso ya no es una rutina acreditada, es una concesión vigilada. En un edificio como el Pentágono, donde la geografía importa casi tanto como el rango, ese matiz vale muchísimo. La arquitectura también manda.

Del corredor histórico al anexo exterior

El anexo exterior prometido por el Departamento de Defensa se presenta como una alternativa funcional. Sobre el papel, servirá para mantener un punto de trabajo estable para la prensa sin comprometer, según la versión oficial, los nuevos requisitos de seguridad interior. Pero esa explicación tiene grietas obvias. Si durante décadas existió una fórmula para compatibilizar la presencia de corresponsales con la seguridad del complejo, cuesta comprar que el problema se haya vuelto de repente insalvable justo después de una sentencia judicial adversa.

La secuencia temporal es, de hecho, demasiado elocuente como para ignorarla. Primero, el juez federal tumba las partes más controvertidas del sistema de acreditaciones. Después, el Pentágono anuncia que cierra el espacio histórico de la prensa dentro del edificio y que la nueva solución estará fuera. Entre una cosa y otra apenas hay margen para el matiz. La impresión que deja en Washington, también entre observadores no especialmente sentimentales con la prensa, es la de una represalia administrativa envuelta en lenguaje técnico. Una forma de decir: si no puedo controlarte como quería, te controlo de otra manera.

El choque con The New York Times y la asociación de prensa del Pentágono

La batalla legal y política se entiende mal sin The New York Times, que ha sido uno de los principales actores del pulso. El diario llevó a los tribunales el endurecimiento del acceso porque consideraba que la política anterior no solo era abusiva, sino directamente incompatible con los principios constitucionales que regulan la relación entre el Estado y la libertad de prensa. La sentencia de Friedman dio aire a esa tesis, y el nuevo movimiento del Pentágono ha reactivado el conflicto en términos todavía más ásperos.

Junto al Times, la Pentagon Press Association ha denunciado que el cierre del corredor contradice el espíritu de la resolución judicial y degrada un modelo de acceso que formaba parte del funcionamiento institucional del edificio. Esa asociación, que agrupa a periodistas especializados en defensa, conoce muy bien la mecánica interna del Pentágono y no suele sobreactuar por deporte. Su reacción indica que el malestar no se limita a una guerra de declaraciones entre un gran diario y un Gobierno que lo detesta. Hay un rechazo bastante más amplio entre quienes cubren de forma cotidiana el complejo militar.

En el fondo, el conflicto enfrenta dos ideas opuestas sobre qué debe ser la prensa acreditada en un centro de poder. Para el Pentágono de Hegseth, la tendencia parece clara: acceso sí, pero reducido, ordenado, condicionable y bajo una lógica de seguridad expansiva. Para los medios y las asociaciones profesionales, ese modelo vacía de contenido la acreditación permanente y transforma el trabajo diario en una sucesión de visitas tuteladas. La diferencia entre ambas visiones no es semántica. Tiene consecuencias directas sobre la calidad y la independencia de la información que acaba llegando a la opinión pública.

Seguridad, control y una palabra demasiado útil

El Pentágono ha justificado el cambio en nombre de la seguridad. Era previsible. En ningún otro lugar del Estado estadounidense esa palabra pesa tanto y se usa con tanta facilidad. El complejo es un centro neurálgico de defensa, inteligencia militar, planificación estratégica y gestión de operaciones. Nadie discute eso. Nadie sensato sostiene que deba convertirse en una estación de paso libre. Pero la cuestión no es si la seguridad existe, sino cómo se invoca, cuándo se endurece y contra quién se aplica.

Ahí es donde la explicación oficial pierde solidez. El corredor de prensa no era una novedad improvisada ni un agujero abierto en un perímetro vulnerable. Era un espacio asentado, regulado y conocido dentro de un edificio sometido a protocolos extremos. Si de verdad hubiera existido un problema objetivo de seguridad imposible de gestionar, el Pentágono habría podido argumentarlo antes, con tiempo, con informes y con una transición razonada. No lo ha hecho así. La clausura llega de golpe, encadenada a un revés judicial y presentada como parte de un ajuste urgente del sistema. Cuesta no leer esa combinación como lo que parece: control político del acceso envuelto en léxico técnico.

Ese es el gran asunto de fondo. Cuando una administración quiere restringir la autonomía de la prensa, rara vez dice que quiere restringir la autonomía de la prensa. Habla de orden, de eficiencia, de protocolos, de entornos seguros, de armonización normativa. El Pentágono no es una excepción; quizá sea el mejor laboratorio para ese tipo de lenguaje. Y, sin embargo, basta mirar los hechos desnudos para entender el alcance del cambio. Los periodistas pierden su corredor, pierden presencia estable en el interior y pierden libertad de movimiento. La seguridad se invoca. La transparencia, entretanto, retrocede unos cuantos metros.

Lo que se juega Washington en esta pelea

Este episodio no se queda encerrado en un pasillo de Arlington. Tiene una dimensión política mucho mayor. El Pentágono es uno de los centros de poder más sensibles de Estados Unidos: maneja presupuestos gigantescos, decisiones militares, información de inteligencia, despliegues exteriores, programas armamentísticos y equilibrios delicadísimos con aliados y adversarios. El modo en que trata a la prensa acreditada envía una señal institucional dentro y fuera del país. Cuando el Departamento de Defensa reduce el acceso físico de los corresponsales justo después de una derrota judicial, la señal no es precisamente tranquilizadora.

También hay una lectura internacional. Estados Unidos se ha presentado durante décadas como referencia ambivalente pero poderosa en materia de libertad de prensa. Ambivalente, sí, porque su relación con el secreto militar ha sido siempre áspera. Aun así, la existencia de una prensa instalada de forma permanente dentro del edificio donde se coordina buena parte del aparato de defensa tenía un valor simbólico enorme. Decía algo muy simple: incluso aquí, incluso en el núcleo duro del poder militar, hay ojos ajenos mirando de cerca. Al sacar a los corresponsales fuera, ese mensaje se debilita.

Por eso el conflicto no se limita a una discusión corporativa. No va solo de dónde aparca el coche un periodista o cuántos metros recorre hasta una rueda de prensa. Va de otra cosa, mucho más elemental: quién puede observar al poder y desde qué distancia. Y cuando el poder decide aumentar la distancia, lo hace porque esa distancia le conviene. En Washington lo saben. En las redacciones también. El resto es envoltorio.

La batalla que se abre desde este martes

Nada indica que este choque vaya a apagarse pronto. El Departamento de Defensa mantiene su desacuerdo con la sentencia del juez Paul Friedman y seguirá defendiendo que sus políticas de acceso responden a exigencias legítimas de seguridad. Los medios afectados, por su parte, consideran que la nueva maniobra merece otro examen judicial porque, aunque cambie la forma, conserva un efecto restrictivo muy evidente. Es probable que el caso vuelva a los tribunales y que la pelea se desplace, otra vez, del pasillo a la sala del juez.

Mientras tanto, el daño institucional ya está hecho. El histórico corredor ha sido cerrado, los corresponsales han sido apartados del interior y la relación entre el Pentágono y la prensa atraviesa uno de sus momentos más ásperos de los últimos años. En política, las decisiones espaciales importan mucho más de lo que aparentan. Un despacho dentro o fuera, una puerta abierta o cerrada, una acreditación útil o una acreditación vigilada. No son minucias. Son la materialización de una idea de poder.

Pete Hegseth ha querido marcar territorio y lo ha hecho en un lugar de alto voltaje simbólico. No ha cancelado las ruedas de prensa ni ha prohibido informar, y precisamente por eso la operación resulta más sofisticada. Ha elegido una fórmula menos ruidosa y más eficaz: reducir autonomía sin declarar abiertamente la guerra a la libertad de prensa. El problema es que el resultado se parece bastante a una guerra de baja intensidad contra la prensa que más incomoda. Y eso, en el Pentágono, nunca es un detalle menor.

Cuando el pasillo desaparece, la señal queda

Lo que ha ocurrido estos días en Washington ya tiene una lectura bastante asentada. El 23 de marzo de 2026, el Pentágono clausuró el espacio histórico de los corresponsales dentro del edificio y sustituyó la vieja lógica de presencia estable por otra mucho más controlada, exteriorizada y dependiente de supervisión oficial. Lo hizo después de que un juez federal frenara la política anterior por incompatibilidades serias con la Primera Enmienda. Lo hizo con Pete Hegseth al frente del Departamento de Defensa. Y lo hizo en medio de una tensión creciente entre la administración de Donald Trump y los grandes medios nacionales.

Ese encadenamiento de hechos importa más que cualquier explicación retórica posterior. La noticia no es solo que se cierre un pasillo. La noticia es que el Pentágono ha decidido alejar a la prensa del centro físico del poder militar en el mismo momento en que los tribunales le recordaban que no podía restringirla a su antojo con una norma demasiado amplia. Ahí está la clave del asunto. No en el plano del edificio, sino en el significado del movimiento.

Porque al final los edificios hablan, y el Pentágono acaba de decir algo muy concreto. Ha dicho que la prensa puede seguir entrando, sí, pero menos; puede seguir viendo, sí, pero desde más lejos; puede seguir preguntando, sí, pero bajo un formato más administrado. En una democracia seria, esa clase de mensaje debería encender alarmas. No por dramatismo, no por romanticismo de redacción, sino por una razón bastante seca: cuando el poder militar reduce el espacio de la observación independiente, lo que se encoge no es solo un corredor. Se encoge también una parte del control público sobre lo que sucede detrás de sus muros.

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Fundador de DonPorqué y curioso empedernido. Escribe sobre tecnología, viajes, gastronomía, cultura y todo lo que le genera una pregunta con un buen «¿por qué?» detrás. En su tiempo libre es aficionado a los casinos online y aprovecha esa experiencia para compartir análisis y recomendaciones sobre el sector del iGaming.